Más veces de las que nos gustaría nos enteramos por los medios de comunicación de personas expuestas a situaciones extremas que, incluso, por no ver otra salida, han terminado con su vida

Casos de agresiones, discriminaciones o humillaciones que se catalogan como delitos de odio y que involucran a las víctimas no por quienes son sino por lo que representan.

Abogados especialistas en delitos de odio

Nuestro bufete, en su departamento de Derecho Penal, con nuestros abogados penalistas, no es una excepción y son varias las situaciones que hemos tenido que afrontar para defender a clientes que pasan por momentos realmente dramáticos.

Los delitos de odio son complejos de demostrar, pero mucho más de entender, queremos dar un poco de luz a estas acciones para poder enfrentarnos a ellas.

¿Qué es un delito de odio?

Un delito de odio se define como una infracción que nace de prejuicios contra una o varias personas, por el solo hecho de pertenecer a un grupo social.

Este grupo social es objeto de estos ataques por alguna razón, ideológica, de raza, religión, sexo, que hace que ya solo por pertenecer, esa persona es susceptible de generar odio.

Un ejemplo claro es el de una persona con quien nadie se ha metido nunca, ni ha sufrido ningún tipo de acoso, pero que, un día, decide pertenecer a una comunidad que genera rechazo en la sociedad.

Desde ese momento, forma parte, como el resto de integrantes de la comunidad, de un grupo al que se humilla, insulta o discrimina de alguna manera.

Se entiende, con esta reacción, que no es algo en contra de esa persona, si no de lo que representa para el resto

Estamos ante acciones criminales motivadas por prejuicios hacia las características, creencias o modo de vida de una persona.

Puede ser por su raza, condición sexual, ideología, sexo o cualquier otra característica que comparta una comunidad.

Conviene conocer las penas o sanciones que se asocian a estos actos para tener claro a qué te expones.

Penas o sanciones por delitos de odio

Los actos probados como delitos de odio se regulan en el artículo 510 del Código Penal y derivan en penas que van de 1 a 4 años de prisión con una multa de 6 a 12 meses.

Son penas muy importantes que puede sufrir una persona por no dar importancia a lo que hace, o dice, y no tener en cuenta el sufrimiento que provoca en otra.

Solo por dejarse llevar por ideas que no comparte, o comentarios que escucha, por hacer lo mismo que el resto sin valorar las consecuencias.

Conductas que provocan delitos de odio

Son conductas muy diferentes y que, en muchos casos, la persona que las lleva a cabo no es consciente de su gravedad.

Pensar que publicar un post en una red social no es importante, y que puedes protegerte por el anonimato es un error enorme.

Cada vez es más sencillo localizar estas cuentas y llegar a esa persona que ha actuado en contra de otra sin sentido.

Conductas que conviene conocer porque, cada vez abarcan una mayor parte de la sociedad.

Un ejemplo es el racismo inmobiliario, que impide que muchas personas accedan a una vivienda solo por su procedencia.
Aquí te dejamos qué puede suponer un delito de odio.

01.-Publicar, fomentar, promover o incitar al odio

Quienes, por alguna de esas acciones, generen hostilidad, rechazo, discriminación o cualquier otro perjuicio, independientemente de la persona, si no por lo que representa.

Un comentario o una publicación de alguien muy seguido en redes, por ejemplo, puede incitar a miles de personas a iniciar una guerra dialéctica que, normalmente no se queda ahí, sino que da un paso más y deriva en consecuencias muy graves.

02.-Producir, elaborar, poseer, distribuir o facilitar material que incite al odio

No es necesario que seas tú el detonante para cometer un delito de odio.

Crear o distribuir una información, o unos detalles ofensivos, de otros, y facilitar el acceso a terceros, también te hace responsable.

Puedes realizar, por ejemplo, un informe que discrimine en un entorno laboral a un grupo de los empleados por un motivo ajeno a su trabajo.

Aunque directamente tú no actúes, el hecho de elaborar y facilitar que el resto de la plantilla lo divulgue, ya está tipificado como una acción de odio, y castigado por la ley.

Eres igual de culpable por el hecho de ser quien ha iniciado todo, aunque te mantengas en la sombra.

