El juicio rápido es un procedimiento penal en el que se juzgan los delitos castigados con penas de prisión de menos de 5 años. El objetivo del juicio rápido es acortar el tiempo y las formalidades del proceso penal.

Nuestros abogados penalistas nos explican todo lo que debemos saber sobre los juicios rápidos: fases, delitos que se pueden resolver mediante este procedimiento y requisitos que han de cumplirse para optar por esta vía.

Autor:  Manuel Hernandez Colegiado nº 72539 del Colegio Oficial de Abogados de Madrid

Origen del juicio rápido

En 2002 se llevó a cabo una reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el objetivo de agilizar los procedimientos y obtener un juicio más rápido y sencillo, evitando la acumulación de casos en los tribunales.

Abogados Juicio Rápido

Para lograr este objetivo, algunos delitos fueron declarados como «juicios rápidos». Se trata de procedimientos penales abreviados que permiten un tratamiento simplificado de los delitos de determinadas características.

Aunque esto no implica una menor gravedad del delito cometido o de sus consecuencias, sí indica que existen plazos específicos para cada fase en estos procedimientos abreviados.

1. Sin perjuicio de lo establecido para los demás procesos especiales, el procedimiento regulado en este Título se aplicará a la instrucción y al enjuiciamiento de delitos castigados con pena privativa de libertad que no exceda de cinco años, o con cualesquiera otras penas, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cuya duración no exceda de diez años, cualquiera que sea su cuantía, siempre que el proceso penal se incoe en virtud de un atestado policial y que la Policía Judicial haya detenido a una persona y la haya puesto a disposición del Juzgado de guardia o que, aun sin detenerla, la haya citado para comparecer ante el Juzgado de guardia por tener la calidad de denunciado en el atestado policial y, además, concurra cualquiera de las circunstancias siguientes.

Artículo 795 LECrim

Juicio por delito leve y juicio rápido no son lo mismo

Hay varias diferencias entre estos dos procedimientos. La más importante es su ámbito de aplicación, que es muy distinto.

Mientras que el juicio de faltas se aplica en aquellos casos para los que el Código Penal establece una pena leve, el juicio rápido se aplica ante determinadas penas y deben cumplirse ciertos requisitos.

Además de esta diferencia fundamental, hay otros aspectos que los diferencian: uno es de carácter procesal y tiene que ver con el tipo de procedimiento utilizado; otro tiene que ver con el contenido de cada procedimiento; y por último hay diferencias relacionadas con su duración.

Requisitos para optar por un juicio rápido en España

Para poder ser tramitado a través de un juicio rápido, deben cumplirse ciertos requisitos establecidos en el artículo 795 de LECrim. Estos son los siguientes:

1.ª Que se trate de delitos flagrantes. A estos efectos, se considerará delito flagrante el que se estuviese cometiendo o se acabare de cometer cuando el delincuente sea sorprendido en el acto. Se entenderá sorprendido en el acto no sólo al delincuente que fuere detenido en el momento de estar cometiendo el delito, sino también al detenido o perseguido inmediatamente después de cometerlo, si la persecución durare o no se suspendiere mientras el delincuente no se ponga fuera del inmediato alcance de los que le persiguen. También se considerará delincuente in fraganti aquel a quien se sorprendiere inmediatamente después de cometido un delito con efectos, instrumentos o vestigios que permitan presumir su participación en él.

2.ª Que se trate de alguno de los siguientes delitos:

a) Delitos de lesiones, coacciones, amenazas o violencia física o psíquica habitual, cometidos contra las personas a que se refiere el artículo 173.2 del Código Penal.
b) Delitos de hurto.
c) Delitos de robo.
d) Delitos de hurto y robo de uso de vehículos.
e) Delitos contra la seguridad del tráfico.
f) Delitos de daños referidos en el artículo 263 del Código Penal.
g) Delitos contra la salud pública previstos en el artículo 368, inciso segundo, del Código Penal.
h) Delitos flagrantes relativos a la propiedad intelectual e industrial previstos en los artículos 270, 273, 274 y 275 del Código Penal.

