Habeas Corpus, qué es y quién puede solicitarlo

Todos los ciudadanos tenemos derecho a la libertad, y a no ser detenidos sin razón, está en la Constitución, y es algo que podemos solicitar en el momento en que creemos que hemos sido retenidos sin motivo.

¿Cómo?, mediante una figura legal llamada Habeas Corpus, que asegura que serás puesto en libertad en un plazo de tiempo, si no se puede probar tu implicación en los hechos por los que se te ha detenido.

No está de más conocerlo, por si llega el caso, y tener claro cómo y quién puede solicitar ser puesto en libertad.

¿Qué es el Habeas Corpus?

Como decimos, un derecho con el que contamos los ciudadanos, tal y como se explica en el art. 17 de la Constitución Española, toda persona tiene derecho a la libertad, y no puede ser privada de ella si no ocurre alguno de los casos que determina la ley.

En definitiva, no tienes por qué ser privado de tu libertad, a no ser que cometas un delito tipificado en la legislación, y por el que se te deberá juzgar y sentenciar.

La Constitución Española protege de manera concluyente los derechos de los ciudadanos y, entre ellos, está el derecho a la libertad, por esa razón, cualquier detención realizada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad debe estar dentro de la legalidad.

Para qué sirve el Habeas Corpus

Para asegurar que cualquier detenido es puesto a disposición judicial cuanto antes, será el juez quien decida si el arresto se mantiene, por ser adecuado a los hechos, o si, por el contrario, no hay razón para que esa persona continúe retenida.

Se trata de impedir que nadie sea detenido injustamente, de proteger al ciudadano ante una detención que pudiera no ser legal.

Obliga a no prolongar esa situación más de lo estrictamente necesario para realizar las investigaciones que aporten luz a los hechos.

El juez de guardia, tras valorar las pruebas que le presenten, decide el carácter de la detención, esto es, si es legal, o no y el detenido debe ser puesto en libertad.

Solamente se pronuncia sobre la legitimidad o no de esa detención, sin entrar el motivo, de esa vista no se decide si es o no culpable.

Con esto queremos aclarar que, aunque sea puesto en libertad, más adelante, tras posteriores investigaciones puede ser juzgado, que salga no es una declaración de inocencia, sino de que su detención no debe continuar con las pruebas que en ese momento están en poder del juez.

No se centra en el motivo de la detención y en si esa persona es o no culpable, solamente en si se ha hecho de manera legal.

¿Cuánto puede estar una persona detenida por la policía?

Una persona no puede estar más de 72 h detenida sin que ocurra una de estas dos situaciones: que sea puesta en libertad por no poderse probar su implicación, o que sea llevada ante un juez.

La finalidad del Habeas Corpus es evitar las detenciones ilegales, y que los acusados sean puestos delante de un juez, lo antes posible.

Cómo se solicita en Habeas Corpus

El propio detenido o su abogado, cuando tiene dudas fehacientes de que existan pruebas de su implicación en lo que sea que se le acuse, y por lo que está detenido.

Es un procedimiento relativamente rápido porque persigue evitar que una persona esté detenida más de lo necesario, así, en 24 horas el juez toma una decisión.

Si la solicitud no se hace en un juzgado, se envía al correspondiente, y en ese momento se abre el procedimiento para que continúe en la cárcel, o salga por ser una detención ilegal.

¿Cuándo se considera una detención ilegal?

Cualquier ciudadano es detenido de manera ilegal cuando no se respeten sus derechos y se cumpla alguno de los siguientes supuesto:

No existe motivo para la detención, nadie puede ser retenido porque sí, quien lo haga te debe dar una razón, y no una cualquiera, sino que debe estar incluida en las causas que marca la ley.

Cuando el detenido permanece en un lugar que no es un centro de detención, una comisaría, por ejemplo.

La detención sobrepasa las 72 h que te hemos comentado, es, aclaremos, un plazo máximo y que, si no es necesario, no hay que apurar sin sentido, la ley exige que las detenciones deben durar lo mínimo imprescindible para las diligencias policiales.

No se respetan los derechos constitucionales con los que contamos todos los ciudadanos, como puede ser negar su derecho a un abogado si es que lo solicita.

Habeas Corpus paso a paso

Vamos a suponer y esperamos que no ocurra nunca, que, un día, vas caminando, se acerca un policía y te detienen.

Seguidamente, te llevan a dependencias policiales, y te retienen mientras te explican el motivo de tu detención.

En ese momento, si lo consideras, solicita un abogado, no se te puede negar ese derecho.

En caso de que no esté clara su implicación en los hechos, con las pruebas que te presentan, puedes iniciar el procedimiento

¿Quién puede solicitar un Habeas Corpus?

Para iniciar el procedimiento, lo primero es solicitarlo, el detenido, en este supuesto caso, tú, directamente puedes hacerlo a los agentes que te han llevado a comisaría.

No solo tú, sino tu pareja (cónyuge, pareja de hecho, novio o novia), descendientes, ascendientes, o hermanos, y, por supuesto, tu abogado puede pedirlo en tu nombre.

En caso de un menor de edad, o incapacitado, deberán hacerlo sus tutores legales.

No solo pueden solicitarlo personas físicas, sino organismos institucionales como el Ministerio Fiscal, el Defensor del Pueblo o, de oficio, el juez competente.

¿Qué ocurre tras solicitar un Habeas Corpus?

Una vez que el juez admite la solicitud, ordena que te lleven ante él, escucha tu versión, (o a tu abogado) y al Ministerio Fiscal, y, por último, a los agentes que te detuvieron.

Una vez que es consciente de los hechos y cuenta con las pruebas que le han aportado, las que se han conseguido contra ti hasta ese momento, toma la decisión.

Todo esto que parece tan farragoso, no lo es, el procedimiento se debe resolver en un máximo de 24 horas, pasadas las cuales ya hay una decisión.

Qué puede decidir el juez

Solo hay dos caminos: que te mantengan detenido o que te dejen en libertad, con carácter inmediato, si ya han pasado las 72 h.

Insistimos en que, tu puesta en libertad no asegura tu inocencia, si existen indicios, se va a continuar con las investigaciones, y en el momento que haya pruebas se te va a detener y acusar del delito.

Nadie puede ser retenido de manera ilegal, siempre debes conocer de qué se te acusa y solicitar tu puesta en libertad inmediata, en caso de que no te aporten pruebas para mantener esta situación.

Es importante, en momentos así, en los que te encuentras tan desprotegido, que solicites la asistencia de un abogado, quien mejor conoce los procedimientos y asegura los pasos legales para su puesta en libertad.

Autor

Manuel Hernández García

Director y Socio Bufete Vilches Abogados

Letrado del Ilustre Colegio de Madrid 72.539

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DERECHO AL HONOR, INTIMIDAD Y LA IMAGEN VS. DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESION Y DE INFORMACION RESPECTO DE LOS TRUE CRIME


En la actualidad, se ha observado una tendencia en alza en la creación y divulgación de obras de «true crime», es decir, documentales, series y películas que se fundamentan en crímenes reales ocurridos recientemente en España, tales como «El caso Asunta«, «El caso Alcàsser«, «El cuerpo en llamas«, entre otros. 

Introducción al Auge de los Documentales de True Crime en España

Así, la última noticia es que Ana Julia Quezada, ha sido trasladada del módulo donde se encontraba cumpliendo la pena de prisión permanente revisable por el asesinato del niño Gabriel Cruz en 2018, y todo ello debido a que ha salido a la luz que estaría grabando un documental sobre el crimen, sin tener los padres constancia de ello ni haber prestado permiso. 

El Conflicto entre Derechos Individuales y Libertad de Expresión

Sin embargo, estas producciones a menudo generan conflictos entre dos conjuntos de derechos individuales que son fundamentales para la integridad y dignidad de la persona, a saber, el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen (conforme al artículo 18.1 de la Constitución Española), y el derecho a la libertad de expresión (de acuerdo al artículo 20.1 a CE), el derecho a la expresión artística (según el artículo 20.1 b CE), y el derecho a recibir y difundir información veraz (según el artículo 20.1 d CE).

Pero ¿cuál de estos debería prevalecer sobre los demás?

Principios Constitucionales sobre Honor e Intimidad versus Libertad de Expresión

Así, por un lado, el artículo el articulo 18 de la Constitución española, recoge lo siguiente: 

  1. «Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
  2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.
  3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.
  4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos´´. 

Y, por el otro lado, el artículo 20 de la misma, dispone que:

  1. «Se reconocen y protegen los derechos:
  1. A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.
  2. A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.
  3. A la libertad de cátedra.
  4. A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.
  1. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.
  2. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.
  3. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.
  4. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial´´.

Jurisprudencia y Derechos de la Personalidad en España

A su vez, es importante destacar el artículo 20.4 de la Constitución, el cual estipula que estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. 

Así, en este asunto, la Ley Orgánica 1/1982 de Protección Civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, que desarrolla y articula la protección del derecho fundamental homónimo, concretamente, el art. 2 LO 1/1982 establece los límites primarios de estos derechos de la personalidad. Así, el art. 2.1 LO 1/1982 dispone que «la protección civil del honor, de la intimidad y de la propia imagen quedará delimitada por las leyes y por los usos sociales atendiendo al ámbito que, por sus propios actos, mantenga cada persona reservado para sí misma o su familia´´.

En relación con los actos que pueden ser reputados intromisiones ilegítimas, estos se detallan en el art. 7 LO 1/1982, dedicándose el art. 8 LO 1/1982 a establecer las excepciones legales, esto es, las circunstancias que justificarán que la intromisión en los derechos de la personalidad no resulte ilegítima. Por lo que aquí interesa, constituyen intromisiones ilegítimas los siguientes actos: 

  • La divulgación de hechos relativos a la vida privada de una persona o familia que afecten a su reputación y buen nombre, así como la revelación o publicación del contenido de cartas, memorias u otros escritos personales de carácter íntimo (art. 7.3 LO 1/1982)
  • La revelación de datos privados de una persona o familia conocidos a través de la actividad profesional u oficial de quien los revela» (art. 7.4 LO 1/1982)
  • La captación, reproducción o publicación por fotografía, filme, o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos. 

Impacto de las Decisiones Judiciales en la Producción de Contenidos sobre Crímenes

En definitiva, el uso de personajes reales en obras artísticas genera un conflicto entre los derechos al honor, la intimidad y la propia imagen, por un lado, y los derechos a la información, la libertad de expresión y la libertad de creación por otro, que requiere de una meticulosa ponderación en cada caso particular.

Para ponderar estos derechos, nuestra jurisprudencia tiene en consideración dos elementos:

  • Un aspecto inicial a considerar es la capacidad del espectador para identificar los eventos relatados en la película y reconocer a las personas a las que corresponden los personajes de la obra. En relación con este punto, el Tribunal Constitucional ha establecido que el ejercicio del derecho fundamental a la producción y creación literaria protege la creación de un universo de ficción que puede tomar como referencia datos de la realidad, sin necesidad de adherirse a criterios de veracidad o utilidad para limitar la labor creativa, la cual es intrínsecamente subjetiva (STC núm. 51/2008 de 14 de abril, caso «El jardín de Villa Valeria«).
  • Un segundo aspecto relevante es el enfoque adoptado, ya sea más creativo o fiel, en relación con los hechos y personas reales que constituyen el núcleo temático de la obra, lo que permite al receptor evaluar si existe una mayor o menor fidelidad a la realidad. En consonancia con esta línea jurisprudencial, el Tribunal Supremo, en la sentencia número 441/2014, de 29 de julio, abordó el célebre caso del Crimen de los Marqueses de Urquijo, el cual trata sobre la tensión entre el derecho al honor y la expresión artística e informativa. Concluyó que prevalecían los últimos al determinar que los hechos eran verídicos y que las licencias creativas adoptadas por los creadores de la película estaban justificadas para hacer la narración más cautivadora.

