Encontrar un negocio que ya está en marcha parece una opción interesante para quien quiere emprender sin empezar completamente desde cero. Pero antes de aceptar un traspaso, conviene detenerse en algo más que el precio: qué se está adquiriendo realmente y qué obligaciones pueden venir con ello.

El alquiler del local, los trabajadores, las deudas, las licencias o los impuestos son solo algunas de las cuestiones que deben revisarse antes de firmar.

¿Qué es el traspaso de un negocio?

En el lenguaje habitual, hablamos de traspaso cuando una persona deja un negocio que estaba explotando y otra pasa a hacerse cargo de él. Puede tratarse de un restaurante, una tienda, una peluquería, un taller o cualquier otro establecimiento.

Sin embargo, desde el punto de vista legal, el término «traspaso» puede utilizarse para referirse a situaciones diferentes. Por eso, antes de firmar, es importante determinar qué se está transmitiendo realmente.

Traspaso del local y traspaso del negocio

En sentido estricto, el traspaso de un local de negocio está relacionado con la cesión del contrato de arrendamiento. Es decir, el nuevo titular pasa a ocupar la posición que tenía el anterior arrendatario frente al propietario del local.

Pero en muchas operaciones, además del alquiler, se transmite todo o parte de lo necesario para continuar con la actividad: mobiliario, maquinaria, existencias, nombre comercial, página web, cartera de clientes, derechos sobre determinados contratos o incluso la propia empresa.

Por eso, no conviene dar por hecho que todo lo que hay dentro del establecimiento forma parte del traspaso. El contrato debe especificar claramente qué elementos se incluyen y cuáles quedan fuera.

No es lo mismo traspasar un negocio que comprar una empresa

Esta diferencia es especialmente relevante.

Puede adquirirse un conjunto de bienes y derechos que permita continuar con una actividad, o puede comprarse una sociedad mediante la adquisición de sus participaciones o acciones. No es lo mismo comprar una peluquería como conjunto de bienes y derechos que comprar la sociedad limitada que es propietaria de esa peluquería.

En el segundo caso, la sociedad sigue siendo la misma y conserva sus contratos, obligaciones y posibles deudas. Por eso, antes de adquirir una sociedad, es prioritario revisar su situación económica, fiscal, laboral y jurídica.

¿Qué puede incluir un traspaso?

Depende del acuerdo entre las partes. Por eso, uno de los primeros pasos debe ser elaborar una relación clara de todo aquello que se transmite.

Mobiliario, maquinaria y existencias

Pueden formar parte del acuerdo los muebles, equipos informáticos, maquinaria, herramientas y otros elementos utilizados para desarrollar la actividad. También pueden incluirse las existencias que haya en el establecimiento en el momento del traspaso. En este caso, conviene determinar cómo se valorarán y si están incluidas en el precio pactado o se abonarán aparte.

Debes comprobar además que los bienes pertenecen realmente al vendedor y que no están sujetos a una financiación, reserva de dominio, embargo u otra carga.

Nombre comercial, página web y otros elementos

También puede incluir determinados activos intangibles, como un nombre comercial, una marca, un dominio web, una página de internet o perfiles en redes sociales. Si forman parte de la operación, debe quedar claro en el contrato qué se transmite y cómo se llevará a cabo el cambio de titularidad.

En el caso de la cartera de clientes, además, será necesario tener en cuenta la normativa sobre protección de datos. No se puede tratar o ceder información personal de clientes sin respetar las obligaciones establecidas por la legislación aplicable.

¿Se puede traspasar un negocio que está en un local alquilado?

Sí, pero antes de hacerlo hay que revisar detenidamente el contrato de arrendamiento.

En los locales destinados a actividades empresariales o profesionales, la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos (LAU), regula la cesión del contrato de arrendamiento.

¿Hace falta permiso del propietario?

