Tanto la creación, como la participación de menores en una sociedad mercantil, tienen diferentes consideraciones que se deben tener en cuenta antes de incluirlos en su constitución.

La legislación española es muy clara en lo referente a la implicación de los menores en las empresas, de hecho hay diferentes aspectos que determinan su capacitación, tanto para crearla como para ser socios o administradores.

Es así por lo que, antes de incluir a un menor en tu empresa, ten muy claro si es legal o no su participación.

¿Pueden los menores de edad crear una empresa?

Los menores no pueden crear una empresa en España,

ya que se ha establecido la edad mínima de 18 años para hacerlo, o por lo menos para hacerlo por sí solos.

Para ser empresario en nuestro país es necesario cumplir con son condiciones esenciales, plena capacidad de obrar, y total disposición de bienes.

Diferencia entre capacidad jurídica y capacidad de obrar

Todas las personas tiene capacidad jurídica, pero no todas capacidad de obrar

Una persona, por el hecho de nacer, ya cuenta con capacidad jurídica y la mantiene hasta su fallecimiento.

Se puede definir como la capacidad de tener derechos y obligaciones, y la de ejercer los primeros y asumir las segundas.

No pasa lo mismo con la capacidad de obrar, que solamente la tienen los mayores de edad no incapacitados legalmente

Se habla de ella en el art. 246 del Código Civil, como la aptitud que tiene una persona mayor de edad para ejercer sus derechos y deberes jurídicos.

Esta capacidad tiene unas excepciones en casos especiales, como personas con alguna discapacidad, física, cognitiva, psíquica, ante quienes se necesita una valoración que determine si esta incapacidad es limitante a la hora de actuar, y, por otro lado, también es diferente en los menores emancipados.

Menores emancipados

La emancipación es la manera en la que los menores pueden actuar y tomar decisiones igual que si fueran adultos, siempre, con unas excepciones que dicta la ley.

Estas excepciones son aceptar una herencia sin beneficio de inventario, ser tutor de un tercero, solicitar préstamos, comprar o vender inmuebles, y realizar transacciones de objetos de extremado valor como pueden ser joyas u objetos preciosos similares.

• La emancipación se consigue de tres maneras, siempre que ya se hayan cumplido los 16 años.
• Por la concesión de un juez.
• Por concesión de quienes cuentan con su patria potestad, con aceptación del menor.
• Por matrimonio.

Fallecimiento del empresario

Cuando un empresario fallece, un menor puede hacerse cargo con supervisión de sus tutores.

En este caso, puede aceptar ese puesto en la Sociedad, y ser inscrito en el Registro Mercantil, bajo la supervisión del tutor o representante legal, con el fin de conseguir que la empresa continúe con su actividad.

Aquí, hay que dejar algo claro, este tutor o representante legal no se considera empresario, su obligación es la de supervisar las decisiones y las obligaciones, solamente, y lo hace en nombre ajeno, el del menor que no tiene, por su edad, esa capacidad.

Esta forma de actuar se apoya en el principio de conservación de la empresa.

Principio de conservación de la empresa

Una empresa se considera un bien que genera beneficios, riqueza y crea empleos, por lo que, con este principio, se quiere proteger y evitar su desaparición.

Se trata de impedir la extinción de la Sociedad para provocar los menores daños posibles a quienes están ligados a ella, y que pueden verse perjudicados, como empleados o proveedores.

¿Pueden los menores ser socios de una empresa?

NO existe ningún inconveniente

La Ley de Sociedades de Capital no establece una edad mínima para participar en una Sociedad en calidad de socio, por lo que no existe ningún inconveniente, siempre que cuenten con consentimiento expreso, y firmado, de sus padres o tutores.

Ellos serán quienes deban acudir junto a los menores a cualquier firma de documentación.

Al ser sus representantes legales, su intervención es necesaria para que puedan participar como socios en una empresa.

¿Pueden los menores ser administradores de una Sociedad?

No, en este caso la ley no lo permite.

En concreto, este tema aclara es el Código de Comercio, en su art 225 junto a la Ley de Sociedades de Capital, en el art 213: “No pueden ser administradores los menores de edad no emancipados”

Los menores emancipados, como hemos comentado, se considera que tienen plena capacidad legal, lo que les otorga potestad para ser administradores de una Sociedad.

Eso sí, la emancipación debe realizarse de manera legal, ya sea mediante su inscripción en el Registro Civil, o a través de escritura pública ante notario.

¿Pueden los menores aportar capital a una Sociedad?

Este caso tiene diferentes puntos que hay que considerar, los menores, sí pueden ser socios, lo hemos aclarado con anterioridad, pero su capacidad de aportar capital es diferente, según el tipo de aportación al que nos estemos refiriendo.

