La Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social conocida como ley de segunda oportunidad, fue aprobada en 2015. 

Esta norma regula la posibilidad para los particulares y autónomos, a través del mecanismo de segunda oportunidad, de renegociar o incluso eliminar las deudas con los acreedores y obtener la exoneración del pasivo insatisfecho. 

Nuestros expertos explican los requisitos para poder acceder a esta posibilidad tan interesante como desconocida.   

Qué aporta la ley de segunda oportunidad

Antes de la aprobación de esta ley, los particulares que no podían hacer frente a las deudas contraídas podían acudir al concurso de acreedores regulado en la Ley concursal, pero ello tenía como consecuencia lo que se conoce como la muerte civil de la persona. 

Gracias al mecanismo de segunda oportunidad los particulares ahora disponen de un nuevo mecanismo adaptado a su situación personal con el que pueden conseguir la cancelación total de sus deudas. 

Este procedimiento, a diferencia del concurso de acreedores de persona física, permite a los particulares hacer borrón y cuenta nueva, de tal manera que estas personas tienen la oportunidad de volver a empezar. Todo ello tratando de preservar al máximo los derechos de los acreedores. 

El objetivo de la ley, tal como señala su preámbulo es

<<que una persona física, a pesar de un fracaso económico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer>>. 

Requisitos para poder acogerse al procedimiento de segunda oportunidad

Para que un particular que se encuentra en estado de insolvencia o prevea que no va a poder hacer frente a las obligaciones contraídas pueda acogerse al mecanismo de segunda oportunidad es necesario que cumpla determinados requisitos. 

Estos requerimientos tienen que ver tanto con la buena fé del deudor, como con su patrimonio y la cuantía de la deuda. 

En cuanto a la cuantía de la deuda, es necesario que ésta, o la suma de las diferentes deudas pendientes, no supere los cinco millones de euros. 

Respecto al patrimonio del deudor, uno de los requisitos más importantes es que el mismo ponga todo su patrimonio a disposición de los acreedores para intentar así sufragar las deudas pendientes. 

Ello con excepción de los bienes de primera necesidad y, en el caso de los autónomos, aquellos que sean necesarios para el desempeño de la actividad profesional. 

La cesión del activo existente al objeto de tratar de abonar hasta donde sea posible los créditos de los acreedores hará posible un posible acuerdo extrajudicial de pagos y el beneficio de exoneración del resto de deudas.

Otro requisito fundamental es la buena fé del deudor. 

En efecto, se exige que el deudor haya hecho prueba de buena fé. Se entiende que esa buena fé ha existido cuando se dan las siguientes circunstancias: 

• El deudor ha intentado negociar y alcanzar un acuerdo extrajudicial con sus acreedores antes de acudir al procedimiento de segunda oportunidad.
• El deudor no ha sido objeto de un concurso culpable, es decir, no ha provocado de manera voluntaria esa situación de insolvencia.
• El deudor no tiene antecedentes por haber cometido un delito socioeconómico, patrimonial, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social o los derechos de los trabajadores en los 10 años anteriores.
• El deudor no se ha acogido a ningún otro procedimiento de segunda oportunidad en los 10 años anteriores.
• El deudor no ha rechazado, en los cuatro años anteriores, un trabajo adecuado a sus capacidades profesionales que le hubiera permitido obtener recursos para sufragar sus deudas. 

A tenor de todo lo que hemos visto cabe concluir que, fundamentalmente, lo que se requiere por parte del deudor es que verdaderamente se encuentre en una situación en la que no puede hacer frente a sus deudas así como que tenga voluntad de satisfacer los derechos de cobro de los acreedores.  

Se busca de este modo evitar insolvencias estratégicas o facilitar daciones en pago selectivas, toda vez que el particular que ha liquidado la totalidad de su patrimonio en beneficio de sus acreedores pueda verse liberado de la mayor parte de las deudas pendientes tras la liquidación. 

El administrador de una sociedad de capital es aquella persona encargada de actuar en nombre de dicha sociedad. En el desempeño de esa tarea de dirección o administración debe cumplir con una serie de deberes que vienen establecidos en la Ley de Sociedades de Capital. 

¿Qué pasa si no cumple con ese conjunto de deberes?

Nuestros expertos en Derecho societario resuelven las dudas sobre este tema tan importante.  

Los deberes de los administradores

Los administradores de una sociedad tienen que cumplir con diferentes obligaciones a la hora de desempeñar su cometido. De ese conjunto de deberes los más importantes son el deber de diligencia y el deber de lealtad. 

Se suele entender que estos deberes tienen su origen en el principio general de la buena fe. 

El deber general de diligencia implica que el administrador debe cumplir con sus responsabilidades con la diligencia de un ordenado empresario. Esto supone adoptar todas las medidas necesarias para la correcta dirección y control de la sociedad. 

Pero, ¿qué debemos entender por diligencia de un ordenado empresario? 

Según explica la Audiencia Provincial de Madrid en Sentencia de 14 de mayo de 2014, por diligencia de un ordenado empresario debemos entender la diligencia de un ordenado empresario dentro del sector concreto en el que realiza su comercio o actividad. 

