Lunes 28 de abril de 2025, 12:33 del mediodía.

Un apagón masivo deja sin electricidad a toda la península ibérica, afectando a España, Portugal, Andorra y parte del sur de Francia. 

En cuestión de segundos, se pierde aproximadamente el 60% de la energía que se estaba consumiendo en España. 

Apagón masivo en casi toda España, daños y perjuicios causados

Podemos decir que prácticamente toda la península queda a oscuras y sin apenas comunicación telefónica, lo que causa incertidumbre entre los ciudadanos que no saben qué ocurre, por qué, ni cuánto va a durar la situación.

Este corte de energía provoca la paralización de servicios esenciales, transporte público, infraestructuras, telecomunicaciones, comercios, … sin que aún hoy se sepa con certeza la causa exacta, (aún está bajo investigación), aunque se apunta a una fuerte oscilación en el sistema eléctrico europeo como posible origen del problema.​

Lo que es cierto es que esas horas provocan daños materiales a muchas personas.

¿Se pueden reclamar los daños materiales causados por el apagón?

Sí, es posible reclamar los daños materiales sufridos debido al apagón, como la pérdida de alimentos por la descongelación de frigoríficos o daños en electrodomésticos.

Para ello, es importante seguir una serie de pasos y tener en cuenta ciertos aspectos legales.​

Pasos para reclamar los daños del apagón

Como decimos, puedes reclamar por lo que perdiste durante esas horas, pero para ello es necesario que cumplas con unos trámites que eviten que no consigas recuperar parte de esos daños:

01.-Documenta los daños

Toma fotografías de los productos o aparatos dañados y guarda tickets de compra.

Es fundamental que todo lo que sea consecuencia de esas horas sin electricidad, que te haya supuesto algún costo o algún perjuicio, esté justificado lo mejor posible.

02.-Contacta con tu seguro

Revisa si tu póliza de hogar o negocio cubre daños por cortes de suministro eléctrico y notifica el incidente lo antes posible, de igual manera, vas a tener que adjuntar toda la documentación que te avale, esa que recopilaste en el punto anterior.

03.-Reclama a la compañía eléctrica

Puedes presentar una reclamación formal a la empresa distribuidora de electricidad de tu zona, adjuntando, de nuevo, toda la documentación recopilada que justifique que esas horas para ti fueron perjudiciales de una u otra manera.

04.-Acude a organismos de consumo

Si no obtienes respuesta o solución, puedes dirigirte a las oficinas de atención al consumidor o a la Junta Arbitral de Consumo de tu comunidad autónoma.

¿Qué ocurre si no pude trabajar debido al apagón?

Si no te fue posible desempeñar tu trabajo por causas ajenas a ti, (como este apagón), no estás obligado a recuperar esas horas ni se te pueden descontar del salario. 

El art. 30 del Estatuto de los Trabajadores establece que, en situaciones así, el empleado mantiene su derecho a la remuneración, sin que, en ningún caso, se le pueda culpar de lo ocurrido ni descontar esas horas.

Además, si el apagón representaba un riesgo para tu seguridad, estabas en tu derecho de abandonar tu puesto, tras comunicar y justificar la situación.

¿Y si trabajo desde casa?

Para quienes teletrabajan, el Tribunal Supremo dictaminó en 2023 que el tiempo perdido por un corte de luz o internet debe contarse como efectivo de trabajo, esto es, que se cuentan como horas que has trabajado y no se te pueden descontar del salario.​

Con el apagón del 28 de abril de 2025 hemos vivido un evento excepcional que afectó a millones de personas, y que deseamos no vuelva a ocurrir.

No cabe duda de que muchas personas se vieron perjudicadas, ya sea de manera individual o en sus negocios, con unos daños materiales que no deben tener que asumir.

Si pasaste por una de esas situaciones en el día de ayer, estás en tu derecho a reclamar y a que se respeten tus condiciones laborales, para eso y si tienes cualquier duda, contacta con nosotros.