Aportaciones dinerarias

Los menores pueden contribuir con dinero a una empresa siempre que se realice una acreditación de esa cantidad, esto es, que pase a una cuenta de la Sociedad.

En caso de que deban responder ellos del capital social de la empresa, no podrán hacerlo, a no tener capacidad legal, no pueden responsabilizarse de él.

Aportaciones no dinerarias

Aquí la cosa es diferente.

En caso de que esa aportación no sea de una cantidad de dinero, sino que sea de algún bien, no pueden hacerlo, porque no cuentan con plena disposición de sus bienes.

Si es cierto que están en poder de su titularidad, ellos son los propietarios de ese bien, la administración corresponde a sus tutores, salvo las excepciones que señala la ley.

Un caso claro es el de un inmueble, una vivienda, por ejemplo, un menor no puede comprar ni vender sin autorización de sus tutores legales, igual pasa con objetos de gran valor, de los que no se pueden desprender sin consentimiento expresa.

De hecho, incluso los menores emancipados necesitan de esa autorización en caso de que el valor de lo que pretende aportar sea considerable.

La creación de una sociedad mercantil, así como su recorrido durante toda su vida, exige el cumplimiento de una normativa, más aún si, en ella, piensas incluir a menores, entonces debes tener claro su grado de participación.

Es una situación excepcional en la que no te aconsejamos que participes sin asesoramiento de un abogado especialista en Derecho Mercantil, quien te orienta para que tomes decisiones que no te perjudiquen, ni a ti, ni a tu empresa.

Autor

Manuel Hernández García

Director y Socio Bufete Vilches Abogados

Letrado del Ilustre Colegio de Madrid 72.539

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Cuando, ya sea una empresa o una persona, llega a la quiebra, o termina en bancarrota, en su intento por “sobrevivir”, puede haber acumulado deudas que no consigue pagar.

O, por lo menos, no todas, como necesitan sus deudores.

Entonces, la ley marca las pautas, es cuando se establece un orden de cobro de aquellas deudas pendientes acumuladas durante los años de vida de la empresa.

Hablamos de la prelación de pago, una manera de indicar a quién se paga, cuándo y cuánto.

¿Qué significa prelación de pago?

Prelación es la prioridad de una cosa frente a otra, en el caso de una acumulación de deudas, en la prioridad del pago de una deuda frente al resto.

En este momento entra en juego el derecho preferente de cobro, que indica qué acreedor va antes para recuperar su dinero y, por tanto, cuál es la primera deuda a saldar

Es la única manera de poder hacer frente a una situación en la que, cualquier decisión para cancelar una deuda, acarrea más problemas cuando hay otras que también exigen su pago.

¿Por qué es necesario seguir una prelación de pago?

La razón es clara, porque hay demasiadas deudas y no hay suficientes recursos para todas, por lo menos de inmediato, y se debe tener en cuenta la importancia de cada una.

Es una forma de establecer una jerarquía, que marca la ley, y que prioriza el pago a unos acreedores frente a otros.

¿Cuándo es necesario una prelación?

Cuando llega el momento en el que una empresa, o una persona, ha acumulado un número de deudas que, por su número, o por la cantidad de lo adeudado, con sus recursos no puede afrontar.

No hay manera de determinar quién cobra antes, siempre va a ser una decisión que perjudica a un tercero, por eso, el orden que establece la ley se debe cumplir, independientemente de quién se vea más afectado.

Orden de prelación, ¿quién cobra antes?

El orden, como hemos comentado, pone unas deudas delante de otras a la hora de recibir dinero.

No es una decisión que se tome a la ligera, no influyen las situaciones personales ni el momento de adquirir esa deuda, no lo determina que una cantidad sea mayor o menor, es un orden establecido en el art. 1921, del Código Civil.

Para hacerlo, lo importante es la propia deuda y sus características, que ya la ley tiene fijadas, y que la colocan en una posición, u otra, cuando llega el día.

Se consideran los bienes con los que cuenta el deudor para poder satisfacer, en lo posible, a todos los acreedores, y lograr una cancelación total de lo adeudado.

¿Quién tiene preferencia de cobro?

Existe un orden claro de pago, ambos, la empresa, o persona deudora, y los acreedores, deben aceptarlo, y esperar el momento en el que les toque cobrar.

Se trata de que no hay recursos suficientes, y debe establecerse este orden para evitar que unos salgan perjudicados por el cobro de otros.

Para ello, la ley otorga unos privilegios a ciertas deudas que, automáticamente, les dan total prioridad.

¿Qué son créditos privilegiados?