03.-Negar, trivializar o enaldecer delitos de genocidio

No hay mucho que explicar en este punto, queda tipificado como delito de odio todo acto que niegue hechos probados como el genocidio, o las brutales consecuencias de un conflicto armado en cualquier país que aterroricen a una sociedad, o a parte de ella.

Una de las conductas de las que somos más conscientes, por su repercusión, se produce en el deporte, también de las que más calado tiene en la sociedad.

Delitos de odio en el deporte

El deporte es uno de los sectores en los que se ven más casos de delitos de odio, pero no por el hecho de que haya más, sino por la visibilidad de cualquier acción, ya de por sí mediática y por la cantidad de personas a quienes mueve.

Hemos vivido hace pocas semanas un caso muy claro de delito de odio en el deporte: los insultos desde la grada que tuvo que aguantar el jugador madridista Vinicius Jr.

En estos eventos, aunque solo sea una persona quien “prenda la llama”, la multitud que asiste facilita todo un tsunami de gritos contra alguien por una razón ajena a su labor en el campo, si no por su raza, como en este caso.

El problema que encontramos en el deporte es lo delgada que es la línea que separa el fanatismo deportivo con las referencias al deportista.

Saber si los gritos que se producen son por él, como persona o como integrante de una comunidad.

Bien es sabido que, muchas veces, esos conceptos están demasiado unidos, la justicia no los puede calificar como delito de odio, y, muy a nuestro pesar, pasan desapercibidos.

Es algo muy peligroso, estos actos, sin castigo, generan una confianza en quien los provoca y una costumbre en la sociedad, para quien pasa de una agresión por motivo de odio a un grito que se escucha cada día en los partidos.

Se debe tener claro que cualquier conducta que dé pie, directa, o indirectamente, a un delito de odio tiene unas consecuencias por las que se debe pagar.

Consecuencias de los delitos de odio

Estas conductas, tan variadas y tan difíciles de acotar, tienen unas consecuencias igual de difíciles de determinar en muchos casos.

La persona que padece delitos de odio por cualquier motivo, puede sufrir agresiones físicas o verbales, discriminación, y vivir situaciones denigrantes que es del todo necesario evitar.

También la sociedad, un país que “permite” situaciones de este tipo sufre sus consecuencias en la imagen que se tiene de él al otro lado de sus fronteras.

Consecuencias para las víctimas de delitos de odio

Cualquier persona involucrada en una situación como ésta no sale bien parada.

Las repercusiones, tanto emocionales, como físicas y psicológicas, son de una importancia tal que necesita de ayuda médica y apoyo familiar.

Son actos que afectan a su estilo de vida, a sus rutinas y a su bienestar en general, que va perdiendo poco a poco sin darse cuenta, hasta acabar adaptándose a una situación que no entiende, pero que acepta.

Impacto en la sociedad que sufre acciones de odio

Cualquier sociedad se ve muy afectada por estos delitos, la imagen que ofrece queda muy dañada.

Tras el caso de los gritos racistas hacia el jugador del Real Madrid Vinicius Jr, comienza un debate, sobre si la sociedad española es o no racista, que supera nuestras fronteras.

Ver publicados estos delitos de una manera continua, afecta no solo a la imagen de la sociedad, si no que también a la actitud de las personas ante ellos.

Aparecen estereotipos y prejuicios, “etiquetas” que dan por hecho que toda la gente de ese país piensa y actúa de la misma manera.

La idea de “pertenecer a una sociedad racista” puede incluso ser excusa para participar en estas acciones y dejarte llevar por actos en lo que, de otro modo, no estarías de acuerdo.

¿Cómo actuar ante un delito de odio?

Lo primero que debes hacer es denunciar, si eres tú quien está sufriendo esta situación.

Si no es así, pero eres consciente de que alguien lo vive, debes hablar con ella y hacerle ver que no está sola.

Es el primer paso para detenerlo.

Es muy importante porque son acciones que buscan aislar a esta persona, intentar que viva situaciones que no puede soportar, además de tener que hacerlo en soledad.

Es muy importante que toda la comunidad muestre su apoyo a las víctimas y no a los agresores

Pensar un minuto en quien es objeto de esos gritos o acciones, y cómo afectarán a su vida, ya es un gran paso, que ayuda a evitar que se repitan.

Son delitos muy importantes que, entre todos y eliminando la sensación de normalidad, podemos hacerle frente y alejarlos de manera definitiva de la sociedad.