Esta figura jurídica puede no aplicarse si el delito está conectado con otros delitos que no pueden ser procesados por esta vía, o si se prevé que sea complejo llevar a cabo las investigaciones.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece un cierto número de delitos que no permiten la aplicación del juicio rápido.

Esto se debe a que deben realizarse investigaciones complejas, lentas o secretas para probar la acusación penal; otra razón es que si el delito en sí implica a más de una persona o si ha habido un acuerdo entre ellas, no puede considerarse como un único delito que pueda beneficiarse de este procedimiento.

Tipos de juicios rápidos

El proceso puede llevarse a cabo bajo diferentes modalidades: sin conformidad, con condena y con la inclusión de una reducción de la pena.

Hay que recordar que, aunque los plazos sean cortos, un juicio rápido no es menos importante que un juicio tradicional o que las penas sean menos gravosas.

Tramitación y procedimiento en un juicio rápido

Una vez comprobados que los delitos a juzgar se corresponden con lo establecido en la LECrim y que se cumplen todos los requisitos, se puede iniciar el proceso de juicio rápido, que consta de 4 fases.

Apertura de diligencias

Los agentes de la policía judicial tienen que realizar varias actuaciones en un plazo máximo de 72 horas antes de llevar al sospechoso ante el tribunal. Deben solicitar informes toxicológicos y médicos, informar al acusado de sus derechos y citar a posibles testigos.

Instrucción

La fase de instrucción en un juicio rápido consiste en la descripción de los hechos y las diligencias de urgencia.

En este momento se pueden solicitar medidas cautelares. Además, se puede obtener una sentencia de conformidad. Eso sí, siempre y cuando no concurra en la causa una acusación particular y la pena que le corresponda sea inferior a 3 años.

El resultado de la sentencia de conformidad es la reducción en un tercio de la pena propuesta por el Ministerio Fiscal. En el caso de que se dicte condena de menos de 2 años, esta puede quedar suspendida en caso de que el enjuiciado reconozca y cubra la responsabilidad civil derivada del delito.

Juicio oral

El juicio oral tiene lugar en el Tribunal Penal. Se llega a esta fase si no hay posibilidad de acuerdo.

En un plazo de 15 días se cita al acusado para iniciar el juicio oral y en un plazo de 3 días se dicta sentencia.

En un caso penal, el juicio rápido es un procedimiento que permite a los examinadores llevar a cabo los procedimientos con rapidez para que un delincuente pueda ser condenado en un plazo de cinco años. Si tiene alguna duda sobre este proceso, solicita una cita o videocita con uno de nuestros abogados en Madrid que podrá responder a todas sus preguntas.

Si tienes una edad, seguro que te vienen a la cabeza alguno de los escándalos bursátiles de nuestra historia reciente. Nuestros especialistas en derecho penal económico explican en qué consisten este tipo de delitos.

La tipificación de determinadas conductas como delitos bursátiles está encaminada a la protección de los mercados financieros, su correcto funcionamiento y la preservación de intereses colectivos difusos como la fe pública, el colectivo de consumidores o de inversores, etc.

Vamos a verlo.

¿Cómo se han ido regulando los delitos bursátiles?

Los delitos bursátiles fueron introducidos en el Código Penal español tras la reforma llevada a cabo por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio.

Posteriormente, han sido reformados por la Ley Orgánica 1/2019 de 20 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para transponer Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, y abordar cuestiones de índole internacional.

Esta ley persigue la adaptación de la regulación nacional a la normativa europea. En concreto, a través de la Ley se transpone la Directiva 2014/57/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre las sanciones penales aplicables al abuso de mercado.

¿Qué reformas introduce la LO 1/2019 en los delitos bursátiles?

La Ley Orgánica 1/2019, ha introducido importantes cambios en los denominados delitos bursátiles. Entre ellos destacan:

• la incorporación de nuevos tipos penales,
• la elevación de las penas de algunos delitos bursátiles ya existentes

En cuanto a la incorporación de nuevos tipos penales:

Se ha incorporado, entre otros, un nuevo delito de comunicación ilícita de información privilegiada a través de la creación de un artículo 285 bis.

