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La protección del derecho al honor

En esta ocasión nuestros expertos explican en qué consiste el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Se trata de un derecho fundamental de una gran importancia, regulado en el artículo 18 de la Constitución española.

Este precepto establece que en nuestro ordenamiento jurídico «se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen».

Cabe destacar que el derecho al honor se encuentra protegido tanto en la jurisdicción civil como en la penal.

✅ ¿Qué es el derecho al honor?

Cuando pensamos en el bien jurídico del honor tenemos que relacionarlo con la dignidad humana, reconocida en el art. 10 de la Constitución española.

Todas las personas físicas, personas jurídicas e incluso asociaciones con o sin personalidad jurídica tienen derecho al honor y a mantener su propia dignidad.

Esta dignidad está conformada por diferentes esferas: el prestigio social, el buen nombre, nuestra reputación. Además, se trata de un derecho que tiene dos planos: uno interno, que corresponde con la propia estimación que una persona tiene de sí misma, y otro externo, relacionado con la concepción que otras personas puedan tener sobre la dignidad de nuestra persona.

El derecho al honor está muy relacionado con el derecho a la intimidad personal y familiar, el cual protege a las personas frente a intromisiones de terceros que hagan públicos determinados hechos o conductas que pertenecen a la esfera privada de la persona.

Construcción jurisprudencial del concepto del derecho al honor

Curiosamente la legislación no ha dado una definición del honor, la intimidad o la imagen. Esta tarea ha sido asumida por la jurisprudencia. En particular la del Tribunal Constitucional.

En su famosa sentencia nº 139/1995, de 26 de septiembre el Alto Tribunal señala que debemos asociar el concepto de honor con el de buena reputación. Entendiendo por buena reputación la opinión que las gentes tienen de una persona, buena o positiva.

Además, explica que «el denominador común de todos los ataques e intromisiones ilegítimas en el ámbito de protección de este derecho [derecho al honor] es el desmerecimiento en la consideración ajena (art. 7.7 LO 1/1982) como consecuencia de expresiones proferidas en descrédito o menosprecio de alguien o que fueron tenidas en el concepto público por afrentosas».

✅  La protección civil del derecho al honor

En el orden civil, la protección del Derecho al honor se encuentra regulada en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen.

El derecho al honor es un derecho irrenunciable, inalienable e imprescriptible.

Cuando se produce una intromisión ilegítima podemos solicitar la adopción de diferentes medidas para ponerle fin. Por ejemplo:

– el restablecimiento del perjudicado en el pleno disfrute de sus derechos

– la adopción de diferentes medidas para prevenir futuras intromisiones en caso de que exista un temor fundado de que estas puedan producirse

– la indemnización por daños y perjuicios

– la apropiación por parte del perjudicado de los beneficios obtenidos por la intromisión ilegítima en sus derechos.

¿Cuándo existe una intromisión ilegítima en el derecho al honor?

El art. 7 LO 1/1982 regula las intromisiones ilegítimas, estableciendo como tales:

1. El emplazamiento en cualquier lugar de aparatos de escucha, de filmación, de dispositivos ópticos o de cualquier otro medio apto para grabar o reproducir la vida íntima de las personas.

2. La utilización de aparatos de escucha, dispositivos ópticos, o de cualquier otro medio para el conocimiento de la vida íntima de las personas o de manifestaciones o cartas privadas no destinadas a quien haga uso de tales medios, así como su grabación, registro o reproducción.

3. La divulgación de hechos relativos a la vida privada de una persona o familia que afecten a su reputación y buen nombre, así como la revelación o publicación del contenido de cartas, memorias u otros escritos personales de carácter íntimo.

4. La revelación de datos privados de una persona o familia conocidos a través de la actividad profesional u oficial de quien los revela.

5. La captación, reproducción o publicación por fotografía, filme, o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos, salvo los casos previstos en el artículo octavo, dos.

6. La utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga.

7. La imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación.

8. La utilización del delito por el condenado en sentencia penal firme para conseguir notoriedad pública u obtener provecho económico, o la divulgación de datos falsos sobre los hechos delictivos, cuando ello suponga el menoscabo de la dignidad de las víctimas.