Estudiaremos bien tu caso para darte los pasos hasta conseguirlo.

Autor

Manuel Hernández García

Director y Socio Bufete Vilches Abogados

Letrado del Ilustre Colegio de Madrid 72.539

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Premios y Medios de comunicación

Austria ha dado un paso importante al declarar delito un comportamiento que, aunque muchos siguen viendo como una “broma” o algo sin importancia, en realidad es una forma de agresión: el envío de fotos de genitales sin consentimiento, también conocido como «cyberflashing».

La pregunta es si ese paso puede darse en nuestro país, es decir, ¿podría el envío de imágenes obscenas (que no se han pedido) considerarse delito también en España? 

Austria declara delito penal el envío de imágenes de penes

El Parlamento austríaco ha aprobado una reforma legal para penalizar el envío no solicitado de imágenes sexuales explícitas, especialmente fotos de penes enviadas por mensajería o redes sociales.

Este comportamiento, aunque muchas veces se ha minimizado o incluso normalizado, será considerado delito en Austria a partir del 1 de julio de 2025, con penas que pueden alcanzar hasta seis meses de prisión o multas económicas.

La medida ha sido impulsada por el número en aumento de denuncias de mujeres que reciben esta clase de imágenes (sin haberlas pedido ni tener interés por verlas) y sin mantener ningún tipo de relación con quien las envía.

La clave está en que se trata de una invasión a la intimidad y una forma de violencia digital.

¿Es delito enviar fotos sexuales sin permiso en España?

Aunque no tenemos una ley específica que use el término “cyberflashing”, contamos con herramientas legales para proteger a las personas frente a este tipo de situaciones.

Así, enviar fotos de contenido sexual sin consentimiento puede ser considerado delito, dependiendo de cómo se dé el caso. 

¿Qué leyes españolas se aplican en estos casos?

Aunque, como decimos, no hay una ley con el nombre exacto de este comportamiento, el Código Penal contempla varias figuras que pueden aplicarse dependiendo del contexto.

1. Delito contra la libertad sexual 

Si el envío de la imagen tiene una intención de intimidar, humillar o coaccionar a la otra persona, puede considerarse acoso sexual, con hasta dos años de prisión o multa, dependiendo de la gravedad.

2. Delito de revelación de secretos

Si las imágenes se han obtenido sin permiso (por ejemplo, hackeando el móvil de la víctima), o si se reenvían a terceros, ya la cosa cambia porque entramos en el terreno de la revelación de secretos, con penas de prisión de uno a cuatro años, sobre todo ante datos especialmente sensibles o si su difusión es pública.

3. Delito de coacciones

En caso de que el envío de fotos vaya acompañado de amenazas o chantajes (por ejemplo, “si no haces esto, publicaré esta imagen”), estaríamos ante un delito que también está castigado con pena de prisión.

¿Qué puedo hacer si recibo este tipo de imágenes?

Ante todo, es importante saber que no estás solo ni estás sola, son comportamientos cada vez más denunciados y sí, tienen recorrido legal, y pasos que debes seguir para detener “eso” que te está ocurriendo y así lograr que se castigue al culpable.

• Guarda pruebas: capturas de la conversación o descarga la imagen.
• No respondas: importante, evita cualquier tipo de interacción con el agresor, o puede volverse en tu contra.
• Denuncia: no lo dudes, ve a la Policía o Guardia Civil, y también consulta con un abogado para que te asesore.

Además, muchas redes sociales permiten reportar este tipo de contenido, por lo que también es útil (y cada vez más sencillo) denunciarlo en la propia plataforma.

Aunque no exista una ley que hable directamente del “cyberflashing” en España, se puede denunciar este tipo de conducta si se interpreta como acoso sexual, coacción o revelación de secretos. 

Todo depende del caso concreto, pero para que no haya malentendidos, recuerda: guarda las pruebas, no contestes y denuncia.

