DERECHO AL HONOR, INTIMIDAD Y LA IMAGEN VS. DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESION Y DE INFORMACION RESPECTO DE LOS TRUE CRIME


En la actualidad, se ha observado una tendencia en alza en la creación y divulgación de obras de «true crime», es decir, documentales, series y películas que se fundamentan en crímenes reales ocurridos recientemente en España, tales como «El caso Asunta«, «El caso Alcàsser«, «El cuerpo en llamas«, entre otros. 

Introducción al Auge de los Documentales de True Crime en España

Así, la última noticia es que Ana Julia Quezada, ha sido trasladada del módulo donde se encontraba cumpliendo la pena de prisión permanente revisable por el asesinato del niño Gabriel Cruz en 2018, y todo ello debido a que ha salido a la luz que estaría grabando un documental sobre el crimen, sin tener los padres constancia de ello ni haber prestado permiso. 

El Conflicto entre Derechos Individuales y Libertad de Expresión

Sin embargo, estas producciones a menudo generan conflictos entre dos conjuntos de derechos individuales que son fundamentales para la integridad y dignidad de la persona, a saber, el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen (conforme al artículo 18.1 de la Constitución Española), y el derecho a la libertad de expresión (de acuerdo al artículo 20.1 a CE), el derecho a la expresión artística (según el artículo 20.1 b CE), y el derecho a recibir y difundir información veraz (según el artículo 20.1 d CE).

Pero ¿cuál de estos debería prevalecer sobre los demás?

Principios Constitucionales sobre Honor e Intimidad versus Libertad de Expresión

Así, por un lado, el artículo el articulo 18 de la Constitución española, recoge lo siguiente: 

  1. «Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
  2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.
  3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.
  4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos´´. 

Y, por el otro lado, el artículo 20 de la misma, dispone que:

  1. «Se reconocen y protegen los derechos:
  1. A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.
  2. A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.
  3. A la libertad de cátedra.
  4. A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.
  1. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.
  2. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.
  3. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.
  4. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial´´.

Jurisprudencia y Derechos de la Personalidad en España

A su vez, es importante destacar el artículo 20.4 de la Constitución, el cual estipula que estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. 

Así, en este asunto, la Ley Orgánica 1/1982 de Protección Civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, que desarrolla y articula la protección del derecho fundamental homónimo, concretamente, el art. 2 LO 1/1982 establece los límites primarios de estos derechos de la personalidad. Así, el art. 2.1 LO 1/1982 dispone que «la protección civil del honor, de la intimidad y de la propia imagen quedará delimitada por las leyes y por los usos sociales atendiendo al ámbito que, por sus propios actos, mantenga cada persona reservado para sí misma o su familia´´.

En relación con los actos que pueden ser reputados intromisiones ilegítimas, estos se detallan en el art. 7 LO 1/1982, dedicándose el art. 8 LO 1/1982 a establecer las excepciones legales, esto es, las circunstancias que justificarán que la intromisión en los derechos de la personalidad no resulte ilegítima. Por lo que aquí interesa, constituyen intromisiones ilegítimas los siguientes actos: 

  • La divulgación de hechos relativos a la vida privada de una persona o familia que afecten a su reputación y buen nombre, así como la revelación o publicación del contenido de cartas, memorias u otros escritos personales de carácter íntimo (art. 7.3 LO 1/1982)
  • La revelación de datos privados de una persona o familia conocidos a través de la actividad profesional u oficial de quien los revela» (art. 7.4 LO 1/1982)
  • La captación, reproducción o publicación por fotografía, filme, o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos. 

Impacto de las Decisiones Judiciales en la Producción de Contenidos sobre Crímenes

En definitiva, el uso de personajes reales en obras artísticas genera un conflicto entre los derechos al honor, la intimidad y la propia imagen, por un lado, y los derechos a la información, la libertad de expresión y la libertad de creación por otro, que requiere de una meticulosa ponderación en cada caso particular.

Para ponderar estos derechos, nuestra jurisprudencia tiene en consideración dos elementos:

  • Un aspecto inicial a considerar es la capacidad del espectador para identificar los eventos relatados en la película y reconocer a las personas a las que corresponden los personajes de la obra. En relación con este punto, el Tribunal Constitucional ha establecido que el ejercicio del derecho fundamental a la producción y creación literaria protege la creación de un universo de ficción que puede tomar como referencia datos de la realidad, sin necesidad de adherirse a criterios de veracidad o utilidad para limitar la labor creativa, la cual es intrínsecamente subjetiva (STC núm. 51/2008 de 14 de abril, caso «El jardín de Villa Valeria«).
  • Un segundo aspecto relevante es el enfoque adoptado, ya sea más creativo o fiel, en relación con los hechos y personas reales que constituyen el núcleo temático de la obra, lo que permite al receptor evaluar si existe una mayor o menor fidelidad a la realidad. En consonancia con esta línea jurisprudencial, el Tribunal Supremo, en la sentencia número 441/2014, de 29 de julio, abordó el célebre caso del Crimen de los Marqueses de Urquijo, el cual trata sobre la tensión entre el derecho al honor y la expresión artística e informativa. Concluyó que prevalecían los últimos al determinar que los hechos eran verídicos y que las licencias creativas adoptadas por los creadores de la película estaban justificadas para hacer la narración más cautivadora.