En un proceso legal, muchas veces no es sencillo de probar, es necesario conocer bien qué puede considerarse delito de odio y qué no lo es, para llevar a una persona ante la justicia.

Enfrentarse sin conocimiento da lugar a casos desestimados, o que no llegan a buen puerto, por desconocimiento y no seguir los cauces adecuados.

Perseguir este tipo de delitos tiene un objetivo concreto, proteger a todas las personas que, sin motivo alguno, de raza, religón, sexo, …, necesitan una protección especial.

Conseguir hacerlo con más determinación pasa por acciones legales que terminen con la situación que vives.

Un trabajo conjunto y coordinado con un abogado especialista en Derecho Penal consigue sentencias favorables a las víctimas y que condenan a los agresores.

Tenemos mucha experiencia en este tipo de delitos, si sufres una de esas situaciones, contacta con nosotros, estudiamos tu caso y te ayudamos.

Este mismo mes de mayo entra en vigor la nueva Ley de la Vivienda, después de ser ratificada el pasado 27 de abril.

Una ley muy polémica ya desde su nacimiento, que trae una serie de modificaciones sustanciales, sobre todo las condiciones para realizar un desahogo.

Es un tema muy importante que no solo afecta a inquilinos en situación vulnerable, sino al caso de viviendas okupadas, que pueden, a partir de ahora, ser más complicado desalojar.

Como toda nueva ley que aparece, lo hace con cierta confusión, por este motivo, nuestro equipo de abogados penalistas especialistas, redacta este contenido, que resuelve todas tus dudas.

Ley por el Derecho de la Vivienda

Después de 2 años de negociaciones, modificaciones y coaliciones entre los distintos partidos del gobierno, al fin se ha aprobado la esperada Ley de la Vivienda.

La fecha de entrada en vigor se prevé antes del 28 de mayo, el día en el que el país afronta las siguientes elecciones, municipales y autonómicas.

Esta ley aparece con la idea de proteger la situación de vulnerabilidad en la que viven muchas personas, solas o familias enteras, que tienen que enfrentarse a un desalojo de su vivienda, al no ser capaces de afrontar los pagos de las rentas.

Por otro lado, trata de “castigar” a propietarios de varias viviendas, penalizando los casos en los que se mantienen desalojadas.

El revuelo viene a partir de que, de ella y de sus beneficios, tengan la oportunidad de aprovecharse de okupas y, sea mucho más complicado el desalojo, aunque no imposible, como has podido escuchar en algunos medios.

Novedades Ley de la Vivienda

Es una ley polémica desde el momento en el que sale a la luz, y ha enfrentado a partidos políticos a diario, hasta su aprobación.

Estos son los puntos novedosos que te encuentras, a partir de ahora, ya seas arrendador o arrendatario.

01.-Límite en la subida de alquileres

Esta nueva ley trae cambios en la manera de incrementar los alquileres anuales una vez que se tiene que renovar el contrato.

A partir de ahora hay un límite, y no es decisión del arrendador

Hasta final de este año, el aumento en caso de renovación está limitado a un 2%

En el próximo año, en 2044, el límite estará en el 3%.

A partir de entonces, el aumento será referenciado al IPC en cada momento y será, por lo tanto elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE)

02.-Alquileres en zonas tensionadas

El alquiler de una vivienda va a depender de la zona de la ciudad en la que se encuentre.

Esto es que, si está en un área categorizada como “tensionada”, debe cumplir una serie de condiciones.

La ley intenta facilitar el acceso a ellas a personas que, de otra manera, no pueden hacerlo.

En caso de ser un “gran tenedor”, (5 o más inmuebles es estas zonas), se tiene la obligación de poner sus viviendas en alquiler-

En caso de “pequeños tenedores” (menos de 5), pueden acceder a ayudas fiscales para poder hacer frente a esta obligación.

Zonas tensionadas

Las zonas tensionadas son aquellas en las que se ha mantenido un incremento en los alquileres durante los años anteriores, algo que tiene como consecuencia una disminución del poder adquisitivo de esa parte de la población.

Son áreas de las ciudades (por ejemplo el centro de Madrid) donde es muy difícil el acceso a colectivos como los jóvenes, o familias de rentas bajas.