Autor

Manuel Hernández García

Director y Socio Bufete Vilches Abogados

Letrado del Ilustre Colegio de Madrid 72.539

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Premios y Medios de comunicación

Las redes sociales, y en especial aplicaciones como WhatsApp, se han convertido en una parte indispensable de nuestro día a día. 

El problema aparece cuando se usa para hablar, directa o indirectamente, con alguien con quien se debe contactar, y la confusión surge si no se tiene claro si esa acción tan cotidiana se está utilizando como un acercamiento a quien se tiene prohibido.

Una reciente sentencia aclara cómo de delictivo puede ser poner un estado en WhatsApp con clara intención de comunicarse con otra persona.

Estados de WhatsApp como canal para incumplir una orden de alejamiento

La sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria de 28 de febrero tiene como protagonista a un hombre que, teniendo una orden de prohibición de comunicación con su ex pareja, comparte en su estado de WhatsApp una publicación que claramente hacía referencia a ella.

Sin nombrarla directamente, el contenido era reconocible por el entorno de ambos.

La cuestión es si ese mensaje, publicado en un estado visible por los contactos, se interpreta como una forma de comunicación con la víctima.

El tribunal dijo que sí, al considerar que, aunque no se trate de un mensaje enviado directamente, el objetivo es influir emocionalmente en la otra persona, algo que entra en conflicto con la finalidad de la orden de alejamiento.

¿Qué es una orden de prohibición de comunicación?

Se trata de una medida dictada por un juez cuando existe una denuncia por violencia de género o situaciones de conflicto, con ella se impide que la persona agresora tenga cualquier tipo de contacto con la víctima, y se regula en el Título III del Código Penal.

¿Qué incluye esta prohibición?

La comunicación puede tomar muchas formas, no solo físicas, especialmente ahora que la tecnología facilita mucho el contacto por diferentes canales:

• Cartas
• Correos electrónicos
• Llamadas de teléfono
• Mensajes de texto o de WhatsApp
• Redes sociales (comentarios, menciones, mensajes privados)
• Mensajes indirectos, como estados o publicaciones que buscan llamar la atención de la otra persona. 

Así, la prohibición no se limita al cara a cara, sino que abarca cualquier intento de comunicación, directa o indirecta.

¿Qué dice la sentencia?

El tribunal constata que compartir un estado de WhatsApp con intención de influir en la ex pareja, equivale a romper la orden de prohibición de comunicación, porque, aunque no fuera un mensaje como tal, iba dirigido a la víctima con la intención de afectar emocionalmente.

Por tanto, se vulnera el objetivo principal de la medida de protección, que es evitar cualquier forma de contacto que pueda alterar la tranquilidad o seguridad de la víctima.

¿Y si no lo ve directamente la expareja?

Una de las claves es que no importa si la víctima ve directamente el estado o lo ve alguien cercano y se lo cuenta, si su contenido está pensado para afectar a esa persona, ya se considera una forma de comunicación, lo vea ella o no.

Este punto es crucial: se puede pensar que mientras no haya un contacto directo, no se incumple nada, y no es así, porque la ley va más allá.

¿Y qué pasa si la víctima responde?

Esto también se ha tenido en cuenta en otras sentencias y, aunque lo haga o incluso parezca “consentir” la comunicación, el único responsable de cumplir la orden es quien la tiene impuesta. 

Es decir, no hay excusas: si tienes una orden, has de cumplirla, independientemente de lo que haga la otra persona.

La comunicación no es solo hablar o escribir directamente a alguien, hoy ya no se puede pensar que solo esas son las formas de contacto con otra persona y, una simple publicación o como vemos aquí, un estado de WhatsApp, se interpreta en un tribunal como una forma de contacto.

Cuando hay una orden judicial de por medio, puede tener consecuencias legales graves.