Si hablamos de créditos privilegiados, nos referimos a empresas que han acumulado una serie de préstamos o créditos, para sacar adelante su negocio, ya sea para la compra de equipos, la ampliación de personal, o para el local en el que están instalados.

Bien, en estos casos, ya no hablamos de deuda a proveedores, ni a personas físicas, sino a entidades que conceden créditos en el momento en el que se necesitaban.

Ante esta situación hay un orden de cobro y también se debe cumplir por unos, y acatar por otros.

Atendiendo a ellos, el orden de pago tiene esta prioridad:

Créditos contra la masa

En este primer tipo se incluye toda deuda contraída por la empresa una vez que ha declarado la situación de quiebra en la que ha entrado, se establecen en el art. 242 de la Ley Concursal.

Adquieren un privilegio de cobro en el momento en se inicia el procedimiento concursal, y son, por este motivo, las primeras en cancelarse.

Créditos concursales

Aquí se incluyen los créditos que no estén en el grupo anterior, es decir, todos lo que tuviera la empresa antes de la declaración de quiebra.

Este caso merece una clasificación para organizar los distintos tipos que pueden existir, y el orden en que se deben situar.

01.-Deudas salariales

Los trabajadores tienen una prioridad muy alta en cualquier declaración de quiebra, y se les debe abonar, si no todo, sí una cantidad, y hacerse en primer lugar, antes de que se agoten los recursos.

En ese grupo se incluyen los pagos de los salarios que corresponden a los 30 días a partir de la declaración de concurso.

02.-Deudas derivadas de gastos judiciales

Aquí, y después del pago de salarios, se incluyen los gastos de representación y asistencia legal, y, también, los derivados de la necesidad de contar con un administrador concursal que supervise, y asesore, a la empresa una vez que se inicia el proceso.

03.-Gastos necesarios de alimentación

Por último, en lo referente a la manutención, se deben cubrir los gastos de este tipo de necesidades de la propia persona deudora, y de quienes, legalmente, dependan de ella.

Reglas de prelación, ¿cómo se aplican?

Hemos hablado de que para que haya un trato justo a todos los acreedores, que puedan ver satisfechas sus deudas sin un desequilibrio por decisiones interesadas, aleatorias, o forzadas por la situación, existe un orden legal para el pago.

Aun así, no hay unanimidad, es decir, la situación de cada empresa es diferente y, cada caso, se debe estudiar de manera individual, y ver qué prioridad tiene toda deuda contraída.

Acuerdos extrajudiciales

Es posible que, la empresa deudora, llegue a acuerdos extrajudiciales que permitan que el caso avance, no es raro encontrarnos con acreedores que prefieren, antes de la posibilidad de no cobrar, cobrar menos, o hacerlo de un determinado modo, que no es el acordado inicialmente.

No solo eso, sino que se pueden alcanzar acuerdos del tipo de, por ejemplo, un acreedor se encuentre en una situación complicada, y otro, que debería cobrar antes, ceda este privilegio, y acceda a posponer su deuda

En todo caso, estos acuerdos, aunque sean muy convenientes y agilicen el proceso, no se asegura que lleguen a aceptarse.

Para continuar sin ellos, e intentar perjudicar lo menos posible, se sigue una prioridad de cobro.

Prioridad absoluta

Una deuda con este tipo de prioridad debe ser pagada en primer lugar, antes que cualquier otra, en caso de insolvencia.

Incluimos un pago que debe hacerse el primero, en cualquier caso, el de los impuestos

Prioridad garantizada

Una deuda con este tipo de prioridad cuenta con una ayuda detrás, es decir, existe una garantía que la protege, y da cierta seguridad de pago a terceros.

Un “seguro” que respalda que, en caso de insolvencia, la deuda se cobrará.

Un ejemplo muy común, y que nos sirve para explicarlo, es el de una deuda contraída con una entidad bancaria por un préstamo hipotecario concedido para comprar el local sede de la empresa.

Es el propio inmueble quien avala, y garantiza, la deuda.

En caso de que la cosa acabe mal, la entidad puede recuperar su dinero con la venta del bien que la respalda.

Este tipo de deuda tiene una prioridad muy alta, estos bienes garantizados son los primeros que se ponen a la venta para poder pagar sus propias deudas, antes del resto.

Prioridad preferente

El siguiente pago en el escalafón, es el de las deudas de prioridad preferente.

Este tipo no cuenta con nada que las respalde, no hay un bien que garantice que pueden pagarse, pero son lo suficientemente importantes como para incluirlas en esta categoría.

Hablamos de los trabajadores, de sus salarios e indemnizaciones, que deben ser abonados los siguientes, antes del resto de deudas, que serán las llamadas ordinarias.

