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Derecho al olvido, la manera de protegerte de internet

julio 7, 2025/0 Comentarios/en Derecho Civil, Derecho Penal /por Beatriz

Seguro que alguna vez has buscado tu nombre en Google (o el de otra persona) y has encontrado noticias, fotos o información antigua que ya no representa quién eres o que simplemente no debería estar ahí.

Pues bien, tienes derecho a pedir que esa información desaparezca, es lo que se llama derecho al olvido.

¿Qué es el derecho al olvido?

El derecho que tiene cualquier persona a solicitar que se eliminen ciertos resultados de búsqueda en internet cuando esos datos ya no son relevantes, son inadecuados o perjudican su imagen o su vida personal o profesional.

No significa que se borren los contenidos de la web de origen, sino que se dejen de mostrar en buscadores como Google cuando alguien teclea tu nombre. Es decir, se trata de eliminar la vinculación entre tu nombre y una información concreta.

Este derecho no es nuevo, aunque se ha hecho más conocido desde una sentencia muy importante del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2014. En este caso, el demandante solicitaba que se eliminaran de los resultados del buscador unas noticias antiguas que mencionaban una deuda ya saldada. Aunque la información era cierta, ya no tenía relevancia actual y le estaba perjudicando.

Esa sentencia reconoció que los ciudadanos europeos pueden pedir a los motores de búsqueda que retiren ciertos enlaces que afecten negativamente a su privacidad.

Desde entonces, este derecho ha quedado recogido claramente en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), en toda la Unión Europea, y también en la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD), que se aplica en España.

Aun así, este derecho no es absoluto: debe valorarse caso por caso y equilibrarse con la libertad de expresión y el interés público.

El equilibrio entre el derecho al olvido y la libertad de expresión

Uno de los puntos clave a tener en cuenta cuando se habla del derecho al olvido es que no siempre se puede borrar una información solo porque a una persona no le guste. Hay que valorar también otros derechos fundamentales, como el de la libertad de expresión y el derecho a informar que tienen los medios de comunicación y la sociedad en general.

Por ejemplo, si una noticia hace referencia a hechos relevantes, de interés público o relacionados con personajes públicos, es posible que tenga que seguir accesible, aunque la persona implicada no quiera.

El derecho al olvido no puede usarse para censurar información válida o borrar el pasado cuando la sociedad tiene derecho a conocerlo.

Este equilibrio lo valoran tanto los buscadores como los jueces o la Agencia Española de Protección de Datos. Se estudia caso por caso, teniendo en cuenta:

El tiempo que ha pasado desde que se publicó la información.

La persona implicada, si es pública o privada.

El contenido, si tiene relevancia actual o interés general.

El daño que puede estar causando esa información.

Así se intenta encontrar un punto intermedio entre proteger la privacidad sin limitar la libertad de expresión. Porque ambos derechos son importantes y hay que tratarlos con cuidado.

¿Cuándo se puede pedir que se elimine un resultado de búsqueda?

El derecho al olvido no es absoluto. Es decir, no siempre que lo pidas te lo van a conceder. Hay que valorar cada caso concreto y ver si realmente hay razones suficientes para eliminar esa información.

Se puede solicitar cuando se dé alguna de estas situaciones:

Los datos son inexactos o falsos.
La información está desactualizada.
Ya no es relevante o ha perdido interés público.
La publicación vulnera tus derechos (al honor, a la intimidad, a la protección de datos…).
El contenido causa un perjuicio grave e injustificado.

Por ejemplo, imagina que hace 15 años te pusieron una multa por una infracción leve y ahora aparece al buscar tu nombre, puedes pedir que se elimine si ya no tiene relevancia y te está perjudicando profesionalmente.

¿Y cuándo no se puede?

No siempre se concederá la retirada del contenido. Hay casos en los que el interés público o la libertad de información pasa más que el derecho al olvido. Esto pasa sobre todo cuando:

Se trata de personajes públicos, políticos o personas relevantes.
La información sigue siendo de interés para la sociedad.
El contenido está relacionado con delitos graves recientes o temas de actualidad.

En resumen y como decimos, es necesario el equilibrio entre el derecho a la privacidad y el derecho a la información.

¿Puedo pedir que se elimine algo de otra persona?

No.

Solo puedes ejercer este derecho sobre datos personales tuyos. Si lo haces en nombre de otra persona (por ejemplo, un hijo o alguien a quien representas legalmente), tendrás que demostrarlo.

¿Qué dice la ley en cuanto al derecho al olvido?

La ley tiene mucho que decir al respecto y lo reconoce en varias normas, con dos de ellas principales:

01. Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)

Es la norma europea que regula la protección de datos personales. En su art. 17, reconoce el derecho de supresión como la base legal del derecho al olvido y dice una persona puede pedir que se eliminen sus datos cuando:

Ya no sean necesarios.
Se hayan recogido de forma ilegal.
Se quiere retirar el consentimiento.
Se están usando de manera indebida.
Han pasado muchos años y ya no tienen relevancia.

02. Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPDGDD)

En España, esta ley complementa al RGPD y desarrolla algunos derechos digitales. En concreto, su art. 93 habla del derecho al olvido en motores de búsqueda y su artículo 94 se refiere al derecho al olvido en redes sociales y similares.

Derecho al olvido en motores de búsqueda

Cualquier persona tiene derecho a solicitar que los buscadores (como Google, Bing o Yahoo) eliminen los resultados que aparecen al buscar su nombre, si estos datos son inadecuados, no pertinentes, obsoletos o excesivos en relación con los fines para los que fueron publicados.

Imagina que al buscar tu nombre en Google sale una noticia de hace años sobre un hecho ya superado, o una publicación con datos que te perjudican. Puedes pedir que ese enlace no se muestre más entre los resultados, aunque la publicación original siga existiendo.

Algo importante que hemos mencionado en un punto anterior: no estás pidiendo que se borre la noticia original, sino que no se indexe cuando alguien te busca. Es una forma de proteger tu privacidad sin eliminar contenido de la web original.

Derecho al olvido en redes sociales

El derecho a que se eliminen datos personales que han sido publicados en redes sociales, foros, plataformas o servicios similares, cuando la información ya no sea adecuada o afecte negativamente a la persona interesada.

Si alguien (o tú mismo incluso) publicó en el pasado información en una red social (como una foto, un comentario o un vídeo), y con el tiempo esa publicación te perjudica o simplemente ya no es relevante, puedes pedir que se elimine.

Aquí el punto de vista es más sobre el contenido en sí, no sobre su aparición en buscadores. Es decir, puedes pedir directamente que se borre la publicación original si afecta a tu privacidad.

¿Cómo ejercer el derecho al olvido?

Si quieres solicitar la eliminación de un resultado que aparece al buscar tu nombre, puedes seguir estos pasos:

Contacta con el buscador (por ejemplo, Google)

Tienen formularios específicos para estos casos. El de Google, por ejemplo, se llama “Formulario para ejercer el derecho al olvido” y te pide algunos datos que debes completar.

Espera la respuesta

El buscador estudiará tu caso y te contestará. Si acepta tu solicitud, la URL dejará de aparecer cuando alguien busque tu nombre. Si la rechazan, puedes reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Normalmente, Google u otros buscadores suelen responder en un plazo de entre 1 y 3 meses. La Agencia Española de Protección de Datos también tiene plazos similares para resolver reclamaciones.

Reclama si es necesario

Si no estás de acuerdo con la decisión del buscador, puedes presentar una ante la AEPD, que valora tu caso y puede exigir la retirada del enlace.

¿Y si la información está en una red social o en una web?

Entonces, lo mejor es que contactes directamente con la página web o red social para pedir que eliminen el contenido.

Si se niegan, también está la opción de acudir a la AEPD y si no consigues resultados, consultar con un abogado para valorar si es posible iniciar acciones legales.

Aunque no se aplica siempre, cada vez más personas están ejerciendo este derecho para limpiar su imagen digital y proteger su vida personal y profesional. Lo que es fundamental es tener claro cuándo puedes y cuándo no ejercerlo, y para eso el primer paso es solicitar ayuda a un abogado especialista que estudie tu caso y te acompañe en todo el proceso.

Autor

Manuel Hernández García

Director y Socio Bufete Vilches Abogados

Letrado del Ilustre Colegio de Madrid 72.539

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Si necesitas ayuda personalizada para tu caso, quieres comentarnos tu situación o necesitas asesoramiento te recordamos que puedes solicitar una cita o video cita online en cualquiera de nuestros despachos:

Menores y violencia de género: ¿qué peso tiene su testimonio?

junio 30, 2025/0 Comentarios/en Derecho de Familia, Derecho Penal /por Beatriz

Cuando una pareja se separa y hay hijos de por medio, una de las decisiones más delicadas es la relacionada con la custodia. Pero si, además, hay violencia de género, la situación se complica aún más.

Cuestiones tan prioritarias como quién se queda con los niños, o si puede un progenitor maltratador tener visitas, cobran mucha más importancia porque, ante todo, lo que la ley debe tener en cuenta, y proteger, es el interés superior del menor.

¿Qué significa el «interés superior del menor»?

Quiere decir que, en cualquier decisión que afecte a un menor, lo más importante es lo que sea mejor para él. Por encima de los derechos o intereses de los adultos.

Siempre se busca lo que más proteja su desarrollo, su seguridad, su salud emocional y su bienestar físico y mental.

Este principio está recogido en la Convención sobre los Derechos del Niño, la Constitución Española y el Código Civil. Además, desde que entraron en vigor leyes como la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, este principio cobra aún más importancia en los casos donde hay maltrato.

¿Qué pasa con la custodia si hay violencia de género?