Autor

Manuel Hernández García

Director y Socio Bufete Vilches Abogados

Letrado del Ilustre Colegio de Madrid 72.539

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Premios y Medios de comunicación

El rey emérito Juan Carlos I ha interpuesto una demanda contra Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria, por supuestas declaraciones que habrían dañado su honor. 

En el documento presentado ante los tribunales, el exmonarca sostiene que Revilla ha realizado afirmaciones injuriosas sobre él en distintas ocasiones, en apariciones en los medios de comunicación.

Como compensación, Juan Carlos I solicita una indemnización de 50.000 €, además, exige que rectifique públicamente sus declaraciones.

Juan Carlos I demanda a Miguel Ángel Revilla

Este caso ha generado un enorme revuelo mediático desde el momento en el que lo hemos conocido, en parte porque implica a dos figuras con una gran presencia en la vida pública española, y aparentemente muy diferentes entre ellas. 

Mientras que Juan Carlos I ha sido objeto de múltiples controversias en los últimos años, Revilla es conocido por su estilo directo y sin filtros al expresarse en medios de comunicación, algo que, parece ser, es lo que ha abierto esta “batalla” entre ambos.

¿Qué dijo Miguel Ángel Revilla sobre Juan Carlos I?

Entre los años 2022 y 2025, fueron diferentes las declaraciones referentes al emérito que han motivado esta demanda y se produjeron en varias entrevistas y apariciones públicas.

Así, en 2022, en el programa “El Hormiguero” afirma que Juan Carlos I había llevado a cabo prácticas de evasión fiscal y transferido grandes cantidades de dinero al extranjero sin justificación legal. 

Un año después, en una emisora de radio expresa que estaba «huyendo de España para evitar la justicia» y lo calificó de «apátrida fiscal«.

Ya en este año, en otra aparición televisiva, se refiere al exmonarca como alguien «que ha defraudado al país que representaba» y menciona su «falta de ejemplaridad».

Estas declaraciones han sido interpretadas por el equipo legal del emérito como un ataque directo contra su honor y reputación, lo que ha derivado en la presentación de la demanda.

El derecho al honor y su protección legal

El derecho al honor es un derecho fundamental recogido en el art. 18.1 de la Constitución Española, que establece que «se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen»

Además, está regulado en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, que protege a los ciudadanos frente a intromisiones ilegítimas en estos derechos. 

En legislación, se considera que una persona vulnera el derecho al honor de otra cuando difunde información que pueda menoscabar su dignidad, afectando su reputación de manera injustificada.

¿Cuándo se considera una vulneración del derecho al honor?

Para que una demanda de este tipo prospere, se deben tener en cuenta los siguientes factores:

• Que las declaraciones contengan términos que puedan dañar la imagen o dignidad de alguien.
• Que se hayan hecho en medios de comunicación o plataformas accesibles a muchas personas.
• Si las afirmaciones no están respaldadas por pruebas suficientes, se pueden considerar difamatorias.

En este caso, los abogados de Juan Carlos I argumentan que las declaraciones de Revilla cumplen estos tres requisitos, pues no ven adecuada la presentación de la demanda.

¿Qué puede pasar ahora con la demanda de Juan Carlos I?

Antes de interponer una formal, Juan Carlos I ha solicitado un acto de conciliación, que es un paso previo en el que se intenta llegar a un acuerdo sin necesidad de juicio.

De esa manera busca que Revilla se retracte y pague la indemnización, pero si no se llega a un acuerdo, el caso podría derivar en un juicio civil, donde un tribunal decidiría si las declaraciones van en contra del derecho al honor del demandante.

Por lo tanto, el futuro del caso depende de la respuesta de Revilla y de la posible intervención de los tribunales si no hay un acuerdo extrajudicial.

Autor

Manuel Hernández García

Director y Socio Bufete Vilches Abogados

Letrado del Ilustre Colegio de Madrid 72.539

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El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 abre un expediente sancionador contra una de las principales agencias inmobiliarias de nuestro país debido a supuestas prácticas abusivas en la gestión del alquiler y venta de viviendas. 