Deudas ordinarias

Todas las demás.

No tienen ninguna prioridad adquirida por estar en los grupos anteriores, y se deben empezar a cancelar una vez que se ha terminado con el resto.

Esta figura legal de la que hemos hablado hoy es vital en el caso de esas empresas ahogadas por su situación, que recurren a un proceso concursal.

Conocer cómo y cuándo se debe pagar, y a quién primero, se supone esencial para perjudicar lo menos posible a quienes, en su momento, concedieron un crédito o proporcionaron algún servicio.

Son situaciones, muy complicadas, por las que hay que pasar para solucionar, en todo lo posible, los problemas causados por una quiebra, y en las que contar con asesoramiento y acompañamiento, de un abogado especialista en Derecho Mercantil, te permite conocer el modo de actuar más justo, atendiendo a lo que establece la ley.

Autor

Manuel Hernández García

Director y Socio Bufete Vilches Abogados

Letrado del Ilustre Colegio de Madrid 72.539

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A menudo, en nuestro bufete, nuestros abogados especialistas en sociedades se encuentran con casos en los que, empresas constituidas por socios al 50%, no llegan a otra solución, por la situación en la que se encuentran, que la disolución de la sociedad.

Los motivos son variados, con continuas desavenencias entre ambos que llegan al punto de impedir el diálogo.

Un caso particular es el de la competencia desleal de uno de ellos, que obliga al otro a querer terminar con esa relación mercantil.

La evidencia de esta competencia desleal entre socios es lo que hace tomar esa determinación.

Vemos importante hablarte de este caso, para que lo conozcas, y sepas actuar si te encuentras en una situación así.

Empresas de 2 socios al 50%, mejor, no

Caso, muy habitual, de empresas creadas entre familiares, un par de amigos o cónyuges.

Relaciones muy cercanas que deciden formar una sociedad mercantil e iniciar un negocio común, con la idea de que esa confianza, y esa conexión, facilita las cosas.

Luego llegan las diferencias de criterio entre socios y se producen situaciones de bloqueo de la sociedad.

Casos en los que tenemos bastante experiencia, nuestro equipo de abogados especialistas de Derecho Mercantil, aconseja, siempre, ante la creación de una sociedad entre dos personas, no fundar la empresa al 50%.

En cuanto aparecen las primeras discrepancias, la situación de bloqueo por falta de mayoría es inevitable.

En caso de seguir adelante, termina mal, con la disolución y liquidación de la sociedad, y, a menudo, con la pérdida de esa relación de amistad con la que se empezó.

Motivos de disolución de sociedad con socios al 50%

Como te decimos, no es una buena idea que ambos socios tengan exactamente la misma participación.

En caso de tener que tomar cualquier decisión referente a la misma, el hecho muy probable, de no ponerse de acuerdo, asegura conflictos de complicada solución

Conflictos habituales en sociedades de 2 socios al 50%

La empresa nace con la ilusión de que esas dos personas tan cercanas, tengan el mismo poder sobre ella.

El camino para eso es que se constituya al 50%, ambos, además, con cargos de socios administradores.

En ese momento no se tienen en cuenta, que, en caso de discrepancias, la situación de bloqueo societario está asegurada, y no se puede seguir adelante, porque no es habitual que ninguno ceda.

Cuando no hay manera, es necesario el nombramiento de una figura de mediador entre las partes, que tome una decisión que ambos socios se comprometan a cumplir.

Son situaciones que llevan a la paralización de la sociedad por no poder llegar a ningún acuerdo, generando conflictos insalvables.

En este escenario, los motivos para la disolución son suficientes, otro distinto es cuando uno de los socios comete competencia desleal perjudicial para la empresa.

Disolución de sociedad de socios al 50% por competencia desleal

La competencia desleal entre socios surge cuando, uno de ellos, atenta contra los intereses societarios, provocando, con sus acciones, algún perjuicio al otro socio o a la sociedad.

Son actos y conductas ilícitas, con la intención de perjudicar en su propio beneficio.

La ley cuenta con legislación determinada para este caso, que indica las situaciones en las que puede darse, se trata de la Ley 3/199, de competencia desleal (LCD).

Ley de competencia desleal

Nace con el objetivo de lograr la protección de los intereses principales de las empresas, y también para hacer lo mismo con los intereses de los consumidores.

En esta protección se incluye la publicidad ilícita en los términos de la Ley general de publicidad.

No obstante, en este caso, nos centramos, mas que en los intereses del consumidor, en los intereses de los socios en una sociedad creada al 50%, y los perjuicios que suponen para la empresa,

Peligro de competencia desleal entre socios

Los actos que suponen un perjuicio para la sociedad que nacen de la competencia desleal entre los socios, están regulados en la Ley de sociedades de capital, en su art. 230.