La LAU permite, con carácter general, la cesión del contrato de arrendamiento sin necesidad de contar con el consentimiento del propietario cuando en el local se desarrolla una actividad empresarial o profesional. Sin embargo, el propio contrato de alquiler puede establecer condiciones diferentes. Por eso, antes de firmar un traspaso, es fundamental comprobar qué dice el contrato.

Además, la cesión debe comunicarse de forma fehaciente al propietario en el plazo de un mes desde que se haya realizado.

La LAU también permite al arrendador incrementar la renta en un 20 % cuando se produce una cesión del contrato o un subarriendo total.

¿Qué ocurre con los trabajadores?

Una de las cuestiones que más atención requiere.

El cambio de titularidad no significa que los trabajadores pierdan sus puestos de trabajo ni que haya que despedirlos y contratarlos de nuevo.

¿Existe una sucesión de empresa?

El Estatuto de los Trabajadores regula la sucesión de empresas. 

Cuando existe una transmisión de una empresa, centro de trabajo o unidad productiva que mantiene su identidad, el nuevo empresario queda subrogado en los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social del anterior.

Es decir, si se está transmitiendo una unidad económica que permite continuar con la misma actividad, el cambio de propietario puede implicar que el nuevo titular tenga que asumir las relaciones laborales existentes.

Por eso, antes de firmar, hay que conocer la situación real de los trabajadores y no limitarse a acordar verbalmente qué ocurrirá con ellos.

¿El comprador responde de las deudas del negocio?

Depende de las características de la operación y de qué se transmita, y nunca debe darse por hecho que las deudas desaparecen porque cambie el titular del negocio.

Deudas con Hacienda

La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, establece determinados supuestos de responsabilidad para quienes sucedan en la titularidad o ejercicio de explotaciones o actividades económicas.

Esto es que,  en determinadas circunstancias, el adquirente puede responder de obligaciones tributarias relacionadas con la actividad anterior.

La propia normativa contempla la posibilidad de solicitar a la Administración tributaria una certificación sobre las deudas, sanciones y responsabilidades tributarias relacionadas con la actividad.

Por ello, antes de cerrar la operación, debes comprobar la situación fiscal del negocio y valorar la solicitud de esta certificación.

Deudas con la Seguridad Social

También hay que prestar atención a las obligaciones pendientes con la Seguridad Social.

La Ley General de la Seguridad Social contempla, entre otros supuestos, la responsabilidad solidaria del adquirente en determinados casos de sucesión en la titularidad de una explotación, industria o negocio.

Por eso, no es suficiente con que el vendedor asegure que el negocio está al corriente de sus pagos. Es imprescindible comprobarlo antes de firmar.

Deudas con proveedores y otros acreedores

Conocer si existen facturas pendientes con proveedores, préstamos, contratos de financiación u otras obligaciones vinculadas al negocio se presenta como un punto esencial.

La responsabilidad del comprador dependerá de la naturaleza de la operación y de las obligaciones concretas. Por eso, el contrato debe dejar claro qué deudas quedan a cargo del vendedor y cuáles, en su caso, asume el comprador.

Estas cláusulas pueden regular la relación entre las partes, aunque no impiden que un tercero pueda reclamar cuando una norma establezca responsabilidad directa del nuevo titular.

Con todo esto vemos que traspasar un negocio requiere algo más que entregar las llaves. Puede ser una buena oportunidad para continuar con una actividad que ya está en funcionamiento, pero también implica asumir determinadas obligaciones y responsabilidades.

Tanto si vas a comprar un negocio como si estás pensando en traspasarlo, analiza previamente la operación y deja por escrito todas sus condiciones. Para todo esto, la mejor decisión es contar con un abogado especialista en derecho mercantil.

Cuanto más clara esté la situación antes de firmar, menos posibilidades habrá de encontrarse después con obligaciones o problemas que no estaban previstos.

Autor

Manuel Hernández García

Director y Socio Bufete Vilches Abogados

Letrado del Ilustre Colegio de Madrid 72.539

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Un contrato entre empresas parece que siempre es un documento muy extenso y complejo firmado por ambas partes. Sin embargo, hay acuerdos comerciales que se cierran con una simple conversación telefónica, una reunión o incluso un apretón de manos.

