La Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA), a la que pertenece el bufete de Vilches Abogados, realiza una encuesta durante el pasado trimestre para obtener datos alarmantes.

Participan, aproximadamente, 500 letrados asociados, especialistas en Familia, Menores y Discapacidad, y obtienen información relevante sobre cómo se desarrollan los acuerdos, de separación o divorcio, que se establecen en los juzgados. 

Es definitiva, si se cumplen, o no, las decisiones del juez en lo referente a la manutención y visitas de los hijos en común.

La respuesta es no. 

#01.-“3 de cada 10 divorcios incumplen el pago de la pensión de alimentos o se impiden las visitas a los hijos”

O, por lo menos en la gran mayoría de los casos, a raíz de esa afirmación.

Esa es la dramática conclusión a la que se llega tras recabar toda la información procedente de los asociados de la AEAFA participantes en la encuesta.

A juicio de la propia asociación, estos son datos terribles para los menores y, no solo eso, también para los cónyuges afectados, que ven negados los derechos que les corresponden, y que ha dictaminado un juez, en perjuicio del bienestar de los hijos, y del suyo propio.

Consecuencias del incumplimieto de acuerdos de divorcio

Cuando en un divorcio se incumple, ya sea el pago de la pensión, como el régimen de visitas, el daño a los hijos es demoledor. 

Menores que no cubren sus necesidades económicas

Los menores, ya de por sí afectados por la separación, sufren un daño colateral derivado, en demasiadas ocasiones, por las disputas entre la expareja, debido a la imposibilidad económica del cónyuge que tiene la custodia.

El juez, en la sentencia, determina el pago de los gastos de los hijos, de manera que ambos los asuman en un 50%, cuando una de las partes no cumple, el menor ve mermadas las posibilidades de cubrir, económicamente, las necesidades para su bienestar.

Menores que crecen sin la presencia de uno de sus progenitores

La falta de la presencia de ambos padres en su vida deriva en un daño emocional en ese menor, que crece sin sus dos principales referentes, algo que perjudica mucho a su formación y desarrollo.

Esta forma de actuar, contraria a la ley, no solo afecta a los hijos.

Padres a quienes se impide ver a sus hijos

Los efectos también son especialmente preocupantes, por el dolor que causan en el progenitor a quien se impide ver crecer a sus hijos, y participar en su vida, tal y como se acuerda en el momento de la separación.

Por otro lado, el cónyuge que debe recibir una pensión alimenticia como colaboración en el cuidado de los hijos, ve que no puede hacerse cargo de todos los gastos por no recibir ayuda de la otra parte.

Este tipo de actuación puede calificarse como violencia económica.

Violencia económica

Se une a la sexual, física y psicológica como un tipo de violencia que se ejerce sobre uno de los cónyuges a quien, el otro, impide que consiga los recursos que necesita para su manutención y, en este caso, para la de los hijos de ambos. 

#02.-Pensión de alimentos en sentencias de divorcio

En cualquier sentencia de divorcio existe un acuerdo en el que el juez determina las condiciones que deben regir, a partir de ese momento, en lo concerniente a los hijos.

Se trata, sobre todo, de compartir gastos y responsabilidades, además de participar en su vida, de manera que no les afecte demasiado la nueva situación.

El art. 93 del Código Civil regula que sea un juez quien establezca esta pensión alimenticia, y lo hace tras considerar las circunstancias económicas de cada uno, y las necesidades de los hijos.

¿Por qué esta situación de continuo incumplimiento?

Según la AEAFA, las demandas ejecutivas que presentan los abogados de familia para conseguir que se respete el acuerdo de divorcio, solicitando que el juez haga cumplir la sentencia, no tienen un efecto inmediato.

De hecho, y con las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (GPCJ), tardan una media de 2 años y 11 meses en hacerse efectivas, 

A todas luces, vemos que es un tiempo exagerado que tienen que esperar, tanto los cónyuges como los hijos que ven que no llega lo que les corresponde, y que tanto necesitan.

Una situación dramática que, actualmente, viven demasiadas familias con menores afectados por una ruptura, a la que se añade el incumplimiento, de una de las partes, de las decisiones acordadas por el juez en el acuerdo de divorcio.

Su fundador, Juan González Herrero, es detenido en el aeropuerto de Barajas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, cuando pretendía viajar a Colombia. 

El motivo, ser, presuntamente, el cabecilla de una red que atrajo a miles de personas con la promesa de conseguir una financiación excesivamente elevada con sus inversiones.

El supuesto creador de todo esto, más tarde, es puesto en libertad con cargos, y la retirada del pasaporte, ahora se debe investigar, y probar, si es verdad la acusación de estafa piramidal de la que hablan todos los medios.