Es decir, <<el empresario ha de desempeñar su actividad con mayor previsión que la del mero padre de familia y evaluando las incidencias de su actividad, analizando los riesgos y asumiendo sólo aquellos que no pongan en peligro la solvencia de su empresa. Y, en este mismo sentido, los administradores de las sociedades mercantiles de capital -como expresamente establecen, por otra partes, los artículos 225 y 226 de su texto refundido- han de desempeñar su cargo no solo con la diligencia de un ordenado empresario, sino también con la de un representante leal, actuando en defensa del interés social, entendido como interés de la sociedad>>. 

La responsabilidad de los administradores

En nuestro ordenamiento jurídico la responsabilidad de los administradores nace de la ley, fundamentalmente la Ley de Sociedades de Capital, y de los estatutos de la sociedad. 

Los administradores responden frente a la sociedad, los accionistas y los acreedores por el daño que causen sus actos u omisiones contrarios a la legislación, los estatutos y los deberes propios del cargo. 

Requisitos para que exista responsabilidad

Para que se pueda apreciar responsabilidad por parte de los administradores es necesario que se den tres elementos simultáneamente: 

• que el administrador haya causado un daño patrimonial directo a la sociedad, a los accionistas o a terceros. 
• que el daño sea consecuencia del incumplimiento de los deberes que establece la ley o los estatutos sociales.  
• que exista un nexo causal entre los dos elementos: el daño y el incumplimiento por parte del administrador. Es decir, que exista una relación causa-efecto. 

Acciones de responsabilidad contra los administradores

Para exigir responsabilidad a los administradores se pueden ejercitar dos tipos de acciones: la acción social y la acción individual. 

La acción social es la que corresponde ejercitar cuando la conducta de los administradores lesiona directamente el interés de la sociedad. 

La acción individual es la acción que puede ejercitar un socio o un tercero cuyo patrimonio ha resultado perjudicado por las acciones dolosas o culposas del administrador.  

El empleo de una u otra depende, por tanto, de cuál sea el patrimonio perjudicado: si es el patrimonio de la sociedad el perjudicado habremos de ejercitar la acción social, mientras que si se trata del patrimonio de los socios o acreedores corresponderá ejercitar la acción individual. 

Requisitos de la acción individual de responsabilidad de los administradores

De acuerdo con el artículo 239 de la Ley de sociedades de capital,

<<podrán entablar esta acción de responsabilidad de los administradores en defensa del interés social, el socio o socios que posean individual o conjuntamente una participación que les permita solicitar la convocatoria de la junta general cuando la sociedad no la entablare dentro del plazo de un mes, contado desde la fecha de adopción del correspondiente acuerdo, o bien cuando este hubiere sido contrario a la exigencia de responsabilidad. Pudiendo ejercitar directamente la acción social de responsabilidad cuando se fundamente en la infracción del deber de lealtad sin necesidad de someter la decisión a la junta general>>.

La jurisprudencia ha establecido que deben concurrir ciertos requisitos para poder ejercitar esta acción individual, a saber: 

• un comportamiento activo o pasivo de los administradores.
• que tal comportamiento sea imputable al órgano de administración en cuanto tal.
• que tal conducta del administrador sea antijurídica por infringir la ley, los estatutos o no se ajuste al estándar o patrón de diligencia exigible a un ordenado empresario y a un representante leal. 
• que la conducta antijurídica, culposa o negligente, sea susceptible de producir un daño. 
• que el daño que se infiere sea directo al tercero que contrata, sin necesidad de lesionar los intereses de la sociedad. 
• la relación de causalidad entre la conducta anti-jurídica del administrador y el daño directo ocasionado al tercero. 

En caso de que la acción individual de responsabilidad sea estimada, el administrador deberá indemnizar el daño sufrido por el demandante. 

El derecho de separación societaria o derecho de separación de los socios consiste en la facultad, reconocida en el art. 346 LSC, que tienen los socios de separarse de la sociedad de capital en determinados casos.

Se trata, pues, de un mecanismo que permite la salida de los socios de manera unilateral en situaciones que afecten a sus intereses previo pago del valor de su participación.

Este derecho se encuentra regulado en los artículos 346 a 349 de la Ley de Sociedades de Capital.

Supuestos en los que se puede ejercer el derecho de separación de los socios

Cualquier socio puede separarse de la sociedad en cuestión por causas legales o estatutarias. Para ello tendrá que cumplir ciertos requisitos y plazos.

Separación por causas legales 

¿Cuáles son los supuestos de separación por causas legales?

Según establece el art. 346 LSC se abre la posibilidad de la separación societaria cuando el socio disidente no haya votado a favor de los siguientes acuerdos:

• Sustitución o modificación sustancial del objeto social.
• Prórroga de la sociedad.
• Reactivación de la sociedad.
• Creación, modificación o extinción anticipada de la obligación de realizar prestaciones accesorias, salvo disposición contraria de los estatutos.

También tendrán derecho a separarse en estos supuestos los socios sin voto.