Son casos en los que ya no se trata solo de decidir con quién se quedan los niños o si se reparten los tiempos de forma equitativa, aquí la prioridad absoluta pasa a ser la protección de los menores, porque la ley entiende que convivir con un maltratador o tener contacto con él puede causarles un daño profundo, aunque la violencia no se haya ejercido directamente sobre ellos.

Y esto es clave: los hijos también son víctimas de violencia de género, aunque nunca hayan recibido un golpe o un insulto. Solo con presenciar los malos tratos, vivir en un ambiente de miedo, gritos o control, ya se considera que están siendo afectados.

Lo que dice la ley ante estos casos

La Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género ya dejaba claro que, en estos casos, hay que proteger especialmente a los hijos. Pero con la reforma del Código Civil, se dio un paso más allá.

Antes, la regla general era que el progenitor no custodio tenía derecho a un régimen de visitas. Ahora, cuando hay un procedimiento abierto por violencia de género, el juez debe suspender ese régimen de visitas de forma automática, salvo que determine que es lo mejor para el menor.

Es decir, se da prioridad al «no contacto» si existe el riesgo de que ese contacto dañe emocional o psicológicamente a los niños.

¿Qué tipos de custodia puede decidir el juez?

Cuando hay violencia de género, lo más habitual es que se deniegue la custodia compartida. Este tipo de custodia, que en otros casos puede ser beneficiosa, aquí se considera contraria al interés del menor porque obligaría a mantener una relación continua entre la madre y el maltratador, lo cual es perjudicial tanto para ella como para los niños.

En estos casos, el juez puede optar por:

Custodia exclusiva para la madre, con suspensión de visitas del padre.

Custodia exclusiva para la madre, pero con visitas muy limitadas y supervisadas del padre (por ejemplo, en un punto de encuentro familiar).

Retirada total de visitas y de patria potestad al padre (en casos muy extremos) si se considera que existe un peligro real para los menores.

¿Qué factores tiene en cuenta el juez?

Para decidir si se concede o no la custodia, si se suspenden las visitas o si se limita la patria potestad, el juez tiene en cuenta:

La existencia de una denuncia por violencia de género o una orden de alejamiento.

Informes psicológicos o sociales del entorno familiar.

Las declaraciones del menor, si es lo suficientemente mayor para expresarse.

La actitud de ambos progenitores durante el proceso.

El historial de denuncias o conductas violentas previas.

En definitiva, se analiza todo lo que ayude a saber si ese padre o esa madre supone un riesgo para los menores y si mantener el contacto es perjudicial.

¿Qué papel juega el testimonio del menor en casos de violencia de género?

En estos procesos la voz del menor es cada vez más importante. Los jueces ya no solo se fijan en lo que dicen los padres, ni en informes médicos o psicológicos: también quieren saber cómo se siente, qué ha vivido y qué quiere.

Esto no significa que el menor tenga que decidir con quién quedarse o que tenga toda la responsabilidad sobre el resultado del proceso. No. Pero sí significa que su opinión cuenta, especialmente cuando hay indicios de que ha sido testigo (o víctima indirecta) de malos tratos.

¿A qué edad puede un niño ser escuchado por un juez?

La ley dice que los menores deben ser escuchados siempre que tengan suficiente madurez y, en todo caso, a partir de los 12 años. Esto no quiere decir que menores de esa edad no puedan declarar, pero sí que, a partir de esa edad, se da por hecho que ya tienen capacidad para expresar sus emociones y opiniones de forma clara.

Aun así, hay casos en los que niños más pequeños son escuchados, siempre con mucho cuidado y acompañamiento de profesionales (psicólogos forenses, por ejemplo), que ayudan al juez a interpretar correctamente qué dicen y cómo lo dicen.

¿Dónde y cómo se escucha al menor?

El testimonio del menor no se recoge en una sala de juicio normal, ni delante de su padre o su madre. Se hace en un entorno más protegido, como una sala especial o incluso a través de videollamada, para evitar que se sienta presionado o que esté asustado.

Además, tanto el juez como el fiscal están presentes, pero quien lleva la conversación es un psicólogo especializado quien usa preguntas sencillas, adaptadas a la edad del niño, sin presionarlo ni guiarlo.

El objetivo no es que el menor “acuse” a nadie, sino conocer cómo se siente, si tiene miedo, si ha presenciado situaciones violentas y cómo es la relación con cada progenitor.

Por último, lo habitual es que los psicólogos elaboren un informe pericial después de esa entrevista, en el que expliquen si el niño está emocionalmente afectado, si ha sufrido manipulación o si muestra signos de miedo, ansiedad, culpa o estrés.

¿Qué valor tiene lo que dice el menor?

El testimonio de un menor no lo es todo, pero pesa mucho, sobre todo si va acompañado de otras pruebas (denuncias previas, partes médicos, informes escolares, etc.). Si un niño expresa con claridad que tiene miedo de su padre, que ha presenciado agresiones, que no quiere irse con él, el juez lo tiene muy en cuenta al decidir sobre la custodia o las visitas.

¿Puede el testimonio del menor cambiar una decisión judicial?

Sí.

De hecho, en muchas sentencias el testimonio del menor ha sido decisivo, si relata de forma clara episodios de violencia o expresa un miedo real a su padre o madre, el juez puede tomar una de estas tres decisiones.

Suspender las visitas de manera automática.
Otorgar la custodia exclusiva a la otra parte.
Prohibir que ese padre o esa madre se acerquen al menor, incluso aunque aún no haya condena penal firme.

Eso sí, cada caso se analiza en su conjunto. No se toma una decisión solo por lo que dice el menor, pero sí puede ser el elemento que confirme una sospecha o que active una medida urgente de protección.

¿Qué pasa si no se cumplen las medidas?

Si un progenitor incumple las medidas dictadas por el juez (por ejemplo, acude a recoger al menor cuando no le corresponde, o se salta las condiciones del régimen de visitas), se puede denunciar, de hecho, si desgraciadamente te encuentras en una situación de este tipo, debes hacerlo.

En casos graves, esto puede suponer una modificación de las medidas, sanciones e incluso responsabilidades penales.

El interés superior del menor se convierte en la prioridad de cualquier decisión judicial, y se pueden tomar medidas muy contundentes para garantizar su bienestar, seguridad y estabilidad emocional.

Autor

Manuel Hernández García

Director y Socio Bufete Vilches Abogados

Letrado del Ilustre Colegio de Madrid 72.539

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Régimen de visitas: ¿Qué hago si se incumple?

junio 9, 2025/0 Comentarios/en Derecho de Familia, Derecho Penal /por Beatriz

Ante una separación con hijos de por medio, uno de los aspectos más importantes que se establece en los acuerdos es el régimen de visitas, es decir, el tiempo que el progenitor que no tiene la custodia habitual puede pasar con sus hijos. Este régimen se determina mediante una resolución judicial y es obligatorio para ambas partes.

Pero estamos hablando de una situación que no siempre es amigable, y susceptible de incumplimientos por cualquiera de las partes. Lo que pasa es que, en lo referente a los hijos, ese “no cumplir con tu obligación” tiene mucha más importancia.

¿Qué es el régimen de visitas?

El derecho que tiene el padre o la madre que no convive habitualmente con los hijos a pasar tiempo con ellos. Puede incluir fines de semana alternos, visitas entre semana, vacaciones escolares…, todo esto debe aparecer por escrito en la sentencia de separación, divorcio o en un convenio regulador aprobado por un juez.

Un aspecto que no se puede olvidar: no es opcional.

Es una obligación legal, tanto para el progenitor que ha de permitir las visitas como para quien tiene que ejercerlas, e incumplirlo conlleva consecuencias.

¿Qué se considera incumplimiento?

El incumplimiento, o más bien qué se considera incumplimiento, es importante tenerlo claro para no cometer esta infracción sin darte cuenta de la gravedad de tu comportamiento.

El progenitor custodio impide las visitas al otro padre o madre, por ejemplo, no entregando al menor o poniendo excusas constantes.

El progenitor no custodio no recoge a los hijos cuando le toca, o no los devuelve a tiempo.

Se modifica el régimen unilateralmente, sin acuerdo ni autorización judicial (por ejemplo, cambiando los días o acortando las vacaciones).

Cualquiera de ellos acarrea unas consecuencias que te pueden llevar ante un juez.

¿Qué consecuencias legales tiene incumplir el régimen?

No cumplir con lo acordado en el acuerdo de divorcio, especialmente en lo referente a los menores, puede tener consecuencias graves, tanto a nivel civil como penal.

Consecuencias civiles

En primer lugar, si uno de los progenitores no cumple con lo pactado, el otro puede acudir al juzgado para exigir su cumplimiento. Esto se hace a través de un proceso de ejecución de sentencia, en el que se pide al juez que obligue a la otra parte a respetar el régimen.

La Ley de Enjuiciamiento Civil establece que el juez, si no se cumple el régimen, es decir, cada vez que se impide una visita o no se respeta el horario, puede imponer una sanción económica, es lo que se llama multas coercitivas.

Además, si se producen incumplimientos reiterados, el juez puede incluso modificar el régimen de custodia. Por ejemplo, si se demuestra que un progenitor impide continuamente el contacto del menor con el otro, se puede valorar un cambio de custodia.

Consecuencias penales

En algunos casos, el incumplimiento del régimen de visitas puede considerarse delito, tipificado en el Código Penal.

Si uno de los progenitores desobedece de forma reiterada una resolución judicial, como una sentencia de divorcio que fija las visitas, puede enfrentarse a penas de multa.

Luego, si el incumplimiento es más grave, se puede incluso considerar un delito de desobediencia a la autoridad judicial (artículo 556 del Código Penal), sobre todo si hay una negativa clara y continuada a cumplir lo ordenado por un juez.