Cada comunidad autónoma tiene la libertad de determinar qué áreas tensionadas hay en su territorio, según el precio de la vivienda en ellas, puede establecerlas en base a su evolución del mercado y cómo afecta a los alquileres.

03.-Honorarios de agencias inmobiliarias

Los propietarios del inmueble en alquiler son quienes, a partir de ahora, se hacen cargo del pago de los honorarios de las agencias inmobiliarias, en caso de haber recurrido a ellas.

Además, esta cantidad no puede ser repercutida en el precio del alquiler, ni tampoco gastos que hasta ahora sí, como las cuotas de comunidad, o algún impuesto que grave a la vivienda.

04.-Beneficios fiscales a propietarios

Los propietarios que decidan alquilar en zonas tensionadas, tienen desde ahora unas ventajas referentes a los impuestos, diferentes según cada caso.

Diferentes deducciones en los impuestos

En caso de haber hecho una rebaja en el alquiler del año anterior, el propietario puede tener un beneficio fiscal de un 90%.

En caso de alquilar su propiedad por primera vez, a personas entre 18-35 años, el beneficio alcanza el 70%.

En caso de que la vivienda se haya rehabilitado, en los 2 años anteriores, un 60%.

En cualquier otro caso de alquiler en zona tensionada, el beneficio fiscal es del 50%.

05.-Pisos de alquiler turístico

Este es un punto que la nueva ley deja a cargo de las comunidades autónomas, que regulan su uso según cada caso y sus características.

06.-Desalojo de viviendas ocupadas

Este es uno de los puntos que ha levantado más polvareda, incluso desde antes de su aprobación, el Gobierno y la oposición se han enfrentado en continuas disputas por este tema.

Un punto esencial es que una de sus enmiendas modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil, con referencia a nuevas condiciones que favorecen a casos de desahucio si se trata de personas en situación de vulnerabilidad.

07.-Aviso de desahucio

Las Fuerzas de Seguridad deberán acudir a los desalojos de las viviendas con un aviso previo, dejando a un lado el factor sorpresa.

La notificación de desahucio debe acompañarse con la indicación del día y la hora en el que se va realizar.

Cabe destacar que solo un juez puede decidir el desalojo de una vivienda y es él quien emitirá este documento.

Requisitos inicio de trámites de desalojo

Esta ley pretende favorecer a las familias más vulnerables, pero está el resquicio por el que se pueden colar otro tipo de personas, no tan indefensas, y aprovecharse de ello.

En este caso, el perjudicado es el propietario del inmueble okupado, que dilata en el tiempo el desalojo de un inquilino que no le paga e impide que recupere su vivienda.

Cualquier persona que quiera iniciar un procedimiento de desahucio, debe cumplir, antes, estos cuatro requisitos, sin ellos, el proceso no se inicia.

01.-Demostrar ser, o no, gran tenedor

Un gran tenedor es toda persona, física o jurídica que tiene más de 10 inmuebles urbanos, sin contar garaje y trasteros).

En zonas tensionadas, este número no puede ser mayor que 5, esto es, que, tenga las propiedades que tenga, como 5 de ellas estén en zona calificada como tensionada, esa persona es considerada con esta nueva ley un gran tenedor.

Para certificar si lo eres o no, pueden aportar un dominante del Registro de la Propiedad donde se vean reflejadas tus propiedades.,

02.-Certificación de vivienda habitual del inquilino

Como segundo requisito, debes demostrar que el inmueble que pretendes recuperar es la vivienda habitual del actual inquilino.

En un tema complicado, el propietario debe certificar que la vivienda es la habitual de la persona, o de la familia, que pretende desalojar.

Es un trámite que puedes realizar con el padrón, pero que, en caso de unos inquilinos okupas, es bastante difícil de conseguir, no es normal que estén, siquiera empadronados, en ningún municipio.

Aparte, en un punto polémico, que este trámite lo tenga que realizar el propietario y no el propio inquilino es algo confuso, podemos estar ante una posible violación de la Ley de Protección de Datos.

03.-Inquilinos en situación de vulnerabilidad

La unidad familiar se considera en situación de vulnerabilidad, como norma general, en el caso de que sus ingresos sean 3 veces Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (Iprem).

En 2023, esa cantidad es de aproximadamente 25.000€

Como segundo requisito es que sus gastos de vivienda y de suministros básicos superen el 30% de esa cantidad.