Esta ley reconoce diferentes situaciones que pueden darse en los mercados, que se dan con bastante asiduidad, cuando una de las partes intenta perjudicar a la otra en su beneficio.

Principales motivos de competencia desleal

La ley, ante la competencia desleal, protege los intereses, tanto de los consumidores, como de las empresas, y establece una serie de motivos suficientes de sanciones o penalizaciones.

01.-Acciones que deriven en engaños

Toda conducta que contiene una información falsa referente a la empresa, sus productos, características, calidad o distribución.

Vamos un poco más allá, también, toda conducta que, aun siendo cierta, no está lo suficientemente clara, y puede inducir a error a otra persona, para que altere su comportamiento en el mercado.

02.-Acciones que deriven en confusión

Es un caso similar, solo que aquí no se trata de información engañosa, sino de generar una confusión que pueda dar una idea equivocada a la competencia, o al otro socio, sobre algún tema que, de seguir adelante, perjudica a la sociedad.

03.-Acciones de engaño por omisión

El hecho de ocultar información que se considere necesaria para tomar alguna decisión de la empresa.

Son actos que llevan, a quien tiene esa misión, a decantarse por una vía que no hubiera tomado con todos los datos en su poder.

Se trata de decidir algo de manera errónea, solo por no conocer toda la información.

No solo se penaliza el hecho de ocultar una información en su totalidad, sino también de ofrecerla poco clara, ambigua y con posibilidad de varias interpretaciones, haciendo todo esto a sabiendas de que puede ocurrir.

04.-Prácticas agresivas

Todo comportamiento que pueda obligar a la otra parte a tomar una decisión a través de acoso, coacción, intimidación, o hasta el uso de la fuerza, o mediante una influencia indebida.

05.-Acciones denigrantes

Difundir, a un tercero, información sobre las actividades de la empresa que puedan menoscabar su credibilidad en el mercado, por no ser ciertas ni pertinentes, sólo para favorecer a la competencia en detrimento de la propia, a la que se busca perjudicar

Utilizar datos falsos, y realizar críticas con mala intención, de la propia empresa para denigrar, se considera una acto de deslealtad.

06.-Aprovecharse de su reputación

Un comportamiento, o conducta, que lleve a aprovecharse de la reputación que la propia empresa ha creado en su mercado, para su beneficio individual.

Generar un beneficio propio, gracias a todo lo que ha conseguido la empresa en sus años en el sector.

07.-Violacion de secretos

En 2019, se publica la Ley de Secretos Empresariales, que junto al art. 13 de la LCD, prohíbe divulgar, sin autorización, cualquier tipo de secreto empresarial al que se acceda de manera legítima o no.

Es un caso especialmente relevante, ya que en caso de hacer pública información especialmente delicada, puede suponer un delito de violación de secretos en el que ya entra el Código Penal.

08.-Inducir a una infracción contractual

Incitar a los trabajadores de la empresa, proveedores, clientes, o alguna figura similar, a violar o incumplir las condiciones contractuales en perjuicio de la propia empresa.

Todas son acciones malintencionadas que puede cometer un socio contra otro cuando están en la misma empresa, otra cosa es si estas acciones ilícitas se realizan tras la disolución.

Entonces, aparece la posibilidad de competencia desleal entre ex socios.

Competencia desleal entre ex socios

Más habitual de lo que pensamos, cuando una sociedad se disuelve, ya sea de manera amistosa o no, con la venta del 50% de sus acciones al otro socio.

Nada supone que la persona que ha salido de la sociedad tenga intención alguna de perjudicarla, se ha disuelto y ese asunto debería quedar ahí, pero la tiene.

Crea otro negocio similar, de la misma actividad, con una probabilidad muy elevada de que clientes de la primera empresa, acudan a la segunda.

Demostrar que estamos ante un acto de competencia desleal, aquí, no es sencillo.

No hay nada malo en crear un nuevo negocio relacionado con la actividad que ya conoces, y tampoco hay nada de malo en que los clientes del primero, elijan cambiar de empresa.

Entra en juego la libertad de decidir la mejor opción para los intereses de cada uno.

Es necesario probar estos hechos, demostrar que ha habido una captación indebida de clientes, y que se ha hecho con intencionalidad y mala fe.

Estos casos requieren un estudio individual que concrete si, lo que ha pasado, es motivo de penalización, ya que no son tan habituales como para tener una jurisprudencia específica para ellos.

No son pocas las sociedades que, erróneamente creadas al 50%, rompen cualquier relación, profesional y personal, y terminan en los tribunales.