Hay que tener en cuenta que, para que esto sea delito penal, normalmente se exige que el incumplimiento sea reiterado y voluntario. Un retraso puntual o un malentendido aislado no suele tener consecuencias penales, pero si es algo constante, sí.

¿Qué hacer si el otro progenitor incumple?

Si te encuentras en este caso, lo más importante es que reúnas pruebas de lo que está ocurriendo: mensajes de WhatsApp, correos, testigos, etc. Y siempre, siempre, trata de actuar con respeto y por la vía legal.

Aquí te dejamos los pasos que te recomendamos para resolver esta situación de la mejor manera posible:

Intenta solucionarlo de forma amistosa

A veces, los problemas se deben a malentendidos o a situaciones puntuales. Si es posible, habla con la otra parte y trata de buscar una solución pacífica.

Como en todos los conflictos, empezar por un acercamiento, por dar el primer paso para una comunicación, puede ahorrar mucho tiempo, dinero, y también te evita pasar por situaciones muy desagradables.

Solicita ejecución judicial del régimen

Si el problema persiste, presenta una demanda en el juzgado solicitando que se ejerza la ejecución forzosa del régimen de visitas. En este procedimiento puedes pedir que el juez obligue al otro progenitor a cumplir el régimen, con la posibilidad de multa si no lo hace, como ya hemos visto.

Acude a la vía penal (si es necesario)

Si el incumplimiento es grave y continuado, puedes presentar una denuncia penal por desobediencia. Eso sí, ten en cuenta que los tribunales suelen ser muy cuidadosos antes de llegar a este punto, y valoran si realmente ha habido una actitud de desprecio hacia la autoridad judicial.

Por eso, si ves que es la solución, recopila todas las pruebas que tengas y acude acompañado de un abogado especialista en Derecho de Familia o Derecho Penal, para asegurarte un correcto asesoramiento.

¿Y si el problema es que los hijos no quieren ir con el otro progenitor?

Este es un caso delicado que nos hemos encontrado en nuestro bufete más a menudo de lo que nos gustaría.

Muchas veces el progenitor custodio alega que el menor «no quiere ir». Y puede ser cierto, pero en general, mientras exista una sentencia en vigor, el régimen de visitas debe cumplirse.

Si el niño es pequeño, se entiende que es responsabilidad del progenitor custodio, facilitar el contacto con el otro padre o madre. Si es mayor (un adolescente), los jueces valorarán su opinión, pero aun así, la obligación legal sigue existiendo.

En caso de conflicto grave, lo ideal es solicitar una modificación del régimen o pedir una intervención de los servicios psicosociales del juzgado.

¿Puede un progenitor perder el derecho de visitas?

Sí, aunque solo en casos extremos.

El régimen de visitas está pensado en beneficio de los hijos, no de los padres. Por eso, si el contacto con uno de los progenitores supone un riesgo para el menor (por violencia, abusos, consumo de drogas, etc.), el juez puede suspender o limitar ese régimen.

También puede suceder que un juez limite las visitas si un progenitor incumple de forma reiterada y sin justificación, ya que se considera que está actuando en contra del interés del menor.

El régimen de visitas no es un capricho ni una sugerencia: es una obligación legal que tiene como objetivo garantizar que los hijos mantengan una relación estable y sana con ambos progenitores.

Cuando uno de ellos no lo respeta, está perjudicando no solo al otro, sino también a los propios menores, y se debe actuar de inmediato.

Contacta con nuestro bufete, valoraremos tu caso y te guiaremos para iniciar los trámites necesarios que consigan que se cumpla lo que el juez ha establecido. En temas tan sensibles como este, lo mejor es estar bien asesorado.

Autor

Manuel Hernández García

Director y Socio Bufete Vilches Abogados

Letrado del Ilustre Colegio de Madrid 72.539

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¿Qué es el abandono impropio y qué consecuencias legales tiene?

junio 2, 2025/0 Comentarios/en Derecho de Familia, Derecho Penal /por Beatriz

Cuando se trata de delitos relacionados con el abandono, se nos vienen a la cabeza situaciones que, por desgracia, hemos escuchado acerca de menores que se quedan solos, pero, en realidad, hay distintas formas de desatención que están contempladas en la ley y que se consideran delito.

Una de ellas es el abandono impropio, que tiene sus características y consecuencias para quien lo comete que tenemos contempladas en la legislación.

¿Qué entendemos por abandono impropio?

Cuando se habla de abandono impropio, nos referimos a una forma de desatender las responsabilidades legales que se tienen hacia una persona dependiente, sin necesidad de que exista un abandono físico como tal.

Es decir, no hace falta dejar a alguien solo en la calle o en casa durante días para estar cometiendo este delito. Basta con no cumplir con los deberes que la ley impone, como proporcionar atención, cuidados o ayuda económica a quienes dependen de nosotros y nos necesitan.

Este tipo de abandono, por norma general, se produce dentro del entorno familiar. Por eso también se conoce como una desprotección silenciosa, porque muchas veces ocurre de forma prolongada, sin gritos ni golpes, pero igualmente perjudicial.

Un claro ejemplo sería un padre o una madre que, tras una separación, no se hace cargo de la pensión alimenticia ni participa de manera activa en la vida del menor, dejando toda la responsabilidad al otro progenitor.

Es importante que tengamos presente que no se necesita que exista un daño físico o psicológico visible. El solo hecho de no asumir las obligaciones legales con una persona vulnerable ya constituye un delito.

No hablamos de un olvido puntual o de una situación de dificultad económica en algún momento específico, sino de una actitud mantenida en el tiempo que demuestra despreocupación y desinterés por las necesidades de otro que, además, depende de nosotros.

Además, aunque se suele relacionar con el impago de pensiones, el abandono impropio también puede darse en otros contextos:

Un tutor legal que no cuida debidamente de un menor.
Alguien que tiene a su cargo a una persona dependiente y no se ocupa de su bienestar.
Un progenitor con la custodia compartida, pero nunca acude a buscar al menor ni cumple con sus días.

La clave está en que existe una obligación legal que se incumple de manera intencionada.

¿Qué dice la legislación sobre el abandono impropio?

Este delito aparece regulado principalmente en el art. 226 del Código Penal, y castiga a quien incumpla los deberes legales de asistencia incluidos en la patria potestad, tutela, acogimiento familiar o guarda de hecho.

Un ejemplo que hemos visto demasiadas veces en nuestro bufete es el de un padre o una madre que no se ocupa ni económicamente ni emocionalmente de su hijo, aunque no lo haya dejado solo, puede estar incurriendo en un abandono impropio si no le dedica la atención y los medios que necesita para su bienestar.

La pena prevista para este delito es de 3 a 6 meses de prisión o multa de 6 a 12 meses.

Abandono impropio y pensión de alimentos

Una de las formas más claras y frecuentes en las que se manifiesta el abandono impropio es a través del incumplimiento de la pensión de alimentos, algo que no es un favor que se le hace al otro progenitor ni una forma de ayudar voluntariamente, todo lo contrario, es una obligación legal impuesta por el juez tras una separación o divorcio, destinada a cubrir las necesidades básicas del hijo o hija en común.

Los alimentos, en este caso, no solo se refieren a la comida, como puede parecer, incluyen también gastos de educación, vivienda, ropa, médicos y cualquier otro aspecto que forme parte del bienestar general del menor.

Cuando quien está obligado a pagarla no lo hace durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos, se enfrenta a un delito recogido en el art. 227 del Código Penal.

No vale alegar que no se paga porque “el dinero lo gasta el otro padre” o “no sé en qué se usa”. En los casos en los que no se está de acuerdo con la pensión, se debe pedir una modificación de medidas ante el juzgado, para que se estudie su conveniencia o no, pero nunca dejar de pagar así porque sí.

Consecuencias del incumplimiento de la pensión de alimentos

Este tipo de abandono es especialmente grave, ya que tiene consecuencias directas sobre la calidad de vida de los menores, la parte que no paga está trasladando toda la carga a la otra y, en ocasiones, obligando a los niños a vivir con menos recursos de los que deberían.

Además del daño que se causa, el impago intencionado conlleva consecuencias legales como multas, embargos, inclusión en ficheros de morosos o incluso penas de prisión. En definitiva, si se demuestra que el impago ha sido deliberado y no motivado por una imposibilidad real, la justicia actúa con firmeza.

Por todo esto es fundamental que quienes están en una situación de este tipo reclamen judicialmente su cumplimiento y que quienes tienen dificultades económicas reales busquen soluciones legales, como renegociar la cantidad o solicitar ayudas, pero nunca dejar de pagar sin más.

El impago de pensión, por otro lado, para exigir su cumplimiento, no requiere firmeza de la sentencia que la fija, como comprobamos en la Sentencia núm. 1.023/2024 del 14/11/2024 del Tribunal Supremo, y que puedes leer completa en este enlace.

¿Cómo se demuestra este delito?

Demostrarlo es más complejo que probar un abandono físico, por ese motivo es más importante contar con cualquier prueba que avale y dé solidez a la situación que se está viviendo, para que el proceso judicial tenga más posibilidades de prosperar.

Informes sociales o médicos, si la persona afectada ha sufrido daños por falta de atención, es muy probable que haya acudido a un centro de salud. Guardar todo lo que tenga es esencial en una denuncia.

Documentos oficiales: sentencias de separación, convenios reguladores, resoluciones judiciales, … que establezcan esas obligaciones que se están incumpliendo.

Pruebas bancarias, en el caso del impago de pensiones, muy importante, es la demostración de que el dinero no ha llegado.

Testimonios de familiares o testigos, de cualquiera que confirme que esa situación que se denuncia se ha producido tal y como declara el denunciante.