Existen algunas excepciones:

Por una parte, la propia Ley aclara que ciertas intromisiones pueden considerarse legítimas con base en el interés general de la información que se difunde y siempre que dicha información sea veraz.

Además, el art. 8 establece que no son intromisiones ilegítimas ni las actuaciones autorizadas o acordadas por la Autoridad competente ni cuando predomine un interés histórico, científico o cultural relevante.

La protección penal del derecho al honor

El Código Penal regula los delitos contra el honor en el Libro II, Título XI «Delitos contra el honor» y los delitos contra la intimidad y el derecho a la propia imagen en el Título X.   

Este título relativo a los delitos contra el honor se organiza en tres capítulos. El tercer capítulo contiene las disposiciones generales y los otros dos están dedicados a las calumnias y las injurias.

El delito de injurias

La injuria viene regulada en el artículo 208 del código penal.

Debemos entender por injuria «la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación».

Es importante destacar que solamente serán constitutivas de delito las injurias de carácter grave, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 173.4 CP.

Por otra parte, las injurias que consistan en la imputación de hechos sólo se considerarán graves cuando se hayan llevado a cabo con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad.

El delito de calumnias

Según establece el art. 205 del Código Penal el delito de calumnias consiste en «la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio a la verdad».

Dicho de otra manera: estamos ante un delito de calumnias cuando una persona acusa a otra de haber cometido un delito sabiendo que no es cierto.

Podríamos decir que la calumnia es una forma más grave de injurias, ya que lo que se le imputa a una persona es nada más y nada menos que la comisión de un delito.

Se considera que ambos delitos se hacen con publicidad cuando se propaguen por medio de la imprenta, la radiodifusión o por cualquier otro medio de eficacia semejante. En este caso será responsable civil solidaria la persona física o jurídica propietaria del medio informativo a través del cual se haya propagado la calumnia o injuria.

Si las injurias o calumnias se realizan cobrando o recibiendo un premio por verterlas se puede imponer la pena de inhabilitación especial prevista en los artículos 42 y 45 del Código Penal, por tiempo de seis meses a dos años.

Derecho al honor vs libertad de expresión

En determinadas ocasiones el derecho al honor puede entrar en conflicto con el derecho a la libertad de expresión e información. De tal manera que se configura como un límite a la actividad de los medios de comunicación.

En este sentido la LO 1/1982 advierte de lo siguiente: «los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, tienen el rango de fundamentales y hasta tal punto aparecen realzados en el texto constitucional que el art. 20.4 dispone que el respeto de tales derechos constituye un límite al ejercicio de las libertades de expresión que el propio precepto reconoce y protege con el mismo carácter de fundamentales».

OKUPACIÓN: De la histeria a la realidad

En los últimos tiempos han ido apareciendo numerosas informaciones en los medios de comunicación sobre el fenómeno de la “okupación”. Desde nuestra faceta de abogados penales queremos dejar claros varios conceptos.

Basta con encender la radio o la televisión, abrir el periódico o navegar en internet para toparse con algunos titulares ciertamente alarmantes.

Pareciera que, cuando de okupación se trata, nos encontramos en una situación de insuficiente regulación que impediría hacer frente a este tipo de sucesos y que los propietarios/as afectados carecen de instrumentos legales para poder resolverlo.

Debido a la inquietud que estas noticias han suscitado en nuestros clientes y en la opinión pública hemos creído necesario arrojar un poco de luz sobre este tema desde una perspectiva legal.

Así que la pregunta que surge es si de verdad existe una laguna legal y no contamos con acciones y procedimientos para defender nuestra vivienda o propiedad de una intromisión ilegítima.

Veamos qué hay de cierto en todo esto.

LA OKUPACIÓN EN EL DERECHO ESPAÑOL: ¿ESTÁN PROTEGIDOS LOS PROPIETARIOS?

Para entender cómo trata este fenómeno nuestro ordenamiento jurídico es importante distinguir diferentes escenarios:

La casa en la que vivimos

El derecho de una persona a la privacidad e intimidad de su domicilio es algo que nuestro ordenamiento jurídico se toma muy en serio. Tanto es así que la propia Constitución deja muy claro que el domicilio de una persona es inviolable (art. 18.2 CE). Lo que significa que nadie puede entrar en tu casa sin tu permiso.