En el caso de las sociedades de responsabilidad limitada tendrán derecho a separarse de la sociedad los socios que no hubieran votado a favor del acuerdo de modificación del régimen de transmisión de las participaciones sociales.

En los casos de transformación de la sociedad y de traslado de domicilio al extranjero los socios tendrán derecho de separación en los términos establecidos en la Ley 3/2009, de 3 de abril sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles.

Separación por causas estatutarias 

Además de las causas legales que acabamos de ver los Estatutos Sociales pueden incluir otras causas. Esto significa que los socios pueden pactar de forma unánime otras fórmulas de separación.

Para ello se debe incluir en los estatutos:

• el modo en que deberá acreditarse la existencia de la causa
• la forma de ejercitar el derecho de separación
• el plazo para el ejercicio de ese derecho

Es necesario el consentimiento de todos los socios para la incorporación, modificación o supresión de este tipo de causas de separación en los estatutos.

Requisitos para el ejercicio del derecho de separación societaria 

Para poder ejercitar el derecho de separación han de cumplirse los siguientes requisitos:

• Los acuerdos han de ser publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Si el órgano de administración sustituye la publicación por una comunicación escrita a cada uno de los socios que no hayan votado a favor del acuerdo no habrá de cumplirse dicho requisito.
• Tienen legitimación para el ejercicio del derecho los socios que no hayan votado a favor del acuerdo y los socios sin voto.
• El plazo para el ejercicio del derecho de separación es de un mes. El cómputo del plazo se realiza desde la publicación del acuerdo o desde la recepción de la comunicación.
• Los acuerdos que permiten el ejercicio del derecho de separación deben constar en escritura pública.

El derecho de reembolso del socio separado

Los socios separados tienen derecho a recibir:

• o bien un reembolso por amortización de sus participaciones sociales, esto es, un valor razonable por sus participaciones sociales;
• o bien el precio de adquisición por la sociedad de sus participaciones. Esta adquisición por la sociedad de dichas participaciones deberá ser autorizada por la Junta General.   

Si no se llega a un acuerdo sobre el valor razonable de las participaciones sociales o sobre la persona o personas que hayan de valorarlas y el procedimiento a seguir para su valoración, las participaciones serán valoradas por un auditor de cuentas designado por el Registrador Mercantil. 

Responsabilidad del socio separado 

Los socios a quienes se reembolse el valor de las participaciones amortizadas se encuentran sujetos al régimen de responsabilidad establecido en los arts. 331 y 332 de la LSC en el supuesto de reducción de capital por restitución de aportaciones (art. 357 LSC).

En aplicación de dicho régimen de responsabilidad los socios separados responden solidariamente entre sí y con la sociedad del pago de las deudas sociales contraídas con anterioridad a la fecha en que la reducción fuera oponible a terceros.

El límite a esta responsabilidad solidaria del socio separado es el importe de lo percibido en concepto de restitución de la aportación social.

Además, la responsabilidad de los socios prescribe a los cinco años, empezando a contar desde la fecha en que la reducción fuese oponible a terceros.

No estarán sujetos a responsabilidad en caso de que haya establecido una reserva con cargo a beneficios o reservas libres por un importe igual al percibido por los socios en concepto de reembolso.

El derecho de separación en caso de falta de distribución de dividendos 

El art. 348-bis de la LSC establece que una vez que haya transcurrido el quinto ejercicio el socio que haya hecho constar en el acta su protesta por la insuficiencia de los dividendos reconocidos tendrá derecho de separación si la junta no acuerda la distribución como dividendo de, al menos, el veinticinco por ciento de los beneficios obtenidos durante el ejercicio anterior que sean legalmente distribuibles, siempre que se hayan obtenido beneficios durante los tres ejercicios anteriores.

Los ejercicios se cuentan desde la inscripción en el Registro Mercantil de la sociedad.

Este derecho no se podrá ejercer si existe disposición contraria en los estatutos.

Tampoco se podrá ejercer este derecho si el total de los dividendos distribuidos durante los últimos cinco años equivale, al menos, al veinticinco por ciento de los beneficios legalmente distribuibles registrados en dicho periodo.

En este caso el plazo para el ejercicio del derecho de separación es de un mes. El cómputo del plazo se realiza desde la fecha en que se hubiera celebrado la junta general ordinaria de socios.

Además, existen otros supuestos en los que no se podrá ejercer el derecho de separación por falta de distribución de dividendos:

• Cuando se trate de sociedades cotizadas o sociedades cuyas acciones estén admitidas a negociación en un sistema multilateral de negociación.
• Cuando la sociedad se encuentre en concurso.
• Cuando la sociedad haya puesto en conocimiento del juzgado competente para la declaración de su concurso la iniciación de negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio. Tampoco cuando se haya comunicado a dicho juzgado la apertura de negociaciones para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos.
• Cuando la sociedad haya alcanzado un acuerdo de refinanciación que satisfaga las condiciones de irrescindibilidad fijadas en la legislación concursal.
• Cuando se trate de Sociedades Anónimas Deportivas.