¿Prescribe el abandono impropio?

Sí.

Esto significa que solo puede perseguirse durante un tiempo limitado desde que se comete. El plazo de prescripción suele ser de 5 años, aunque depende del tipo concreto de abandono y de la pena asociada.

Por eso es tan importante no dejar pasar el tiempo si se está viviendo una situación de este tipo.

¿A quién protege el delito de abandono impropio?

La ley con la persecución de este delito protege a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad o dependencia, y tienen derecho a recibir asistencia, apoyo o cuidado por parte de otras personas.

No nos referimos solamente a menores, aunque, indudablemente, es uno de los casos más comunes, pero también hay otros colectivos necesitados de protección:

Menores de edad

Son el grupo más protegido por este tipo de delitos.

La ley parte del principio de que los menores no pueden valerse por sí mismos y, por tanto, dependen de sus padres o tutores para cubrir sus necesidades. En el momento en el que uno de los progenitores no cumple con sus obligaciones, se considera que está vulnerando el interés superior del menor, un principio que está por encima de todo.

Personas mayores dependientes

En el caso de que tiene a su cargo a una persona mayor que no puede valerse por sí sola, y no se ocupa de sus cuidados, no le proporciona lo necesario para vivir con dignidad, aunque no lo denuncie (por vergüenza o miedo), también se considera abandono impropio.

Personas con discapacidad

La ley, además, protege a las personas con alguna discapacidad (física, psíquica o sensorial) que necesitan ayuda para desenvolverse en la vida diaria. Si esa ayuda se niega de forma deliberada, es un delito.

Esto incluye desde no llevar a la persona a sus tratamientos hasta dejarla sin alimentación adecuada o sin supervisión.

Exparejas con derecho a pensión

Aunque a veces se olvida, también se protege a los excónyuges que, tras la separación, tienen reconocido el derecho a recibir una pensión compensatoria. Si la persona que debe pagarla deja de hacerlo sin causa justificada, no solo incumple una orden judicial, sino que puede estar incurriendo en este delito concreto.

Un delito como el de abandono impropio no siempre es visible, lo que no quita que las consecuencias no sean dramáticas para quien lo sufre. Denunciarlo, aunque en muchos casos sea difícil emocionalmente, es esencial para impedir que continúe.

No atender las necesidades básicas de una persona dependiente o no pagar una pensión no son simples «olvidos», sino delitos castigados por la ley.

Autor

Manuel Hernández García

Director y Socio Bufete Vilches Abogados

Letrado del Ilustre Colegio de Madrid 72.539

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Estafas telefónicas y -del amor-, detectarlas para actuar a tiempo

abril 21, 2025/0 Comentarios/en Derecho Penal /por Vilches Abogados

Las estafas, desgraciadamente, están a la orden del día, y cada vez son más sofisticadas.

Algunas aprovechan la confianza, los sentimientos o incluso la soledad de las personas para sacarles dinero, de entre todas, las más comunes hoy en día son las estafas telefónicas y las llamadas estafas del amor, en ambos casos se trata de ir engatusando a una persona hasta obtener de ella el máximo dinero posible.

Conocerlas bien es fundamental para detenerlas a tiempo y evitar que tú, o alguien cercano, seáis víctimas de un delito de estafa que acabe con vuestro patrimonio.

¿Qué es el delito de estafa?

Antes de entrar de lleno en las estafas telefónicas y del amor, es importante entender en qué consiste una estafa.

Muchas personas no saben que este tipo de engaños están recogidos en el Código Penal como un delito, y que el autor puede enfrentarse a penas de prisión.

El art. 248 del Código Penal explica que comete estafa quien, con ánimo de lucro, engaña a otra persona lo suficiente como para inducirla a cometer un acto que le cause un perjuicio económico, a sí misma o a un tercero.

Con esto queremos decir que si alguien te miente o manipula para que le entregues dinero o firmes algo en su beneficio, y tú acabas perdiendo ese dinero, estás ante una estafa.

Requisitos para que sea delito de estafa

Para que se considere delito y no solo una mentira o engaño moral, deben darse cuatro elementos clave:

Ha de ser una mentira lo bastante convincente como para que la víctima actúe confiando en ella.
El estafador busca beneficiarse económicamente, actúa con ánimo de lucro.
La víctima toma una decisión equivocada por culpa del engaño, entonces hablamos de un “error inducido”.
Hay una pérdida real de dinero o bienes, con el consiguiente perjuicio económico para quien la sufre.

¿Qué penas conlleva un delito de estafa?

Las penas son importantes, desde multas a cárcel, todo depende la cantidad de lo estafado o si se ha cometido de forma continuada.

Penas básicas (estafa simple)

De 6 meses a 3 años de prisión, si el valor del daño económico supera los 400 €, en caso de no alcanzar esa cantidad hablamos de una estafa leve, y se castiga con multa de 1 a 3 meses.

Penas agravadas

Las penas aumentan (de 1 a 6 años de prisión y multa de 6 a 12 meses) si se dan circunstancias agravantes, como abusar de una relación personal o de confianza, que la víctima sea vulnerable (por edad, discapacidad, …), que se empleen para ella documentos falsos o, también, si se comete forma organizada o habitual.

Luego, si el perjuicio económico es de especial gravedad (por ejemplo, muy superior a los 50.000 €), también se incluye en este apartado con penas más elevadas.

Tipos más habituales de estafa

Aunque hay muchas formas de estafa, algunas de las más comunes (y que tienen que ver con el tema que tratamos hoy) son:

1. Estafa informática o telemática

Se comete a través de internet o dispositivos electrónicos, como ordenadores o móviles, en este apartado entrarían muchas estafas telefónicas y del amor.

2. Estafa continuada

Cuando se comete de forma repetida en el tiempo o con distintas víctimas, pero con un mismo método.

3. Estafa sentimental

La famosa “estafa del amor” (cada vez más frecuente y difícil de detectar), en la que el estafador crea una relación afectiva falsa para ganarse la confianza y pedir dinero.

Lo más peligroso de este tipo, y de lo que se aprovechan los delincuentes, es cuando hablamos de alguien especialmente vulnerable.

¿Y si la estafa se comete contra una persona con discapacidad o especial vulnerabilidad?

El Código Penal recoge como agravante el hecho de que la víctima tenga una situación especial de vulnerabilidad, ya sea por edad, enfermedad, discapacidad o dependencia emocional.

Esto significa que, si el juez considera que la persona estaba en una situación de clara desprotección (como ocurre muchas veces en las estafas del amor), la pena aumenta considerablemente.

¿Qué son las estafas telefónicas?

Aquellas en las que una persona se pone en contacto contigo por teléfono, haciéndose pasar por alguien de confianza, con la intención de engañarte para conseguir dinero, datos personales o información bancaria.

La forma de actuar de los estafadores es, generalmente, haciéndose pasar por empleados de tu banco, técnicos de una compañía de servicios, una entidad oficial (a menudo Hacienda, que te pone en alerta), y hasta de un familiar que dice estar en apuros.

Sea el caso que sea, utilizan un tono serio y urgente para asustarte o presionarte, como decir que tu cuenta está en peligro, que hay cargos sospechosos, o que debes pagar algo inmediatamente para evitar consecuencias.

¿Qué son las “estafas del amor”?

En este caso, la cosa cambia, aquí hablamos de engaños afectivos a través de internet, en los que el estafador crea una identidad falsa (muchas veces con fotos robadas de perfiles reales) y finge tener una relación sentimental con la víctima.

Todo comienza en redes sociales o aplicaciones de citas para ir ganándose poco a poco su confianza y cariño: se muestra afectuoso, atento y amable, hasta que, tras semanas o meses de contacto diario, llega un momento en que, con alguna excusa creíble, pide dinero.

Las más típicas son comprar un billete de avión para ir a conocerse, que le ha surgido un problema médico o una emergencia familiar urgente, o que se ha presentado una inversión prometedora.

4 técnicas de manipulación en la “estafa del amor”

Es muy importante entender cómo funcionan las estrategias de manipulación que utilizan estas personas, que, aunque desde fuera pueda parecer evidente, cuando alguien está dentro, no siempre es fácil verlo.

1. Generar urgencia

Te hacen creer que tienes que actuar rápido, ahora mismo, o perderás todo tu dinero, o que si no ayudas, algo terrible ocurrirá.

2. Aislamiento

Intentan alejar a la víctima de su entorno, diciéndole que no cuente nada a familiares o amigos “porque no lo van a entender” o “van a separarnos”.

3. Refuerzo positivo

Elogios constantes, mensajes románticos o de agradecimiento hasta generar dependencia emocional.

4. Culpa

Hacen sentir a la víctima responsable de la situación si no actúa, con frases del tipo: “solo tú puedes ayudarme” o “si no me envías ese dinero, no sé qué voy a hacer”.

¿Cómo actuar ante una estafa?

Descubrir que tú o alguien cercano ha sido víctima de una produce, desde rabia hasta impotencia, incluso a menudo, darse cuenta genera mucha vergüenza, pero es fundamental superarla y actuar cuanto antes, porque el tiempo juega un papel clave en este tipo de delitos.

Denuncia siempre, aunque parezca tarde

Lo primero que has de recordar es que la estafa es un delito, por tanto, puedes y debes denunciar.

Aunque hayan pasado semanas o meses, no te resignes ni pienses que ya no se puede hacer nada, con una denuncia permites que se investigue al estafador y que la víctima (seas tú o alguien de tu entorno) tenga opciones de recuperar su dinero o recibir algún tipo de compensación.

Recopila toda la información posible

Antes o después de interponer la denuncia, es muy útil reunir todas las pruebas disponibles.

