Hace ya algún tiempo en el Blog hablamos de lo qué es delito en Internet. Hoy nos vamos a centrar en las estafas por Internet. Desde los primeros años de globalización de Internet los «amigos de lo ajeno» se han afanado en buscar formas para estafar a incautos. Las redes sociales se han convertido en un buen campo de ensayo de nuevas estafas. El delito de estafa y apropiación indebida está recogido en nuestro Código Penal.

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Sin lugar a dudas la confidencialidad entre abogado y cliente es esencial. Esto es así en todos los ámbitos del derecho, pero cuando hablamos del derecho penal se torna más necesaria. Para que las labores de defensa y representación sean llevadas a buen puerto la confianza mutua es un valor necesario. Esta necesaria confidencialidad entre cliente y abogado transciende a numerosos derechos fundamentales. El derecho a defensa, el derecho a no declarar, el derecho a la intimidad…

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Los delitos prescriben y existe un razonamiento jurídico para que esto sea así, el cómo y el cuándo prescriben los delitos viene recogido en el Código Penal, dentro del Título Séptimo, De la extinción de la responsabilidad criminal y sus efectos

Basándonos en todos los años de experiencia como abogados penalistas, podemos asegurar que la prescripción de los delitos es un tema espinoso sobretodo cuando los delitos tienen un amplio rechazo social. Lo cierto es que un Estado de Derecho garantista tiene que lidiar con esa controversia. Es un equilibrio complicado el de proteger los derechos de víctimas y al tiempo el de los presuntos culpables. Algo que apelando a las vísceras es imposible de conseguir. Nuestro Código Penal introduce las causas y motivos por los que cabe la prescripción de los delitos. Como todas nuestras normas se avienen a interpretación de los Tribunales. Y en última instancia el Tribunal Constitucional puede intervenir cuando son derechos recogidos en la Constitución los que entran en discusión.

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Una orden de alejamiento es una de las penas privativas de derechos que se contemplan en el Código Penal. Se trata de la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima de un delito. Como abogados penalistas tenemos que destacar que también se puede imponer con los familiares de la víctima si así lo considera el Juez. Viene regulada esta pena en al Artículo 48 de nuestro Código Penal. Esta medida es una de las que se suelen tomar en casos de violencia de género. Lo cierto es que no siempre con buenos resultados.

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