Antes de cualquier decisión empresarial en la que hay tanto en juego como en la creación de una sociedad, mejor solicita asesoramiento legal.

Una idea que puede resultar tan inocente como crear un negocio con alguien muy cercano, puede terminar en trifulcas que, solos, no podéis solucionar.

La impugnación de los acuerdos de una sociedad, da igual que sea limitada o anónima, es un tema que trae unas consecuencias añadidas, y unos conflictos dentro de ella, que acaban en demandas.

En los tribunales aumenta el número de casos que, cada vez más, sacan a la luz los enfrentamientos entre socios, y que muchos clientes exponen a los abogados de Derecho Mercantil de nuestro bufete.

Son conflictos que terminan obligando a los administradores, o, es su caso, a las juntas de socios, a tomar decisiones que impugnan los acuerdos que deciden al constituir la sociedad.

Acuerdos de una sociedad, ¿cuáles son?

Los acuerdos sociales son las decisiones que se toman de una manera colectiva, es decir, entre todos los miembros de ella, y que se dirigen a su constitución y funcionamiento según los valores con los que se ha creado.

A partir de entonces, con ellos ya establecidos, y aceptados por los socios, la sociedad actúa como una entidad, como si se tratara de un solo individuo, que toma decisiones que ya han sido acordadas entre el grupo.

El control directo, ahora, recae sobre los administradores, pero las decisiones más relevantes las siguen tomando los miembros, los socios, en juntas y reuniones en las que se llegan a acuerdos para cada situación.

Quién decide los acuerdos en una sociedad

Todo acuerdo que se toma en una sociedad es una consecuencia de las decisiones que se han resuelto entre los miembros, puede ser en Junta General, en Consejo de Administración, o en un grupo de socios que se unen y forman una mayoría.

Todos los socios tienen derecho a participar en la toma de decisiones, y en la aprobación o impugnación de acuerdo, independientemente del número de participaciones que tengan en la sociedad.

El solo hecho de tener la condición de socio hace que la ley reconozca unos derechos mínimos e indiscutibles.

Aun así, la influencia de las decisiones está limitada al grado de participación en la sociedad.

Es decir, todos los socios pueden intervenir en las decisiones, pero su voto tiene más peso cuanto mayor sea su participación en la empresa.

Acuerdos que se pueden impugnar

En una sociedad se pueden impugnar los acuerdos que se tomen si son contrarios a la Ley, si se oponen a los Estatutos de la propia Sociedad (o a cualquier otro reglamento), y los que conlleven una lesión de interés social, beneficiando a uno, o varios, en perjuicio de otros, o de un tercero.

Es impugnable, en definitiva, cualquier acuerdo que, aun llegando a él por una mayoría de personas, puede perjudicar a la propia sociedad o, a individuos de manera independiente, y que, para llevarlo a cabo, prevalece el beneficio de unos contra el perjuicio que supone para otros.

Lesión de interés social

Es uno de los casos impugnables que ocurre cuando se llega a un acuerdo que no perjudica al patrimonio de la propia sociedad, pero que se decide, y se impone, por la mayoría, de una manera que resulta abusiva para el resto.

Son acuerdos a los que se llega a través de decisiones que no son necesarias, pero que, aun así, se toman, a sabiendas de que se hace para beneficiar a una parte y, es muy posible, que alguien se vea perjudicado.

No benefician a la sociedad, y sí a ciertos individuos.

¿Cómo, y dónde se puede impugnar un acuerdo de una sociedad?

El proceso de impugnación de un acuerdo comienza con una demanda contra la propia sociedad, a la cual pueden enfrentarse los miembros que votaron su aprobación.

Los socios que se vean afectados por la demanda, pueden contrarrestarla, para evitar que siga adelante.

El lugar depende del tipo de sociedad, en caso de una sociedad mercantil, o una cooperativa, debes acudir al Juzgado de lo Mercantil.

En casos de sociedades de tipo civil, acude al Juzgado de Primera Instancia.

La localización de uno u otro será el territorio donde conste el domicilio social de la sociedad a la que demandas.

¿Quiénes pueden impugnar un acuerdo?

En el caso de, llegado el momento, tener que impugnar una decisión que tome la sociedad, quienes pueden tomar este camino son, sin duda, los miembros que forman parte de ella, los socios.

Pero hay un caso más.

Puedes impugnar un acuerdo, además, si, en el momento de la junta que lo impone, eres accionista de la sociedad, también, entonces, si te ves perjudicado, puedes hacer valer esa condición para rebatirlo, cuando te perjudiquen las consecuencias de llevarlo a cabo.