Aunque pienses que algunos datos son poco relevantes, pueden ayudar a identificar al estafador o reforzar tu testimonio, por lo que aporta todo lo que tengas, como conversaciones (WhatsApp, email, SMS, audios, …), direcciones de correo, cuentas bancarias, justificantes de pagos, y hasta capturas de pantalla.

Menos corriente es contar con testigos, pero si se da el caso, serán una pieza fundamental en el proceso, ya sea porque han vivido esa situación o porque puedan dar fe del estado emocional en el que te encuentras.

Otro caso demasiado habitual es que la víctima, ya sea por vergüenza o porque no se dé cuenta de la manipulación y continúe justificando al estafador, se niegue a denunciar.

En estos casos, es fundamental actuar con sensibilidad en todo momento, y cuando la vulnerabilidad de la víctima afecte a su capacidad para decidir, puedes solicitar una curatela representativa.

¿Qué es la curatela representativa?

Una medida de apoyo que se aplica cuando una persona necesita que otro actúe legalmente en su nombre para proteger sus intereses.

Esta figura fue actualizada por la Ley 8/2021, que modificó el Código Civil para adaptarse a la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Se aplica por decisión judicial, y suele ser solicitada por familiares cuando la víctima:

No es consciente del peligro.
Tiene alteraciones cognitivas graves.
Está siendo manipulada repetidamente.

El curador representativo puede impedir que la persona tome decisiones y actúe de manera que el perjuicio económico final sea importante, protegiéndola de este tipo de situaciones.

Generalmente, pensamos que nunca vamos a caer en una estafa así, “que la vamos a ver venir”, pero quienes las realizan son auténticos profesionales del engaño con la capacidad de engatusar a prácticamente cualquier persona.

Ante una sospecha de que alguien está siendo víctima, lo más importante es actuar con empatía, ofrecer ayuda sin juicio y buscar apoyo legal.

Autor

Manuel Hernández García

Director y Socio Bufete Vilches Abogados

Letrado del Ilustre Colegio de Madrid 72.539

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«In dubio pro reo» y presunción de inocencia: la diferencia entre la duda y la inocencia

abril 14, 2025/0 Comentarios/en Derecho Penal /por Beatriz

Cuando una persona es acusada de cometer un delito, nuestra legislación cuenta con principios legales que están pensados para protegerla y asegurar que el proceso judicial sea justo.

Dos de los más importantes son la presunción de inocencia y el principio in dubio pro reo.

Aunque a veces se confunden o se usan como si fueran iguales, no significan exactamente lo mismo, y es importante entender qué implica cada uno, en qué se diferencian y cómo se aplican en un juicio, para tener claras sentencias que, en un principio, pueden no parecer justas.

Veámoslo para que no tengas dudas si te encuentras en una situación legal en la que estos conceptos puedan afectarte.

¿Qué es la presunción de inocencia?

El derecho fundamental que tiene toda persona acusada de un delito, significa que nadie puede ser considerado culpable hasta que se demuestre lo contrario con pruebas claras.

Esto lo tenemos en la Constitución Española, en su art. 24.2 y también lo recoge el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que establece que cualquier persona acusada de una infracción penal se considera inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente probada.

Todo esto viene a decir que si a ti te acusan de haber cometido un delito, no tienes que demostrar que eres inocente, es la acusación la que ha de probar que eres culpable, es el fiscal o la acusación particular quienes están en la obligación de aportar pruebas de que el acusado (tú en ese caso) ha cometido el delito.

El acusado no tiene que demostrar que no hizo nada, sino que es la otra parte la que debe probar que sí lo hizo.

Mientras no haya una condena firme, sigues siendo inocente a efectos legales.

Pongamos un ejemplo en que se ve con mucha claridad: acusan a alguien de haber robado en una tienda.

Si no hay cámaras de seguridad, ni testigos claros, ni huellas, ni ningún otro tipo de prueba sólida, no se puede condenar solo por sospechas, con lo que se tiene (poco) derecho a que se le considere inocente mientras no se demuestre lo contrario.

¿Qué es el principio de in dubio pro reo?

Esta figura también está pensada para proteger al acusado, pero entra en juego en un momento diferente del proceso judicial.

La expresión viene del latín y significa literalmente “en caso de duda, a favor del reo (acusado)”, esto es, que si después del juicio el juez o tribunal tiene dudas razonables sobre su culpabilidad, debe absolverlo.

Hablamos de que es importante el momento del proceso judicial y es así, porque se aplica al final del juicio, cuando el juez o tribunal ha revisado todas las pruebas y aun así no se tiene claro al 100 % que el acusado sea culpable.

Ante la duda, la ley obliga a fallar a favor del acusado.

Sigamos con el ejemplo del robo anterior para aclarar este término legal.

Supón que hay una cámara de seguridad que muestra imágenes borrosas.

Imagina que parece que la persona de la grabación es el acusado sin que se pueda afirmar con total seguridad, entonces se recurre al resto de pruebas, pero si tampoco son concluyentes, el juez puede tener dudas razonables.

Aunque haya sospechas, las dudas juegan a favor del acusado, y se le debe absolver aplicando el principio de in dubio pro reo.

¿Por qué es tan importante diferenciarlos?

Porque ambos principios son claves para garantizar un juicio justo.

A veces, una persona puede sentir que está siendo tratada como culpable desde el principio, sin pruebas, y ahí entra en juego la presunción de inocencia, otras veces, puede parecer que son confusas, y entonces es cuando el principio de in dubio pro reo marca la línea entre una condena y una absolución.

Comprenderlos también ayuda a saber qué esperar si te ves implicado en un proceso penal o si estás asesorando a alguien que lo está, además, refuerzan la idea de que no se puede condenar a nadie solo por intuiciones o sospechas, sino que hace falta demostrar los hechos de forma clara y sin lugar a dudas.

¿Qué ocurre si no se respetan estos principios?

Tanto presunción de inocencia como in dubio pro reo están protegidos por la ley, y si no se respetan, puede anularse el proceso o la sentencia.

Por ejemplo, si un tribunal condena a una persona sin que existan pruebas claras, se vulnera la presunción de inocencia.

Por otro lado, si tiene dudas razonables y aun así condena, está violando el principio de in dubio pro reo.

En ambos casos, la defensa puede recurrir la sentencia y solicitar su anulación o revisión por parte de un tribunal superior.

3 diferencias clave entre presunción de inocencia e in dubio pro reo

A simple vista pueden parecer lo mismo, y no es raro que se confundan, pero en un juicio penal, distinguirlos determina si alguien es absuelto o condenado.

Es fundamental entender bien qué protege cada uno y cómo actúan en distintas fases del proceso.

01. Momento en el que se aplican

La presunción de inocencia se aplica desde el primer momento en que alguien es acusado, significa que, a lo largo de todo el proceso judicial, se le considera inocente hasta que haya una sentencia firme.

Por el contrario, in dubio pro reo solo se aplica al final del juicio, cuando ya se han analizado todas las pruebas y aún existen dudas razonables sobre la culpabilidad.

02. Función que cumplen

La figura de presunción de inocencia protege al acusado durante todo el procedimiento, para así evitar que se le trate como culpable antes de tiempo.

In dubio pro reo, lo que hace es actuar como criterio para dictar sentencia: si el juez tiene dudas, no puede condenar.

03. Carga de la prueba

Ante la presunción de inocencia, la parte acusadora (fiscal o acusación particular) está en la obligación de probar la culpabilidad.

Luego, la figura in dubio pro reo establece que, si la prueba no es concluyente y quedan dudas razonables, el juez debe absolver.

Vemos que, tanto una como otra, son figuras pensadas para protegerte frente a posibles errores judiciales, siempre teniendo presente que nadie debe ser condenado sin pruebas suficientes, y mucho menos si hay dudas sobre su culpabilidad.

Ambos principios son esenciales para garantizar que la justicia actúe con responsabilidad, respeto a los derechos y sin dejarse llevar por suposiciones.

Autor

Manuel Hernández García

Director y Socio Bufete Vilches Abogados

Letrado del Ilustre Colegio de Madrid 72.539

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¿Cómo proteger la propiedad intelectual de tu empresa?

febrero 17, 2025/0 Comentarios/en Derecho Mercantil, Derecho Penal /por Vilches Abogados

La propiedad intelectual es fundamental para todo tipo de empresa, ya que es el conjunto de aquellos activos intangibles que aportan valor y competitividad a una marca.

Sin la protección adecuada, muy fácilmente se usan indebidamente por terceros, algo que tiene enormes consecuencias que derivan en pérdidas, no solo económicas, sino también en la reputación, como vamos a ver a continuación.

¿Qué es la propiedad intelectual?

Se refiere a los derechos legales que protegen creaciones de la mente humana, como invenciones, marcas, obras literarias y artísticas, y diseños industriales, recurso clave para las empresas, ya que les permite diferenciarse de la competencia y resguardar su innovación.

Estos derechos otorgan a los creadores y propietarios el control sobre el uso de sus creaciones y permiten que puedan beneficiarse económicamente de ellas.

Existen dos categorías principales dentro de la propiedad intelectual:

Propiedad industrial, protege invenciones (patentes), marcas comerciales, diseños industriales e indicaciones geográficas.
Derechos de autor, se refieren a obras literarias, artísticas y científicas, incluyendo libros, música, pinturas, esculturas y software.

La protección de la propiedad intelectual es esencial para fomentar la innovación y la creatividad, y, algo muy importante en el caso de creadores: impide que otros se beneficien injustamente de su esfuerzo y talento.

Proteger la propiedad intelectual no solo evita que terceros se aprovechen de los esfuerzos creativos de tu empresa, sino que también te ofrece beneficios legales y económicos a largo plazo.