Este nuevo delito de comunicación ilícita de información privilegiada se comete al revelar información privilegiada más allá de los casos en que la ley lo permite (que están regulados en el artículo 285 CP).

Al revelar dicha información se pone en peligro tanto la confianza de los inversores como la integridad del mercado.

Además del artículo 285 bis se han incorporado al Código Penal dos preceptos más:

El artículo 285 ter remite los contenidos conceptuales a la normativa española y europea en materia de mercado e instrumentos financieros.

El artículo 285 quater establece de manera expresa la punición de los actos de proposición, conspiración y provocación de los delitos bursátiles que venimos comentando.

En cuanto a la elevación de las penas:

Por ejemplo, el delito del artículo 284 CP de manipulación de mercado anteriormente tenía aparejado una pena de prisión de seis meses a dos años mientras que tras la reforma de la LO 1/2019 ha pasado a una pena de prisión de seis meses a seis años.

Asimismo, el delito de abuso de información privilegiada, tipificado en el artículo 285 del Código Penal, ha pasado de una pena de prisión de uno a cuatro años a estar sancionado con una pena de prisión de seis meses a seis años.

Tipos de delitos bursátiles

Algunos de los tipos penales relativos al Mercado de Valores más importantes son:

• el delito de estafa de inversiones tipificado en el artículo 282 bis del Código Penal.
• el delito de maquinaciones para alterar el precio de las cosas y manipulación de mercado tipificado en el artículo 284 del Código Penal.
• el delito de uso de información privilegiada también denominado como insider trading del artículo 285 del Código Penal y
• el delito de obstaculización de las labores de supervisión e inspección de la Administración del artículo 294 del Código Penal.

El delito de estafa de inversiones tiene lugar cuando los administradores de hecho o de derecho de una sociedad emisora de valores negociados en los mercados de valores falsean información económico-financiera contenida o bien en folletos de inversión o bien en las informaciones que difunda la sociedad sobre sus recursos, actividades, etc.

Para que se entienda cometido el tipo penal este falseamiento de la información tiene que tener como finalidad el propósito de captar inversores, obtener financiación o colocar algún tipo de activo financiero.

Al sancionar estas conductas como un delito de estafa de inversiones lo que se protege no es tanto el patrimonio individual como el correcto funcionamiento del mercado de valores.

El delito de maquinaciones para alterar el precio de las cosas se encuentra tipificado en el artículo 284 del Código Penal.

Este delito consiste en intentar alterar los precios que tendrían mercancías, productos o servicios en una situación de libre competencia del mercado, ya sea al alza o a la baja.

El delito de uso de información privilegiada o insider trading regulado en el artículo 285 del Código Penal consiste en la utilización de información relevante para la cotización de un valor bursátil para obtener un beneficio económico.

Se entiende realizado este delito cuando una persona usa o suministra una información relevante para la cotización de cualquier clase de valores o instrumentos negociados en algún mercado organizado, oficial o reconocido, a la que esa persona haya tenido acceso con ocasión del ejercicio de su actividad empresarial o profesional, con el resultado de obtener un beneficio ya sea para él mismo o para un tercero o de causar un perjuicio que supere los 500.000€.

El delito de obstaculización de las labores de inspección de la administración tipificado en el artículo 294 CP consiste en el impedimento o negación de las labores inspectoras por parte de los administradores de hecho o de derecho.

Así, los que como administradores de hecho o de derecho de cualquier sociedad constituida o en formación, sometida o que actúe en mercados sujetos a supervisión administrativa, nieguen o impidan la actuación de las personas, órganos o entidades inspectoras o supervisoras, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro meses.

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La generalización del comercio electrónico y el impulso de las finanzas digitales que se ha producido durante la pandemia de COVID-19 junto con el auge de las criptomonedas ha favorecido la aparición y proliferación de todo un conjunto de delitos en el ámbito de los fraudes electrónicos.

Nuestros especialistas en Derecho penal nos explican en qué consisten este tipo de conductas delictuales.

¿Qué  es un fraude en medios de pago?