Esto, cuando todo va bien, nadie se lo plantea, pero si con el tiempo la cosa se complica, lleva a preguntarse si este acuerdo tan “campechano” tiene validez o no.

La respuesta es sí, aunque con importantes matices. 

Un contrato verbal puede ser perfectamente válido siempre que cumpla los requisitos que establece la ley. El verdadero problema no suele ser su validez, sino demostrar que existió y cuáles fueron las condiciones pactadas en caso de conflicto.

¿Qué es un contrato verbal?

Un acuerdo entre dos o más personas o empresas que se alcanza de forma oral, sin que exista un documento firmado que recoja las condiciones pactadas.

Aunque no haya un contrato por escrito, ambas partes asumen obligaciones recíprocas. Por ejemplo, una empresa puede comprometerse a prestar un servicio y la otra a pagar un precio determinado. Desde el punto de vista legal, lo importante no es la forma en la que se celebra el contrato, sino que exista un verdadero acuerdo de voluntades.

Por este motivo, este tipo de contratos tiene exactamente los mismos efectos que uno escrito, siempre que reúna los requisitos exigidos por la legislación.

¿Qué dice la ley sobre los contratos verbales?

El Código Civil establece un principio muy importante: los contratos son obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que concurran los requisitos esenciales para su validez.

Esto significa que la ley no exige, como regla general, que los contratos deban formalizarse por escrito, sino que, sea como sea, en él existan tres elementos fundamentales:

• Una causa u obligación lícita.
• El consentimiento de las partes.
• Un objeto cierto sobre el que recaiga el contrato.

Si existen, el contrato es plenamente válido aunque nunca se haya firmado ningún documento. Por lo menos es así entre particulares.

¿Y entre empresas?, ¿es válido un contrato verbal?

También, son perfectamente legales en la mayoría de las operaciones comerciales.

Es habitual que muchas relaciones mercantiles comiencen con acuerdos alcanzados por teléfono, durante una reunión o mediante una conversación entre empresarios que llevan años trabajando juntos. Y como decíamos antes, cuando todo va bien, nadie se plantea nada, pero hay momentos en los que, por cualquier motivo, la relación “ se tuerce”.

Imagina que una parte deja de pagar una factura, niega haber encargado un trabajo o discute el precio acordado, en cualquiera de esos casos la ausencia de un documento firmado dificulta considerablemente la reclamación.

Por ello, aunque la ley admita los contratos verbales, desde un punto de vista práctico lo mejor es dejar constancia escrita de los acuerdos más importantes.

¿Hay contratos que obligatoriamente deben hacerse por escrito?

Sí.

Aunque la regla general es la libertad de forma, existen determinados contratos para los que la ley exige una forma concreta. Hablamos de esos negocios jurídicos que requieren escritura pública o documentos específicos para producir determinados efectos.

Entre empresas también pueden existir contratos cuya normativa especial establezca determinados requisitos formales.Por eso conviene analizar cada caso concreto antes de asumir que un acuerdo verbal será suficiente.

Aunque también hay que aclarar que son casos especiales, y en la mayoría de las operaciones comerciales habituales (prestación de servicios, trabajos profesionales, suministro de mercancías o colaboraciones entre empresas) un acuerdo verbal es perfectamente válido.

El problema del contrato verbal: demostrarlo

Ya lo hemos comentado y es esencial: la principal dificultad de los contratos verbales no está en su validez, sino en la prueba. Si ambas empresas reconocen que existía un acuerdo, no debería haber mayores inconvenientes.

El conflicto surge cuando una de ellas niega haber aceptado determinadas condiciones o incluso afirma que nunca llegó a contratar. En ese momento será necesario acreditar ante un juez que el contrato existía y cuál era exactamente su contenido. Y ahí es donde tener uno escrito ofrece una enorme ventaja.