Lo cierto es que, en nuestro país, la jurisprudencia tiende a favorecer los derechos a la libertad de expresión y de creación artística, protegidos, por el artículo 20 de la Constitución Española. Los tribunales suelen mostrar tolerancia hacia la producción de obras ficticias sobre figuras públicas, incluso sin autorización, y/o aquellas relacionadas con eventos de interés general.

Esto se basa en su condición de derechos fundamentales para el desarrollo de una opinión libre e informada, elementos cruciales para el avance de una sociedad democrática moderna. La primacía de los derechos de opinión y expresión se refuerza aún más cuando se trata de hechos de interés general o que involucran a figuras públicas, siempre y cuando se respeten los límites del decoro, y se eviten expresiones insultantes o completamente desproporcionadas.


Esta confrontación de derechos ha sido objeto de análisis continuo y reiterado en las sentencias del Tribunal Constitucional. Desde la sentencia 6/1981 del TC, se ha enfatizado la importancia del ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información como uno de los pilares fundamentales de una sociedad libre y democrática. En este contexto, se garantiza constitucionalmente la difusión de información veraz sobre temas de interés general o relevancia pública. Los tribunales suelen adoptar una postura restrictiva con respecto a las series o películas cuando los hechos presentan una nueva realidad que pueda vulnerar la intimidad o difundir injurias o calumnias. Un ejemplo de ello fue la serie «Mi gitana» de Telecinco sobre Isabel Pantoja, estrenada en 2012. El juzgado de Primera Instancia de Alcobendas determinó que «Mi gitana» había incurrido en una «intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad» de la cantante. Además, la sentencia ordenó la retirada de la serie y de sus DVDs del mercado, y fijó una indemnización de 10.000 euros como compensación por los daños y perjuicios causados a la cantante.

Es importante destacar que, en el ámbito de las expresiones artísticas, se aplica el mismo principio jurisprudencial de protección hacia las manifestaciones y creaciones artísticas, considerándolas elementos esenciales de la individualidad. No obstante, las ofensas injustificadas, desproporcionadas o claramente insultantes ceden esa primacía en favor de otros bienes jurídicos igualmente importantes, como el honor, la intimidad, la propia imagen y, en ocasiones, la libertad ideológica, que abarca la libertad de creencias religiosas.

Además, como se mencionó anteriormente, si los hechos son de conocimiento público o han sido difundidos a través de los medios de comunicación, el relato sobre el caso también se considera de dominio público. Por lo tanto, no es necesario obtener una autorización para la emisión de una serie sobre dicho caso.

Debemos traer de nuevo a colación el crimen de los Marqueses de Urquijo, señalando el Tribunal Supremo en la sentencia 441/2014 del 29 de julio, que la película estaba amparada por la libertad de información porque era fiel a los hechos probados acerca del crimen en cuestión. Además, se les concedió la libertad de tomar licencias creativas, lo que incluyo la difusión de sospechas sobre las personas implicadas en el caso. 

Otros ejemplos incluyen biopics como «Carmen Cervera, la Baronesa» (auto de medidas cautelares del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Alcobendas de 28 de junio de 2011) o la publicación de biografías como «Arriba la Esteban» (sentencia del Tribunal Supremo número 522/2011, de 13 de julio). Se ha establecido que este tipo de biografías no autorizadas serían consideradas ilícitas únicamente cuando su narración sea predominantemente factual y pueda contener elementos difamatorios (véase, por ejemplo, el caso Clarence Seedorf – sentencia del Tribunal Supremo número 14/2004, de 28 de enero).

Algunas resoluciones judiciales sostienen que cuanto mayor sea el grado de creatividad y alejamiento de la realidad en el tratamiento de los hechos, mayor será la amplitud de la libertad de creación concedida. No obstante, si una obra fílmica o televisiva se adhiere estrictamente a los hechos, adoptando una aproximación más documental, está obligada a ser fiel a la verdad. Por ejemplo, la Audiencia Provincial de Madrid determinó en el conocido caso Fariña que es lícito mencionar a personajes sin su autorización, siempre y cuando la narración sea precisa y objetiva, producto de una minuciosa investigación de los hechos reales.

En síntesis, los tribunales españoles han avalado la publicación de biografías no autorizadas o la realización de biopics sobre individuos de renombre, siempre y cuando no incorporen contenido manifiestamente injurioso. En el proceso de equilibrio entre estos derechos, la jurisprudencia nacional ha favorecido el derecho a la creación artística, conforme al artículo 20.1.b) de la Constitución Española. Este derecho salvaguarda la facultad de configurar un ámbito de ficción que pueda basarse en eventos reales como punto de partida, sin que se impongan requisitos de veracidad para restringir la expresión creativa subjetiva. Este enfoque fue ratificado por el Tribunal Constitucional en el caso «El jardín de Villa Valeria» (sentencia número 51/2008, de 14 de abril), donde se estableció que el análisis de la veracidad debe ser matizado, permitiendo incluso la exageración y el empleo de formas discutibles.

En cuanto al derecho europeo, el artículo 10.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) establece, por un lado que, toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, incluyendo la libertad de opinión y de recibir o comunicar informaciones e ideas sin interferencias de autoridades públicas y sin restricciones fronterizas. Sin embargo, los Estados pueden requerir autorizaciones previas para empresas de radiodifusión, cinematografía o televisión y, por el otro lado que, el ejercicio de estas libertades puede estar sujeto a restricciones o sanciones legales necesarias en una sociedad democrática para proteger la seguridad nacional, la integridad territorial, la seguridad pública, el orden, la prevención del delito, la salud o la moral, la reputación o los derechos de otros, impedir la divulgación de información confidencial o garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial.

Asimismo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha proporcionado precisiones sobre la legalidad de obras artísticas basadas en hechos reales en el conocido caso Lindon (sentencia de 22 de octubre de 2007), relacionado con el libro «El proceso» de Jean-Marie Le Pen. En esta obra, Le Pen fue descrito como el instigador intelectual del crimen de Brahim Bouaram perpetrado por jóvenes militantes del Frente Nacional en 1998, utilizando términos como «vil oportunismo», «inmoralidad», «falta de dignidad» y atribuyéndole roles como «jefe de una banda de asesinos» o «recomendar cometer un asesinato«. El TEDH determinó que, aunque se permite cierto grado de exageración e incluso provocación, y que los límites de la crítica son más amplios en el caso de figuras políticas, en este caso concreto consideró que los términos utilizados eran excesivos, ya que podían incitar a la violencia y al odio.

No obstante, es importante diferenciar cuando la serie, película o documental relata los hechos acontecidos en un caso en el que la víctima sea menor de edad, como es el caso que nos atañe. 

Reitero que, la jurisprudencia constitucional ha establecido que la protección de la infancia y juventud actúa como un límite a las libertades de expresión, en términos similares a los empleados por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ha destacado la doctrina de la intensificación de la protección de la intimidad y la propia imagen de los menores, priorizándolas sobre otros derechos. Por ejemplo, ha prevalecido el derecho a la intimidad de los niños sobre la libertad de información, incluso cuando la noticia ya ha sido divulgada previamente y la información es veraz, como se refleja en la Sentencia 134/1999.

El artículo 197.7 del Código Penal, castiga a aquel que, sin consentimiento de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de la víctima que hubiera conseguido con su consentimiento en un domicilio o cualquier otro lugar íntimo o privado con la intención de menoscabar gravemente su intimidad personal, la pena de este delito se impondrá en su mitad superior cuando la víctima es menor y/o discapacitad existe ánimo de lucro.

Además, la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia, enfatiza la protección de los menores de edad. La publicación o difusión de imágenes o información de menores en los medios de comunicación está prohibida cuando pueda perjudicar su reputación o intereses, incluso si existe consentimiento del propio menor o de sus padres o tutores legales, así, en su artículo 8.4 recoge que, « En los casos de violencia sobre la infancia, la colaboración entre las administraciones públicas y los medios de comunicación pondrá especial énfasis en el respeto al honor, a la intimidad y a la propia imagen de la víctima y sus familiares, incluso en caso de fallecimiento del menor. En esta situación, la difusión de cualquier tipo de imagen deberá contar con la autorización expresa de herederos o progenitores´´. 

El artículo 4 de la Ley Orgánica 1/1996, de protección jurídica del menor, recoge el derecho de los menores de edad al honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen. La difusión de información o utilización de imágenes o el nombre de los menores en los medios de comunicación que pueda implicar una intromisión ilegítima a su intimidad, honor o reputación, o que sea contraria a sus intereses, determinará la intervención del Ministerio Fiscal, que instará de forma inmediata las medidas cautelares y de protección previstas en la Ley y solicitará las indemnizaciones que correspondan por los perjuicios causados. El artículo indica que se considera intromisión ilegítima al derecho al honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen del menor la utilización de la imagen o el nombre en los medios de comunicación que pueda implicar menoscabo de su honor o reputación, o que sea contraria a sus intereses, incluso si consta el consentimiento del menor o de sus representantes legales.

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) dispone en su artículo 16 la prohibición de injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada, familiar, domicilio y correspondencia de los niños, así como ataques a su honra y reputación, prohibiendo también la divulgación de datos identificables. El artículo 17 obliga a los Estados a asegurar el acceso de los niños a información que promueva su bienestar y a establecer directrices para que los medios de comunicación los protejan de contenido perjudicial. El artículo 3 establece que el interés superior del niño debe prevalecer en todas las decisiones que los afecten. Finalmente, el artículo 19 exige que los Estados protejan a los niños contra todas las formas de violencia, abuso, explotación y negligencia, prestando especial atención a los niños vulnerables, como aquellos en conflicto con la ley, víctimas de explotación, o con discapacidades.

Casos Emblemáticos de Conflictos entre la Creación Artística y Derechos Personales

En este caso en concreto, debemos tener en cuenta la Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía, la cual, protege especialmente a las familias en estos casos. La ley andaluza obliga a las administraciones públicas de Andalucía a velar, en el ejercicio de sus competencias, por que se respete el derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen de las niñas, niños y adolescentes. Especialmente se tendrá en cuenta a «aquellas personas menores que se encuentren en situación de vulnerabilidad y en situación de desprotección»

«En la protección de este derecho se prestará especial cuidado en sus datos personales, siendo exigible un deber de reserva por parte de las personas profesionales que son conocedoras de los mismos en el ejercicio de su función profesional, de las personas acogedoras o de las personas colaboradoras con la Entidad Pública, así como por parte de los medios de comunicación», añade el texto legal.

La Sentencia 290/2012 del Tribunal Supremo refuerza esta interpretación al abordar la difusión de información sobre un niño víctima de agresiones sexuales, destacando la necesidad de ponderar los derechos al honor y la libertad de información y expresión, especialmente en casos que involucren a menores. La sentencia subraya que el daño a los derechos del menor se agrava cuando se realiza a través de los medios de comunicación, respaldado por la Ley Orgánica de Protección del Menor, la Convención de los Derechos del Niño y la Carta Europea.

