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Qué es un juicio rápido

El juicio rápido es un procedimiento penal en el que se juzgan los delitos castigados con penas de prisión de menos de 5 años. El objetivo del juicio rápido es acortar el tiempo y las formalidades del proceso penal.

Nuestros abogados penalistas nos explican todo lo que debemos saber sobre los juicios rápidos: fases, delitos que se pueden resolver mediante este procedimiento y requisitos que han de cumplirse para optar por esta vía.

Autor:  Manuel Hernandez Colegiado nº 72539 del Colegio Oficial de Abogados de Madrid

Origen del juicio rápido

En 2002 se llevó a cabo una reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el objetivo de agilizar los procedimientos y obtener un juicio más rápido y sencillo, evitando la acumulación de casos en los tribunales.

Para lograr este objetivo, algunos delitos fueron declarados como «juicios rápidos». Se trata de procedimientos penales abreviados que permiten un tratamiento simplificado de los delitos de determinadas características.

Aunque esto no implica una menor gravedad del delito cometido o de sus consecuencias, sí indica que existen plazos específicos para cada fase en estos procedimientos abreviados.

1. Sin perjuicio de lo establecido para los demás procesos especiales, el procedimiento regulado en este Título se aplicará a la instrucción y al enjuiciamiento de delitos castigados con pena privativa de libertad que no exceda de cinco años, o con cualesquiera otras penas, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cuya duración no exceda de diez años, cualquiera que sea su cuantía, siempre que el proceso penal se incoe en virtud de un atestado policial y que la Policía Judicial haya detenido a una persona y la haya puesto a disposición del Juzgado de guardia o que, aun sin detenerla, la haya citado para comparecer ante el Juzgado de guardia por tener la calidad de denunciado en el atestado policial y, además, concurra cualquiera de las circunstancias siguientes.

Artículo 795 LECrim

 

Juicio por delito leve y juicio rápido no son lo mismo

Hay varias diferencias entre estos dos procedimientos. La más importante es su ámbito de aplicación, que es muy distinto.

Mientras que el juicio de faltas se aplica en aquellos casos para los que el Código Penal establece una pena leve, el juicio rápido se aplica ante determinadas penas y deben cumplirse ciertos requisitos.

Además de esta diferencia fundamental, hay otros aspectos que los diferencian: uno es de carácter procesal y tiene que ver con el tipo de procedimiento utilizado; otro tiene que ver con el contenido de cada procedimiento; y por último hay diferencias relacionadas con su duración.

Requisitos para optar por un juicio rápido en España

Para poder ser tramitado a través de un juicio rápido, deben cumplirse ciertos requisitos establecidos en el artículo 795 de LECrim. Estos son los siguientes:

1.ª Que se trate de delitos flagrantes. A estos efectos, se considerará delito flagrante el que se estuviese cometiendo o se acabare de cometer cuando el delincuente sea sorprendido en el acto. Se entenderá sorprendido en el acto no sólo al delincuente que fuere detenido en el momento de estar cometiendo el delito, sino también al detenido o perseguido inmediatamente después de cometerlo, si la persecución durare o no se suspendiere mientras el delincuente no se ponga fuera del inmediato alcance de los que le persiguen. También se considerará delincuente in fraganti aquel a quien se sorprendiere inmediatamente después de cometido un delito con efectos, instrumentos o vestigios que permitan presumir su participación en él.

2.ª Que se trate de alguno de los siguientes delitos:

a) Delitos de lesiones, coacciones, amenazas o violencia física o psíquica habitual, cometidos contra las personas a que se refiere el artículo 173.2 del Código Penal.
b) Delitos de hurto.
c) Delitos de robo.
d) Delitos de hurto y robo de uso de vehículos.
e) Delitos contra la seguridad del tráfico.
f) Delitos de daños referidos en el artículo 263 del Código Penal.
g) Delitos contra la salud pública previstos en el artículo 368, inciso segundo, del Código Penal.
h) Delitos flagrantes relativos a la propiedad intelectual e industrial previstos en los artículos 270, 273, 274 y 275 del Código Penal.

Esta figura jurídica puede no aplicarse si el delito está conectado con otros delitos que no pueden ser procesados por esta vía, o si se prevé que sea complejo llevar a cabo las investigaciones.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece un cierto número de delitos que no permiten la aplicación del juicio rápido.

Esto se debe a que deben realizarse investigaciones complejas, lentas o secretas para probar la acusación penal; otra razón es que si el delito en sí implica a más de una persona o si ha habido un acuerdo entre ellas, no puede considerarse como un único delito que pueda beneficiarse de este procedimiento.

Tipos de juicios rápidos

El proceso puede llevarse a cabo bajo diferentes modalidades: sin conformidad, con condena y con la inclusión de una reducción de la pena.

Hay que recordar que, aunque los plazos sean cortos, un juicio rápido no es menos importante que un juicio tradicional o que las penas sean menos gravosas.

Tramitación y procedimiento en un juicio rápido

Una vez comprobados que los delitos a juzgar se corresponden con lo establecido en la LECrim y que se cumplen todos los requisitos, se puede iniciar el proceso de juicio rápido, que consta de 4 fases.

Apertura de diligencias

Los agentes de la policía judicial tienen que realizar varias actuaciones en un plazo máximo de 72 horas antes de llevar al sospechoso ante el tribunal. Deben solicitar informes toxicológicos y médicos, informar al acusado de sus derechos y citar a posibles testigos.

Instrucción

La fase de instrucción en un juicio rápido consiste en la descripción de los hechos y las diligencias de urgencia.

En este momento se pueden solicitar medidas cautelares. Además, se puede obtener una sentencia de conformidad. Eso sí, siempre y cuando no concurra en la causa una acusación particular y la pena que le corresponda sea inferior a 3 años.

El resultado de la sentencia de conformidad es la reducción en un tercio de la pena propuesta por el Ministerio Fiscal. En el caso de que se dicte condena de menos de 2 años, esta puede quedar suspendida en caso de que el enjuiciado reconozca y cubra la responsabilidad civil derivada del delito.

Juicio oral

El juicio oral tiene lugar en el Tribunal Penal. Se llega a esta fase si no hay posibilidad de acuerdo.

En un plazo de 15 días se cita al acusado para iniciar el juicio oral y en un plazo de 3 días se dicta sentencia.