La Directiva (UE) 2019/713 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo y por la que se sustituye la Decisión Marco 2001/413/JAI del Consejo ha definido los instrumentos de pago distinto del efectivo como aquellos <<dispositivos, objetos o registros protegidos, materiales o inmateriales, o una combinación de estos, exceptuada la moneda de curso legal, que, por sí solo o en combinación con un procedimiento o conjunto de procedimientos, permite al titular o usuario transferir dinero o valor monetario incluso a través de medios digitales de intercambio>>.

La Directiva 2019/713 delimita las diferentes infracciones penales relacionadas con los fraudes en los medios de pago distinguiendo entre:

• la utilización fraudulenta de instrumentos de pago distintos del efectivo (art. 3)
• la utilización fraudulenta de instrumentos de pago materiales distintos del efectivo (art. 4)
• la utilización fraudulenta de instrumentos de pago inmateriales distintos del efectivo (art. 5)

¿Cuáles son los fraudes en medios de pago más habituales?

Existe toda una pléyade de fraudes que se llevan a cabo en el ecosistema de pagos a través de los móviles y de Internet.

En el caso de los pagos con tarjeta los fraudes más habituales tanto de manera presencial como virtual son el robo, la pérdida, la suplantación de identidad y el uso fraudulento del número de tarjeta.

Aunque este tipo de estafas evolucionan rápidamente cabe señalar algunos de los más habituales hasta el momento:

Phishing

El delito de phishing consiste en usurpar las claves de acceso de un titular a sus cuentas bancarias con el objetivo de sustraer los fondos de las cuentas.

Es el fraude electrónico más habitual, sobre todo en el sector bancario.

En esta modalidad de fraude electrónico el estafador, que recibe el nombre de phisher se hace pasar por alguien de confianza, ya sea una persona física o jurídica, en una comunicación con apariencia de ser oficial.

Habitualmente estas comunicaciones suelen ser correos electrónicos o comunicaciones de sistemas de mensajería instantánea como por ejemplo SMS (en este caso hablamos de smishing) o mensajes de whatsapp o telegram.

En estas comunicaciones se hace creer al destinatario que su entidad bancaria le solicita las claves de acceso por algún motivo.

También existe una variante conocida como vishing en la que la estafa se lleva a cabo mediante llamadas telefónicas.

Pharming

El pharming consiste en manipular las direcciones DNS que utilizan los usuarios.

Una vez manipuladas, cuando el usuario introduce en un navegador como por ejemplo Google la dirección de la página web a la que quiere acceder es enviado a otra página web que tiene la misma apariencia que la web original, pero que ha sido creada por los cyber-delincuentes.

Como resultado de todo ello, el internauta introduce sus datos confidenciales con toda confianza sin saber que en realidad se los está facilitando a los cyber-estafadores.

Estafas tipo cartas nigerianas

Este tipo de estafas consisten en el envío de correos electrónicos en los que se indica que la persona receptora de dicho e-mail ha ganado la lotería o un sorteo.

En otra modalidad se pide ayuda para poder cobrar una cuantiosa suma o evadir capitales a cambio de una suculenta compensación.

Sin embargo, lo que se pretende en realidad es engañar a la persona destinataria del correo electrónico a la que se le exige que pague una determinada cantidad en concepto de impuestos, tasas fronterizas, etc como requisito previo para poder hacer efectiva la compensación prometida.

Por supuesto, una vez cobrado el dinero la compensación que sirvió como cebo nunca llegará.

Skimming/carding

Este tipo de fraude consiste en el robo de datos para la clonación de tarjetas.

Suele llevarse a cabo en cajeros, máquinas expendedoras o incluso establecimientos comerciales poco securizados en los que mediante la manipulación de los terminales de punto de venta se consigue clonar la banda magnética de las tarjetas de pago.

Los datos obtenidos mediante la clonación de las tarjetas pueden servir tanto para la posterior fabricación de tarjetas falsas como para la comisión de fraudes cibernéticos sin necesidad de la presencia física de la tarjeta.

Fraudes relacionados con las criptomonedas

En el caso de las criptomonedas (bitcoins, ethereum, etc) el objetivo de los fraudes online es el de robar la billetera a su propietario/a y a continuación traspasar esas criptomonedas a otra cuenta.