No significa que un contrato verbal no pueda demostrarse, pero sí que el proceso suele resultar bastante más complejo que cuando tienes algo físico que demuestra lo que dices.

¿Cómo puede demostrarse un contrato verbal?

La legislación permite utilizar distintos medios de prueba para acreditar la existencia de un contrato. No es necesario disponer de un documento firmado si existen otros elementos que permitan demostrar el acuerdo alcanzado:

• Los correos electrónicos intercambiados, los mensajes de WhatsApp, presupuestos aceptados, facturas emitidas, pedidos realizados, albaranes de entrega, transferencias bancarias o cualquier comunicación posterior que evidencie que ambas partes actuaban como si el contrato existiera. Todo eso puede ser concluyente llegado el caso.
• La declaración de testigos que presenciaron las conversaciones o participaron en las negociaciones.
• El propio comportamiento de las empresas puede servir como prueba. Si una empresa encargó un trabajo, recibió el servicio y posteriormente comenzó a utilizarlo, ese comportamiento ya es un indicio fundamental de que existía un contrato previo.

En la mayoría de las ocasiones no existe una única prueba definitiva, sino un conjunto de indicios que permiten reconstruir el acuerdo alcanzado.

¿Qué ocurre si una empresa incumple un contrato verbal?

El incumplimiento de un contrato de este tipo produce las mismas consecuencias que el incumplimiento de un contrato escrito.

Si una empresa no cumple lo pactado, la otra podrá exigir judicialmente su cumplimiento o reclamar la indemnización de los daños y perjuicios que le haya ocasionado, siempre que pueda acreditar la existencia del acuerdo.

Dependiendo del caso, también podrá reclamar el pago de facturas pendientes, exigir la entrega de productos o solicitar la resolución del contrato cuando el incumplimiento sea suficientemente grave.

En definitiva, la ausencia de un documento firmado no deja indefensa a la empresa perjudicada, aunque sí hace más importante reunir todas las pruebas disponibles.

¿Qué hacer si la otra empresa niega el acuerdo?

Cuando aparece un conflicto, lo primero es recopilar toda la documentación posible.

Muchas empresas piensan que no tienen ninguna prueba porque nunca firmaron nada, pero al revisar la relación comercial siempre aparecen numerosos documentos útiles: correos electrónicos, presupuestos, pedidos, conversaciones por mensajería, facturas, justificantes de pago o incluso publicaciones en redes sociales pueden ayudar a demostrar la existencia de la relación contractual.

Una vez recopiladas las pruebas, lo siguiente es intentar una solución amistosa. A menudo, un requerimiento formal enviado por un abogado es suficiente para que la otra empresa cumpla con sus obligaciones sin necesidad de acudir a los tribunales.

Luego, si tras ese paso inicial no se consigue nada, hay que valorar el ejercicio de las acciones judiciales correspondientes.

Como vemos, los contratos verbales entre empresas son válidos igual que lo son entre particulares. Sin embargo, la falta de un documento escrito hace todo más difícil en caso de necesitar probar que en algún momento existió esa relación comercial.

Y en el peor de los casos, si una empresa incumple lo acordado, debes acudir a un abogado para que estudie el caso y llegue a la solución que más te favorezca.

Autor

Manuel Hernández García

Director y Socio Bufete Vilches Abogados

Letrado del Ilustre Colegio de Madrid 72.539

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Cuando recibes una convocatoria a Junta de Socios de una sociedad mercantil, te inquietas.

Mas si no estás familiarizado con su funcionamiento interno y una de las primeras preguntas que se te vienen a la cabeza es si debes o no asistir y las consecuencias de no hacerlo.

Lo cierto es que la Junta de Socios es uno de los momentos más importantes en la vida de una sociedad, ya que en ella se toman decisiones clave que pueden influir directamente en su gestión, en su futuro e incluso en los derechos de los propios socios (tú entre ellos).

¿Qué es una Junta de Socios?

El órgano principal de decisión de una sociedad mercantil. 