En un caso penal, el juicio rápido es un procedimiento que permite a los examinadores llevar a cabo los procedimientos con rapidez para que un delincuente pueda ser condenado en un plazo de cinco años. Si tiene alguna duda sobre este proceso, solicita una cita o videocita con uno de nuestros abogados en Madrid que podrá responder a todas sus preguntas.

 

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Delito societario de imposición de acuerdos abusivos

Tras el interés que han despertado en nuestros clientes esta serie de artículos sobre el derecho penal económico, nuestros expertos en este área del Derecho continúan profundizando un poco más en este ámbito.

En concreto en esta ocasión nos adentramos en el delito societario de imposición de acuerdos abusivos.

 

¿Qué es el delito de imposición de acuerdos abusivos?

Como ya comentamos en la visión general sobre los delitos societarios, que puedes leer aquí, el delito de imposición de acuerdos abusivos se encuentra tipificado en el artículo 291 del Código Penal.

Este artículo establece lo siguiente:

<<Los que, prevaliéndose de su situación mayoritaria en la Junta de accionistas o el órgano de administración de cualquier sociedad constituida o en formación, impusieren acuerdos abusivos, con ánimo de lucro propio o ajeno, en perjuicio de los demás socios, y sin que reporten beneficios a la misma, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años o multa del tanto al triplo del beneficio obtenido>>.

En dicho precepto se tipifica el adoptar acuerdos en los que bajo un correcto cumplimiento de los requisitos formales subyace un acuerdo abusivo de la mayoría de la sociedad sobre la minoría.

Dichas conductas se castigan con penas de prisión que oscilan de los seis meses a un máximo de tres años o pena de multa del tanto al triplo del beneficio obtenido.

¿Cuándo se produce un acuerdo de forma abusiva?

Se entiende producido el delito de imposición de acuerdos abusivos cuando algunos de los socios imponen acuerdos abusivos aprovechándose de su situación mayoritaria ya sea en la Junta de accionistas o en algún órgano de administración siempre que se den los siguientes elementos:

  • que exista ánimo de lucro propio o ajeno
  •  que el acuerdo abusivo cause un perjuicio a los demás socios
  •  que el acuerdo abusivo no reporte beneficios a la sociedad

Es decir, cabe afirmar que nos encontramos ante un acuerdo abusivo por mayoría cuando se adopta un acuerdo por la mayoría en interés propio y en detrimento del resto de socios que no responde a una necesidad razonable de la sociedad.

Esto puede suceder tanto en sede de junta general como a través de los acuerdos del órgano de administración, en una sociedad constituida o en formación.

Y siempre es necesario que exista un ánimo de lucro propio o ajeno (dolo) en perjuicio de la minoría. Es la existencia de dolo, según establece la jurisprudencia, el elemento que establece la línea de separación entre el ilícito civil o mercantil y el ilícito penal.

También es requisito imprescindible del tipo, como hemos visto, que dicho acuerdo no reporte beneficios a la sociedad.

¿Cuándo se entiende consumado el delito?

En este punto existe discrepancia en la doctrina. La opinión mayoritaria, haciendo una interpretación literal del precepto, entiende que la consumación del delito de imposición de acuerdos abusivos se produce con la mera adopción del acuerdo.

Otra parte de la doctrina defiende que hasta que no se ejecuta el acuerdo abusivo adoptado no se consuma el delito.

¿Cuál es el bien jurídico protegido?

El objeto protegido por el artículo 291 del Código Penal, como en el resto de los delitos societarios, es el correcto funcionamiento de las sociedades, que se considera un pilar fundamental de la vida económica.

También se protegen los derechos e intereses patrimoniales de los socios

Delitos estrechamente relacionados

El Tribunal Supremo, en la sentencia 172/2010, de 4 de marzo, señala que a la hora de analizar la figura del art. 291 CP tenemos que tener muy en cuenta también los artículos 293 (delito de impedimento del ejercicio de los derechos del socio) y 295 (administración desleal o fraudulenta) del Código Penal.

Estos preceptos tipifican conductas calificadas como <<más graves>> que también pueden llevarse a cabo por los administradores o socios, produciendo un perjuicio en los derechos del resto de socios.

Al igual que en el caso del delito de imposición de acuerdos abusivos, será siempre necesaria que exista un ánimo de lucro propio o ajeno y, como acabamos de señalar, se produzca un perjuicio a los socios minoritarios.

 

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Los delitos bursátiles

Si tienes una edad, seguro que te vienen a la cabeza alguno de los escándalos bursátiles de nuestra historia reciente. Nuestros especialistas en derecho penal económico explican en qué consisten este tipo de delitos.

La tipificación de determinadas conductas como delitos bursátiles está encaminada a la protección de los mercados financieros, su correcto funcionamiento y la preservación de intereses colectivos difusos como la fe pública, el colectivo de consumidores o de inversores, etc.

Vamos a verlo.

¿Cómo se han ido regulando los delitos bursátiles?

Los delitos bursátiles fueron introducidos en el Código Penal español tras la reforma llevada a cabo por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio.

Posteriormente, han sido reformados por la Ley Orgánica 1/2019 de 20 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para transponer Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, y abordar cuestiones de índole internacional.

Esta ley persigue la adaptación de la regulación nacional a la normativa europea. En concreto, a través de la Ley se transpone la Directiva 2014/57/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre las sanciones penales aplicables al abuso de mercado.

¿Qué reformas introduce la LO 1/2019 en los delitos bursátiles?

La Ley Orgánica 1/2019, ha introducido importantes cambios en los denominados delitos bursátiles. Entre ellos destacan:

  • la incorporación de nuevos tipos penales,
  • la elevación de las penas de algunos delitos bursátiles ya existentes

En cuanto a la incorporación de nuevos tipos penales:

Se ha incorporado, entre otros, un nuevo delito de comunicación ilícita de información privilegiada a través de la creación de un artículo 285 bis.

Este nuevo delito de comunicación ilícita de información privilegiada se comete al revelar información privilegiada más allá de los casos en que la ley lo permite (que están regulados en el artículo 285 CP).

Al revelar dicha información se pone en peligro tanto la confianza de los inversores como la integridad del mercado.

Además del artículo 285 bis se han incorporado al Código Penal dos preceptos más:

El artículo 285 ter remite los contenidos conceptuales a la normativa española y europea en materia de mercado e instrumentos financieros.