No queda ahí la cosa, sino que, otras firmas del sector están bajo investigación por conductas parecidas.

Este caso despierta gran interés, especialmente en el momento por el que estamos pasando, en el que el problema para acceder a un alquiler es muy importante para un enorme sector de la población.

Comisiones y cláusulas ilegales impuestas por la inmobiliaria

Parece ser, según las informaciones que se conocen hasta ahora, que la agencia inmobiliaria en cuestión cobraba comisiones abusivas a los inquilinos por la intermediación en los contratos de alquiler, algo que debe ser asumido por los propietarios. 

Además, se han detectado cláusulas contractuales que limitaban los derechos de los inquilinos, así como la imposición de servicios adicionales sin su consentimiento expreso.

¿Qué se considera una práctica abusiva de una inmobiliaria?

Estas prácticas en este sector pueden darse de diversas maneras y estar relacionadas con cláusulas en los contratos desequilibradas, o también con cobros indebidos (como aquí, cobrar al arrendatario algo que corresponde al arrendador).

Son condiciones que, en muchos casos, desconoce el inquilino o tiene una necesidad extrema de conseguir una vivienda y se ve obligado a aceptar si quiere tener un hogar, aunque no sean del todo legales.

Algunos de los casos más frecuentes, son estos ejemplos:

Cobro de honorarios indebidos a los inquilinos

Las agencias cargan a los inquilinos gastos que deberían ser asumidos por los propietarios, como los honorarios por la intermediación en el alquiler, uno de los puntos por los que se está investigando a esta inmobiliaria.

Depósitos desproporcionados

A veces se exige a los inquilinos el pago de fianzas o garantías excesivas que no están justificadas legalmente.

Cláusulas abusivas en los contratos

Algunas agencias incluyen condiciones que limitan los derechos del inquilino, como restricciones arbitrarias en el uso de la vivienda, o penalizaciones excesivas en caso de desistimiento del contrato.

Falta de transparencia en la información

No proporcionar información clara sobre los costes, las condiciones del contrato, o los derechos del inquilino se considera una práctica abusiva cuando los implicados no saben realmente lo que están firmando.

¿Qué dice la Ley de Vivienda sobre las comisiones inmobiliarias?

La Ley de Vivienda, aprobada en 2023, establece que los honorarios de intermediación en los contratos de alquiler deben ser asumidos por el arrendador, no por el inquilino. 

Esto significa que cualquier cobro de comisiones a los inquilinos por parte de una agencia inmobiliaria es ilegal y constituye una infracción sancionable, además, la normativa prohíbe añadir cláusulas abusivas que impongan costes injustificados a los inquilinos.

Consecuencias legales para las agencias inmobiliarias por incumplimiento

Si se da el caso, se enfrentan a diferentes sanciones, dependiendo de la gravedad de la infracción, además de lo que se considera un enorme perjuicio para su marca.

Multas económicas, como decimos, según la infracción sea calificada como leve, grave o muy grave, y pueden alcanzar cantidades significativas.

Nulidad de cláusulas abusivas, estos contratos pueden ser declarados nulos, lo que da derecho a las partes a reclamar devoluciones o indemnizaciones.

Reputación y pérdida de confianza, además de las sanciones legales, las empresas investigadas sufren un daño en su reputación que sin duda afecta a su negocio a largo plazo y a la imagen que tienen los consumidores de su marca.

La apertura de un expediente sancionador a una gran agencia inmobiliaria como esta (junto a la investigación a otras del gremio) es una señal de que las autoridades están vigilando posibles abusos en un mercado que necesita, según los últimos acontecimientos, que se cumpla una legislación que proteja a los propietarios, pero sin olvidarse de los inquilinos.

Autor

Manuel Hernández García

Director y Socio Bufete Vilches Abogados

Letrado del Ilustre Colegio de Madrid 72.539

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