Además, otras sentencias como la 425/2011 de la Audiencia Provincial de Madrid y las 655/2015 y 2016/2013 del Tribunal Supremo, consideran ilegítima la publicación de fotografías de menores sin el consentimiento de sus progenitores, incluso si las caras están pixeladas, y exigen responsabilidad civil por el daño causado.

No obstante, en relación con la información referente a la denominada “vida judicial”, cabe mencionar las sentencias del Tribunal Constitucional 178/1993, 320/1994, 154/1999, entre muchas otras, en las cuales se ha fundamentado la conveniencia y necesidad de que la sociedad sea informada sobre sucesos de relevancia penal, independientemente de la condición del sujeto privado o de las personas afectadas por la noticia. En efecto, se entiende que la información debe ser continua y permanente cuando los delitos cometidos revistan cierta gravedad o hayan causado un impacto considerable en la opinión pública, y debe extenderse a todos los datos o hechos novedosos que se vayan descubriendo en el curso de las investigaciones judiciales.

Protección de Menores y Derechos Constitucionales en Contenidos Mediáticos

Concluyendo, prima el derecho de expresión artística tratada con respecto y eludiendo imágenes de violencia manifiesta, y, en concreto, las informaciones relativas a los menores deben realizarse «con mayor garantía de los derechos fundamentales y con una interpretación restrictiva del ejercicio de la libertad de información y expresión», además, es crucial considerar si se están reconstruyendo hechos históricos protagonizados por personas públicas o si se trata de un evento excepcional protagonizado por individuos anónimos. Obtener el consentimiento de las partes involucradas simplifica el proceso, no obstante, la falta de autorización no necesariamente impide la realización de la obra, siendo que, si se produjera la producción, grabación y publicación de cualquier tipo de filme, la familia de la víctima, en este caso concreto, la familia de Gabriel Cruz, las vías que tendría son: 

  • Solicitar medidas cautelares para que se paralice la emisión de la serie hasta que el juzgado resuelva sobre si se puede o no emitir la misma (como en el caso de «El cuerpo en llamas´´, historia de Rosa Peral/ La guardia urbana). 
  • Podrían solicitar que no se emita dicha serie. 

Es cierto que el derecho a la intimidad es personalísimo y se extingue con su muerte, pero también lo es que la Ley 1/1982 permite que el ejercicio de las acciones de protección de los derechos del fallecido lo ejerzan sus ascendientes y, tratamiento de las informaciones relativas a los menores debe realizarse «con mayor garantía de los derechos fundamentales y con una interpretación restrictiva del ejercicio de la libertad de información y expresión«, según ha establecido la jurisprudencia.

Autor

Manuel Hernández García

Director y Socio Bufete Vilches Abogados

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Denuncia y querella, parecidas, no iguales

Denuncia y querella son muy similares, es fácil escuchar estos términos de manera indistinta, es una línea fina la que las separa, razón de más para tener una idea clara de cada una si, por mala suerte, te ves implicado en alguna de ellas.

Aunque las dos pueden ser el inicio de un procedimiento penal, la manera en la que se presentan y quienes son las partes implicadas hacen que no sea lo mismo interponer una querella que poner una denuncia.

Veamos en qué consiste cada una.

¿Qué es una querella?

Hablamos de una figura legal regulada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en los art. 270 a 281, y nos referimos a la solicitud presentada por escrito para la apertura de un procedimiento penal, en la que la persona que lo hace es parte interviniente en el proceso.

Esta solicitud consiste en un documento formal, presentado por un abogado y un procurador, en el que se comunica al juez unos hechos que han sucedido, y que pueden ser considerados delito.

En ese proceso hay dos intervinientes, querellante, quien la presenta, y querellado, a quien se dirige.

¿Qué tipos de querellas hay?

Existen dos tipos, según quién sea la persona, o entidad, que la presente.

Querella privada

El querellante es un particular, alguien que se considera ofendido por el delito que argumenta, y se acompaña de un abogado y un procurador para hacerlo.

Una querella privada la presenta el propio perjudicado, por ejemplo, en caso de una calumnia o una injuria, lo hace quien sufre de estas ofensas, o no se sigue adelante con el procedimiento.

Es decir, no puedes presentar una querella porque Emilio ha calumniado a Inés, en ese caso la debe presentar Inés, tú solamente puedes hacerlo legalmente, si Emilio te calumnia a ti.

Querella pública

En este caso es diferente y no es un particular quien la presenta, sino que lo hace el Ministerio Fiscal.

¿Qué requisitos debe cumplir una querella?

Para que una querella tenga validez y siga adelante, necesita cumplir unas condiciones sin las que no es posible continuar.

El querellante debe contar con asistencia legal, necesita ser presentada por un procurador y firmada por un abogado, junto con las pruebas de ese supuesto delito, en el caso de que no se cuente con ellas, se debe decir la manera de conseguirlas.

Es una presentación exclusivamente escrita, y en el juzgado competente donde se comete el supuesto delito, es decir, que no puedes acudir para ellos ni a una Comisaria de Policía, ni a un Cuartel de la Guardia Civil.

Es necesario que los intervinientes se identifiquen, en el caso del querellado, si no se conocen los datos, se debe aportar toda la información que se tenga para que la ley lo pueda identificar.

Por último, antes de interponer una querella contra una persona, has de demostrar que has intentado un acercamiento para solucionar el conflicto, se trata de aportar pruebas de un acto de conciliación, dar una oportunidad al querellado antes de llevarlo a los tribunales.

¿Qué es una denuncia?

Hablamos de una figura legal regulada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en los art. 259 a 269, y nos referimos a la solicitud presentada de manera escrita, pero también es posible de manera oral, (incluso de manera anónima), de un suceso del que tienes conocimiento y del que formas, o no, parte, siendo el comienzo de un procedimiento penal.

Las denuncias, a diferencia de las anteriores, sí puedes hacerlas ante la policía o Guardia Civil.

¿Qué tipos de denuncias hay?

Como en las querellas, tenemos las denuncias públicas y privadas, ya sea una persona, o la propia justicia quien la interponga, pero además:

Denuncia penal

Cuando se denuncie un delito tipificado en el Código Penal

Denuncia administrativa

Se trata de una denuncia de una infracción que suponga falta administrativa.

Denuncia falsa

Este tipo es una denuncia que, en sí misma, es un delito, como se establece en el Código Penal, en su art. 456, cuando quien la interpone en consciente de su falsedad, y, aun así, sigue adelante.

¿Quién puede interponer una denuncia?

Una denuncia puede ponerla cualquier ciudadano que tenga constancia, o que presencie unos hechos que pueden ser delito, como ya te hemos comentado, pero además la Ley de Enjuiciamiento Criminal lo exige a personas que por sus cargos, profesiones u oficios tienen conocimiento de estas situaciones.

Querella y denuncia, ¿en qué se diferencian?

Para ver las diferencias, vamos a resaltar antes que ambas tienen cosas en común, como que son el inicio de un procedimiento por la vía penal.

Una denuncia puedes hacerla de manera verbal, directamente vas a la policía y lo comunicas, de hecho, también de manera anónima, con una llamada, por ejemplo, y se comienza la investigación para comprobarla.

En cambio, el procedimiento formal de una querella lo exige por escrito y con los datos de las partes, no cabe la posibilidad de que se haga de manera anónima.

Ampliando el punto anterior, una denuncia es posible en una comisaría o en un cuartel de la Guardia Civil, una querella, debe hacerse, en todo caso, en el Juzgado.

En una denuncia, ya no intervienes más, te desligas del procedimiento, en una querella formas parte de él

Cualquier persona que sea consciente, o esté presente en un delito, tiene la obligación de denunciar, en cambio, una querella es un derecho que tienes en caso de que te consideres ofendido por un delito, es decir, debes ser parte interviniente es esa situación.

Ante una denuncia, no necesariamente formas parte de ella, es decir, tú puedes denunciar que otra persona está realizando un acto considerado delito, sin que te veas involucrado, solo por la obligación que tienes a hacerlo.

Te ponemos un ejemplo, imagina que eres consciente de que un compañero de trabajo está realizando un acto delictivo, como puede ser llevarse material, o una cuantía económica de la empresa, tienes la obligación de denunciarlo, aunque no sea material tuyo, ni tengas nada que ver.

No eres parte de ese delito, pero, en el momento de ser consciente de los hechos, lo debes denunciar.

Luego, ese compañero te puede poner una querella por calumnia, si se siente ofendido, para defenderse, en ese momento él es parte del proceso (querellante), y, bueno, ahora tú también (querellado).

¿Y qué es una demanda?

En este caso, esta figura legal, aunque puede dar lugar a confusión, es diferente a las anteriores.

Una demanda es un documento por el que se enfrentan dos partes, en este caso demandante y demandado, y dan lugar a la apertura de procedimiento por vía civil, mercantil y laboral.

Leer o escuchar en los medios que esta persona, o esta entidad, pone una demanda o una querella a otra, no es extraño, pero hay que tener claro su significado, sobre todo, si estamos involucrados.

En cualquier caso, enfrentarse a cualquiera de ellas con ayuda legal en el camino para salir lo mejor parado posible, no dudes en contactar con nosotros si vives una situación de este tipo, antes de actuar asegura qué pasos debes dar.

 

 

Autor

Manuel Hernández García

Director y Socio Bufete Vilches Abogados

Letrado del Ilustre Colegio de Madrid 72.539

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Acoso a través de las redes sociales, ¿qué puedes hacer?

Todo acoso implica coartar la vida de alguien hasta el punto de que se vea extremadamente alterada, además del miedo que llega a sentir junto a una sensación de no estar seguro de un acosador que, parece, conoce todos sus movimientos.

Hoy, con las tecnologías, para hacerlo no es, ni siquiera, necesario salir de casa, desde un perfil de redes sociales pueden controlar toda tu vida hasta convertirla en un infierno.

Debes saber que, como cualquier otro tipo de acoso, el que se produce en redes, se puede denunciar y frenar.

¿Qué se considera acoso en redes sociales?

Un comportamiento que busca aterrorizar a través de la publicación en redes sociales, de información, cierta o no, que pueda hacer cuanto más daño, mejor, añadiendo, a menudo, imágenes o vídeos que perjudiquen su reputación, y lleven a la víctima a extremos muy peligrosos

Delito de acoso

Se regula en el art. 172 ter del Código Penal, dentro en los delitos contra la libertad.

Se produce siempre que se persiga, o acose, a una o varias personas, sin consentimiento, y de manera constante, de modo que modifica su día a día obligatoriamente, por miedo a lo que está ocurriendo.

Este delito se comete de muy variadas formas, y siempre con el factor común de la reiteración, y de una consecuencia de alteración de la vida cotidiana de la víctima.

Puede ser vigilando, persiguiendo, o buscando una cercanía física con la persona acosada, en todo momento, y aprovechar cualquier oportunidad para lograrlo, lo que hace que quien lo sufre conviva a diario con el terror de, al final, ocurra.

En este caso hablamos de acoso más físico y personal, pero todo eso, puede realizarse, además, a través de las redes sociales.

Delito de acoso en redes sociales

Las redes, en la actualidad, es uno de los canales preferidos de los acosadores.