El artículo 285 quater establece de manera expresa la punición de los actos de proposición, conspiración y provocación de los delitos bursátiles que venimos comentando.

En cuanto a la elevación de las penas:

Por ejemplo, el delito del artículo 284 CP de manipulación de mercado anteriormente tenía aparejado una pena de prisión de seis meses a dos años mientras que tras la reforma de la LO 1/2019 ha pasado a una pena de prisión de seis meses a seis años.

Asimismo, el delito de abuso de información privilegiada, tipificado en el artículo 285 del Código Penal, ha pasado de una pena de prisión de uno a cuatro años a estar sancionado con una pena de prisión de seis meses a seis años.

Tipos de delitos bursátiles

Algunos de los tipos penales relativos al Mercado de Valores más importantes son:

  • el delito de estafa de inversiones tipificado en el artículo 282 bis del Código Penal.
  • el delito de maquinaciones para alterar el precio de las cosas y manipulación de mercado tipificado en el artículo 284 del Código Penal.
  • el delito de uso de información privilegiada también denominado como insider trading del artículo 285 del Código Penal y
  • el delito de obstaculización de las labores de supervisión e inspección de la Administración del artículo 294 del Código Penal.

El delito de estafa de inversiones tiene lugar cuando los administradores de hecho o de derecho de una sociedad emisora de valores negociados en los mercados de valores falsean información económico-financiera contenida o bien en folletos de inversión o bien en las informaciones que difunda la sociedad sobre sus recursos, actividades, etc.

Para que se entienda cometido el tipo penal este falseamiento de la información tiene que tener como finalidad el propósito de captar inversores, obtener financiación o colocar algún tipo de activo financiero.

Al sancionar estas conductas como un delito de estafa de inversiones lo que se protege no es tanto el patrimonio individual como el correcto funcionamiento del mercado de valores.

El delito de maquinaciones para alterar el precio de las cosas se encuentra tipificado en el artículo 284 del Código Penal.

Este delito consiste en intentar alterar los precios que tendrían mercancías, productos o servicios en una situación de libre competencia del mercado, ya sea al alza o a la baja.

El delito de uso de información privilegiada o insider trading regulado en el artículo 285 del Código Penal consiste en la utilización de información relevante para la cotización de un valor bursátil para obtener un beneficio económico.

Se entiende realizado este delito cuando una persona usa o suministra una información relevante para la cotización de cualquier clase de valores o instrumentos negociados en algún mercado organizado, oficial o reconocido, a la que esa persona haya tenido acceso con ocasión del ejercicio de su actividad empresarial o profesional, con el resultado de obtener un beneficio ya sea para él mismo o para un tercero o de causar un perjuicio que supere los 500.000€.

El delito de obstaculización de las labores de inspección de la administración tipificado en el artículo 294 CP consiste en el impedimento o negación de las labores inspectoras por parte de los administradores de hecho o de derecho.

Así, los que como administradores de hecho o de derecho de cualquier sociedad constituida o en formación, sometida o que actúe en mercados sujetos a supervisión administrativa, nieguen o impidan la actuación de las personas, órganos o entidades inspectoras o supervisoras, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro meses.

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La falsificación de documentos sociales y cuentas anuales como delito societario

Cualquier administrador debe cumplir con el cometido que se le ha asignado, garantizando en su desempeño diligencia y veracidad. Esto no implica que existen casos en los que quien a priori habría de velar por el bien de la empresa, socios y terceros implicados, incurra en un delito de falsificación de documentos sociales y cuentas anuales.

El concepto de cuentas anuales comprende el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria. En consecuencia, la falsedad documental puede adscribirse a cualquiera de estos documentos corporativos financieros de la organización.

Del mismo modo, la jurisprudencia dictada por el Tribunal Supremo explicita con gran claridad cuáles son los documentos posibles objetos de este tipo de delito societario:

  • Libros de contabilidad.
  • Libros de actas.
  • Balances de las sociedades cotizantes en Bolsa a presentar ante la CNMV.
  • Balances de las entidades de crédito.

El Alto Tribunal ejemplifica así que, ante un frauden en cualquier documento que refleja el estado financiero de la entidad, se juzgarán como delitos de falsificación de documento.

La falsificación de cuentas y documentos societarios en el Código Penal

La falsificación de las cuentas anuales tiene consideración jurídica de delito de mero peligro, especial y propio. Los administradores incurren en esta actividad ilegal cuando alteran o manipulan los documentos que habrían de reflejar fielmente la realidad económica y contable de la entidad.

Se ha de tener presente que el delito de falsedad documental se generar tanto en los documentos públicos como en los privados. En cualquier caso, el elemento determinante será el dolo o voluntad de generar un perjuicio a la sociedad mercantil, a los socios que la componen o cualquiera de los terceros comprometidos en ella.

El Código Penal define en su artículo 390 lo que el legislador imputa como acción falsaria en relación al delito aquí abordado:

  1. Alterar cualquier elemento o requisito esencial de un documento social.
  2. Simular todo o parte de un documento para inducir a error.
  3. Manipular las intervenciones de las personas acudientes a los actos societarios y faltar a la verdad en la narración de los hechos.

La Ley de Sociedades de Capitales (LSC) determina en los artículos 159.1 y 202.1 que los acuerdos en las sociedades de capital se han da adoptar en Junta General, constando en acta aprobada por la propia junta al finalizar la reunión, o, en su defecto, será aprobada en el plazo de 15 días con la firma del presidente y dos socios interventores que representen tanto a la mayoría como a la minoría de los socios.

En el caso de las empresas familiares, o cuando los socios son amigos, estas formalidades se omiten, abriendo así opción a la aparición de los delitos de fraude documental.

La casuística que más abordamos como abogados especialistas en Derecho Económico tiene relación con manipulación de asientos contables, o la creación de una doble contabilidad con fines evasores.

El delito en el Código penal

El artículo que sanciona este quebrantamiento de la ley en el Código Penal es el artículo 290.

El espíritu de la norma persigue garantizar el derecho de los socios, acreedores y terceros a recibir información veraz y correcta que refleje los estados de la organización.

Los administradores, de hecho o de derecho, de una sociedad constituida o en formación, que falsearen las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad, de forma idónea para causar un perjuicio económico a la misma, a alguno de sus socios, o a un tercero, serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses. Si se llegare a causar el perjuicio económico se impondrán las penas en su mitad superior.