Lo cierto es que, en nuestro país, la jurisprudencia tiende a favorecer los derechos a la libertad de expresión y de creación artística, protegidos, por el artículo 20 de la Constitución Española. Los tribunales suelen mostrar tolerancia hacia la producción de obras ficticias sobre figuras públicas, incluso sin autorización, y/o aquellas relacionadas con eventos de interés general.

Esto se basa en su condición de derechos fundamentales para el desarrollo de una opinión libre e informada, elementos cruciales para el avance de una sociedad democrática moderna. La primacía de los derechos de opinión y expresión se refuerza aún más cuando se trata de hechos de interés general o que involucran a figuras públicas, siempre y cuando se respeten los límites del decoro, y se eviten expresiones insultantes o completamente desproporcionadas.


Esta confrontación de derechos ha sido objeto de análisis continuo y reiterado en las sentencias del Tribunal Constitucional. Desde la sentencia 6/1981 del TC, se ha enfatizado la importancia del ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información como uno de los pilares fundamentales de una sociedad libre y democrática. En este contexto, se garantiza constitucionalmente la difusión de información veraz sobre temas de interés general o relevancia pública. Los tribunales suelen adoptar una postura restrictiva con respecto a las series o películas cuando los hechos presentan una nueva realidad que pueda vulnerar la intimidad o difundir injurias o calumnias. Un ejemplo de ello fue la serie «Mi gitana» de Telecinco sobre Isabel Pantoja, estrenada en 2012. El juzgado de Primera Instancia de Alcobendas determinó que «Mi gitana» había incurrido en una «intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad» de la cantante. Además, la sentencia ordenó la retirada de la serie y de sus DVDs del mercado, y fijó una indemnización de 10.000 euros como compensación por los daños y perjuicios causados a la cantante.

Es importante destacar que, en el ámbito de las expresiones artísticas, se aplica el mismo principio jurisprudencial de protección hacia las manifestaciones y creaciones artísticas, considerándolas elementos esenciales de la individualidad. No obstante, las ofensas injustificadas, desproporcionadas o claramente insultantes ceden esa primacía en favor de otros bienes jurídicos igualmente importantes, como el honor, la intimidad, la propia imagen y, en ocasiones, la libertad ideológica, que abarca la libertad de creencias religiosas.

Además, como se mencionó anteriormente, si los hechos son de conocimiento público o han sido difundidos a través de los medios de comunicación, el relato sobre el caso también se considera de dominio público. Por lo tanto, no es necesario obtener una autorización para la emisión de una serie sobre dicho caso.

Debemos traer de nuevo a colación el crimen de los Marqueses de Urquijo, señalando el Tribunal Supremo en la sentencia 441/2014 del 29 de julio, que la película estaba amparada por la libertad de información porque era fiel a los hechos probados acerca del crimen en cuestión. Además, se les concedió la libertad de tomar licencias creativas, lo que incluyo la difusión de sospechas sobre las personas implicadas en el caso. 

Otros ejemplos incluyen biopics como «Carmen Cervera, la Baronesa» (auto de medidas cautelares del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Alcobendas de 28 de junio de 2011) o la publicación de biografías como «Arriba la Esteban» (sentencia del Tribunal Supremo número 522/2011, de 13 de julio). Se ha establecido que este tipo de biografías no autorizadas serían consideradas ilícitas únicamente cuando su narración sea predominantemente factual y pueda contener elementos difamatorios (véase, por ejemplo, el caso Clarence Seedorf – sentencia del Tribunal Supremo número 14/2004, de 28 de enero).

Algunas resoluciones judiciales sostienen que cuanto mayor sea el grado de creatividad y alejamiento de la realidad en el tratamiento de los hechos, mayor será la amplitud de la libertad de creación concedida. No obstante, si una obra fílmica o televisiva se adhiere estrictamente a los hechos, adoptando una aproximación más documental, está obligada a ser fiel a la verdad. Por ejemplo, la Audiencia Provincial de Madrid determinó en el conocido caso Fariña que es lícito mencionar a personajes sin su autorización, siempre y cuando la narración sea precisa y objetiva, producto de una minuciosa investigación de los hechos reales.