Grupo Herrero Brigantina acusado de estafa piramidal

La empresa dedicada, entre otros servicios, a la contratación de seguros y de planes de pensiones, tenía una supuesta delictiva forma de actuar que ahora sale a la luz.

Convencer a sus asegurados de la realización de inversiones, muchas veces de todos sus ahorros, con la promesa de conseguir una suculenta rentabilidad, que luego, evidentemente, no era tal.

Muchos de ellos fueron incapaces de dejar pasar esa oportunidad de conseguir “dinero fácil”, y han caído en esta trampa.

Pasado un número de años establecido en las condiciones, el dinero se recuperaba con unos enormes beneficios con la posibilidad de, en caso de necesidad, reclamarlo en cualquier momento.

Cuando, en 2022, muchas personas inversoras solicitan su devolución, ese dinero ha desaparecido, y una lluvia de denuncias y demandas termina en la detención de Juan González Herrero, en el aeropuerto de la capital de España.

¿Qué es una estafa piramidal?

La generación de ingresos que se consiguen mediante un número de personas que va aumentando a base de la captación.

Se inicia con un pequeño grupo que, de manera personal, atraen a más personas, estás a más, y, así, el entramado puede hacerse de un tamaño desorbitado, tanto en número de implicados, y engañados, como de dinero.

Encima de esta pirámide, se encuentra la persona que pone en marcha la maquinaria delictiva, y en quién recaen los beneficios.

Delito de estafa piramidal

Este delito se encuentra en el art. 250 del Código Penal y es realmente grave, ya que conlleva penas de prisión.

Las consecuencias son de uno a seis años de cárcel, y multa de 6 a 12 meses, en casos en los que la cantidad defraudada supere los 50.000 €, o afecte a un número de personas elevado.

Según las noticias que no dejan de aparecer, aquí se cumplen ambos requisitos y, además, se superan con creces, por lo que, en caso de probar la veracidad de los hechos, las consecuencias van a ser importantes.

Aunque una vez que leemos estas noticias, pueden parecernos increíbles y pensar que nosotros nunca seríamos engañados así, no es tan complicado.

Se trata de tramas muy bien ideadas que crecen alrededor de generar seguridad y tranquilidad en las personas a las que se consigue atraer y que terminan inmersas en una trama de la que salen perdiendo mucho dinero.

Se basan en la confianza, ya sea por cercanía (familiares, amigos, personas de referencia), o por años de relación, como es este caso, para ofrecer productos con enormes beneficios que, cuando llega el momento, no se van a conseguir, ni se va a recuperar lo invertido.

No es la primera vez que esta organización religiosa se enfrenta en los tribunales a quienes realizan acusaciones en su contra.

En particular, como en este caso, antiguos integrantes relatan cómo, durante años, han sufrido de una obligaciones “excesivamente controladoras”, y “peligrosas”, para su integridad.

Es la Asociación de Víctimas de los Testigos de Jehová quien pone en duda la legalidad de sus comportamientos, y que ha dado pie a una sentencia pionera contra los Testigos de Jehová en España.

Sentencia pionera en contra de los Testigos de Jehová

El juzgado de Primera Instancia número 6 de Torrejón de Ardoz da un paso adelante, y se pone del lado de quienes se autodenominan “víctimas” de esta congregación.

Los Testigos de Jehová son una secta, es la sentencia.

Una resolución judicial que llega tras las diferentes acusaciones de la Asociación de Víctimas de los Testigos de Jehová, denunciando el trato recibido durante los años que pertenecieron a ella.

Para hacerlo, califican al grupo como “secta destructiva” y, a ellos mismos, se denominan “víctimas”

Reacción de los Testigos de Jehová

Como es de esperar, no se muestran de acuerdo con la sentencia, de hecho, han expresado su temor a que, a partir de este momento, crezca el odio hacia su religión, e instigue a una intolerancia que ponga a sus seguidores en el punto de mira, y los exponga a un peligro innecesario.

La jueza determina que la manera de llamarlos no está en contra de la ley, y se apoya en la libertad de expresión, por lo que no es motivo de denuncia ni de impedir hacerlo.

Libertad de expresión, ¿dónde están los límites?

En la Constitución Española, más concretamente, en su art. 20, apartado 4: 

“ la libertad de expresión tiene sus límites en los preceptos de las leyes que lo desarrollan, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y en la protección de la juventud y la infancia”

En este párrafo se basan las partes, unos para acusarse, y otros para defenderse.

Los Testigos denuncian que la Asociación de Víctimas atenta contra su honor, y su propia imagen, no solo con la denominación de “secta peligrosa” sino por asegurar que existe un “comportamiento excesivamente controlador”, y una “férrea supervisión de su vida privada”.