Por otra parte, en el Capítulo II del Título XVIII del Código Penal se distinguen los 3 tipos de falsificación de documento societario en los que se puede incurrir:

  • Falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles y de los despachos.
  • Falsificación de documentos privados.
  • Falsificación de certificados.

Falsedad en las cuentas anuales: requisitos

El mismo artículo 290 del Código Penal delimita cuáles son los requisitos que ha de cumplir este comportamiento ilícito para ser considerado, sancionado y penado como delito de falsedad documental en cuentas societarias.

  • Existe voluntad de causar un perjuicio económico para la sociedad mercantil en beneficio propio o de terceros.
  • Ese dolo se general al falsear las cuentas anuales, falsificar un libro de contabilidad o manipular cualquier otro documento que dibuje la situación jurídica y económica de la entidad.
  • El sujeto activo que vulnera el bien jurídico será el administrador de derecho o el administrador de hecho de la sociedad.
  • El bien jurídico que se ve afectado será el patrimonio de la empresa.

Con todo, solo los socios perjudicados, un tercero o la propia sociedad pueden iniciar la instancia y denuncia de la falsificación de documentos sociales y cuentas anuales.

Falsedad documental y encubrimiento

Ante esta realidad mercantil cabe preguntarse qué responsabilidad ejercen los socios que acuden a la Junta General y aprueban el acta presentado por el administrador, o las gestorías que tramitan en muchos casos las Juntas Generales de las PyMEs.

La RAE define encubrir como “ocultar algo o no manifestarlo” o “impedir que llegue a saberse algo”. Este concepto está contemplado y sancionado en el CP, artículo 451.

“Será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años el que, con conocimiento de la comisión de un delito y sin haber intervenido en el mismo como autor o cómplice, interviniere con posterioridad a su ejecución, de alguno de los modos siguientes:

1º) Auxiliando a los autos o cómplices para que se beneficien del provecho, producto o precio del delito, sin ánimo de lucro propio.

2º) Ocultando, alterando o inutilizando el cuerpo, los efectos o los instrumentos de un delito, para impedir su descubrimiento.

3º) Ayudando a los presuntos responsables de un delito a eludir la investigación de la autoridad o de sus agentes, o a sustraerse a su busca o captura […]

Para que los implicados sean considerados imputables, se ha de demostrar el conocimiento y consentimiento en la práctica (Auto nº 587/2018, de 5 de abril, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo).

Referencias

👉 SENTENCIA del Tribunal Supremo (Sala 2ª) de 21.11.2017
👉 Auto nº 587/2018, de 5 de abril, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo

 

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Fraude en medios de pago

La generalización del comercio electrónico y el impulso de las finanzas digitales que se ha producido durante la pandemia de COVID-19 junto con el auge de las criptomonedas ha favorecido la aparición y proliferación de todo un conjunto de delitos en el ámbito de los fraudes electrónicos.

Nuestros especialistas en Derecho penal nos explican en qué consisten este tipo de conductas delictuales.

¿Qué  es un fraude en medios de pago?

La Directiva (UE) 2019/713 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo y por la que se sustituye la Decisión Marco 2001/413/JAI del Consejo ha definido los instrumentos de pago distinto del efectivo como aquellos <<dispositivos, objetos o registros protegidos, materiales o inmateriales, o una combinación de estos, exceptuada la moneda de curso legal, que, por sí solo o en combinación con un procedimiento o conjunto de procedimientos, permite al titular o usuario transferir dinero o valor monetario incluso a través de medios digitales de intercambio>>.

La Directiva 2019/713 delimita las diferentes infracciones penales relacionadas con los fraudes en los medios de pago distinguiendo entre:

  • la utilización fraudulenta de instrumentos de pago distintos del efectivo (art. 3)
  • la utilización fraudulenta de instrumentos de pago materiales distintos del efectivo (art. 4)
  • la utilización fraudulenta de instrumentos de pago inmateriales distintos del efectivo (art. 5)

¿Cuáles son los fraudes en medios de pago más habituales?

Existe toda una pléyade de fraudes que se llevan a cabo en el ecosistema de pagos a través de los móviles y de Internet.

En el caso de los pagos con tarjeta los fraudes más habituales tanto de manera presencial como virtual son el robo, la pérdida, la suplantación de identidad y el uso fraudulento del número de tarjeta.

Aunque este tipo de estafas evolucionan rápidamente cabe señalar algunos de los más habituales hasta el momento:

Phishing

El delito de phishing consiste en usurpar las claves de acceso de un titular a sus cuentas bancarias con el objetivo de sustraer los fondos de las cuentas.

Es el fraude electrónico más habitual, sobre todo en el sector bancario.

En esta modalidad de fraude electrónico el estafador, que recibe el nombre de phisher se hace pasar por alguien de confianza, ya sea una persona física o jurídica, en una comunicación con apariencia de ser oficial.

Habitualmente estas comunicaciones suelen ser correos electrónicos o comunicaciones de sistemas de mensajería instantánea como por ejemplo SMS (en este caso hablamos de smishing) o mensajes de whatsapp o telegram.

En estas comunicaciones se hace creer al destinatario que su entidad bancaria le solicita las claves de acceso por algún motivo.

También existe una variante conocida como vishing en la que la estafa se lleva a cabo mediante llamadas telefónicas.

Pharming

El pharming consiste en manipular las direcciones DNS que utilizan los usuarios.

Una vez manipuladas, cuando el usuario introduce en un navegador como por ejemplo Google la dirección de la página web a la que quiere acceder es enviado a otra página web que tiene la misma apariencia que la web original, pero que ha sido creada por los cyber-delincuentes.

Como resultado de todo ello, el internauta introduce sus datos confidenciales con toda confianza sin saber que en realidad se los está facilitando a los cyber-estafadores.

Estafas tipo cartas nigerianas

Este tipo de estafas consisten en el envío de correos electrónicos en los que se indica que la persona receptora de dicho e-mail ha ganado la lotería o un sorteo.

En otra modalidad se pide ayuda para poder cobrar una cuantiosa suma o evadir capitales a cambio de una suculenta compensación.

Sin embargo, lo que se pretende en realidad es engañar a la persona destinataria del correo electrónico a la que se le exige que pague una determinada cantidad en concepto de impuestos, tasas fronterizas, etc como requisito previo para poder hacer efectiva la compensación prometida.