¿Por qué debes proteger la propiedad intelectual?

El valor de tu empresa no solo está en sus productos o servicios, sino también en su imagen, ideas e innovaciones, y sin una protección legal adecuada, cualquiera copia, vende o hace un mal uso de todo eso que consigue que tu negocio sea único.

Por otro lado, protegiéndola:

Si registras tu marca, nadie puede utilizar un nombre similar para confundir a tus clientes.
Si tienes una invención única, una patente te garantiza exclusividad en el mercado durante un tiempo determinado.
Cualquier negocio con derechos protegidos es mucho más atractivo para inversores y compradores.
Con tus derechos bien establecidos, evitas conflictos legales costosos.

Con todo hay diferentes tipos de propiedad individual que es conveniente saber diferenciar, para protegerlos da manera adecuada.

Tipos de propiedad intelectual y cómo protegerlos

Cada tipo de propiedad intelectual cuenta con mecanismos específicos de protección que aseguran su resguardo:

01. Patentes

Las patentes protegen invenciones y soluciones técnicas innovadoras, para obtener una es necesario que el invento cumpla con tres requisitos fundamentales:

Novedad, no debe existir en el mercado.
Actividad inventiva, no puede ser una simple mejora obvia de algo ya existente.
Aplicabilidad industrial, debe poder fabricarse o utilizarse en alguna industria.

Por ponerte un ejemplo, imagina una empresa que desarrolla un dispositivo médico innovador que permite detectar enfermedades con mayor precisión, bien, pues si no registra la patente, otra empresa puede tranquilamente fabricar algo similar y comercializarlo sin restricciones.

Para evitarlo, hay unas acciones indispensables que debes llevar a cabo:

Presentar una solicitud de patente ante la oficina de patentes correspondiente.
Mantener la confidencialidad del invento hasta obtenerla.
Registrar la patente en cada país donde planeas comercializar el producto.

02. Marcas registradas

Las marcas identifican productos o servicios y los diferencian de la competencia, con nombres, logotipos, colores y sonidos característicos.

Un ejemplo en este caso es una empresa de moda que lanza una nueva línea de ropa con un logo distintivo, como no lo registre, otra empresa lo copia en cuanto lo vea, y se beneficia de su reputación.

Así que lo que debes hacer es.

Registrar la marca ante la oficina de propiedad industrial.
Renovar el registro periódicamente según la legislación local.
Supervisar el mercado para detectar usos indebidos y tomar acciones legales si es necesario.

03. Derechos de autor

Los derechos de autor protegen obras literarias, artísticas y científicas, como libros, canciones, películas, y software.

Imagina un escritor que publica un libro sin registrar sus derechos de autor, poco tiempo después, una editorial lo imprime sin su consentimiento y lo vende sin darle crédito ni compensación económica alguna.

Para evitarlo, si estás en un caso similar:

Registra la obra en la oficina de derechos de autor.
Indica el copyright en cada publicación o creación.
Utiliza contratos con cláusulas de protección para colaboradores.

04. Diseños industriales

Protegen la apariencia estética de un producto, como su forma, textura y ornamentación.

Un caso claro es el de una empresa que diseña una botella, por ejemplo, con un estilo único y llamativo, si no la registra antes de sacarla al mercado, cualquier otra empresa puede copiar el diseño y aprovecharse de su atractivo comercial.

Cuanto antes, registra el diseño ante la oficina de propiedad intelectual.
Incluye cláusulas de confidencialidad en los contratos con proveedores y socios comerciales.
Realiza un seguimiento del mercado para evitar copias no autorizadas.

¿Cómo perjudica no proteger la propiedad intelectual?

De diferentes maneras, y todas son muy perjudiciales para tu empresa, ya que, como decíamos al inicio, no solo es un tema económico, sino que hay otros factores igual de importantes y, a menudo, mucho más difíciles de superar.

Pérdidas económicas

Empezamos por lo más obvio, si no registras tu marca o patente, un tercero puede aprovecharse de tu trabajo y vender productos similares sin que haya manera de reclamar derechos, ni hacer nada por evitarlo.

No solo eso, sino que todas esas copias y falsificaciones reducen los ingresos que puedes tener por el original

Riesgo de plagio o falsificación

Una falta de protección facilita que otros copien y comercialicen tu producto o servicio, afectando tu exclusividad en el mercado.

Dificultades legales

Sin la documentación adecuada, es mucho más complicado emprender acciones legales en caso de infracción, no tienes nada que avale lo que argumentas, no puedes probar que eres el dueño de esa idea, diseño o producto.

Pérdida de ventaja competitiva

En el momento en el que tu competencia accede a tus creaciones sin restricciones, se termina esa posibilidad de destacar en el sector que te otorga una idea innovadora.

Desgaste de marca

Cualquier producto copiado es de menor calidad que el original, eso afecta mucho a la percepción del público sobre la marca que lo comercializa en primer lugar.

Es, por otro lado, una manera de competencia desleal que no puedes evitar legalmente.

Pérdida de exclusividad

Que alguien registe antes que tú una marca, un diseño o una invención, elimina cualquier derecho a usarlo, ya no vale que tú lo sacaras antes porque no tienes nada que lo pueda probar.

Dificultades para crecer

Sin propiedad intelectual protegida, vas a encontrar con muchos problemas a la hora de atraer inversores o expandir tu negocio a otros mercados.

#04.-Pasos legales para proteger la propiedad intelectual

Para garantizar que la propiedad intelectual de tu empresa esté protegida, antes de nada, ponte en manos de profesionales que te acompañen y te indiquen cómo actuar, es lo más adecuado para asegurarte los derechos de tu trabajo.

Identifica qué elementos de tu empresa necesitan protección

En el mismo momento en que inicies los trámites legales, haz un inventario de los activos de propiedad intelectual de tu empresa: nombres, logotipos, invenciones, diseños, software o contenido original.

Busca ayuda legal

Un abogado especializado en protección intelectual te ayuda a determinar qué derechos debes registrar, y en qué entidades hacerlo para evitar problemas legales futuros.

Registra los derechos correspondientes

Cada tipo de propiedad intelectual tiene su proceso de registro, lo más adecuado es que te asegures de presentar correctamente toda la documentación en los organismos pertinentes, en esto el abogado es quien mejor te puede guiar.

Utiliza contratos y acuerdos de confidencialidad

Imprescindible.

Si compartes información sensible con empleados, socios o colaboradores, utilízalos para proteger todo lo que hay dentro de tu empresa, que sería fatídico, que se utilizara sin ti consentimiento.

Supervisa y renueva

Una vez protegida tu propiedad intelectual, no has terminado, debes estar atento a posibles infracciones, en el mismo momento en que detectes un uso no autorizado, actúa rápidamente con ayuda legal, para hacer valer tus derechos.

Además, debes mantenerte al día con las renovaciones de registros, evita que por un descuido, pasados los años, pierdas todo lo conseguido.

La propiedad intelectual de tu empresa, ese trabajo que te ha llevado años y que te ha colocado en una posición en el mercado, necesita que no la descuides.

Si tienes dudas sobre cómo actuar, consúltalos, cuéntanos tu caso, te daremos una solución que proteja tu marca y tu dinero.

Autor

Manuel Hernández García

Director y Socio Bufete Vilches Abogados

Letrado del Ilustre Colegio de Madrid 72.539

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La exoneración de deudas y sus límites legales

enero 7, 2025/0 Comentarios/en Derecho Mercantil, Derecho Penal /por Vilches Abogados

La exoneración de deudas es un tema con relevancia no solo jurídica sino social, especialmente después de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 7 de noviembre de 2024.

En esta resolución, se abordan cuestiones clave sobre la aplicación de la Directiva (UE) 2019/1023, en lo referente a los créditos públicos.

Una Directiva que regula la reestructuración y la insolvencia, y que nos abre la puerta a abortar el tema de la exoneración de deudas para dar una segunda oportunidad, y si es, o no, posible cuando hablamos de impagos de responsabilidades públicas.

¿Qué significa la exoneración de deudas?

La exoneración de deudas es, básicamente, una forma legal de “perdonar” parte o la totalidad de las deudas de una persona que no puede pagarlas, algo que se hace para que consiga empezar de nuevo económicamente, una manera de darle una segunda oportunidad.

Sin embargo, no es posible con todas las deudas, y aquí es donde cobra relevancia el TJUE con una reciente decisión en la que aclara cómo funciona esta exoneración cuando se habla de deudas públicas.

Sentencia del TJUE de 7 de noviembre de 2024

El Tribunal en ella se pronuncia sobre dos casos expuestos en el Juzgado de lo Mercantil Nº1 de Alicante, para destacar que los miembros pueden imponer restricciones a la exoneración de deudas, siempre que estas sean claras, justificadas y respeten el principio de proporcionalidad.

Además, se señala que impagos de impuestos o a la Seguridad Social, pueden excluirse si se trata de un interés público.

El fallo expone que la exclusión de deudas no puede ser arbitraria ni desproporcionada, y que, a la vez, los deudores deben tener la posibilidad de, al menos, un procedimiento de exoneración, por lo que es necesario un equilibrio entre “perdonar” y “qué es perdonado”

En definitiva, el objetivo es ayudar a personas y empresas con problemas económicos, pero asegurándose de que no se abuse de las medidas tomadas para hacerlo

En la sentencia, el Tribunal dos aclara cuestiones importantes:

¿Qué deudas se pueden exonerar?

Las deudas relacionadas con impuestos, multas o Seguridad Social (lo que llamamos “créditos públicos”) son las más complicadas de perdonar porque están destinadas a financiar servicios esenciales como la sanidad o la educación.