Es el espacio donde los socios se reúnen para debatir y votar sobre los asuntos más importantes de la empresa. En ella se toman decisiones fundamentales que pueden afectar al futuro de la sociedad y al patrimonio de los socios.

La regulación de las Juntas de socios se encuentra principalmente en la Ley de Sociedades de Capital, que es la norma que rige tanto a las sociedades limitadas (SL) como a las sociedades anónimas (SA).

¿Por qué has recibido una convocatoria a la Junta?

Porque eres socio de la sociedad, independientemente del porcentaje de participación que tengas. Incluso aunque tengas una participación pequeña, la ley reconoce tu derecho a ser informado y a participar en las decisiones.

Las Juntas suelen convocarse para tratar asuntos como:

• Modificación de estatutos.
• Aprobación de las cuentas anuales.
• Decidir sobre el reparto de dividendos.
• Ampliaciones o reducciones de capital.
• Disolución o liquidación de la sociedad.
• Nombramiento o cese de administradores.
  

Tipos de Juntas de Socios

No todas son iguales ni se convocan por los mismos motivos. La ley distingue entre varios tipos en función de su finalidad y del momento en que se celebran, y es importante conocer esta diferencia, ya que no todas tratan los mismos asuntos ni tienen la misma relevancia.

Junta General Ordinaria

La más habitual y la que se celebra de forma periódica. Aunque se denomine “ordinaria”, esto no significa que sea poco importante, de hecho, muchas decisiones relevantes se adoptan en ella.

La Ley de Sociedades de Capital establece que debe convocarse obligatoriamente una vez al año, dentro de los seis primeros meses siguientes al cierre del ejercicio social.  Su finalidad principal es analizar la marcha de la sociedad y aprobar las decisiones básicas relacionadas con el ejercicio anterior. 

Normalmente, se tratan asuntos como la aprobación de las cuentas anuales y la aprobación de la gestión realizada por los administradores.

Junta General Extraordinaria

Se convoca cuando es necesario tratar asuntos que no pueden esperar a la Junta Ordinaria o que, por su naturaleza, requieren una reunión específica.

Puede celebrarse en cualquier momento del año y tantas veces como sea necesario. En este tipo se tratan temas de especial relevancia, como una modificación de los estatutos sociales, nombramiento o cese de administradores y aplicaciones o reducciones de capital, entre otras.

Precisamente por la trascendencia de estos temas que se tratan, generan más conflictos entre socios, sobre todo cuando ya existen discrepancias entre mayoritarios y minoritarios.

Junta Universal

Un tipo especial que no necesita convocatoria formal, solamente, para que sea válida, deben cumplirse dos requisitos fundamentales:

Que esté presente o representado el 100 % del capital social.

Que todos los socios acepten por unanimidad celebrarla.

Suele darse en sociedades pequeñas o familiares, donde todos los socios están de acuerdo en reunirse y tratar determinados asuntos sin seguir el procedimiento formal de convocatoria.

¿Quién puede convocar una Junta de Socios?

Normalmente, el órgano de administración, ya sea administrador único, administradores solidarios, mancomunados o consejo de administración. No obstante, los propios socios pueden solicitar la convocatoria, por ejemplo, si representan al menos el 5 % del capital social y el administrador no lo hace.

De hecho, puede llegar a convocarse por vía judicial si se incumple esta obligación.

¿Cómo debe ser la convocatoria?

Para que una Junta de Socios sea válida, no basta con que se celebre y se adopten acuerdos. Es fundamental que la convocatoria se haya realizado correctamente, ya que de lo contrario los acuerdos podrían ser anulables.

La Ley de Sociedades de Capital establece una serie de requisitos mínimos que deben cumplirse en toda convocatoria, con el objetivo de garantizar que los socios estén debidamente informados y puedan ejercer sus derechos con conocimiento de causa.

Plazo mínimo de convocatoria

La ley también establece un plazo mínimo entre la convocatoria y la celebración, para que los socios tengan tiempo suficiente para prepararse y que deben respetarse o puede considerarse defectuosa.