Por supuesto, una vez cobrado el dinero la compensación que sirvió como cebo nunca llegará.

Skimming/carding

Este tipo de fraude consiste en el robo de datos para la clonación de tarjetas.

Suele llevarse a cabo en cajeros, máquinas expendedoras o incluso establecimientos comerciales poco securizados en los que mediante la manipulación de los terminales de punto de venta se consigue clonar la banda magnética de las tarjetas de pago.

Los datos obtenidos mediante la clonación de las tarjetas pueden servir tanto para la posterior fabricación de tarjetas falsas como para la comisión de fraudes cibernéticos sin necesidad de la presencia física de la tarjeta.

Fraudes relacionados con las criptomonedas

En el caso de las criptomonedas (bitcoins, ethereum, etc) el objetivo de los fraudes online es el de robar la billetera a su propietario/a y a continuación traspasar esas criptomonedas a otra cuenta.

Keylogger

Los keylogger son un tipo de software malicioso que registra las pulsaciones que hace el usuario en la pantalla táctil del teléfono o en el teclado del ordenador.

Al registrar las pulsaciones el software es capaz de hacerse con los nombres de usuario y las contraseñas de la víctima asociados a los distintos medios de pago.

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Publicidad fraudulenta

La publicidad fraudulenta es una cuestión que está a la orden del día y afecta directamente a los derechos de los consumidores como por ejemplo en el Caso Volkswagen.

Nuestros expertos en Derecho penal analizan en qué consiste este delito.

¿Qué es la publicidad engañosa?

La publicidad engañosa o fraudulenta se encuentra tipificada como delito en el artículo 282 del Código Penal, que establece penas de prisión de 6 meses a 1 año o multa de 12 a 24 meses

<<a los fabricantes o comerciantes que, en sus ofertas o publicidad de productos o servicios, hagan alegaciones falsas o manifiesten características inciertas sobre los mismos, de modo que puedan causar un perjuicio grave y manifiesto a los consumidores, sin perjuicio de la pena que pueda corresponda aplicar por la comisión de otros delitos>>.

Hay una finalidad: engañar a los consumidores.

Lo que distingue a la publicidad fraudulenta de la mera exageración o el adorno de los productos es que tanto la omisión de datos relevantes sobre el producto como las alegaciones falsas o la manifestación de características inciertas tienen como finalidad engañar a los consumidores.

Otro elemento fundamental es que estas conductas se llevan a cabo de manera consciente y deliberada.

Por otra parte, la publicidad falsa es aquella que omite datos fundamentales sobre los productos o servicios que se anuncian, lo que impide a los consumidores tener una información completa y veraz.

Una falsedad torpe, poco sutil, que resulte sencilla de percibir por la mayoría de los consumidores no tendrá relevancia penal ya que se considera que carece de la entidad necesaria para causar un perjuicio grave y manifiesto.

Elementos del tipo penal de publicidad engañosa

La jurisprudencia ha establecido que los elementos del delito son:

el sujeto activo ha de ser un fabricante o comerciante.

el sujeto pasivo tiene un carácter colectivo, a saber, los consumidores.

el bien jurídico protegido son los derechos de los consumidores, en concreto sus intereses económicos y sociales.

Estos intereses se concretan en el derecho a una información veraz sobre los diferentes productos de consumo o de disfrute, siendo las características expuestas en el producto las que tienen que permitir al consumidor poder formar libremente su voluntad a la hora de adquirir bienes existentes en el mercado tal como señala la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 22 de junio de 2015.

– los requisitos que delimitan que se ha desplegado la conducta delictiva son:

a) Que haya una publicidad o una oferta con relación a productos o servicios
b) Que esta publicidad u oferta se haga con falsedad: alegaciones falsas o manifestación de características inciertas sobre tales productos o servicios.
c) Perjuicio grave o manifiesto para los consumidores, es decir, aptitud para producir graves daños o perjuicios.
d) la existencia de dolo, esto es, que las actuaciones se realicen con conocimiento de la concurrencia de los anteriores elementos.

¿Qué tipos de publicidad fraudulenta existen?

La tipología de publicidad engañosa es amplia y variada. Estas son algunas de las conductas infractoras más habituales:

  • Utilizar tanto mensajes como expresiones ambiguas que dan pie a que el consumidor haga una interpretación equivocada.
  • Ocultar información relevante para el consumidor.
  • Mentir en relación a las características o beneficios del producto o servicio.
  • Utilizar estudios falsos o con datos falseados o manipulados para ensalzar el producto o servicio.
  • Mostrar imágenes que no se corresponden con la apariencia real del producto.
  • Promocionar un producto o servicio a un determinado precio a sabiendas de que se tiene stock suficiente como para atender la demanda.
  • Realizar promociones, sorteos o concursos en los que no se entregan los premios originalmente prometidos.
  • Omitir un dato de la promoción que limita su interés. Esto se produce cuando una promoción sólo es válida en determinados establecimientos y no en todos.
  • No indicar cuáles eran los precios originales a la hora de publicitar descuentos.

¿Qué otros tipos de publicidad están prohibidos?

Además de la publicidad fraudulenta o engañosa existen otros tipos de publicidad no permitida como por ejemplo:

  • Publicidad encubierta: es aquella en la que se introduce publicidad de manera camuflada en espacios no publicitarios.
  • Publicidad ilícita: es aquel tipo de publicidad que vulnera tanto los derechos reconocidos en la Constitución española como los derechos humanos de la Declaración universal.
  • Publicidad subliminal: es aquella en la que la promoción de los productos o servicios se realiza de manera tan sútil que el consumidor no es consciente de ella.
  • Publicidad desleal: es aquella publicidad que tiene como finalidad denigrar, menospreciar o menoscabar los productos o reputación de la competencia.

¿Qué sanciones acarrea la publicidad fraudulenta?

Como ya hemos señalado las sanciones por publicidad engañosa o fraudulenta se encuentran tipificadas en el artículo 282 del Código Penal. Este precepto establece penas de prisión de 6 meses a 1 año o multa de 12 a 24 meses.

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Descubrimiento y revelación de secretos de empresa

El Código Penal castiga el delito de difusión y revelación de secretos de empresa con penas de privación de libertad que pueden llegar hasta los cinco años. 

Nuestros expertos en Derecho penal de la empresa desvelan las claves de este delito relacionado con la información sensible de las compañías.  