Todos esos comentarios hirientes, insultos o excesiva vigilancia que sentimos cuando, una y otra vez se habla mal de nosotros en redes solo con el objetivo de avergonzarnos, y hacer daño a nuestra imagen.

Sobre todo en el caso de menores, es una prolongación del físico, por ejemplo, en la escuela se comienza con un acoso a un compañero, de manera continua, en clase, y luego se prolonga en internet, donde es más fácil realizar y, también más difícil de parar, porque a menudo se desconoce quién lo lleva a cabo.

Como cualquier otro tipo de acoso, el objetivo es hacer daño, desacreditar y hundir la reputación, o por un motivo muy habitual en parejas, como venganza por alguna ruptura delicada.

Se realiza bajo una identidad falsa, bajo el anonimato, escondido tras un perfil creado, solo, para hacer daño, de manera que sea más complicado de reconocer quién es, pero que ahora ya no lo impide, de hecho los acosadores en redes no son consciente de la facilidad de hacerlo.

Diferencia entre difamación, injurias o calumnia

Son tres maneras de realizar acoso en las redes, siempre que no se limiten a una sola vez, a ese comentario que después de eliminar no vuelve a aparecer.

En el momento en que se continúa con un envío reiterado, tienes derecho a denunciar lo que te está ocurriendo.

Difamación

Se trata de insultar o desacreditar a través de la difusión de información falsa o dañina, en definitiva, hablar mal de otro de forma pública y con datos para que sea fácilmente identificable.

Es muy habitual que se haga en personas públicas, influencers o famosas, aunque las personas anónimas no están exentas de que les ocurra, aquí, la repercusión es menor, pero el daño llega a ser el mismo.

Una difamación se considera acoso cuando no se queda en un solo mensaje, sino que se continúa con el tema de ese comentario, o con otros de igual calibre, hacia esa misma persona.

Injurias

Humillar o dañar la imagen y la dignidad de alguien mediante la publicación de insultos, dando suficientes datos para que se sepa quién es.

Calumnia

En este caso hablamos de acusar de algo que no es cierto, el propio acosador sabe que no lo es, pero continúa con esa acción para hacer el mayor daño posible.

En ningún caso es necesario que la víctima también tenga un perfil en redes, basta con que los datos que se aporten sean suficientes para reconocerla.

Consecuencias del acoso en redes sociales

Cualquier acoso, ya sea bajo el anonimato de las redes sociales o físicamente, tiene consecuencias muy graves para ambas partes.

El hecho de que se realice por este canal agrava el acoso por la facilidad de continuar, y la dificultad de frenarlo, eso hace que el pánico de la víctima aumente al sentir que no puede escapar de lo que le está ocurriendo.

Consecuencias para la víctima de acoso

Este, como decimos, acoso reiterado de manera tan intensa que hace sentir que no puede escapar tiene graves consecuencias para quien lo sufre.

Son efectos que dañan su día a día, esta sensación le persigue, no se siente seguro en ningún lugar, además de desconocer de quién se trata, en muchos casos, por lo que le genera enorme desconfianza en su entorno.

Ya no solo tiene miedo de salir a la calle, sino a encender el móvil por la angustia de recibir cientos de mensajes que también están leyendo muchas más personas.

Esta continuidad provoca un estado extremo de estrés, pérdida de sueño, depresión y obliga a estar en alerta y aterrorizado, con graves consecuencias a su actividad diaria.

Consecuencias para el acosador en redes

Es importante llamar la atención en que, por mucho que estos delincuentes lo crean, no es difícil saber quienes son, la policía cuenta con suficientes medios para hacerlo en muy poco tiempo, por lo que, aunque ellos piensen que sí, no van a salir impunes.

Una vez que son denunciados, la plataforma puede cerrar su cuenta en la red, y se comienza a estudiar la información que se aporta e investigar si se está ante un acoso en redes sociales, si se demuestra, pasa al juzgado, donde en caso de ser condenado, el juez determina la pena que debe cumplir.

Penas por delito de acoso en redes

La pena no se limita al acoso, sino a todo lo que comete al hacerlo.

El juez tiene en cuenta otros delitos es decir, si se divulgan imágenes sin consentimiento, se añade el delito de revelación de secretos, si se apoya de algo que no es cierto, se suma el de calumnia, así, la pena aumenta.

El Código Penal establece prisión de 1 a 3 años y multas de 12 a 24 meses, que, como decimos se determinarán según el número de delitos que se sumen al probado de acoso.

¿Qué hacer en caso de acoso en redes sociales?

Lo primero y más importante, denuncia, y hazlo cuanto antes tanto en la propia red social como en la policía.

Las plataformas disponen de mecanismos de detección de insultos y delitos, pueden tomar medidas para bloquear a esa persona y que no moleste más, en caso de que abra un nuevo perfil, o que continúe por otros caminos, es vital que acudas a la policía para que comience su investigación.

Aporta todo lo que tengas que inculpe a la otra persona, mensajes, imágenes, y vídeos que faciliten su trabajo, es importante que, en el momento en que sospeches que eres víctima de acoso, no los borres, guárdalos para entregarlos a las autoridades.

Una captura de un mensaje no deja de ser una foto de un texto, es mejor aportar el propio comentario para facilitar la investigación.

En caso de que el acoso alcance la difusión de tus datos personales, además, denuncia a la AEPD (Agencia Española de Protección de Datos).

¿Qué tipos de acoso en redes sociales existen?

Se pueden distinguir diferentes tipos, según el objetivo y la intención que persiga el acosador.

  • Ciberbullying amenazar, humillar, insultar a la víctima, incluso con la publicación de vídeos o imágenes que no solo hacen daño, sino que afectan a su honor y reputación.
  • Exclusión, aislar a una persona a quien, poco a poco, se va dejando de lado, ya no solo por no incluirla en los mensajes, sino al hablar mal de ella hasta que se aleje por propia voluntad.
  • Stalking, vigilar de una manera desproporcionada a la víctima, pensado que se tiene una relación con ella, y perseguirla por todo internet.
  • Acoso sexual, enviar imágenes de tipo sexual, no solicitadas y sin consentimiento

Esta mayor exposición que tenemos hoy, con tanta actividad en redes sociales, facilita que, quienes se dedican a hacer daño, lo puedan realizar con más facilidad, lo importante es conocer las herramientas para detenerlos y el derecho que tienes a hacerlo.

Ante cualquier sospecha de estar sufriendo acoso en redes sociales, cuanto antes, contacta con nosotros, te asesoramos, y acompañamos, durante todo el proceso de denuncia, localización y acusación de tu acosador.

 

Autor

Manuel Hernández García

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Microempresas y el procedimiento especial para llegar al concurso

A un concurso de acreedores llegan las empresas que por muy diversas circunstancias están en un momento que ellas solas no pueden superar.

Es un proceso ya no doloroso para quienes ven que su negocio debe llegar a su fin, sino también largo y costoso, lo que aumenta el perjuicio para los involucrados.

Con objeto de evitar esto último, el tiempo y el dinero que se necesita para solucionar, en lo posible, esta situación, aparece un procedimiento especial de concurso.

A él no pueden acudir todas las empresas, pero sí un tipo de ellas, las microempresas, que, junto a los emprendedores, tienen en este procedimiento un gran aliado en un mal momento.

Concurso de acreedores para emprendedores y microempresas

Las microempresas cuentan con un marco regulatorio, en lo que concierne a situaciones de insolvencia, que busca conseguir una respuesta rápida a su situación

Se trata de un procedimiento especial que entra en vigor el 1 de enero de 2023 y que se dirige a quienes estén incluidos en el concepto legal de microempresa, además de a los emprendedores, y que sustituye al concurso de acreedores de carácter general.

Se trata de un trámite único, ya sea para las situaciones de insolvencia probable, que estaríamos hablando de un pre concurso, como para insolvencia inminente o actual, que ya estaríamos hablando de concurso.

¿Qué se considera microempresa?

La empresa con menos de 10 trabajadores, y un volumen de negocio anual que no supera los 2 millones de euros

Por lo general están administradas por sus propietarios, aunque no son pocos los casos en los que lo hace una unidad familiar.

No tienen forma jurídica exclusiva, puede ser anónima, limitada, o con un empresario individual.

Con este procedimiento, se facilita el concurso de acreedores a microempresas de todo tipo, ya sean personas físicas o jurídicas, con cualquier actividad y condición.

Tipos de insolvencia

Ante un concurso, cada empresa, microempresa o emprendedor, llega con una insolvencia diferente según la situación económica en la que se encuentre, así, nos encontramos con tres tipos:

Insolvencia probable

El deudor es consciente de que no puede cumplir con las obligaciones de la empresa los próximos dos años.

Insolvencia inminente

El deudor ya prevé que, dentro de los tres meses siguientes, no podrá cumplir regular y puntualmente sus ellas.

Insolvencia actual

El deudor, en la actualidad ya no puede cumplir las obligaciones que tiene su empresa

Procedimiento especial de concurso para microempresas

Este procedimiento, que entra en vigor a primeros de 2023, tiene como objetivo agilizar los procesos con los que las empresas entran en concurso de acreedores, a la vez que abaratar los costes que implican hacerlo.

Pretende simplificar los trámites procesales al máximo, dejando dos fases solamente, la de apertura de una periodo de negociación y la de liquidación, donde puede existir una transmisión de la empresa en funcionamiento o una liquidación rápida
La liquidación, cabe decir que solo es posible en caso de empresas insolventes.

Una particularidad de este proceso es que, deudor y acreedores, tienen la posibilidad de negociar para conseguir un acuerdo, previo a iniciar el concurso, algo que termina con muchos procesos antes de que ni siquiera comiencen.

Una negociación que, eso sí, en caso de realizarse, se debe comunicar en el Juzgado de lo Mercantil.

Son estas fases establecidas en este procedimiento especial, por las que pasan cada una de las empresas, o emprendedores, que optan por él, las que agilizan el proceso

 

Fases del procedimiento especial para microempresas

Se inicia con una fase previa de comunicación de la apertura de negociaciones, que tiene un plazo de 3 meses no prorrogable y en la que se prepara un plan de actuación.

Este intento de acercamiento paraliza las ejecuciones, a no ser que se trate de acreedores públicos, que, en ese caso, siguen su curso.

En esos 3 meses se realiza la presentación de un formulario normalizado, de manera telemática, y al cumplirse el plazo, hay 5 días para solicitar la apertura del procedimiento especial.

El deudor, por otro lado, cuenta con la opción de solicitar directamente su apertura sin negociar.

En este caso, tiene el plazo de 10 días para decidir si opta por un procedimiento de plan de liquidación o, por el contrario, un plan de continuación.

Los acreedores tienen la opción de oponerse al plan elegido por el deudor, y en caso de que un número considerable lo haga, se puede cambiar el procedimiento.

Plan de continuación

Esta opción por la que se decanta el deudor, implica que la actividad empresarial continúa sin que sea necesario liquidar los bienes.

En ese plan se puede solicitar:

  • Limitar las facultades de administración y disposiciones del deudor
  • El nombramiento de un experto en reestructuración.
  • La suspensión de las ejecuciones de la empresa.
  • Un procedimiento de mediación.

Plan de liquidación

Esta opción conlleva la venta del patrimonio para cancelar todas las deudas que sea posible.