La jueza, por otro lado, no lo ve a sí, de hecho no ve tampoco contra la ley la denominación de víctimas de los ex integrantes.

Límites de la libertad de expresión

Es muy difícil determinarlos, y, como en este caso, se trata de acudir a un juez donde se debe probar si esa divulgación de ideas se amparan en ella para esconder un ataque hacia alguna persona o entidad.

Es necesario demostrar que, esa afirmación, atenta contra tus derechos fundamentales y te protege la Constitución, algo que, a menudo, choca con el derecho a la información.

No es posible censurar las opiniones de los demás solo porque no te convenzan lo que dicen, pero tampoco publicar información dañina que pueda perjudicar a otra persona u entidad.

La línea de separación entre ambos comportamientos es demasiado fina, y debe señalizarse en los tribunales, como en este caso, donde, las dos partes, han de presentar argumentos probados de su posición, para que se dicte sentencia.

Aunque era algo de lo que no se dejaba de hablar, ahora, tras la apertura del testamento, tenemos la certeza, Fernando Fernández Tapias deshereda a sus 5 hijos mayores, habidos de sus dos primeros matrimonios.

Motivo: maltrato psicológico.

En estos momentos, se prevé que los cinco descendientes del empresario van a impugnar el documento, y cuando empieza una batalla legal que puede terminar pronto, si hay acuerdo, o tarde, si se llega a los tribunales.

Fernández Tapias deshereda a 5 de sus hijos

Recordemos que este tema viene de muy atrás, cuando en 2021, sus hijos mayores acuden a los tribunales con objeto de inhabilitar a su padre, por unas decisiones empresariales que no consideran adecuadas, y que hacen dudar de su estado de salud.

Tras este proceso, que, según su entorno, fue especialmente duro, el empresario toma la decisión que acabamos de conocer, con una implicaciones importantes para sus hijos.

¿Qué implica la desheredación para los hijos de Tapias?

La legislación española garantiza que los herederos reciban su parte de la legítima, esto es un tercio del patrimonio del testador, algo en lo que los hijos pueden apoyarse, tienen la ley de su lado, razón suficiente para intentar impugnar el testamento.

Esta cantidad que asegura la ley, los herederos solo pueden perderla por una decisión, justificada y probada, del testador y expresamente indicada en un testamento redactado de manera legal y actualizado, alegando los motivos para hacerlo.

Maltrato psicológico como motivo para desheredar

La ley le da fuerza en el art. 853.2 del Código Civil, donde el maltrato psicológico se considera una causa, justa y legal, para una desheredación.

No es necesario que sea un maltrato durante toda la vida, sino que puede ser en una época determinada, como parece ser este caso, que el proceso de inhabilitación fue, según vemos ahora, la experiencia que dio lugar a esta situación testamentaria.

Maltrato psicológico, ¿cómo se demuestra en un testamento?

Aunque hemos dicho que el maltrato psicológico es motivo suficiente para una desheredación, no es sencillo de conseguir.

La pruebas que se presenten deben ser ciertas y justificadas, o, en caso contrario, el testamento es fácilmente impugnable, y pierde toda su validez.

Las razones han de ir avaladas por la gravedad de los hechos, la continuidad en el tiempo, y aportar pruebas de ello, además de que la persona debe estar en pleno conocimiento de lo que hace, y, en este caso, no conseguir la inhabilitación que solicitaban, da a entender de que Fernández Tapias lo estaba.

Por último, que, en el momento de la muerte, no haya habido reconciliación, de lo que, durante el funeral, todos fuimos conscientes.

¿Qué pueden hacer los 5 hijos desheredados?

Por norma general, los desheredados en un testamento no están de acuerdo con esta decisión, algo que parece ocurrir en este caso.

Los herederos que piensan que son injustamente privados de sus bienes tienen todo el derecho a impugnar su validez.

Es un proceso largo y, al ser por disputas familiares, mucho más doloroso que otro tipo de causas judiciales, pero es posible.

Por un lado, quienes son desheredados deben demostrar que no es cierto el motivo que se presenta como causa.

Por otro, al no estar el testador en vida, es el resto de herederos quienes deben demostrar y aportar pruebas de que sí, de que, en este caso, su padre, tenía razón, y todo lo que presenta que justifica el maltrato psicológico, es cierto.

Un proceso de desheredación es complicado no solo en el aspecto legal, sino también por los temas personales que implica, y la relación entre los afectados.

El maltrato psicológico como motivo para desheredar está firmemente contemplado por la ley, es posible, pero el testamento debe ser totalmente claro, y las pruebas ciertas y sólidas, para que los desheredados no puedan demostrar lo contrario.