Plazos de impugnación de acuerdos de una sociedad

Hay un plazo de un año desde el momento en el que se aprueba, y que se firma en las actas correspondientes de las juntas, o reuniones, donde se ha tomado esa decisión.

Hay una excepción, los acuerdos que vulneren el derecho fundamental de los socios, o de un tercero, en ellos no hay plazo de caducidad.

Junto a los anteriores, los contrarios a los principios que configuran el tipo social, es decir, los que atentan contra las normas de la sociedad, tampoco tiene un plazo límite para su impugnación.

Los administradores pueden impugnar los acuerdos que se hayan tomado en el Consejo de Administración, como indica el artículo 251 de la Ley y Sociedades de Capital (LSC), en un plazo de 30 días.

Los mismos acuerdos pueden ser impugnados por los socios, siempre que representen el 1% del capital social, también 30 días y como máximo un año desde que se firmaron en acta de la junta correspondiente.

Acuerdos que vulneran los derecho de los socios (o de terceros)

Estos acuerdos son los que atacan o producen un perjuicio a socios o a terceros.

Un ejemplo es convocar una junta para tomar una decisión sobre un tema, y no comunicarlo a algún miembro, o a un tercero, que esté implicado, entonces, se está perjudicando a esa persona, se está vulnerando su derecho a participar en la toma de una decisión.

Son acuerdos abusivos y que, muchas veces, se amparan en la mayoría para perjudicar al resto.

En una sociedad, los acuerdos que se tomen no pueden perjudicar a ningún miembro solo por el hecho de beneficiar a otros, sin que haya ninguna necesidad de hacerlos por el bien de la empresa, en caso de hacerse, se pueden impugnar.

Son hechos que debes denunciar, y hacerlo con un abogado especialista en Derecho Mercantil que defienda tu situación y demuestre que el resto de socios están realizando, a sabiendas, algo en tu contra.

No siempre las sociedades transcurren con la facilidad con la que se crearon, es fácil que haya momentos en los que las decisiones de unos perjudique a otros.

Contacta con nuestro bufete, en Vilches Abogados contamos con el asesoramiento legal que necesitas.

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Una sociedad mercantil puede cesar su actividad por diferentes motivos, pero hasta el momento en el que no se disuelve de manera legal, los administradores deben cumplir con sus obligaciones, lo que aumenta una carga económica que tienen que afrontar.

Contar con el asesoramiento de un abogado especialista en Derecho Mercantil es la diferencia entre perder tu patrimonio personal, o evitarlo mediante el cese total de la empresa.

No disolver una sociedad mercantil tiene graves consecuencias para los administradores

Cuenta con la experiencia de todo el equipo de Vilches Abogados, te aconsejamos siempre pensando en la mejor solución para ti.

Inactividad de una sociedad mercantil

Una sociedad mercantil se constituye con 2 o más personas, los socios, y se regula por la legislación mercantil.

En ese momento, nace una relación entre ellos para desempeñar una actividad económica, y conseguir beneficios con ella.

A veces las cosas se tuercen, y hay que actuar para evitar consecuencias a los miembros de la propia empresa o a terceros.

Cese de la sociedad

Cuando una empresa o sociedad mercantil cesa su actividad, y la idea no es venderla, lo primero en que se piensa es en mantenerla inactiva.

El proceso de disolución pasa por un gasto que quieres evitar y unos trámites complicados si no se cuenta con asesoramiento profesional.

Que una empresa esté inactiva, no significa que no deba hacer frente a sus responsabilidades, como el pago de impuestos, y no hacerlo lleva consigo una sanción de la Agencia Tributaria, que se acumula año a año hasta que la propia Agencia actúa de oficio.

El pago de estas sanciones y cualquier otra obligación corre a cargo de los administradores, que deben afrontarla, si es necesario, con sus bienes y patrimonio personal.

Capital social de la empresa

Cualquier contribución que realizan los socios, a cambio, reciben unas acciones/aportaciones por las que pasan a ser los “dueños”, siempre en proporción de lo que hayan entregado.

Tu papel como administrador en una sociedad mercantil

Como administrador, cumples funciones de gestión, y eres el responsable último de los actos de la empresa.

Queremos insistir en que eres el responsable último, respondes en momentos en los que los socios no es necesario que lo hagan.

Ellos no son responsables de las deudas, en caso de pérdidas, solo afecta a lo aportado, no se acude a tu patrimonio personal, excepto si recurrieron a él, como aval a su participación en la sociedad

Ten en cuenta que tus obligaciones como administrador no terminan en caso de inactividad de la empresa, sí lo hacen las de los socios, por lo que, cualquier sanción, va a tu cargo.

4 formas diferentes de ser administrador de tu empresa

Las características de la empresa determina la necesidad de un tipo u otro.