Keylogger

Los keylogger son un tipo de software malicioso que registra las pulsaciones que hace el usuario en la pantalla táctil del teléfono o en el teclado del ordenador.

Al registrar las pulsaciones el software es capaz de hacerse con los nombres de usuario y las contraseñas de la víctima asociados a los distintos medios de pago.

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El Código Penal castiga el delito de difusión y revelación de secretos de empresa con penas de privación de libertad que pueden llegar hasta los cinco años. 

Nuestros expertos en Derecho penal de la empresa desvelan las claves de este delito relacionado con la información sensible de las compañías.  

¿En qué consiste el delito de descubrimiento y revelación de secretos de empresa?

Los delitos de descubrimiento y revelación de secretos de empresa se encuentran tipificados en los artículos 278, 279 y 280 del Código Penal, dentro de los delitos relativos al mercado y los consumidores, que se encuentran en la Sección 3ª (De los delitos relativos al mercado y a los consumidores) del Capítulo XI (De los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores), del Título XIII del Libro II. 

El bien jurídico protegido en este tipo de delitos es la protección de la competencia en interés de todos los que participan en el mercado, para lo cual se sancionan todas aquellas conductas que constituyen una práctica de competencia desleal. 

Los elementos comunes a este conjunto de delitos son: 

• El sujeto pasivo puede ser tanto una persona física como una persona jurídica. Es decir lo pueden cometer tanto individuos como sociedades, asociaciones, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de organización. 
• Los secretos se encuadran en la esfera de la intimidad de su titular. El criterio que delimita la revelación de secretos de la mera indiscreción es que la información difundida o comunicada a terceros afecte a la esfera de la intimidad del titular así como que dicha información tenga cierta relevancia jurídica. 
• Se trata de un delito semiprivado, en el que para su persecución es imprescindible la denuncia del sujeto pasivo, de la víctima, o de su representante legal.  

En el tipo del artículo 278 CP se castiga con pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses el apoderamiento

Si el secreto se utilizara en provecho propio, las penas se impondrán en su mitad inferior.

Finalmente, el artículo 280 CP establece que será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses el que

<<el que, con conocimiento de su origen ilícito, y sin haber tomado parte en su descubrimiento, realizare alguna de las conductas descritas en los dos artículos anteriores>>. 

¿Qué es un secreto de empresa?

El artículo primero de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales los define como <<se considera secreto empresarial cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que reúna las siguientes condiciones:

a) Ser secreto, en el sentido de que, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, no es generalmente conocido por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión, ni fácilmente accesible para ellas;

b) tener un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto, y

c) haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto>>.

Pueden ser titulares de un secreto empresarial, <<cualquier persona física o jurídica que legítimamente ejerza el control sobre el mismo, y se extiende frente a cualquier modalidad de obtención, utilización o revelación de la información constitutiva de aquél que resulte ilícita o tenga un origen ilícito con arreglo a lo previsto en esta ley>>. 

Asimismo, la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, establece en su artículo 13 como actos de competencia desleal la violación de los secretos de empresa y remite a la regulación de la Ley 1/2019. 

En cuanto a la jurisprudencia, ya en la Sentencia 285/2008, de 12 de mayo el Tribunal Supremo había definido los secretos de empresa de la siguiente manera: 

<<Habremos de ir a una concepción funcional-práctica, debiendo considerar secretos de empresa los propios de la actividad empresarial, que de ser conocidos contra la voluntad de la empresa, pueden afectar a su capacidad competitiva

La Audiencia Provincial de Burgos, en Auto de 20 de noviembre de 2018 establece una tipología de secretos empresariales clasificándolos en tres grupos: 

• Los relativos a los aspectos industriales: fabricación, proveedores, costos, etc.
• Los de tipo comercial: listas de clientes, descuentos, estrategias comerciales, etc
• Y los relativos a la organización interna de la compañía:  situación financiera, inversiones, etc. 

Todos ellos tienen en común que su conocimiento afecta a la capacidad de la empresa para competir en el mercado.