Esta prohibición de entrada en el domicilio ajeno que establece la Constitución se ha trasladado al Código Penal en los delitos de ​allanamiento de morada​ y ​usurpación​ de bienes inmuebles y en el Código Civil en el ​procedimiento civil de desahucio​.

Lo llaman okupación y es allanamiento de morada

Entonces,

¿Qué pasa si una persona o un grupo de personas se meten en tu casa cuando tú no estás?

Pues esto que los medios de comunicación y algun@s polític@s llaman okupación, es en realidad un delito de allanamiento de morada.

Este delito se encuentra tipificado en el art. 202 del Código Penal y consiste: por una parte en entrar en la morada ajena de un particular, es decir, meterte en una casa que no es tuya y a la que no te han invitado y, por otra, en entrar y quedarte en la misma en contra de la voluntad de su morador.

Como vemos este delito se comete de dos maneras:

  • al entrar en morada ajena
    • Esto incluye esas escenas tan divertidas de las películas en las que una pareja se cuela en un chalet por la noche y se bañan en la piscina tan tranquilamente y si aparecen los dueños se van corriendo muertos de la risa… Pues ese plan tan romántico y divertido, señores y señoras, es un allanamiento de morada.
  •  al quedarte en esa casa en la que has entrado en contra la voluntad de su morador.
    • Este sería el caso de una persona que no abandona una casa que no es suya cuando le dicen que se vaya.

¿Qué se considera morada?

El Tribunal Supremo (1) ha explicado que la morada es cualquier lugar cerrado en el que pueda transcurrir la vida privada, individual o familiar sirviendo de habitación o morada a quien en él vive.

¿Una chabola? Morada
¿Una tienda de campaña? Morada
¿Una caravana o autocaravana? Morada también.

¿Qué no es una morada?

Un almacén, una casa abandonada, un garaje, un trastero, la oficina de una empresa, un local comercial, un restaurante…

Una vivienda vacacional o segunda residencia

Lo que hemos visto hasta ahora es también de aplicación a las segundas residencias o viviendas vacacionales, ya que siguen siendo tu morada si en ella desarrollas tu intimidad, aunque sean unos meses/semanas al año, durante el fin de semana, etc.

Esto incluye la casa del pueblo, el apartamento de la playa, etc.

Una casa que no es tu residencia habitual ni una segunda residencia

Según la definición dada por el Tribunal Supremo, lugares como un almacén, una casa abandonada, un garaje, un trastero, la oficina de una empresa, un local comercial, un restaurante… no pueden calificarse como morada.

Tampoco una vivienda de nuestra propiedad en la que no vivimos ni tenemos alquilada.

Si estos lugares no son una morada, difícilmente podremos hablar de allanamiento de morada…

¿Significa eso que alguien puede meterse en esos sitios en contra de la voluntad del dueño/a y aquí no ha pasado nada?

¿De verdad estamos tan desprotegidos en esas situaciones?

Desde un punto de vista técnico-jurídico rotundamente ​no​.

Lo llaman okupación y es usurpación

La situación en la que una persona o un grupo de personas se cuelan en un piso vacío, como por ejemplo un piso de un banco, es lo que nuestro Código Penal califica como un delito de usurpación de bienes inmuebles​ y sería el equivalente a lo que popularmente se conoce como “okupación”.

El delito de usurpación se encuentra regulado en el art. 245 del código penal y consiste en ≪​ocupar una cosa inmueble con violencia o intimidación o usurpar un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena>>.

Este delito está castigado con una pena de prisión de uno a dos años.

Además, el art. 245 CP en su apartado segundo incluye un subtipo atenuado de usurpación que castiga a quien ocupe, <<​sin la debida autorización, un inmueble, vivienda o edificio ajeno que no constituyan morada o quien se mantenga en dicho inmueble, vivienda o edificio ajeno en contra de la voluntad de su titular>>.​

Es interesante destacar que este subtipo penal de ​usurpación pacífica de inmueble​ del art. 245.2 CP, castigado con pena de multa de tres a seis meses, se introdujo en el Código Penal de 1995 precisamente para sancionar el fenómeno de la okupación.