1.-Administrador único

Una persona física que se compromete a llevar la gestión de la empresa, asegura el cumplimiento de las obligaciones legales, con capacidad para firmar y realizar pagos, conoce el estado de las cuentas y asegura la confidencialidad de cualquier información.

2.-Administradores solidarios

En este caso, varias personas gestionan la empresa y asumen la responsabilidad de cualquier acto, independientemente de que los haya realizado uno de ellos de manera individual.

3.-Administradores mancomunados

La diferencia de este caso con el anterior, es que la actuación de cada uno de manera individual no es posible, todo se debe hacer con la aprobación de todos ellos.

4.-Consejo de Administración

Es un órgano colegiado, es decir, que está formado por varias personas capacitadas para llegar a acuerdos en la toma de decisiones.

El mínimo de representantes es de 3, en el caso de una Sociedad Limitada, el máximo es de 12, y una Sociedad Anónima no tiene máximo.

Un Consejo de Administración llega a decisiones más pensadas y discutidas que si estamos ante un administrador único.

A la vez, tomar una determinación es más sencillo que ante unos administradores mancomunados porque solo se exige mayoría, no unanimidad.

Disolución de una empresa, lo mejor para evitar sanciones

Disolver una empresa es vital si no quieres que siga generando obligaciones, fiscales y mercantiles, que van a ser tu responsabilidad como administrador.
La disolución tiene un motivo que se debe justificar, no es una decisión que se pueda tomar porque sí.

En caso de que la inactividad de la empresa genere deudas con terceros, los administradores, de manera única o solidaria, son los responsables de ellas.

A partir de 12 meses de inactividad es cuando se debe comenzar con los pasos para la disolución de la sociedad.

Cómo actuar ante la disolución de tu empresa

Ante una inminente disolución, tú, como administrador, tienes una serie de pasos a seguir y, que, en caso de no hacerlo, eres el responsable.

Antes de nada, una vez que se acuerde la disolución, la empresa debe pagar todas las deudas que haya contraído hasta el momento.

Lo siguiente es convocar una junta de socios que tome la decisión de hacerlo.

Muy importante, tienes un plazo de 2 meses, el artículo 367, de la Ley de Sociedades de Capital, determina que, en caso de no cumplir con este plazo, las deudas posteriores pasan a cargo de los administradores, y deben frente, si es necesario, con su patrimonio personal.

La única excepción a la obligación de disolución es una situación de insolvencia, entonces, se debe comenzar un proceso concursal.

Principales causas de disolución

Están recogidas en el artículo 363 del la Ley de Sociedades de Capital

• En el caso de un cese de actividad de más de un año.
• En el caso de pérdidas que disminuyan el patrimonio neto a menos de la mitad del capital social.
• En el caso de acordar una reducción del capital social a una cantidad por debajo del mínimo legal, siempre que no se acuerde una transformación de la sociedad, o no se aumente el capital.
• En el caso de falta de ejercicio de la sociedad durante 3 años consecutivos.

¿Qué pasa si, sencillamente, se “deja morir” la empresa?

No son pocos los casos en los que, para evitar costes y trámites, se opta por, dejarla morir, y esperar a que la Agencia Tributaria lo haga por inactividad, eso lleva unas sanciones a cargo de los administradores.

La inactividad prolongada no evita que la empresa deba seguir cumpliendo con sus obligaciones fiscales, el pago del Impuesto sobre Sociedades y la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales.

En caso de no hacerlo, cada año, vas a recibir una sanción de la Agencia Tributaria que tú, como administrador, debes abonar.

Antes de nada, intenta mantener la actividad

Cuando una empresa empieza a generar pérdidas, se puede evitar llegar a la disolución, una de estas acciones te ayuda a continuar con tu actividad, antes de dar el paso definitivo.

• De manera voluntaria, los socios pueden aportar una cantidad para compensar pérdidas, no necesita ningún gasto ni tampoco escrituras ni inscripción en el Registro.
• Los socios pueden aumentar el capital de la sociedad, con una aportación a cambio de participaciones, en este caso, sí hay asociados unos costes y es necesaria una modificación de las escrituras y su inscripción en el Registro.

Disolver una sociedad es un tema muy complicado, pero muy necesario también, en caso de que tu empresa inicie un periodo de inactividad o empiece a generar pérdidas que no se puedan superar.

No hacerlo, a la larga, te lleva a ti, como administrador, a gastos mucho mayores de los necesarios para este proceso, y no olvides que vas a tener que afrontarlos con tus bienes y patrimonio personal.

En Vilches Abogados te asesoramos y ayudamos para que tomes la mejor decisión y estamos a tu lado durante el proceso.

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