Como gran tenedor intentas recuperar tu vivienda, también debes aportar un documento que lo demuestre, y puede ser con un informe de Servicios Sociales que lo justifique.

Un tema, como el anterior, que hacerlo el propietario, y no el propio inquilino, puede entrar en conflicto con la protección de datos.

04.-Intento de acuerdo o conciliación

Debes, por último, aportar un documento que pruebe que has intentado un acercamiento, un acuerdo de condiciones, o cualquier otra conciliación y que, aun así, haya sido imposible resolver esta situación.

¿Evita la nueva Ley de la Vivienda el desalojo de okupas?

No, solo lo aplaza.

Una vez que se han completado todos esos requisitos, se determina la situación real de quien está en tu propiedad.

Si lo que aportas demuestra que esa persona o familia, ya sea por impago o por okupación, se encuentra en situación de vulnerabilidad, el desahucio se paraliza.

Desde ese momento, puede continuar en la vivienda 2 meses más, una persona física, y 4 si es jurídica, para que las administraciones puedan realojar a esas personas a través de alquileres sociales, o sea posible que consigan ayudas económicas.

Un problema que nos encontramos aquí es lo difícil de conseguir realojo a tantas personas que pueden acogerse a esto, por lo que está por ver en qué momento el propietario recupera la vivienda.

Todo cambio trae consigo modificaciones que afectan a unos u otros, y hay que tener claro en qué grado lo hace.

Estos días, en Vilches Abogados, hemos resuelto muchas dudas de clientes, tanto arrendatarios como inquilinos, algo normal por lo novedoso de algunas de las obligaciones que deben cumplir.

Contamos con un equipo de abogados especialista en Derecho Penal que te puede ayudar para que tengas claro cuál es tu situación, y cómo te afecta todo esto, es importante.

Estamos para cualquier consulta, contacta con nosotros para concertar una cita, poder estudiar tu caso, y darte la mejor solución

El juicio rápido es un procedimiento penal en el que se juzgan los delitos castigados con penas de prisión de menos de 5 años. El objetivo del juicio rápido es acortar el tiempo y las formalidades del proceso penal.

Nuestros abogados penalistas nos explican todo lo que debemos saber sobre los juicios rápidos: fases, delitos que se pueden resolver mediante este procedimiento y requisitos que han de cumplirse para optar por esta vía.

Autor:  Manuel Hernandez Colegiado nº 72539 del Colegio Oficial de Abogados de Madrid

Origen del juicio rápido

En 2002 se llevó a cabo una reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el objetivo de agilizar los procedimientos y obtener un juicio más rápido y sencillo, evitando la acumulación de casos en los tribunales.

Abogados Juicio Rápido

Para lograr este objetivo, algunos delitos fueron declarados como «juicios rápidos». Se trata de procedimientos penales abreviados que permiten un tratamiento simplificado de los delitos de determinadas características.

Aunque esto no implica una menor gravedad del delito cometido o de sus consecuencias, sí indica que existen plazos específicos para cada fase en estos procedimientos abreviados.

1. Sin perjuicio de lo establecido para los demás procesos especiales, el procedimiento regulado en este Título se aplicará a la instrucción y al enjuiciamiento de delitos castigados con pena privativa de libertad que no exceda de cinco años, o con cualesquiera otras penas, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cuya duración no exceda de diez años, cualquiera que sea su cuantía, siempre que el proceso penal se incoe en virtud de un atestado policial y que la Policía Judicial haya detenido a una persona y la haya puesto a disposición del Juzgado de guardia o que, aun sin detenerla, la haya citado para comparecer ante el Juzgado de guardia por tener la calidad de denunciado en el atestado policial y, además, concurra cualquiera de las circunstancias siguientes.

Artículo 795 LECrim

Juicio por delito leve y juicio rápido no son lo mismo

Hay varias diferencias entre estos dos procedimientos. La más importante es su ámbito de aplicación, que es muy distinto.

Mientras que el juicio de faltas se aplica en aquellos casos para los que el Código Penal establece una pena leve, el juicio rápido se aplica ante determinadas penas y deben cumplirse ciertos requisitos.

Además de esta diferencia fundamental, hay otros aspectos que los diferencian: uno es de carácter procesal y tiene que ver con el tipo de procedimiento utilizado; otro tiene que ver con el contenido de cada procedimiento; y por último hay diferencias relacionadas con su duración.