En sociedades limitadas, la convocatoria debe realizarse con al menos 15 días de antelación.

En sociedades anónimas, el plazo suele ser mayor, al menos un mes, salvo que los estatutos indiquen otra cosa.

¿Es obligatorio asistir a la Junta de Socios?

No, la asistencia no es obligatoria, pero en muchos casos es muy recomendable.

Si no asistes, no vas a poder votar ni manifestar tu oposición a decisiones que, sin ti se van a tomar igualmente.

En definitiva, no asistir puede perjudicarte, especialmente si se tratan temas que afectan a tus derechos como socio.

¿Qué derechos tienes como socio?

Ser socio de una sociedad mercantil no implica únicamente realizar una aportación económica. La ley reconoce a los socios derechos fundamentales que les permiten participar en la vida de la empresa, controlar su gestión y proteger sus intereses frente a posibles abusos.

Conocer todos ellos es especialmente importante cuando se recibe una convocatoria porque los conflictos societarios surgen precisamente por el desconocimiento de estos derechos o por su vulneración.

Derecho de información

Te permite solicitar, antes de la celebración de la Junta, los datos y documentos necesarios para entender los asuntos que se van a tratar.

La sociedad está obligada a facilitarte esta información, salvo que exista una causa legal que lo impida, y siempre dentro de los límites establecidos por la ley.

Derecho de asistencia

Tienes derecho a asistir, ya sea personalmente o a través de un representante, si así lo permiten los estatutos sociales. Así puedes escuchar al órgano de administración, intervenir y conocer la postura del resto de socios.

Derecho de voto

Uno de los derechos esenciales con el que participas en la toma de decisiones de la sociedad.

Con carácter general, el número de votos depende de la participación que el socio tenga en el capital social, aunque los estatutos pueden establecer particularidades en determinados casos.

Derecho a participar en los beneficios

Salvo que la Junta acuerde lo contrario, todos los socios tenéis derecho a participar en los beneficios en proporción a la participación de cada uno.

Derecho a impugnar acuerdos sociales

Si consideras que un acuerdo adoptado es contrario a la ley, a los estatutos o perjudica el interés social en beneficio de uno o varios socios, puedes impugnarlo judicialmente. Este derecho es especialmente relevante para los socios minoritarios, ya que les permite defenderse frente a decisiones abusivas o injustas.

¿Qué pasa si estás en desacuerdo con un acuerdo?

Si votas en contra o no asistes, pero el acuerdo sale adelante, aún puedes tener opciones: impugnar esa decisión.

¿Cómo se impugna un acuerdo social?

La impugnación de acuerdos sociales se realiza por vía judicial, mediante la interposición de una demanda ante el juzgado competente.

Es importante que busques asesoramiento en un abogado mercantil para que te ayude a determinar si existen motivos suficientes para impugnar y cuál es la mejor estrategia.

Plazos para impugnar un acuerdo

Es un punto determinante porque son limitados y varían según el tipo de acuerdo:

Con carácter general, el plazo es de un año desde la adopción del acuerdo.

Si el acuerdo es contrario al orden público, no existe plazo de caducidad.

Es importante actuar con rapidez, ya que una vez transcurrido el plazo legal, el acuerdo queda firme y ya no puede impugnarse. De ahí la impotencia de que estés bien informado y asesorado.

¿Qué ocurre si se impugna un acuerdo?

Lo primero es que sigue siendo válido mientras no exista una resolución judicial que lo anule. Luego un juez analizará si cumple la ley y los estatutos y, si estima la demanda, es entonces cuando puede ser declarado nulo o anulable.

Recibir una convocatoria a Junta de Socios es una llamada a participar en decisiones que pueden tener bastante importancia en una sociedad mercantil de la que formas parte, y bueno, aunque no sea obligatorio asistir, hacerlo te puede evitar sorpresas desagradables.