Se inicia ya sea a instancias del deudor o los acreedores si:

  • Deudor o acreedores lo deciden.
  • Por defecto, cuando tras solicitar la apertura no se tome, en plazo, ninguna decisión.
  • Se incumple un plan de continuación.
  • La deuda pública es de un 85% del total.
  • El deudor no está al corriente de pago en sus obligaciones fiscales y de la Seguridad Social
  • Se incumplen los deberes de colaborar, e informar, al juez y a la administración concursal.
  • Se proporciona documentación falsa o engañosa, o existe comportamiento temerario.

En este plan, se determina también la manera de liquidar los bienes, esto es, que se clasifican y priorizan, por lo que implica una valoración de la empresa, ya sea hecha por un experto, o por el administrador concursal.

La ejecución de los bienes no debe durar más de 3 meses, que se pueden ampliar a uno más en caso necesario.

Tipos de liquidación

Existen dos maneras de realizar la liquidación de una microempresa en este procedimiento especial.

Procedimientos de liquidación con transmisión de la empresa en funcionamiento.

Se inicia un procedimiento especial que se fundamenta en un plan de continuación, una mediación concursal durante 10 días o con la liquidación de la empresa

Procedimientos de liquidación sin transmisión de la empresa en funcionamiento, exige insolvencia, actual o inminente, para que lo solicite el deudor, o actual para que lo haga terceros legitimados.

Efectos del inicio del procedimiento especial para microempresas

Una vez que se llega a él, hay unas consecuencias sobre la empresa que dependen del tipo de procedimiento.

Generales

El deudor mantiene la administración y disposición de su patrimonio, con el requisito de que solo realice acciones con objeto de continuar la actividad.

Se paralizan las ejecuciones judiciales o extrajudiciales sobre los bienes del deudor, tanto si se habían iniciado antes del comienzo del procedimiento especial, o cuando ya lo ha hecho.

Esta suspensión no afecta a los créditos con garantía real, en los que se pone un aval como garantía, tampoco afecta a los créditos que no se vean afectados por el plan de continuación, ni a los créditos públicos privilegiados.

Particulares

Cuando el proceso que se inicia es de continuación, o liquidación con transmisión de la empresa en funcionamiento, la apertura del procedimiento no afecta a los contratos pendientes de ejecución siempre y cuando no se produzcan incumplimientos de contrato, ni antes ni después del inicio del procedimiento

Una liquidación sin transmisión de la empresa en funcionamiento conlleva el vencimiento anticipado de los créditos aplazados, además supone la disolución de la sociedad

 

En todo caso, no solo para el inicio y el discurrir de todo procedimiento concursal, que es obligatorio contar con asistencia legal, sino ante cualquier situación que desconozcas cómo actuar por el bien de tu empresa, no dudes en consultar con un abogado especialista en derecho mercantil.

Hay tantos casos diferentes como empresas en el mercado, y se actúa de manera individual en cada uno de ellos, necesitamos conocer el tuyo para ayudarte.

 

 

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Manuel Hernández García

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Antecedentes penales: cómo hacerlos “desaparecer”

Hoy os traemos una de las consultas habituales a nuestros abogados penalistas.

Contar con un pasado en el que cometieras un delito que te carga con unos antecedentes penales, no es algo que debas tomarte a la ligera.

Al mismo tiempo, te trae unas consecuencias desagradables en diferentes ámbitos de tu vida, hasta es posible que te impida hacer cosas que te interesan para tu futuro.

Es importante saber cómo y cuándo hacer que “desaparezcan”

Aunque sea por un delito menor, contar con ellos para según qué cosas te perjudica, tenlo en cuenta, debes “limpiar la mancha en tu historial” que supone tener antecedentes penales.

¿Qué son los antecedentes penales?

Los antecedentes penales son la confirmación de que una persona ha cometido algún delito, y ha sido condenada por ello.

Hablamos de delito, no, de faltas, que, por el contrario, no acarrean antecedentes penales

Cabe aclarar que, los antecedentes penales, solamente aparecen en tu expediente cuando hay una sentencia condenatoria firme, esto es, hasta que no se dicta, hasta que no se te declara culpable de los hechos estos antecedentes no se anotan en tu expediente.

Eso sí, cuando esa sentencia llega, cuenta con ellos.

Antes de nada, es importante que sepas que no es lo mismo tener antecedentes penales, qué policiales, que surgen por por otros motivos

Antecedentes policiales

Tienes antecedentes policiales en el momento en que, por la circunstancia que sea, eres detenido por la policía, nacional o local, o por la guardia civil.

Se generan en todo caso, independientemente de, si luego, se te condena o no.

De hecho da lo mismo si hay juicio o no, es un tema diferente, aunque se archive la causa, la detención ocurre, y deja constancia

Delito o falta

Los delitos se castigan en el Código Penal con penas graves, o menos graves, que acarrean penas de cárcel de más de 3 meses y multas de más de 2 meses.

Las faltas se castigan con multas de hasta 2 meses, y nunca con penas de cárcel.

Cometer una falta no deja huella en el registro de antecedentes, ni en ningún otro, solamente se deja constancia de ella en la sentencia.

Consecuencias de tener antecedentes penales

Tan importantes que se deben tener en cuenta.

Hay muchas situaciones en las que, las consecuencias de tu pasado te perjudican durante bastante tiempo.

Consecuencias en el ámbito laboral

En el mundo laboral te puede frenar tenerlos, sobre todo, en caso de aspirar a algún cargo en la administración.

En este particular es seguro que, con ellos no puedas acceder, lo que no elimina la posibilidad de que también te perjudiquen el resto de sectores.

Hay puestos de trabajo que, por sus características, te exigen demostrar que no has cometido delitos en el pasado para acceder a ellos, en el momento, de que aparezcan, has perdido esa oportunidad.

Consecuencias de tipo administrativo

Te impiden, por ejemplo, el acceso a instituciones, a colegios profesionales, a beneficios sociales, a becas, solicitar una adopción, o, incluso, en algunos casos, hasta a realizar voluntariado.

Consecuencias penales

Ante cualquier delito, los magistrados comprueban, lo primero, si tienes o no.

Contar con antecedentes penales hace que, un nuevo delito, aunque sea leve, te lleve a prisión, cuando sin ellos, esto ni se llegara a valorar.

Toda sentencia se agrava en el momento en que salen a la luz, cuando se te define como reo habitual.

Reo habitual

Una figura que determina el Código Penal en su art. 94, que habla de la persona que haya cometido 3, o más, delitos en menos de 5 años, siempre que por ellos haya sido condenado.

Un reo habitual es susceptible de que, las penas de delitos posteriores que cometa, sean agravadas, por el hecho de serlo.

Son los agravantes por reincidencia, que afectan mucho a casos en los que, un primer delito podría suavizar la pena, y en esta situación, ni se contempla.

Dónde compruebo si tengo antecedente penales

Los antecedentes penales se pueden comprobar en el Registro Central de Penados, donde están incluidos y debes solicitarlos de manera formal, es una información delicada que no es de dominio público.

Certificado de antecedentes penales

Cuando necesitas un documento que deje constancia de ellos, has de solicitar el correspondiente certificado de antecedentes penales, con tu DNI compulsado, y el formulario que pueden encontrar en la web del Ministerio de Justicia.

¿Qué es un certificado de penales?

Acredita que, en la fecha de su solicitud, tienes o careces de antecedentes penales.

¿Quién puede solicitar este certificado?

Como te hemos dicho, esta información tan personal, no es de carácter público, no se facilita a cualquiera, sino que se hay que cumplir unos requisitos, según quien sea el solicitante:

  • Persona física, mayor de edad.
  • Persona jurídica, en su nombre o a través de sus representantes legales.
  • Las personas que, por orden judicial, deban contar con la autorización de sus progenitores o tutor legal.

Cuándo puedo solicitar su cancelación

Una vez que has cumplido la pena impuesta, es necesario que pase un tiempo hasta que puedas hacerlo.

Existen unos plazos determinados para cada tipo de delito, que empiezan a contar desde el día siguiente a la extinción o cumplimiento de la condena.

Plazos de cancelación de los antecedentes

  • Si la sanción fue por una pena muy grave, 10 años.
  • Para las condenas por penas graves, superiores a tres años, 5 años.
  • En el caso de penas menos graves, inferiores a tres años, 3 años.
  • Para penas menos graves, inferiores a 12 meses, o delitos imprudentes, 2 años.
  • Condenados por penas leves, 6 meses.

En cualquiera de ellos, es imprescindible no haber reincidido, las condiciones cambian en el momento en el que se comprueba que has cometido un delito previo.

Reincidencia delictiva

Cuando lo solicitas, debes cumplir los plazos correspondientes y una cosa más, no reincidir.

En caso de ser reo habitual, el juez no tiene tanto en cuenta la gravedad de la pena como que eres reincidente, algo que imposibilita su cancelación de manera inmediata.

Cómo solicitar la cancelación de antecedentes

Sigue el procedimiento que te indica la Sede Electrónica del Ministerio de Justicia.

Pagar la tasa que corresponde en este tipo de trámite, ya sea de manera online, o directamente, acude a cualquier entidad colaboradora con la Agencia Tributaria.

Acude, con el justificante de pago, al Departamento de Cancelaciones del Registro Central de Penados, acreditando tu identidad, allí es donde se realiza el trámite, siempre que se compruebe que no has vuelto a delinquir.

MODELO DE SOLICITUD DE CANCELACIONES REGISTRO CENTRAL DE PENADOS

¿Qué sucede si no cancelo un antecedente penal?

La legislación establece que los antecedentes penales, una vez cumplida la pena impuesta, y extinguidos los plazos, se cancelan de oficio.

Aun así, la recomendación general, y, la nuestra en particular, es que el interesado realice la cancelación para asegurarse de que se ha realizado correctamente.

La razón de este consejo viene por la importancia de las consecuencias para ti de un error que haga que no se hayan cancelado de manera automática.

Registro Central de Penados y Rebeldes

El Registro Central de Penados y Rebeldes registra todas las condenas a nivel estatal, y contiene toda la información de penas, plazos y cumplimientos.

Para que se complete la cancelación de oficio, este organismo ha de estar en comunicación con los juzgados, algo que puede no realizarse con la suficiente agilidad, lo que te puede perjudicar si te confías.

La manera segura que tienes de que se complete este procedimiento es si acudes tú a realizarlo, solicitando después un certificado de antecedentes penales que lo demuestre.

Son los antecedentes penales un motivo por el que se te puede denegar el acceso a beneficios, y perjudicar en caso de cualquier delito posterior.

Asegurar que se han cancelado, debe ser prioritario para ti una vez que se han cumplido los plazos correspondientes, ante cualquier error, es a ti a quien más afecta.

No dejes de dar un paso por tener dudas, consulta con nuestro equipo de abogados penalistas, y actúa para que se elimine “eso” de tu pasado que puede evitar que sigas adelante.

 

Escrito por

manuel hernandez

 

 

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Delitos de odio: ¿Qué debes saber? ¿Qué debes hacer?

Más veces de las que nos gustaría nos enteramos por los medios de comunicación de personas expuestas a situaciones extremas que, incluso, por no ver otra salida, han terminado con su vida

Casos de agresiones, discriminaciones o humillaciones que se catalogan como delitos de odio y que involucran a las víctimas no por quienes son sino por lo que representan.