¿En qué consiste el delito de descubrimiento y revelación de secretos de empresa?

Los delitos de descubrimiento y revelación de secretos de empresa se encuentran tipificados en los artículos 278, 279 y 280 del Código Penal, dentro de los delitos relativos al mercado y los consumidores, que se encuentran en la Sección 3ª (De los delitos relativos al mercado y a los consumidores) del Capítulo XI (De los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores), del Título XIII del Libro II. 

El bien jurídico protegido en este tipo de delitos es la protección de la competencia en interés de todos los que participan en el mercado, para lo cual se sancionan todas aquellas conductas que constituyen una práctica de competencia desleal. 

Los elementos comunes a este conjunto de delitos son: 

  • El sujeto pasivo puede ser tanto una persona física como una persona jurídica. Es decir lo pueden cometer tanto individuos como sociedades, asociaciones, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de organización. 
  • Los secretos se encuadran en la esfera de la intimidad de su titular. El criterio que delimita la revelación de secretos de la mera indiscreción es que la información difundida o comunicada a terceros afecte a la esfera de la intimidad del titular así como que dicha información tenga cierta relevancia jurídica. 
  • Se trata de un delito semiprivado, en el que para su persecución es imprescindible la denuncia del sujeto pasivo, de la víctima, o de su representante legal.  

En el tipo del artículo 278 CP se castiga con pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses el apoderamiento

<<por cualquier medio de datos, documentos escritos o electrónicos, soportes informáticos u otros objetos que se refieran al mismo, o empleare alguno de los medios o instrumentos señalados en el apartado 1 del artículo 197>>, así como su difusión, revelación o cesión a terceros de los secretos descubiertos. 

Por otra parte, el artículo 279 CP castiga con la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses

<<la difusión, revelación o cesión de un secreto de empresa llevada a cabo por quien tuviere legal o contractualmente obligación de guardar reserva>>.

Si el secreto se utilizara en provecho propio, las penas se impondrán en su mitad inferior.

Finalmente, el artículo 280 CP establece que será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses el que

<<el que, con conocimiento de su origen ilícito, y sin haber tomado parte en su descubrimiento, realizare alguna de las conductas descritas en los dos artículos anteriores>>. 

¿Qué es un secreto de empresa?

El artículo primero de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales los define como <<se considera secreto empresarial cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que reúna las siguientes condiciones:

a) Ser secreto, en el sentido de que, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, no es generalmente conocido por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión, ni fácilmente accesible para ellas;

b) tener un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto, y

c) haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto>>.

Pueden ser titulares de un secreto empresarial, <<cualquier persona física o jurídica que legítimamente ejerza el control sobre el mismo, y se extiende frente a cualquier modalidad de obtención, utilización o revelación de la información constitutiva de aquél que resulte ilícita o tenga un origen ilícito con arreglo a lo previsto en esta ley>>. 

Asimismo, la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, establece en su artículo 13 como actos de competencia desleal la violación de los secretos de empresa y remite a la regulación de la Ley 1/2019. 

En cuanto a la jurisprudencia, ya en la Sentencia 285/2008, de 12 de mayo el Tribunal Supremo había definido los secretos de empresa de la siguiente manera: 

<<Habremos de ir a una concepción funcional-práctica, debiendo considerar secretos de empresa los propios de la actividad empresarial, que de ser conocidos contra la voluntad de la empresa, pueden afectar a su capacidad competitiva

Así, serán notas características: 

  •  La confidencialidad (pues se quiere mantener bajo reserva)
  • La exclusividad (en cuanto propio de una empresa)
  • El valor económico (ventaja o rentabilidad económica)
  • La licitud (la actividad ha de ser legal para su protección)

La Audiencia Provincial de Burgos, en Auto de 20 de noviembre de 2018 establece una tipología de secretos empresariales clasificándolos en tres grupos: 

  • Los relativos a los aspectos industriales: fabricación, proveedores, costos, etc.
  • Los de tipo comercial: listas de clientes, descuentos, estrategias comerciales, etc
  • Y los relativos a la organización interna de la compañía:  situación financiera, inversiones, etc. 

Todos ellos tienen en común que su conocimiento afecta a la capacidad de la empresa para competir en el mercado.  

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La defraudación de marcas y patentes

Cuando hablamos de defraudación de marcas y patentes estamos haciendo referencia a los delitos contra la propiedad industrial, que ponen en riesgo tanto al propio producto o servicio como la credibilidad de la marca. 

Nuestros expertos penalistas explican en qué consisten este tipo de delitos. 

¿Qué son los delitos contra la propiedad industrial?

Los delitos contra la propiedad industrial son aquellas infracciones penales que atentan contra los derechos que nacen con el registro de la propiedad industrial, como por ejemplo los derechos de explotación, comercialización, exclusividad, etc. 

Al tipificar ciertas conductas como delitos contra la propiedad industrial se persigue proteger diferentes intereses en juego: los del empresario, los de los consumidores y, finalmente, el interés general del Estado en relación a la transparencia así como al óptimo funcionamiento del mercado. 

Estos delitos se contienen en la sección 2.ª del capítulo XI (delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores) del título XII (delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico) del libro II del Código Penal, artículos 273-277. 

Para poder gozar de la protección del ordenamiento penal se exige que los objetos protegidos estén inscritos en la Oficina Española de Patentes y Marcas. 

O bien, en el caso de las denominaciones de origen, haber realizado el acto equivalente en la Comunidad Autónoma que corresponda.  

¿Cuáles son los requisitos de los delitos contra la propiedad industrial en la legislación española?

Los tipos penales contra la propiedad industrial exigen que concurran los siguientes elementos: 

  • La ausencia de consentimiento del titular del derecho de propiedad industrial registrado 
  • Tener conocimiento de que el objeto se encuentra registrado con fines industriales y comerciales conforme a la legislación de marcas
  • El fin industrial o comercial de la defraudación de la marca o la patente. 

Cabe destacar que para que se entienda realizado el tipo penal no es requisito necesario haber causado algún perjuicio o daño económico al titular del derecho sino que es suficiente con la realización de la conducta o acción delictiva.

¿En qué consiste la defraudación de marcas?

En el caso de la defraudación de marcas son conductas punibles la fabricación, la producción o la importación de productos que incorporen un signo distintivo idéntico o confundible con el original. 