Autor

Manuel Hernández García

Director y Socio Bufete Vilches Abogados

Letrado del Ilustre Colegio de Madrid 72.539

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La Ley de la Segunda Oportunidad es una de las herramientas legales más importantes para quienes se encuentran en una situación de sobreendeudamiento tal que hace que no puedan hacer frente a sus deudas. A pesar de ello, sigue siendo desconocida para muchas personas que podrían beneficiarse de ella.

¿Qué es la Ley de la Segunda Oportunidad?

Un mecanismo legal que permite a personas físicas (particulares y autónomos) cancelar total o parcialmente sus deudas cuando no pueden pagarlas, siempre que cumplan una serie de requisitos.

Su objetivo es dar una salida legal a quienes han actuado de buena fe, pero se han visto atrapados en una situación económica insostenible. En otras palabras, permite empezar de cero sin arrastrar deudas de por vida.

Esta ley se regula principalmente en el Texto Refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, y ha sido reformada para simplificar el procedimiento y hacerlo más accesible.

¿Quién puede acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad?

La Ley está pensada para personas físicas, es decir, no para empresas como tal, sino para personas que responden con su patrimonio personal frente a las deudas.

Personas particulares

Cualquier persona que, sin ser autónoma ni empresaria, tenga deudas que no puede pagar puede solicitar la Ley de la Segunda Oportunidad. No es necesario estar en una situación extrema: basta con que exista una imposibilidad real de atender los pagos de forma regular.

Autónomos y exautónomos

Uno de los perfiles que más se benefician de ella, porque a menudo se ven obligados a finalizar su negocio, pero las deudas no desaparecen con el cierre. También pueden acogerse exautónomos, aunque hayan cesado su actividad hace tiempo.

Personas sin bienes o con pocos ingresos

Otro error que hemos notado entre nuestros clientes es pensar que solo pueden acogerse quienes tienen patrimonio. En realidad, las personas sin bienes o con ingresos muy limitados también pueden acceder al procedimiento.

De hecho, los llamados concursos “sin masa”, en los que no existe patrimonio para liquidar, son cada vez más habituales y permiten obtener el BEPI (del que hablaremos al final de este artículo) en plazos relativamente cortos.

Personas que actúan de buena fe

Más allá del tipo de deuda o de la situación económica, el requisito clave es haber actuado de buena fe. La ley no exige haber hecho todo bien, sino no haber actuado con intención de fraude o mala intención.

Por ejemplo, no se excluye a quien se endeuda intentando salir adelante, mantener su negocio o sostener a su familia, siempre que no haya ocultado bienes ni generado las deudas queriendo para no pagarlas.

¿En qué consiste el proceso de la Ley de la Segunda Oportunidad?

A simple vista parece complejo y hasta asusta el tener que iniciar un procedimiento de este tipo, pero, con la ayuda adecuada, no lo es tanto. Lo podemos resumir en estas cuatro fases:

01. Análisis de la situación económica

El primer paso es estudiar en detalle la situación del deudor, es decir, sus deudas, ingresos, bienes, cargas familiares y perspectivas futuras. Un inicio clave que determina si se cumplen los requisitos y qué vía es la más adecuada.

02. Solicitud del concurso de acreedores

Actualmente, el procedimiento se tramita a través de un concurso de acreedores para personas físicas ante el juzgado. Este concurso puede ser, a su vez, de dos tipos:

Con masa, si existen bienes que se pueden liquidar.

Sin masa, cuando no hay bienes suficientes ni siquiera para cubrir los gastos del procedimiento.

Esta distinción es determinante porque influye en la duración y complejidad del proceso.

03. Liquidación del patrimonio (si existe)

Si la persona endeudada tiene bienes embargables, estos pueden liquidarse para pagar parte de las deudas. En muchos casos, hablamos de bienes de escaso valor o inexistentes.

Aquí, es importante destacar que no siempre se pierde la vivienda habitual, ya que dependerá del valor del inmueble, de la hipoteca y de la situación concreta del deudor.