Requisitos para optar por un juicio rápido en España

Para poder ser tramitado a través de un juicio rápido, deben cumplirse ciertos requisitos establecidos en el artículo 795 de LECrim. Estos son los siguientes:

1.ª Que se trate de delitos flagrantes. A estos efectos, se considerará delito flagrante el que se estuviese cometiendo o se acabare de cometer cuando el delincuente sea sorprendido en el acto. Se entenderá sorprendido en el acto no sólo al delincuente que fuere detenido en el momento de estar cometiendo el delito, sino también al detenido o perseguido inmediatamente después de cometerlo, si la persecución durare o no se suspendiere mientras el delincuente no se ponga fuera del inmediato alcance de los que le persiguen. También se considerará delincuente in fraganti aquel a quien se sorprendiere inmediatamente después de cometido un delito con efectos, instrumentos o vestigios que permitan presumir su participación en él.

2.ª Que se trate de alguno de los siguientes delitos:

a) Delitos de lesiones, coacciones, amenazas o violencia física o psíquica habitual, cometidos contra las personas a que se refiere el artículo 173.2 del Código Penal.
b) Delitos de hurto.
c) Delitos de robo.
d) Delitos de hurto y robo de uso de vehículos.
e) Delitos contra la seguridad del tráfico.
f) Delitos de daños referidos en el artículo 263 del Código Penal.
g) Delitos contra la salud pública previstos en el artículo 368, inciso segundo, del Código Penal.
h) Delitos flagrantes relativos a la propiedad intelectual e industrial previstos en los artículos 270, 273, 274 y 275 del Código Penal.

Esta figura jurídica puede no aplicarse si el delito está conectado con otros delitos que no pueden ser procesados por esta vía, o si se prevé que sea complejo llevar a cabo las investigaciones.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece un cierto número de delitos que no permiten la aplicación del juicio rápido.

Esto se debe a que deben realizarse investigaciones complejas, lentas o secretas para probar la acusación penal; otra razón es que si el delito en sí implica a más de una persona o si ha habido un acuerdo entre ellas, no puede considerarse como un único delito que pueda beneficiarse de este procedimiento.

Tipos de juicios rápidos

El proceso puede llevarse a cabo bajo diferentes modalidades: sin conformidad, con condena y con la inclusión de una reducción de la pena.

Hay que recordar que, aunque los plazos sean cortos, un juicio rápido no es menos importante que un juicio tradicional o que las penas sean menos gravosas.

Tramitación y procedimiento en un juicio rápido

Una vez comprobados que los delitos a juzgar se corresponden con lo establecido en la LECrim y que se cumplen todos los requisitos, se puede iniciar el proceso de juicio rápido, que consta de 4 fases.

Apertura de diligencias

Los agentes de la policía judicial tienen que realizar varias actuaciones en un plazo máximo de 72 horas antes de llevar al sospechoso ante el tribunal. Deben solicitar informes toxicológicos y médicos, informar al acusado de sus derechos y citar a posibles testigos.

Instrucción

La fase de instrucción en un juicio rápido consiste en la descripción de los hechos y las diligencias de urgencia.

En este momento se pueden solicitar medidas cautelares. Además, se puede obtener una sentencia de conformidad. Eso sí, siempre y cuando no concurra en la causa una acusación particular y la pena que le corresponda sea inferior a 3 años.

El resultado de la sentencia de conformidad es la reducción en un tercio de la pena propuesta por el Ministerio Fiscal. En el caso de que se dicte condena de menos de 2 años, esta puede quedar suspendida en caso de que el enjuiciado reconozca y cubra la responsabilidad civil derivada del delito.

Juicio oral

El juicio oral tiene lugar en el Tribunal Penal. Se llega a esta fase si no hay posibilidad de acuerdo.

En un plazo de 15 días se cita al acusado para iniciar el juicio oral y en un plazo de 3 días se dicta sentencia.

En un caso penal, el juicio rápido es un procedimiento que permite a los examinadores llevar a cabo los procedimientos con rapidez para que un delincuente pueda ser condenado en un plazo de cinco años. Si tiene alguna duda sobre este proceso, solicita una cita o videocita con uno de nuestros abogados en Madrid que podrá responder a todas sus preguntas.