¿Qué pasa con la mala fe?

Una persona que haya actuado de mala fe (por ejemplo, escondiendo bienes o mintiendo sobre su situación) puede no tener derecho a esta exoneración, sin embargo, la mala fe no siempre es imprescindible para la exoneración, sino que también se aplica en caso de que esa persona actúe de manera negligente (es decir, sin cuidado).

¿Qué establece la ley europea?

La Directiva europea permite que cada país decida qué deudas no se pueden perdonar, y cómo manejar la exoneración, siempre que estas decisiones:

Estén claramente justificadas.

No sean arbitrarias ni desproporcionadas.
Garanticen que las personas tienen acceso a un procedimiento con el que reestructurar sus deudas.

A su vez, hace hincapié en un punto importante: las deudas públicas, y si es, o no, posible incluirlas, es esta exoneración por su relevancia en el funcionamiento de los servicios públicos.

Connotaciones legales en España

En el ámbito nacional, la exoneración de deudas está regulada por el art. 489.1.5º del Texto Refundido de la Ley Concursal, donde se establece que los créditos de Derecho público, como impuestos o sanciones tributarias, no son susceptibles de exoneración total cuando se trata de procedimientos insolvencia.

La razón principal es garantizar la financiación del sector público y la continuidad de los servicios esenciales.

Nuestra legislación permite a los deudores reestructurar sus deudas y obtener una “segunda oportunidad” sin que con ello se comprometan demasiado, los recursos públicos para así proteger tanto a las personas en situación de insolvencia como al dinero público

La Ley Concursal (regula los casos de insolvencia) incluye una regla que establece que los créditos públicos no se pueden perdonar completamente, es decir que, aunque una persona pueda reorganizar sus deudas, y así aliviar su situación económica, debe seguir pagando este tipo de deudas en algún momento.

La razón en la que se apoya esta obligación es que hablamos de unos ingresos (impuestos, cotizaciones, etc.) que garantizan que el Estado siga prestando servicios básicos, como sanidad, educación o seguridad social.

¿Qué es la Ley de la segunda oportunidad?

Un mecanismo legal que permite a particulares y autónomos librarse de deudas que no pueden pagar.

Este procedimiento tiene como objetivo ofrecer una salida a aquellas personas que han caído en una situación financiera insostenible, con la posibilidad de empezar de nuevo sin el peso de las deudas acumuladas.

Fases en la Ley de la segunda oportunidad

En una primera etapa, el deudor intenta llegar a un acuerdo con sus acreedores que puede incluir esperas (mayor plazo para el pago), quitas (perdón total o parcial) o cualquier otra fórmula que permita al deudor cumplir con sus obligaciones de forma más llevadera.

Es una fase clave para intentar solucionar la insolvencia sin necesidad de acudir a la vía judicial.

Si no se logra un acuerdo, el deudor puede solicitar la exoneración judicial de sus deudas, para ello, debe demostrar que actuó de buena fe, que no tiene patrimonio suficiente para satisfacer las deudas, y que ha intentado el acercamiento de la primera fase, además de no haber rechazado ofertas razonables de empleo.

La Ley de la Segunda Oportunidad tiene como fin equilibrar los derechos de los acreedores con la necesidad de ofrecer a los deudores una posibilidad de reintegrarse en el sistema económico sin la carga de las deudas que no le permiten continuar.

Ahora bien, y como hemos estado comentando en referencia a la sentencia del Tribunal Europeo, las deudas en las que se ven implicados impuestos o pagos a la seguridad social no pueden, en un principio ser exoneradas en su totalidad, y a ellas se unen otro tipo de sanciones de similar importancia.

Deudas a las que no se aplica la exoneración

Como hemos estado aclarando en este texto, no es posible la exoneración, por lo menos en su totalidad, de cualquier tipo de deuda, y esta ley impide que se “perdonen” impagos como:

Deudas por responsabilidad civil extracontractual e indemnizaciones derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional.

Deudas por responsabilidad civil derivada de delito, y por sanciones administrativas muy graves

Deudas por alimentos.

Deudas por salarios correspondientes a los últimos 60 días de trabajo

Deudas con garantía real, es decir, aquellas en las que se pone como aval un bien mueble o inmueble para cumplir con unas obligaciones de pago.
Deudas por créditos de Derecho público, en las referentes a la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, existe la posibilidad hasta un máximo de 10.000 €.

La exoneración es una herramienta que da una segunda oportunidad a personas sobre endeudadas, pero no todas son “perdonables”, como las públicas, que tienen un tratamiento especial y no es posible “olvidarse” de ellas para empezar de nuevo.

Un tema que lleva a confusión a muchas personas es esta situación, por lo que no dudes en consultarnos, estudiaremos tu caso para ver si es posible una exoneración que te permita comenzar de nuevo.

Autor

Manuel Hernández García

Director y Socio Bufete Vilches Abogados

Letrado del Ilustre Colegio de Madrid 72.539

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Medidas alternativas a la prisión, ¿quién puede solicitarlas?

diciembre 2, 2024/0 Comentarios/en Derecho Penal /por Vilches Abogados

Cuando se habla de una condena penal, lo primero que se nos viene a la cabeza es la cárcel, sin embargo, existen medidas alternativas (legales) que permiten cumplir la pena sin necesidad de ingresar en prisión.

Estas opciones son fundamentales porque ayudan a la reintegración social y evitan el impacto negativo tiene el encarcelamiento en ciertas personas.

La pregunta que nos hacen clientes que llegan a nuestro bufete es esta situación es: “¿puedo solicitar una medida alternativa a la prisión?”, y como a ellos, vamos a explicarte, antes de nada, en qué consisten este tipo de medidas.

¿Qué son las medidas alternativas a la prisión?

Opciones legales que te permiten cumplir una condena sin entrar en la cárcel.

Con ellas, en lugar de estar privado de libertad, tienes la obligación de seguir ciertas condiciones o realizar actividades específicas que contribuyen a la sociedad y a tu propia rehabilitación.

Estas medidas son una herramienta clave del sistema judicial.

Con ellas se trata de equilibrar la necesidad de sancionar el delito que has cometido, con la posibilidad de evitarte la cárcel, con las consecuencias negativas que el aislamiento genera, sobre todo ante un primer delito, y en el caso de delitos cometidos por menores.

Ahora veamos las alternativas a la prisión más habituales con las que cuentas.

01.-Trabajo en beneficio de la comunidad

Consiste en realizar tareas útiles para la sociedad, por las que no recibes ningún pago.

Unos ejemplos de este caso van desde la colaboración en comedores sociales, tareas de acompañamiento a mayores, a limpieza de espacios públicos o apoyo en cualquier otra organización social.

02.-Arresto domiciliario

En lugar de ir a la cárcel, debes permanecer en casa, salvo en casos excepcionales autorizados por el juez.

Para asegurarse de que lo cumples, la policía realiza visitas a tu domicilio en las que, evidentemente, debes estar, o se considera un incumplimiento de la pena impuesta.

03.-Suspensión de la pena

Significa que no tienes que acatar la pena siempre que cumplas ciertas condiciones durante un tiempo determinado que establece el juez, y que las encontramos en el art. 80 del Código Penal:

Tratarse de tu primer delito
Pena impuesta, (o la suma de penas) de no más de dos años
Efectuar los pagos totales en concepto de responsabilidad civil, en los plazos que corresponda

Debes tener en cuenta que cumplir con estos requisitos no te asegura la suspensión de la pena que te hayan impuesto, es el juez quien tiene la última palabra y, para decidirlo, valora otros factores (tu conducta anterior, las circunstancias que te han llevado a este punto, antecedentes, …)

04.-Libertad condicional

En este caso, nos referimos a salir de la cárcel antes de cumplir toda la condena, pero bajo vigilancia y siguiendo estrictas normas, o también estar en libertad antes del juicio (te hablamos de esta posibilidad un poco más adelante)

En cualquier caso, no hay que olvidar que no siempre vas a conseguir que el juez te dé esta oportunidad, hay otros factores que entran en juego en su decisión.

¿Quién puede solicitar estas medidas?

Como decimos, no todas las personas condenadas tienen derecho a ellas, por lo que no puedes confiar en que te las concedan, antes, el sistema judicial evalúa cada caso, y luego ya toma la decisión.

Factores determinantes para conceder las medidas alternativas a prisión

Tienen como finalidad garantizar que son adecuadas para la persona y el delito cometido, y que no ponen en riesgo la seguridad pública ni los derechos de las víctimas.

Gravedad del delito

Son más habituales en casos de delitos menos graves, especialmente aquellos que no implican violencia física o emocional hacia otras personas.

Por ejemplo, hurtos menores o fraudes tienen más probabilidades de acceder a estas medidas que delitos violentos.

Duración de la pena

Las condenas cortas, de hasta dos años, son más susceptibles de conseguirla, la razón es que el sistema judicial considera que las penas largas requieren un mayor tiempo de cumplimiento para alcanzar su objetivo de sanción.

Perfil del condenado

Los antecedentes penales (siempre mejor que no tengas), tu actitud, (cómo te comportes durante el proceso judicial) y lo dispuesto que te muestres a reparar el daño causado, son aspectos que el juez analiza detenidamente antes de aprobar una medida alternativa.

¿Qué pasa si no cumples con la medida alternativa?

Es importante entender que no son “un perdón”, tienen normas claras que deben respetarse, y si se incumplen, el juez puede revocar la medida y ordenar tu ingreso a prisión para cumplir la condena original.

Te ponemos un ejemplo: te imponen una pena alternativa de realizar un trabajo en beneficio de la comunidad, si no asistes o abandonas tus tareas, estás a punto de perder este beneficio.