Abogados especialistas en delitos de odio

Nuestro bufete, en su departamento de Derecho Penal, con nuestros abogados penalistas, no es una excepción y son varias las situaciones que hemos tenido que afrontar para defender a clientes que pasan por momentos realmente dramáticos.

Los delitos de odio son complejos de demostrar, pero mucho más de entender, queremos dar un poco de luz a estas acciones para poder enfrentarnos a ellas.

¿Qué es un delito de odio?

Un delito de odio se define como una infracción que nace de prejuicios contra una o varias personas, por el solo hecho de pertenecer a un grupo social.

Este grupo social es objeto de estos ataques por alguna razón, ideológica, de raza, religión, sexo, que hace que ya solo por pertenecer, esa persona es susceptible de generar odio.

Un ejemplo claro es el de una persona con quien nadie se ha metido nunca, ni ha sufrido ningún tipo de acoso, pero que, un día, decide pertenecer a una comunidad que genera rechazo en la sociedad.

Desde ese momento, forma parte, como el resto de integrantes de la comunidad, de un grupo al que se humilla, insulta o discrimina de alguna manera.

Se entiende, con esta reacción, que no es algo en contra de esa persona, si no de lo que representa para el resto

Estamos ante acciones criminales motivadas por prejuicios hacia las características, creencias o modo de vida de una persona.

Puede ser por su raza, condición sexual, ideología, sexo o cualquier otra característica que comparta una comunidad.

Conviene conocer las penas o sanciones que se asocian a estos actos para tener claro a qué te expones.

 

Penas o sanciones por delitos de odio

Los actos probados como delitos de odio se regulan en el artículo 510 del Código Penal y derivan en penas que van de 1 a 4 años de prisión con una multa de 6 a 12 meses.

Son penas muy importantes que puede sufrir una persona por no dar importancia a lo que hace, o dice, y no tener en cuenta el sufrimiento que provoca en otra.

Solo por dejarse llevar por ideas que no comparte, o comentarios que escucha, por hacer lo mismo que el resto sin valorar las consecuencias.

Conductas que provocan delitos de odio

Son conductas muy diferentes y que, en muchos casos, la persona que las lleva a cabo no es consciente de su gravedad.

Pensar que publicar un post en una red social no es importante, y que puedes protegerte por el anonimato es un error enorme.

Cada vez es más sencillo localizar estas cuentas y llegar a esa persona que ha actuado en contra de otra sin sentido.

Conductas que conviene conocer porque, cada vez abarcan una mayor parte de la sociedad.

Un ejemplo es el racismo inmobiliario, que impide que muchas personas accedan a una vivienda solo por su procedencia.
Aquí te dejamos qué puede suponer un delito de odio.

01.-Publicar, fomentar, promover o incitar al odio

Quienes, por alguna de esas acciones, generen hostilidad, rechazo, discriminación o cualquier otro perjuicio, independientemente de la persona, si no por lo que representa.

Un comentario o una publicación de alguien muy seguido en redes, por ejemplo, puede incitar a miles de personas a iniciar una guerra dialéctica que, normalmente no se queda ahí, sino que da un paso más y deriva en consecuencias muy graves.

02.-Producir, elaborar, poseer, distribuir o facilitar material que incite al odio

No es necesario que seas tú el detonante para cometer un delito de odio.

Crear o distribuir una información, o unos detalles ofensivos, de otros, y facilitar el acceso a terceros, también te hace responsable.

Puedes realizar, por ejemplo, un informe que discrimine en un entorno laboral a un grupo de los empleados por un motivo ajeno a su trabajo.

Aunque directamente tú no actúes, el hecho de elaborar y facilitar que el resto de la plantilla lo divulgue, ya está tipificado como una acción de odio, y castigado por la ley.

Eres igual de culpable por el hecho de ser quien ha iniciado todo, aunque te mantengas en la sombra.

03.-Negar, trivializar o enaldecer delitos de genocidio

No hay mucho que explicar en este punto, queda tipificado como delito de odio todo acto que niegue hechos probados como el genocidio, o las brutales consecuencias de un conflicto armado en cualquier país que aterroricen a una sociedad, o a parte de ella.

Una de las conductas de las que somos más conscientes, por su repercusión, se produce en el deporte, también de las que más calado tiene en la sociedad.

Delitos de odio en el deporte

El deporte es uno de los sectores en los que se ven más casos de delitos de odio, pero no por el hecho de que haya más, sino por la visibilidad de cualquier acción, ya de por sí mediática y por la cantidad de personas a quienes mueve.

Hemos vivido hace pocas semanas un caso muy claro de delito de odio en el deporte: los insultos desde la grada que tuvo que aguantar el jugador madridista Vinicius Jr.

En estos eventos, aunque solo sea una persona quien “prenda la llama”, la multitud que asiste facilita todo un tsunami de gritos contra alguien por una razón ajena a su labor en el campo, si no por su raza, como en este caso.

El problema que encontramos en el deporte es lo delgada que es la línea que separa el fanatismo deportivo con las referencias al deportista.

Saber si los gritos que se producen son por él, como persona o como integrante de una comunidad.

Bien es sabido que, muchas veces, esos conceptos están demasiado unidos, la justicia no los puede calificar como delito de odio, y, muy a nuestro pesar, pasan desapercibidos.

Es algo muy peligroso, estos actos, sin castigo, generan una confianza en quien los provoca y una costumbre en la sociedad, para quien pasa de una agresión por motivo de odio a un grito que se escucha cada día en los partidos.

Se debe tener claro que cualquier conducta que dé pie, directa, o indirectamente, a un delito de odio tiene unas consecuencias por las que se debe pagar.

 

Consecuencias de los delitos de odio

Estas conductas, tan variadas y tan difíciles de acotar, tienen unas consecuencias igual de difíciles de determinar en muchos casos.

La persona que padece delitos de odio por cualquier motivo, puede sufrir agresiones físicas o verbales, discriminación, y vivir situaciones denigrantes que es del todo necesario evitar.

También la sociedad, un país que “permite” situaciones de este tipo sufre sus consecuencias en la imagen que se tiene de él al otro lado de sus fronteras.

Consecuencias para las víctimas de delitos de odio

Cualquier persona involucrada en una situación como ésta no sale bien parada.

Las repercusiones, tanto emocionales, como físicas y psicológicas, son de una importancia tal que necesita de ayuda médica y apoyo familiar.

Son actos que afectan a su estilo de vida, a sus rutinas y a su bienestar en general, que va perdiendo poco a poco sin darse cuenta, hasta acabar adaptándose a una situación que no entiende, pero que acepta.

Impacto en la sociedad que sufre acciones de odio

Cualquier sociedad se ve muy afectada por estos delitos, la imagen que ofrece queda muy dañada.

Tras el caso de los gritos racistas hacia el jugador del Real Madrid Vinicius Jr, comienza un debate, sobre si la sociedad española es o no racista, que supera nuestras fronteras.

Ver publicados estos delitos de una manera continua, afecta no solo a la imagen de la sociedad, si no que también a la actitud de las personas ante ellos.

Aparecen estereotipos y prejuicios, “etiquetas” que dan por hecho que toda la gente de ese país piensa y actúa de la misma manera.

La idea de “pertenecer a una sociedad racista” puede incluso ser excusa para participar en estas acciones y dejarte llevar por actos en lo que, de otro modo, no estarías de acuerdo.

¿Cómo actuar ante un delito de odio?

Lo primero que debes hacer es denunciar, si eres tú quien está sufriendo esta situación.

Si no es así, pero eres consciente de que alguien lo vive, debes hablar con ella y hacerle ver que no está sola.

Es el primer paso para detenerlo.

Es muy importante porque son acciones que buscan aislar a esta persona, intentar que viva situaciones que no puede soportar, además de tener que hacerlo en soledad.

Es muy importante que toda la comunidad muestre su apoyo a las víctimas y no a los agresores

Pensar un minuto en quien es objeto de esos gritos o acciones, y cómo afectarán a su vida, ya es un gran paso, que ayuda a evitar que se repitan.

Son delitos muy importantes que, entre todos y eliminando la sensación de normalidad, podemos hacerle frente y alejarlos de manera definitiva de la sociedad.

En un proceso legal, muchas veces no es sencillo de probar, es necesario conocer bien qué puede considerarse delito de odio y qué no lo es, para llevar a una persona ante la justicia.

Enfrentarse sin conocimiento da lugar a casos desestimados, o que no llegan a buen puerto, por desconocimiento y no seguir los cauces adecuados.

Perseguir este tipo de delitos tiene un objetivo concreto, proteger a todas las personas que, sin motivo alguno, de raza, religón, sexo, …, necesitan una protección especial.

Conseguir hacerlo con más determinación pasa por acciones legales que terminen con la situación que vives.

Un trabajo conjunto y coordinado con un abogado especialista en Derecho Penal consigue sentencias favorables a las víctimas y que condenan a los agresores.

Tenemos mucha experiencia en este tipo de delitos, si sufres una de esas situaciones, contacta con nosotros, estudiamos tu caso y te ayudamos.

Si necesitas ayuda personalizada para tu caso, quieres comentarnos tu situación o necesitas asesoramiento te recordamos que puedes solicitar una cita o video cita online en cualquiera de nuestros despachos:

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Delito leve de lesiones: ¿Qué consecuencias tiene?

El delito leves de lesiones implica que tus actos no han producido un daño grave a la otra persona, pero no quiere decir que no tengas que pagar por ello.

La pena que acarrea algo así es acorde al delito que cometes, y debes cumplirla, o como cualquier otro incumplimiento tiene sus consecuencias.

La idea de que solo los delitos importantes, o graves, necesitan de una atención prioritaria no es correcta, incluso en casos como estos, la ayuda legal es muy importante.

No dejes que, por un exceso de confianza, la cosa se complique y vaya a más.

Un buen abogado penalista consigue que ese delito leve que ha producido pequeñas lesiones no se complique.

¿Cuándo hablamos de un delito leve de lesiones?

En una situación en la que se ocasiona un daño a otra persona, puede ser físico, mental o que atente contra su integridad, y, como consecuencia, necesita una atención médica sencilla.

En ningún caso, quien lo sufre precisa de tratamiento alguno, ni mucho menos, de una intervención quirúrgica, o estaríamos hablando de un delito mayor.

De todas maneras, si eres tú quien sufre esta agresión leve, no dejes de ir a un ambulatorio o centro de urgencias, donde te entreguen un parte que valore tu estado.

En caso de demanda en necesario que pruebes los daños de alguna manera para que el juez dicte sentencia a tu favor.

El Código Penal, en su artículo 147, establece la diferencia.

En el momento en el que hablamos de que la víctima necesita algo más que solo un parte médico, el delito pasa a ser de lesiones.

Este delito está tipificado como tal desde la modificación del Código Penal de 2015, antes de ella, las lesiones leves de estas características eran consideradas falta y no delito.

¿Cuándo es falta y cuándo es delito?

Lo fundamental par determinar uno u otro es la gravedad de las lesiones y por ello, la pena que de impone.

Una falta es una infracción que se castiga con una pena leve.

Un delito es castigado con una pena grave o menos grave.

La importancia del parte médico que te evalúe tras la agresión, y certifique cómo estás es vital para diferenciar entre una y otra ante un tribunal.

Delito leve o malos tratos

Cuando este tipo de delito es consecuencia de una agresión a una pareja, (esposa o con una relación afectiva), la cosa cambia mucho, ya sea si es una relación de convivencia o no.