Vemos pues que tanto en el allanamiento de morada como en la usurpación de bien inmueble lo que se castiga es básicamente lo mismo. La diferencia está en que en el allanamiento la propiedad que se ocupa es la morada de su propietario/a y en la usurpación no.

Pero es que además, si los cuerpos policiales descubren a los infractores mientras intentan acceder a la vivienda, nos encontramos en un supuesto de ​delito flagrante​ lo que permitiría desalojarlos en el momento.

Y por si todo esto fuera poco: Mientras se desarrolla el procedimiento judicial, el Juzgado podría decretar la medida cautelar de ​desalojo inmediato​ del inmueble, prevista en el art. 13 Lecrim, que permitiría expulsar a los intrusos en un plazo de 72 horas.

Esto en cuanto al ámbito penal.

Código Civil: procedimiento civil de desahucio, el famoso desahucio express.

En el ámbito civil existe desde 2018 un procedimiento de desahucio, conocido popularmente como “​desahucio express​” introducido por la ​Ley 5/2018 (2)

Según el preámbulo, la Ley tiene el objetivo de <<​actualizar el tradicional interdicto de recobrar la posesión para una recuperación inmediata de la vivienda ocupada ilegalmente​».

¿Qué es el deshaucio express?

Este procedimiento se conoce con el sobrenombre de desahucio express porque se han reducido los plazos y se ha agilizado el procedimiento en aras de que se desaloje el inmueble lo antes posible.

Además se concede al propietario/a del inmueble que solicite la entrega inmediata del inmueble en la demanda, lo que posibilita que se lleve a cabo un “desalojo cautelar” si los ocupantes no son capaces de justificar su derecho a estar en la casa.

Finalmente, si el proceso termina con una sentencia favorable para el propietario/a se podrá ejecutar sin que tengan que pasar los 20 días habituales, con lo que se gana mucho tiempo.

Pero atención porque este procedimiento de desahucio express sólo afecta al domicilio y la segunda vivienda e incluso a pisos vacíos.

Últimas novedades: La Instrucción de la Fiscalía General del Estado sobre okupación

Fruto de la atención mediática que ha recibido el fenómeno de la okupación en los últimos tiempos, La Fiscalía General del Estado emitió el pasado 15 de septiembre una instrucción para unificar criterios y actuar “con la mayor urgencia”, por la “innegable sensación de inseguridad de la ciudadanía”.

Esta instrucción, que tiene un nombre no precisamente corto: ​Instrucción no1/2020, de 15 de septiembre sobre criterios de actuación para la solicitud de medidas cautelares en los delitos de allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles​, tiene por objeto que los/as fiscales “refuercen su intervención en defensa de los derechos de las víctimas y los/as perjudicados por estos delitos, recurriendo con la mayor inmediatez a las herramientas legales disponibles en nuestro ordenamiento jurídico, capaces de restablecer el legítimo derecho del/de la denunciante y evitar la persistencia en el tiempo de la conducta delictiva en tanto se tramita el correspondiente procedimiento”.

En ella se insta a los/as fiscales, entre otras iniciativas, a solicitar durante la instrucción de la causa como medida cautelar <<el desalojo de los ilícitos ocupantes de forma inmediata, evitando que la situación se alargue durante todo el procedimiento>>.

Ocupas en mi casa: ¿qué hacer legalmente?

De lo que se trata pues, es utilizar los recursos legales de los que ya se dispone en la actualidad.

Conclusión: ¿Necesito una alarma? No, necesita un abogado/a.

Sin negar el efecto disuasorio que pueda tener la instalación de una alarma, en nuestra práctica profesional hemos comprobado que la manera más eficaz de resolver este tipo de situaciones es siguiendo un plan de acción diseñado por un profesional.

Su abogado/a sabrá guiarle y acompañarle en todo el proceso para conseguir el mejor resultado. Le evitará dar pasos en falso y le ayudará a recuperar su propiedad lo antes posible.

Cada caso es un mundo, así que llámenos.

 

Referencias:

(1) STS 509/2012, de 19 de Junio.

(2) Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas.

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