Las modalidades más habituales de este tipo de infracciones son las importaciones paralelas y los productos falsos. 

Se entiende por importaciones paralelas aquellas en las que se importa a España un determinado producto sin hacer uso de los circuitos de importación y distribución autorizados por la marca. Con ello se persigue la disminución de los costes de la operación comercial. 

Los productos falsos son más conocidos del público general ya que suelen aparecer noticias en los medios de comunicación relacionadas con esta modalidad de comisión del delito. 

Consisten en la comercialización y distribución de productos con un signo distintivo falso, a saber, aquellos que son confundibles con el original registrado. Por tanto, para entender cometido el delito los productos falsos deben provocar un riesgo real de confusión entre el producto falso y el original. 

¿Qué elementos pueden provocar el delito de falsedad? 

  • La similitud en el logotipo
  • la imitación en el diseño
  • una forma parecida a la del producto original
  • un precio equiparable o una calidad similar, etc.  

¿En qué consiste la defraudación de patentes?

Entendemos por defraudación de patentes todas aquellas conductas que van en contra del derecho de explotación exclusiva de la patente. 

Para poder acceder al derecho de explotación exclusiva de la patente es necesario cumplir con los requisitos de publicidad así como con la obligación de satisfacer las tasas correspondientes. 

Quedan bajo el paraguas de la protección penal las invenciones y las innovaciones industriales como por ejemplo las patentes, los modelos de utilidad, los procedimientos patentados o las creaciones formales de aplicación artística o industrial. 

Asimismo, la protección del ordenamiento penal abarca a todos aquellos sectores de actividad en los que se desarrollan patentes. Algunos de los más habituales son la industria, la farmacología o la biotecnología. 

¿Qué penas llevan aparejadas los delitos contra la propiedad industrial?

Las penas que establece el Código penal en el caso de la defraudación de marcas y patentes oscilan tanto en función de la gravedad de las infracciones cometidas como del valor económico del bien industrial protegido en cuestión. 

  • En el caso de los delitos relativos a patentes, modelos de utilidad y diseños industriales las penas de privación de libertad varían entre 6 meses y 2 años junto con penas de multa de 12 a 24 meses. 
  • En el caso de los delitos relativos a los signos distintivos de las marcas las penas de privación de libertad oscilan de entre 1 a 4 años y las penas de multa de 12 a 24 meses. 

Estas penas se incrementan en el caso de que el delito haya incluido acciones al por mayor. 

  • En el caso de los delitos que atentan contra las denominaciones de origen las penas de privación de libertad varían entre 1 y 4 años, mientras que las multas oscilan entre 12 a 14 meses. 

Si existieran agravantes las penas de privación de libertad pueden oscilar entre 2 y 6 años de prisión y multas de 18 a 36 meses. 

Está prevista también una pena de inhabilitación para el ejercicio de cualquier profesión relacionada con el delito. Ello durante un plazo de entre 2 a 5 años. 

 

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Qué es y cómo valorar el daño moral

El daño moral es un concepto novedoso y relevante dentro de la valoración del daño en nuestra jurisprudencia.

Te contamos desde el área penal en qué consiste y cuál es su importancia.

Autor:  Manuel Hernandez y Mar Pérez (perito foreste social) 

Qué es el daño moral

Aunque no existe una definición del daño moral en nuestro ordenamiento jurídico, en la actualidad es un concepto plenamente aceptado por los tribunales, habiéndolo definido la jurisprudencia como <<el precio del dolor>>

El concepto de daño moral hace referencia al menoscabo de los bienes y derechos de la personalidad, al mismo tiempo que afecta a la esfera psicofísica. Es decir, encuentra su fundamento en los sentimientos, sufrimiento, angustia o reputación de la persona.

El Tribunal Supremo ha señalado que los daños morales pueden <<surgir de la mera significación espiritual que tiene el delito para la víctima y de la necesidad de integrarlo en su experiencia vital>>. 

Tipos de daños

Para determinar la responsabilidad civil en un procedimiento judicial se valoran dos grandes tipos de daños: los daños materiales y los daños personales.

El daño material hace referencia al daño causado en una cosa y el daño personal al menoscabo que se produce sobre una persona: una lesión en una mano, un esguince, una rotura de pierna, etc.

Dentro de los daños personales se encuadra el concepto un tanto desconocido del daño moral. Como ya hemos señalado el daño moral tiene que ver con la zozobra, con el coste en la calidad de vida de una persona como consecuencia de los hechos objeto de enjuiciamiento.

El daño moral implica una reducción del nivel de bienestar de la persona, un menoscabo en su esfera personal e íntima, que ni el dinero, ni otros bienes intercambiables por éste pueden llegar a reparar.

En lo que al daño moral se refiere, se tienen en cuenta dos dimensiones: por un lado el impacto en la esfera ética de la persona y, por otro, el daño psicológico, las lesiones o secuelas que le haya podido generar unos hechos determinados.

Cómo se valora el daño moral

El daño moral lo valora la autoridad judicial.

En efecto, según la jurisprudencia es al juez a quien corresponde determinar la cantidad económica que debe compensarse a una persona como consecuencia del daño moral que haya sufrido.

Muchas veces la autoridad judicial determina esta cantidad a mano alzada, estableciendo una cuantía con base en los hechos que normalmente ronda entre los trescientos y los quinientos euros dependiendo del caso.

Pero, ¿qué ocurre cuando a tenor de los hechos queremos reclamar una cantidad mayor en interés de nuestro cliente?

La acreditación de la existencia de daños morales reviste una gran dificultad, por ello los letrados solemos recurrir a especialistas forenses, que tras una investigación emiten un informe o dictamen pericial en el que determinan, con base en los hechos y a la pérdida de calidad de vida de nuestro cliente la existencia, en su caso, y la cuantía del daño moral.

Ese dictámen tiene como objetivo ayudar al juez a esclarecer las circunstancias relativas al daño moral y aportar elementos que respalden una cantidad más elevada para nuestro cliente.

Qué se tiene en cuenta para valorar el daño moral

Ese coste ¿cómo se valora?

El propio Tribunal Supremo ha señalado las dificultades probatorias que existen en relación a la cuantificación del daño moral, de ahí la importancia del dictámen pericial.

Esta dificultad tiene que ver con que los órganos judiciales no disponen de una prueba que les permita cuantificar con criterios económicos la indemnización procedente. Y ello porque se trata de magnitudes diversas y no homologables.