En el momento es que, en libertad condicional, vuelvas a cometer un delito, regresas a la cárcel inmediatamente.

Libertad condicional y su cumplimiento

Ya te hemos adelantado su significado: es una medida que permite salir de prisión antes de completar toda la pena, aun así, esta salida anticipada no es incondicional, ya que está sujeta a un conjunto de normas estrictas.

Su objetivo, como el del resto de medidas alternativas a prisión, es facilitar la reinserción social, al permitir que la persona que cumple penas se incorpore gradualmente a la vida en comunidad, pero siempre bajo control y supervisión.

Esta vigilancia es fundamental para que se mantenga este tipo de libertad, y su incumplimiento interrumpe de manera automática la medida favorable conseguida.

Por el contrario, su cumplimiento demuestra compromiso con no reincidir en el delito.

Condiciones habituales de cumplimiento de la libertad condicional

Su cumplimiento es esencial, en el momento en el que, estando en libertad condicional, incumplas alguna, el juez tiene la capacidad de ordenar tu ingreso en prisión.

No cometer nuevos delitos

El requisito más básico, si se vuelve a delinquir, durante el período de libertad condicional, se pierde automáticamente este beneficio.

Informar regularmente a las autoridades

Presentarte periódicamente en el juzgado o comisaría, según lo establezca el juez, para demostrar que sigues cumpliendo las condiciones.

Participar en programas de rehabilitación

En muchos casos, el juez ordena la asistencia a terapias, cursos o actividades educativas para fomentar la reintegración social.

Respetar restricciones específicas

Puede haber prohibiciones, como no acercarte a ciertas personas (por ejemplo, la víctima del delito) o no salir del país sin autorización.

Cómo obtener la libertad provisional antes del juicio

La libertad condicional, en este caso, permite evitar la prisión preventiva antes de que se dicte una sentencia, y es fundamental tener claro que no se concede automáticamente, sino que exige cumplir ciertos criterios además de seguir un procedimiento.

Demostrar arraigo social y familiar

Probar que tienes vínculos sólidos con su entorno, como una residencia fija, un trabajo estable, o responsabilidades familiares, con eso se considera que disminuye el riesgo de fuga.

Compromiso de cumplir con las condiciones

El juez, por norma general, impone restricciones como no acercarse a la víctima, no salir de la ciudad o someterse a controles periódicos, aceptar todo esto es indispensable para no esperar en prisión hasta el comienzo del juicio.

La decisión de conceder la libertad provisional depende del juez, quien evalúa si esta medida es suficiente para garantizar el cumplimiento del proceso penal sin necesidad de prisión preventiva.

Asesoramiento legal

Lo primero que debes cumplir: contar con un abogado es imprescindible.

No te puedes enfrentar a este tipo de condenas, o posibles condenas, sin conocimientos suficientes, tanto de la ley como de los procedimientos que debes seguir.

Cualquier decisión equivocada, o paso mal dado, tiene unas consecuencias importantes para tu futuro, acude a un profesional en Derecho penal que será el encargado de analizar tu caso y presentar la solicitud ante el juez.

Autor

Manuel Hernández García

Director y Socio Bufete Vilches Abogados

Letrado del Ilustre Colegio de Madrid 72.539

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¿Testigo Falso en Juicio? Consecuencias Penales por Mentir ante un Juez

septiembre 4, 2024/0 Comentarios/en Derecho Penal /por Vilches Abogados

El pasado 29 de agosto, el Tribunal Provincial de Koh Samui (Tailandia) daba a conocer la sentencia del ‘caso Daniel Sancho’ en el que el acusado, Daniel Sancho, ha sido finalmente condenado a cadena perpetua como autor de un delito de asesinato con premeditación por la muerte del cirujano colombiano Edwin Arrieta, así como al pago de una indemnización de 107.000 € a la familia de la víctima.

Daniel Sancho, condenado a cadena perpetua

Repercusión Mediática del Caso Daniel Sancho a Nivel Mundial

Desde que saltó la noticia de este crimen en agosto de 2023, este caso ha copado todo tipo de noticias en multitud de programas, telediarios y prensa en general, no solo en España sino en todo el mundo, provocando un “tsunami” de información relativa al ‘caso Daniel Sancho’, y lo cierto es que la sentencia no ha hecho que las informaciones y noticias cesen, más bien todo lo contrario.

Audios Controvertidos de Rodolfo Sancho Salen a la Luz

Ahora, tras el dictado de la sentencia, aún pendiente de los correspondientes recursos, han salido a la luz unos audios que supuestamente Rodolfo Sancho, padre del ya condenado Daniel Sancho, habría enviado a Nilson Domínguez, un testigo que en principio iba a declarar en el juicio en defensa de Daniel Sancho, aunque lo cierto es que esa declaración testifical nunca se llegó a producir.

En dichos audios, Rodolfo Sancho, padre del acusado, dice cuanto sigue:

“Nilson, ¿cómo estás? Bueno, solo quería decirte que, si todo este proceso que estoy viviendo no me arruina, que parece que así será, espero poder darte algún tipo de regalito económico cuando vengas a Tailandia, ¿vale?

Y te digo espero porque esto está siendo una ruina, imagínate. Tener que viajar a Tailandia, abogados en España, abogados aquí, es demencial. Pero haré todo lo posible porque, de verdad, creo que te lo mereces y ya sabes que creo que eres una excelente persona. Así que haré todo lo posible para ello, ¿vale?”.

Debate sobre la Veracidad de los Testimonios en Juicios

La publicación de estos audios ha provocado que se ponga sobre la mesa en debate no solo el hecho de que la familia del acusado hubiera tenido la intención de congratular económicamente a un testigo que iba a declarar en el juicio, sino el hecho de poner en tela de juicio la veracidad que ha de darse a las declaraciones testificales ante los tribunales, cuando podemos ver que pueden estar viciadas de un motivo económico.

Lo cierto es que cada parte de un procedimiento judicial, acusación o defensa, pueden presentar en los juicios testigos, es decir, las partes pueden solicitar al Juzgado el llamamiento de testigos, y cuando ello se hace, parece obvio que se hace porque ese testigo va a declarar a favor de quien lo ha propuesto

Obligaciones y Derechos de los Testigos en los Procedimientos Judiciales

Llegados a este punto tenemos que tener en cuenta que toda persona que declare ante un tribunal tiene la obligación de decir la verdad, aunque esta afirmación cuanta con algunas especialidades.

Excepciones a la Obligación de Declarar la Verdad en Tribunales

Por ejemplo, los detenidos, investigados o acusados tienen en su haber varios derechos entre los que se encuentran el derecho a guardar silencio y a no declarar o a no contestar alguna o algunas preguntas durante la declaración y el derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, por lo que resulta evidente que un detenido, investigado o acusado tiene la posibilidad de no declarar, o de contestar solo a algunas preguntas y en todo caso, tiene el derecho de no confesarse culpable, lo que en cierto modo implica, que puede faltar a la verdad.

Por otro lado, el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece algunas especialidades que hace que ciertas personas, aun siendo citadas a declarar como testigos, tienen la posibilidad de negarse a declarar por la especial relación que guarden con la persona investigada o acusada, como son “los parientes del procesado en líneas directa ascendente y descendente, su cónyuge o persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial, sus hermanos consanguíneos o uterinos y los colaterales consanguíneos hasta el segundo grado civil” o el abogado respecto a los hechos que el acusado le hubiese confiado en su calidad de defensor, o incluso los traductores e intérpretes de las conversaciones y comunicaciones entre el imputado, procesado o acusado y sus abogados.

Consecuencias Legales del Delito de Falso Testimonio

Fuera de estas especialidades, toda persona llamada a declarar ante un tribunal como testigo tiene la obligación de decir la verdad; tanto es así, que antes de tomarse declaración a los testigos, el juez les advierte de que si faltan a la verdad durante su declaración testifical podrían ser acusados de falso testimonio.

Pero ¿Qué es el delito de falso testimonio?

El delito de falso testimonio se encuentra recogido en el artículo 458 del Código Penal, el cual hace referencia al hecho de faltar a la verdad, en otras palabras, falsear la realidad, o dicho de un modo coloquial, mentir.

Este delito lleva aparejada una pena de prisión de 6 meses a 2 años y multa de 3 a 6 meses.

Es importante tener en cuenta que si ese falso testimonio se produjese en contra del investigado o acusado en un procedimiento penal las penas aumentan siendo de prisión de 1 a 3 años y multa de 6 a 12 meses, y si finalmente, ese falso testimonio hubiera provocado la condena, las penas por falso testimonio serán superiores en grado a las anteriores.

También podrán cometer falso testimonio aquellos peritos o intérpretes que en el ejercicio de sus funciones ante un tribunal faltaren a la verdad en el dictamen o traducción enfrentándose no solo a penas de prisión y multa, sino también a la pena de inhabilitación especial para profesión u oficio, empleo o cargo público, por tiempo de 6 a 12 años, de acuerdo con lo establecido en el artículo 459.

Incluso, los abogados podrán cometer delito, según lo dispuesto en el artículo 460.2, cuando propusieren testigos falsos, pudiendo enfrentarse a penas de prisión y multa y también a la inhabilitación por tiempo de 2 a 4 años.

Teniendo en cuenta lo anterior, existen muchas formas de ayudar a una persona implicada en un procedimiento judicial, pero cuidado si esa ayuda a ese amigo o conocido consiste en faltar a la verdad durante una declaración testifical porque podemos enfrentarnos a penas de prisión si se demuestra que hemos faltado a la verdad, es decir, si hemos mentido.

Autor

Manuel Hernández García

Director y Socio Bufete Vilches Abogados

Letrado del Ilustre Colegio de Madrid 72.539

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