Son casos en los que el delito es mucho más grave y está tipificado como malos tratos en el Código Penal.

Un caso similar es si la agresión se realiza a niños, ancianos o cualquier otra persona en situación de vulnerabilidad, pero aquí, es considerado malos tratos cuando hay una relación de convivencia entre agresor y agredido.

La situación en ambos casos es muy diferente, tanto como delito como pena, se endurecen.

¿Necesito un abogado ante un delito leve de lesiones?

Son denuncias que no requieren de un abogado pero, desde Viches Abogados te recomendamos, encarecidamente, afrontarlas con un especialista en derecho penal.

Piensa que no deja de ser una denuncia por una agresión que debe probarse y cualquier error por desconocimiento de ese procedimiento te perjudica, sin duda.

En el caso es que todo siga adelante y se dicte sentencia, aunque el daño causado no haya sido muy grave, deja constancia en el Registro de Antecedentes Penales, algo que no puede ser cancelado hasta 6 meses después de cumplida la pena.

 

¿Cuál es la pena por un delito leve de lesiones?

En este caso hablamos de una multa de 1-3 meses, de carácter monetario.

Esta cantidad tiene un mínimo, para las personas físicas, de 2€/día y un máximo de 400€/día, que se decide según la capacidad económica de quien la tiene que cumplir, algo que determina el juez que se encargue de ese hecho.

Este tipo de penas se expresa en “tiempo de días», por lo que a veces es un poco confuso de interpretar, se trata del pago de una cantidad durante un número de ellos, que establece en la sentencia.

Te lo explicamos con un ejemplo

Una persona comete un delito leve de lesiones.

El juez decide que la pena que debe cumplir es el pago de 5€/día durante un plazo de 4 meses.

4 meses son 120 días (4×30), esto es entonces que esa persona, por el delito leve cometido, debe pagar 5€ durante 120 días, un total de 600 euros.

👉 Prescripción de un delito leve de lesiones

Prescribe pasado un año.

Una vez que pasa ese tiempo desde que ocurren los hechos, si no has iniciado el proceso de denuncia, no hay posibilidad de que consigas ningún tipo de indemnización por lo ocurrido.

 

¿Qué me pasa si no pago la multa?

Si no pagas, la cosa se complica para ti.

Estás sujeto a una responsabilidad penal subsidiaria, y eso significa que debes suplir ese pago que no has hecho de manera económica, con días de privación de libertad.

Un día de prisión por cada y 2 de multa que no has pagado.

En el caso de antes, esa persona que no paga esos 600€, debe cumplir una prisión de 60 días.

Para que lo tengas ya claro del todo, la pena de prisión es de la mitad del tiempo que te imponen a pagar.

En el caso de una multa por delito leve, la pena no es de cárcel, pero sí de privación de tu libertad.

Debes cumplir estos días bajo arresto domiciliario, con la posibilidad, si así lo dictamina el juez, de realizar trabajos en beneficio de la comunidad, en el mismo número de días que deberías estar recluido en tu domicilio.

Pero, no puedo pagar la sanción

Bueno, la cosa entonces es diferente, ya entran otras circunstancias que la ley tiene en consideración.

Si estás en esta situación puedes solicitar la suspensión de la pena, eso sí, debes cumplir unos requisitos que determina el Código Penal.

Lo debe valorar el juez.

Debe ser tu primer delito

La pena que te han impuesto no puede ser de más de 2 años.

Debes haber cumplido con las responsabilidades civiles de tus actos, de acuerdo a tu capacidad económica, esto es, pagar lo que te sea posible, y en un plazo que también establece el juez.

El juez va a dictaminar un requisito más, no puedes cometer otro delito durante un plazo determinado, o se revoca esa suspensión.

Si incumples este último punto, y en ese tiempo cometes otro delito, la suspensión del primero se revoca.

Debes hacer frente a dos penas, de manera obligatoria.

 

Son delitos que no por la menor gravedad de los daños hay que hacerlos frente de una manera despreocupada.

No hay razón por la que si te ves, por desgracia, implicado en uno de ellos, la cosa vaya a más, eso sí, debes actuar con conocimiento de lo que estás haciendo.

El mejor consejo que te podemos dar desde Vilches Abogados es que acudas a un abogado penalista para que sea él quien te indique cómo actuar.

Cualquier duda, sobre este u otro tema legal, no dudes en hacérnosla, podemos ayudarte.

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Ponte en contacto con nosotros cuanto antes, son procesos demasiado complejos y dolorosos para que se alarguen demasiado.

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Ley de Vivienda, ahora es más difícil “desokupar”

Este mismo mes de mayo entra en vigor la nueva Ley de la Vivienda, después de ser ratificada el pasado 27 de abril.

Una ley muy polémica ya desde su nacimiento, que trae una serie de modificaciones sustanciales, sobre todo las condiciones para realizar un desahogo.

Es un tema muy importante que no solo afecta a inquilinos en situación vulnerable, sino al caso de viviendas okupadas, que pueden, a partir de ahora, ser más complicado desalojar.

Como toda nueva ley que aparece, lo hace con cierta confusión, por este motivo, nuestro equipo de abogados penalistas especialistas, redacta este contenido, que resuelve todas tus dudas.

Ley por el Derecho de la Vivienda

Después de 2 años de negociaciones, modificaciones y coaliciones entre los distintos partidos del gobierno, al fin se ha aprobado la esperada Ley de la Vivienda.

La fecha de entrada en vigor se prevé antes del 28 de mayo, el día en el que el país afronta las siguientes elecciones, municipales y autonómicas.

Esta ley aparece con la idea de proteger la situación de vulnerabilidad en la que viven muchas personas, solas o familias enteras, que tienen que enfrentarse a un desalojo de su vivienda, al no ser capaces de afrontar los pagos de las rentas.

Por otro lado, trata de “castigar” a propietarios de varias viviendas, penalizando los casos en los que se mantienen desalojadas.

El revuelo viene a partir de que, de ella y de sus beneficios, tengan la oportunidad de aprovecharse de okupas y, sea mucho más complicado el desalojo, aunque no imposible, como has podido escuchar en algunos medios.

Novedades Ley de la Vivienda

Es una ley polémica desde el momento en el que sale a la luz, y ha enfrentado a partidos políticos a diario, hasta su aprobación.

Estos son los puntos novedosos que te encuentras, a partir de ahora, ya seas arrendador o arrendatario.

01.-Límite en la subida de alquileres

Esta nueva ley trae cambios en la manera de incrementar los alquileres anuales una vez que se tiene que renovar el contrato.

A partir de ahora hay un límite, y no es decisión del arrendador

Hasta final de este año, el aumento en caso de renovación está limitado a un 2%

En el próximo año, en 2044, el límite estará en el 3%.

A partir de entonces, el aumento será referenciado al IPC en cada momento y será, por lo tanto elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE)

02.-Alquileres en zonas tensionadas

El alquiler de una vivienda va a depender de la zona de la ciudad en la que se encuentre.

Esto es que, si está en un área categorizada como “tensionada”, debe cumplir una serie de condiciones.

La ley intenta facilitar el acceso a ellas a personas que, de otra manera, no pueden hacerlo.

En caso de ser un “gran tenedor”, (5 o más inmuebles es estas zonas), se tiene la obligación de poner sus viviendas en alquiler-

En caso de “pequeños tenedores” (menos de 5), pueden acceder a ayudas fiscales para poder hacer frente a esta obligación.

Zonas tensionadas

Las zonas tensionadas son aquellas en las que se ha mantenido un incremento en los alquileres durante los años anteriores, algo que tiene como consecuencia una disminución del poder adquisitivo de esa parte de la población.

Son áreas de las ciudades (por ejemplo el centro de Madrid) donde es muy difícil el acceso a colectivos como los jóvenes, o familias de rentas bajas.

Cada comunidad autónoma tiene la libertad de determinar qué áreas tensionadas hay en su territorio, según el precio de la vivienda en ellas, puede establecerlas en base a su evolución del mercado y cómo afecta a los alquileres.

03.-Honorarios de agencias inmobiliarias

Los propietarios del inmueble en alquiler son quienes, a partir de ahora, se hacen cargo del pago de los honorarios de las agencias inmobiliarias, en caso de haber recurrido a ellas.

Además, esta cantidad no puede ser repercutida en el precio del alquiler, ni tampoco gastos que hasta ahora sí, como las cuotas de comunidad, o algún impuesto que grave a la vivienda.

04.-Beneficios fiscales a propietarios

Los propietarios que decidan alquilar en zonas tensionadas, tienen desde ahora unas ventajas referentes a los impuestos, diferentes según cada caso.

Diferentes deducciones en los impuestos

En caso de haber hecho una rebaja en el alquiler del año anterior, el propietario puede tener un beneficio fiscal de un 90%.

En caso de alquilar su propiedad por primera vez, a personas entre 18-35 años, el beneficio alcanza el 70%.

En caso de que la vivienda se haya rehabilitado, en los 2 años anteriores, un 60%.

En cualquier otro caso de alquiler en zona tensionada, el beneficio fiscal es del 50%.

05.-Pisos de alquiler turístico

Este es un punto que la nueva ley deja a cargo de las comunidades autónomas, que regulan su uso según cada caso y sus características.

06.-Desalojo de viviendas ocupadas

Este es uno de los puntos que ha levantado más polvareda, incluso desde antes de su aprobación, el Gobierno y la oposición se han enfrentado en continuas disputas por este tema.

Un punto esencial es que una de sus enmiendas modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil, con referencia a nuevas condiciones que favorecen a casos de desahucio si se trata de personas en situación de vulnerabilidad.

07.-Aviso de desahucio

Las Fuerzas de Seguridad deberán acudir a los desalojos de las viviendas con un aviso previo, dejando a un lado el factor sorpresa.

La notificación de desahucio debe acompañarse con la indicación del día y la hora en el que se va realizar.

Cabe destacar que solo un juez puede decidir el desalojo de una vivienda y es él quien emitirá este documento.

Requisitos inicio de trámites de desalojo

Esta ley pretende favorecer a las familias más vulnerables, pero está el resquicio por el que se pueden colar otro tipo de personas, no tan indefensas, y aprovecharse de ello.

En este caso, el perjudicado es el propietario del inmueble okupado, que dilata en el tiempo el desalojo de un inquilino que no le paga e impide que recupere su vivienda.

Cualquier persona que quiera iniciar un procedimiento de desahucio, debe cumplir, antes, estos cuatro requisitos, sin ellos, el proceso no se inicia.

01.-Demostrar ser, o no, gran tenedor

Un gran tenedor es toda persona, física o jurídica que tiene más de 10 inmuebles urbanos, sin contar garaje y trasteros).

En zonas tensionadas, este número no puede ser mayor que 5, esto es, que, tenga las propiedades que tenga, como 5 de ellas estén en zona calificada como tensionada, esa persona es considerada con esta nueva ley un gran tenedor.

Para certificar si lo eres o no, pueden aportar un dominante del Registro de la Propiedad donde se vean reflejadas tus propiedades.,

02.-Certificación de vivienda habitual del inquilino

Como segundo requisito, debes demostrar que el inmueble que pretendes recuperar es la vivienda habitual del actual inquilino.

En un tema complicado, el propietario debe certificar que la vivienda es la habitual de la persona, o de la familia, que pretende desalojar.