La jurisprudencia ha declarado la necesidad de una moderación en cuanto a la acreditación del daño moral y la exigencia probatoria en comparación con los daños materiales.

La carga de la prueba moral reviste unas peculiaridades dada la variedad de circunstancias, situaciones o formas en las que puede presentarse en la práctica el daño moral.

Esto tiene como consecuencia, a decir del Alto Tribunal, que a veces la falta de prueba no es suficiente para rechazar de primeras el daño moral; o que otras veces no sea necesaria una prueba puntual; o incluso que la acreditación del daño moral no dependa de pruebas directas.

Otras veces, sin embargo, es posible que se exija la constatación probatoria o que no se admita la indemnización, compensación o reparación por falta de prueba.

Habrá que estar al caso concreto en cada momento.

Es decir, que normalmente habrá de atenderse a las circunstancias concurrentes del caso. Cuando el daño moral tenga su origen en un daño material o resulte de unos datos singulares de carácter fáctico, será preciso acreditar la realidad que le sirve de soporte.

Por el contrario, cuando el daño moral dependa de un juicio de valor consecuencia de la realidad objeto de litigio, o cuando nos encontremos ante una situación de notoriedad, generalmente no será exigible una concreta actividad probatoria.

Dicho lo cual, estos son algunos de los elementos que se tienen en cuenta para la valoración del daño moral:

  • El nivel económico previo de la persona que sufre el daño moral.
  • La valoración del bien jurídico perjudicado y origen del daño moral.
  • El restablecimiento de la actividad normal y convivencia de la víctima del daño moral, en términos cronológicos.
  • La capacidad intrínseca de cada persona para superar el perjuicio acaecido.

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La pericial psicológica de credibilidad en delitos contra la libertad sexual

Los delitos contra la libertad sexual y la violencia de género normalmente se producen en la intimidad y de ahí la inversión de la carga probatoria. 

Como abogados penalistas podemos afirmar que se trata de uno de los pocos tipos de delitos en los que la presunción de inocencia se ve desvirtuada por la declaración de la víctima. 

En efecto, en estos casos la declaración de la víctima tiene una importancia crucial durante el procedimiento judicial precisamente porque como son delitos que se producen en la intimidad no suele haber testigos. 

Esto hace que en algunos casos para poder enfocar tanto la defensa o como la acusación los letrados necesitemos apoyarnos en una prueba pericial psicológica en aras a ilustrar al órgano judicial para que éste pueda conocer o apreciar algunos aspectos del hecho enjuiciado. 

Autor:  Manuel HernandezMar Pérez (perito foreste social) 

La función de la pericial psicológica de credibilidad en personas adultas

En concreto, en el caso de personas adultas no se trata tanto de determinar la credibilidad de su testimonio, tarea que corresponde exclusivamente al Tribunal como ya ha señalado el Tribunal Supremo en Sentencia 705/2016, de 14 de septiembre, como de valorar las condiciones psico-físicas de la persona, ya sea la víctima o el agresor/a.  

En este sentido, la reciente sentencia del Tribunal Supremo 979/2021, de 15 de diciembre establece que pueden ser objeto de la pericial psicológica de credibilidad elementos como la edad, la madurez y el desarrollo de la persona, así como las posibles anomalías mentales que le afecten, si las hay. 

También se utiliza esta prueba para apreciar la existencia de ciertos caracteres psicológicos de su personalidad como por ejemplo la posible tendencia a la fabulación o a contar historias falsas por afán de notoriedad. 

¿Cuál es la función de la pericial psicológica de credibilidad en menores de edad?

En el caso de los menores de corta edad es una cuestión distinta ya que la intervención de los peritos se articula como una protección de los mismos, así como actuar en interés de las demás partes del proceso. Dichos expertos tienen como función facilitar la exploración o declaración de los menores. 

También es primordial esta prueba pericial psicológica en procesos de familia cuando es incipiente la madurez de la víctima y se hace necesario determinar si existen influencias ajenas o determinación del entorno. 

Esta pericial es tanto más necesaria cuando no contamos con corroboraciones objetivas, que ya hemos dicho que suele ser el caso en los delitos contra la libertad sexual y la violencia de género por cometerse generalmente en la intimidad y habitualmente sólo contamos con las declaraciones de víctima y agresor/a. 

En conclusión, el dictámen pericial psicológico de credibilidad podrá ser plenamente válido en el caso de menores de edad, o en personas adultas cuando su grado de madurez sea inferior a su edad.

 

¿Cómo se realiza un dictamen de credibilidad?

Los dictámenes de credibilidad de testimonio consisten en una investigación que consta de varias partes y se lleva a cabo entrevistando o bien a la víctima o bien al agresor y efectuando varias pruebas para conocer el perfil de esa persona. La fiabilidad de estas pruebas está demostrada científica y empíricamente. 

En las evaluaciones en contexto judicial se suele distinguir entre:

  • las pruebas de tipo general, como por ejemplo la entrevista;
  • las pruebas específicas
  • y las técnicas psicométricas, cuestionarios de personalidad y otras técnicas de evaluación; los instrumentos de evaluación forense.

Algunas de las pruebas más importantes en este contexto son el estudio de la huella de la memoria y, en determinados casos, la realización de una autopsia psicológica. Esta última prueba se utiliza cuando ya no se puede hablar con esa víctima por determinados motivos. 

En relación con la huella de la memoria, cabe destacar que esta está conformada por lo que los expertos denominan la huella psíquica del delito. Esta huella psíquica del delito puede aportarse como prueba de cargo.

Cada uno de estos dictámenes es una investigación que se hace con el mayor rigor y escrupulosidad absoluta para que tenga una fuerza probatoria impecable y evitar, al mismo tiempo lo que se conoce como <<victimización secundaria de la víctima>>.  

En este sentido cabe destacar que el llamado Sistema de Evaluación Global (SEG) es un procedimiento, un conjunto de técnicas adaptadas al sistema judicial español para detectar la mentira y el engaño en procesos judiciales. 

Este sistema ha sido definido por sus creadores, los catedráticos de psicología jurídica Ramón Fernández y Francisca Fariña, como <<un compendio de diversas estrategias de análisis de la fiabilidad (CBCA y Reality Monitoring) y validez de la declaración (SVA y SRA) a la vez que de la huella psicológica y de la simulación de la misma. 

Referencias: 

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