04. Solicitud del BEPI

Una vez finalizada esta fase, se solicita el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho, conocido como BEPI, que es el mecanismo que permite cancelar las deudas que no han podido pagarse.

¿Qué es el BEPI?

La resolución judicial que perdona las deudas pendientes al deudor que cumple los requisitos legales. Gracias a él, la persona deja de estar obligada a pagar esas deudas y los acreedores no pueden volver a reclamarlas, ni judicial ni extrajudicialmente.

Es, en definitiva, el objetivo final de la Ley de la Segunda Oportunidad.

Tipos de exoneración de deudas

La ley contempla dos grandes modalidades de exoneración:

Exoneración total

Se cancelan la mayoría de las deudas de forma definitiva tras el procedimiento, sin necesidad de seguir pagando en el futuro.

Exoneración con plan de pagos

En algunos casos, se establece un plan de pagos que consiste en que durante un plazo determinado (normalmente hasta 5 años) se puede abonar una parte de la deuda que no se puede exonerar de manera inmediata.

¿Qué deudas se pueden cancelar con el BEPI?

La mayoría que una persona no ha podido pagar tras el procedimiento de la Ley de la Segunda Oportunidad. Su objetivo es liberar al deudor de cargas económicas que hacen inviable empezar de nuevo.

De forma general y siendo algo más concretos, permite cancelar deudas de carácter privado, entre las que se encuentran las más habituales en situaciones de sobreendeudamiento.

Deudas bancarias y financieras

Como préstamos, créditos, descubiertos, … Una vez concedido el BEPI, estas entidades no pueden seguir reclamando el pago ni incluir al deudor en ficheros de morosidad por esas ellas.

Deudas con financieras y empresas de recobro

Hay deudas que acaban en manos de empresas de recobro tras ser vendidas por los bancos. Estas también pueden cancelarse con independencia de cuántas veces hayan sido cedidas, porque el cambio de acreedor no afecta al derecho del deudor a solicitar la exoneración.

Avales y fianzas personales

Libera al deudor de las deudas asumidas como avalista o fiador, es decir, si una persona avala un préstamo y tiene que responder por él, esa deuda puede quedar exonerada si se cumplen los requisitos legales.

Un punto especialmente relevante en préstamos familiares o negocios compartidos.

Deudas derivadas de la actividad como autónomo

En el caso de autónomos y exautónomos, permite que la mala suerte empresarial no condene a una deuda perpetua.

Deudas por contratos y obligaciones civiles

También las deudas derivadas de contrato de alquiler, de suministros, de compras a plazos y de indemnizaciones, siempre y cuando no deriven de delitos.

¿Qué deudas NO se pueden cancelar con el BEPI?

Aunque sea una herramienta muy potente, también existen algunas deudas que la ley excluye total o parcialmente de la exoneración:

• Pensiones de alimentos, por ejemplo, a favor de hijos.
• Multas penales y responsabilidades civiles derivadas de delitos.
• Determinadas deudas públicas que superan los límites legalmente exonerables.
• Deudas contraídas de forma fraudulenta o de mala fe.

¿Y qué pasa con las deudas con Hacienda y la Seguridad Social?

Una de las grandes dudas habituales tiene que ver con las deudas públicas. Aunque no siempre se cancelan al 100 %, la Ley de la Segunda Oportunidad sí permite reducir de forma significativa este tipo de deudas, algo que antes no era posible, vamos, hasta hace poco eran prácticamente intocables.

Con la Ley de la Segunda Oportunidad tienes una herramienta legal pensada por si, pese a tus esfuerzos, no puedes salir de una situación de endeudamiento considerable. Siempre que cumplas con los requisitos que se solicitan, puedes dejar atrás las deudas y comenzar una nueva etapa sin ese lastre del pasado. 

Autor

Manuel Hernández García

Director y Socio Bufete Vilches Abogados

Letrado del Ilustre Colegio de Madrid 72.539

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