Hace ya algún tiempo en el Blog hablamos de lo qué es delito en Internet. Hoy nos vamos a centrar en las estafas por Internet. Desde los primeros años de globalización de Internet los «amigos de lo ajeno» se han afanado en buscar formas para estafar a incautos. Las redes sociales se han convertido en un buen campo de ensayo de nuevas estafas. El delito de estafa y apropiación indebida está recogido en nuestro Código Penal.
Nuestra labor como Abogados Penalistas en Madrid nos lleva a tratar con muchos y diversos delitos. Lo cierto es que la lista de delitos de nuestro Código Penal es muy extensa. Hoy nos toca revisar el delito de allanamiento de morada. Contemplado en nuestro Código Penal además de ser un clásico del cine y las series de TV.
Sin lugar a dudas la confidencialidad entre abogado y cliente es esencial. Esto es así en todos los ámbitos del derecho, pero cuando hablamos del derecho penal se torna más necesaria. Para que las labores de defensa y representación sean llevadas a buen puerto la confianza mutua es un valor necesario. Esta necesaria confidencialidad entre cliente y abogado transciende a numerosos derechos fundamentales. El derecho a defensa, el derecho a no declarar, el derecho a la intimidad…
En los procesos penales la declaración de la víctima como prueba de cargo es bastante importante. Tanto que en ocasiones la declaración de la víctima es la única prueba de cargo en el proceso. Y es importante porque debe reunir una serie de premisas pues estamos hablando de que su declaración puede cargarse la presunción de inocencia del acusado. Esto no es un tema baladí. La presunción de inocencia es un derecho fundamental recogido en nuestra Constitución. Por tanto privar del mismo a alguien solo con una declaración es peliagudo.
El delito de desobediencia está tipificado en nuestro Código Penal. Se debe diferenciar entre el delito cometido por una autoridad pública o por un ciudadano a título particular. El listado de delitos contenidos en el Código Penal es muy extenso. La desobediencia en autoridad pública la tratamos de pasada cuando hablamos de los delitos contra la administración pública. Hoy, como abogados penalistas, vamos a revisar este delito de desobediencia tanto desde la autoridad pública, como por un ciudadano particular.
Los delitos prescriben y existe un razonamiento jurídico para que esto sea así, el cómo y el cuándo prescriben los delitos viene recogido en el Código Penal, dentro del Título Séptimo, De la extinción de la responsabilidad criminal y sus efectos
Basándonos en todos los años de experiencia como abogados penalistas, podemos asegurar que la prescripción de los delitos es un tema espinoso sobretodo cuando los delitos tienen un amplio rechazo social. Lo cierto es que un Estado de Derecho garantista tiene que lidiar con esa controversia. Es un equilibrio complicado el de proteger los derechos de víctimas y al tiempo el de los presuntos culpables. Algo que apelando a las vísceras es imposible de conseguir. Nuestro Código Penal introduce las causas y motivos por los que cabe la prescripción de los delitos. Como todas nuestras normas se avienen a interpretación de los Tribunales. Y en última instancia el Tribunal Constitucional puede intervenir cuando son derechos recogidos en la Constitución los que entran en discusión.
En ocasiones con las diferentes decisiones judiciales sonadas se ve en la opinión pública cierta confusión entre algunos conceptos jurídicos. Esto ocurre en ocasiones entre los delitos de odio y la vulneración del derecho al honor. Como abogados penalistas que somos en una entrada de este Blog ya hablamos sobre los delitos de odio, el propio concepto ya nos indica que hablando de delitos la vía es la penal. Así las cosas cuando se habla de delitos contra el honor también toca la vía penal. Pero no siempre que una persona cree que se existe una vulneración del derecho al honor contra su persona elige la vía penal para su reclamación. Existe la vía civil para defenderse ante intromisiones ilegítimas frente al derecho al honor.
Una orden de alejamiento es una de las penas privativas de derechos que se contemplan en el Código Penal. Se trata de la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima de un delito. Como abogados penalistas tenemos que destacar que también se puede imponer con los familiares de la víctima si así lo considera el Juez. Viene regulada esta pena en al Artículo 48 de nuestro Código Penal. Esta medida es una de las que se suelen tomar en casos de violencia de género. Lo cierto es que no siempre con buenos resultados.
La sociedad actual y el uso de las nuevas tecnologías hacen que estemos constantemente retransmitiendo nuestro día a día. Lo cierto es que cuando esto lo hacemos adultos entendemos que ya somos responsables de nuestros actos. Que al tiempo nuestra edad ya nos sirve para que sepamos lo que es privado y lo que no. Y sobre todo qué cosas queremos sigan siendo de nuestra intimidad. Cuando los protagonistas del «Show de Truman» son adolescentes, ya podemos tener dudas acerca de lo claro que tienen los conceptos anteriores. Uno de los riesgos que existen es el del sexting. Hoy hablamos de ello.
En otra ocasión como abogados penalistas ya hablamos del delito de abandono de menores o discapacitados con necesidad de especial protección. Hoy volvemos sobre ese tema a raíz de una sentencia de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo. Hablaremos de esta sentencia de fecha 11 de julio de 2018 en esta entrada. La protección de los menores y/o discapacitados es una cuestión primordial en nuestro ordenamiento jurídico. Por ello el delito de abandono de menores y/o discapacitados es cuestión de numerosas sentencias, como la que hoy traemos a colación. El delito que se refleja en este caso es el de delito de abandono de incapaz.
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