Es un trámite que puedes realizar con el padrón, pero que, en caso de unos inquilinos okupas, es bastante difícil de conseguir, no es normal que estén, siquiera empadronados, en ningún municipio.

Aparte, en un punto polémico, que este trámite lo tenga que realizar el propietario y no el propio inquilino es algo confuso, podemos estar ante una posible violación de la Ley de Protección de Datos.

03.-Inquilinos en situación de vulnerabilidad

La unidad familiar se considera en situación de vulnerabilidad, como norma general, en el caso de que sus ingresos sean 3 veces Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (Iprem).

En 2023, esa cantidad es de aproximadamente 25.000€

Como segundo requisito es que sus gastos de vivienda y de suministros básicos superen el 30% de esa cantidad.

Como gran tenedor intentas recuperar tu vivienda, también debes aportar un documento que lo demuestre, y puede ser con un informe de Servicios Sociales que lo justifique.

Un tema, como el anterior, que hacerlo el propietario, y no el propio inquilino, puede entrar en conflicto con la protección de datos.

04.-Intento de acuerdo o conciliación

Debes, por último, aportar un documento que pruebe que has intentado un acercamiento, un acuerdo de condiciones, o cualquier otra conciliación y que, aun así, haya sido imposible resolver esta situación.

¿Evita la nueva Ley de la Vivienda el desalojo de okupas?

No, solo lo aplaza.

Una vez que se han completado todos esos requisitos, se determina la situación real de quien está en tu propiedad.

Si lo que aportas demuestra que esa persona o familia, ya sea por impago o por okupación, se encuentra en situación de vulnerabilidad, el desahucio se paraliza.

Desde ese momento, puede continuar en la vivienda 2 meses más, una persona física, y 4 si es jurídica, para que las administraciones puedan realojar a esas personas a través de alquileres sociales, o sea posible que consigan ayudas económicas.

Un problema que nos encontramos aquí es lo difícil de conseguir realojo a tantas personas que pueden acogerse a esto, por lo que está por ver en qué momento el propietario recupera la vivienda.

 

Todo cambio trae consigo modificaciones que afectan a unos u otros, y hay que tener claro en qué grado lo hace.

Estos días, en Vilches Abogados, hemos resuelto muchas dudas de clientes, tanto arrendatarios como inquilinos, algo normal por lo novedoso de algunas de las obligaciones que deben cumplir.

Contamos con un equipo de abogados especialista en Derecho Penal que te puede ayudar para que tengas claro cuál es tu situación, y cómo te afecta todo esto, es importante.

Estamos para cualquier consulta, contacta con nosotros para concertar una cita, poder estudiar tu caso, y darte la mejor solución

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Delitos contra los derechos del trabajador. Tipos, penas y cómo actuar

Todo trabajador debe contar con una condiciones laborales que aseguren su seguridad y su salud en su centro de trabajo, pero, también, asegurar unas condiciones personales.

No pueden sufrir intimidación, coacción, ni engaño por parte de personas que, por una mejor situación en la empresa, pueden perjudicarles y obligarlos a vivir situaciones muy perjudiciales para ellos.

Estamos ante casos de una gravedad tal que conllevan sanciones penales.

El equipo de abogados penalistas y de Derecho Laboral del bufete de Vilches Abogados resuelve, a diario, casos en los que los trabajadores denuncian situaciones que, sin lugar a duda, son delito.

¿Qué es un delito contra los derechos del trabajador?

Es aquel que sufre un trabajador debido al abuso o el engaño por parte de su empleador, u otra persona de poder, en su puesto de trabajo, normalmente, amparados en la situación de la que disfrutan y aprovechando, a la vez la del trabajador.

Con estas acciones se perjudican o suprimen los derechos de los trabajadores, que, en muchos casos, no pueden evitarlas por miedo a represalias como la posibilidad de perder su trabajo.

Son derechos que, al trabajador, le corresponden por ley, por el contrato, que obligatoriamente debe tener y que le une a la empresa o por estar vinculado a un convenio colectivo.

Tipos de delitos contra los derechos del trabajador

Los delitos contra los derechos de los trabajadores, en general, tienen unas características comunes, todos ellos se amparan en la situación de poder en la empresa de la persona que los comete.

Su puesto de trabajo, en la escala de la empresa, asegura que el trabajador, por miedo a perder su trabajo, va permitir, aceptar y seguir las órdenes que se le den, aunque se vea perjudicado por ellas.

Son acciones que pasan a ser delitos graves, y por eso mismo, tipificados por el Código Penal, en los artículos del 311-318.

01.- Delito por imposición de condiciones ilegales

Se comete en el momento en el que la persona que ejerce poder, sea el empresario, o encargado, impone al trabajador unas condiciones laborales que suprimen, perjudican o limitan sus derechos.

Un caso que, por desgracia, es común y se quiere atajar es el de “falso autónomo”, a quien imponen condiciones de trabajo ilegales, alejadas de su contrato de trabajo

Penas

Regulado en el artículo 311 del Código Penal, en el que se determinan penas de 6 meses a 3 años de prisión y una multa de 6 a 12 meses.

En todo caso, estas penas aumentan en el momento en el que el delito se añade intimidación o violencia.

Es un tipo calificado como delito doloso, se es consciente de los que se está haciendo, se hace con malicia, conociendo el daño que sobre el trabajador.

02.-Delito de tráfico ilegal de mano de obra

Este delito se basa en acciones de atraer o de traficar con personas utilizando promesas de ofertas de trabajo con unas condiciones muy ventajosas y que resultan ser engañosas o falsas

Penas

Regulado en el artículo 312 del Código Penal, en el que se determinan penas de 2 a 5 años de prisión y una multa de 6 a 12 meses.

03.-Delito de favorecimiento de inmigración ilegal

Este delito se refiere a las acciones de facilitar o promover la inmigración de trabajadores a España, de manera ilegal.

Penas

Regulado en el artículo 313 del Código Penal, en el que se determinan penas de 2 a 5 años de prisión y una multa de 6 a 12 meses.

04.-Delito de discriminación laboral

Es muy importante la protección de la igualdad de los trabajadores, para eso este delito castiga cualquier discriminación en los puestos de trabajo, por moptivos tales como:

  • Raza, etnia o nación.
  • Religión, ideología o creencias.
  • Ser un representante sindical o legal.
  • Tener parentesco con otro trabajador de la empresa.
  • Uso de alguna de las lenguas oficiales del territorio español.
  • Orientación sexual, sexo, enfermedad, minusvalía o por la situación familiar en la que se encuentra.

Penas

Son acciones que conllevan una sanción administrativa, después de la cual, se solicita a la persona que las comete que deje de hacerlo, en caso de no modificar su comportamiento contra el trabajador, en caso de insistir, se pasa a tratar como un delito penal.

Regulado en el artículo 314 del Código Penal, en el que se determinan penas de 3 meses a 2 años de prisión y una multa de 6 a 12 meses.

05.-Delito contra el derecho de huelga y libertad sindical

Cualquier trabajador tiene derecho a la huelga y a la libertad sindical, algo que se establece en la Constitución.

Nadie puede evitar o limitar o impedir que haga uso de ellos de manera directa o a través de engaños, o amenazas, apoyados en la situación de necesidad del trabajador.

En un delito que se amplía en caso, no solo de impedir o limitar ese derecho, sino de obligar a realizar, o continuar, con la huelga.

Es decir, nadie puede ni impedirte hacer huelga ni tampoco obligarte a sí hacerla ni a mantenerla, si no estás de acuerdo o no te beneficia.

En cualquiera de esas situaciones se está cometiendo un delito y se aplica la misma pena

Penas

Regulado en el artículo 315 del Código Penal, en el que se determinan penas de 6 meses a 3 años de prisión y una multa de 6 a 12 meses.

En caso de empleo de intimidación o amenazas, estas penas aumentan, además, si estos actos no tuvieran como consecuencia daños materiales, el infractor deberá, además repararlos

06.-Delito contra la seguridad y salud

Es delito atentar contra la salud, la integridad y la vida de los trabajadores.

Toda empresa debe, por ley, cumplir con las medidas de prevención y protección de la seguridad y salud de sus trabajadores.

Debe, además, proporcionar, de manera gratuíta, todos los medios y elementos que necesite para realizar su trabajo en condiciones óptimas de seguridad e higiene.

La empresa está obligada a tener en cuenta cualquier imprudencia que pueda cometer el trabajador, para poder evitarla.

Penas

Regulado en los artículos 316 y 317 del Código Penal, en el que se determinan penas de 6 meses a 3 años de prisión y una multa de 6 a 12 meses.

07.-Delito de fraude a la Seguridad Social

Regulado en la Ley Orgánica 7/2012, donde se detalla que todo trabajador debe contar con un contrato laboral con la correspondiente cotización a la Seguridad Social.

De no ser así, el empresario está cometiendo un delito.

Penas

Regulado en el artículo 311.2 del Código Penal, en el que se determinan penas de 6 meses a 6 años de prisión y una multa de 6 a 12 meses.

En todo caso, estas penas aumentan en el momento en el que el delito se añade intimidación o violencia.

No te pueden obligar a trabajar sin contrato bajo amenazas de no darte el puesto si no aceptas.

 

¿Qué hacer ante estos delitos?

Puede ser que estés en una situación en la que seas consciente de estar sufriendo alguno de los delitos que te acabamos de explicar.

En caso de persistir esta situación de abuso, lo que te recomendamos es acudir a asesoramiento legal, para detenerla de inmediato, y que quienes los cometen cumplan con las penas impuestas por ley.

La forma de actuar en cualquier caso es la siguiente:

  • Como primer paso, es bueno intentar un acercamiento con tu empleador, iniciar un diálogo que deje constancia de tu situación, asegurarte que él sabe por lo que estás pasando con su comportamiento.
  • Si no ves posible que la cosa cambie solo con comunicarlo, no tardes en acudir a un abogado, que será quien mejor puede estudiar tu caso y valorar su gravedad.
  • Una vez que conoce todos los hechos es cuanto te va asesorar y acompañar en el camino que debas recorrer.
  • Acude a una delegación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, para interponer una denuncia que deje constancia de los sucesos.
  • Debes realizar un escrito con los hechos detallados, con todos los datos que puedas aportar para que la denuncia cuente con la información necesaria y pueda seguir adelante con el proceso.

¿Cuándo prescriben los delitos contra los derechos del trabajador

La prescripción de delitos está tipificada en el artículo 131 del Código Penal.

Los delitos leves por motivos de injurias o calumnias a un trabajador, tienen un plazo de prescripción de un año.

El resto, tiene un plazo mayor, de 5 años, aunque te recomendamos que acudas a un abogado que será quién mejor te asesore, y lo hagas en cuanto tengas constancia del delito.

Son delitos de una gravedad importante, se intenta que las condiciones laborales sean las mejores para el trabajador y los cambios en la legislación son continuos.

Un trabajo que conlleva tener a otros en puestos inferiores, no da libertad para atentar contra la seguridad, la integridad ni la salud de ninguna persona.

Los delitos contra los derechos de los trabajadores son muy graves como para dejarlos pasar, nuestro bufete cuenta con un equipo de abogados en Derecho Laboral y Derecho Penal que puede asesorarte y ayudarte si sufres alguna de estas situaciones.

No dudes en consultarnos, te podemos ayudar.

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