En síntesis, los tribunales españoles han avalado la publicación de biografías no autorizadas o la realización de biopics sobre individuos de renombre, siempre y cuando no incorporen contenido manifiestamente injurioso. En el proceso de equilibrio entre estos derechos, la jurisprudencia nacional ha favorecido el derecho a la creación artística, conforme al artículo 20.1.b) de la Constitución Española. Este derecho salvaguarda la facultad de configurar un ámbito de ficción que pueda basarse en eventos reales como punto de partida, sin que se impongan requisitos de veracidad para restringir la expresión creativa subjetiva. Este enfoque fue ratificado por el Tribunal Constitucional en el caso «El jardín de Villa Valeria» (sentencia número 51/2008, de 14 de abril), donde se estableció que el análisis de la veracidad debe ser matizado, permitiendo incluso la exageración y el empleo de formas discutibles.

En cuanto al derecho europeo, el artículo 10.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) establece, por un lado que, toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, incluyendo la libertad de opinión y de recibir o comunicar informaciones e ideas sin interferencias de autoridades públicas y sin restricciones fronterizas. Sin embargo, los Estados pueden requerir autorizaciones previas para empresas de radiodifusión, cinematografía o televisión y, por el otro lado que, el ejercicio de estas libertades puede estar sujeto a restricciones o sanciones legales necesarias en una sociedad democrática para proteger la seguridad nacional, la integridad territorial, la seguridad pública, el orden, la prevención del delito, la salud o la moral, la reputación o los derechos de otros, impedir la divulgación de información confidencial o garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial.

Asimismo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha proporcionado precisiones sobre la legalidad de obras artísticas basadas en hechos reales en el conocido caso Lindon (sentencia de 22 de octubre de 2007), relacionado con el libro «El proceso» de Jean-Marie Le Pen. En esta obra, Le Pen fue descrito como el instigador intelectual del crimen de Brahim Bouaram perpetrado por jóvenes militantes del Frente Nacional en 1998, utilizando términos como «vil oportunismo», «inmoralidad», «falta de dignidad» y atribuyéndole roles como «jefe de una banda de asesinos» o «recomendar cometer un asesinato«. El TEDH determinó que, aunque se permite cierto grado de exageración e incluso provocación, y que los límites de la crítica son más amplios en el caso de figuras políticas, en este caso concreto consideró que los términos utilizados eran excesivos, ya que podían incitar a la violencia y al odio.

No obstante, es importante diferenciar cuando la serie, película o documental relata los hechos acontecidos en un caso en el que la víctima sea menor de edad, como es el caso que nos atañe. 

Reitero que, la jurisprudencia constitucional ha establecido que la protección de la infancia y juventud actúa como un límite a las libertades de expresión, en términos similares a los empleados por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ha destacado la doctrina de la intensificación de la protección de la intimidad y la propia imagen de los menores, priorizándolas sobre otros derechos. Por ejemplo, ha prevalecido el derecho a la intimidad de los niños sobre la libertad de información, incluso cuando la noticia ya ha sido divulgada previamente y la información es veraz, como se refleja en la Sentencia 134/1999.

El artículo 197.7 del Código Penal, castiga a aquel que, sin consentimiento de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de la víctima que hubiera conseguido con su consentimiento en un domicilio o cualquier otro lugar íntimo o privado con la intención de menoscabar gravemente su intimidad personal, la pena de este delito se impondrá en su mitad superior cuando la víctima es menor y/o discapacitad existe ánimo de lucro.

Además, la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia, enfatiza la protección de los menores de edad. La publicación o difusión de imágenes o información de menores en los medios de comunicación está prohibida cuando pueda perjudicar su reputación o intereses, incluso si existe consentimiento del propio menor o de sus padres o tutores legales, así, en su artículo 8.4 recoge que, « En los casos de violencia sobre la infancia, la colaboración entre las administraciones públicas y los medios de comunicación pondrá especial énfasis en el respeto al honor, a la intimidad y a la propia imagen de la víctima y sus familiares, incluso en caso de fallecimiento del menor. En esta situación, la difusión de cualquier tipo de imagen deberá contar con la autorización expresa de herederos o progenitores´´. 

El artículo 4 de la Ley Orgánica 1/1996, de protección jurídica del menor, recoge el derecho de los menores de edad al honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen. La difusión de información o utilización de imágenes o el nombre de los menores en los medios de comunicación que pueda implicar una intromisión ilegítima a su intimidad, honor o reputación, o que sea contraria a sus intereses, determinará la intervención del Ministerio Fiscal, que instará de forma inmediata las medidas cautelares y de protección previstas en la Ley y solicitará las indemnizaciones que correspondan por los perjuicios causados. El artículo indica que se considera intromisión ilegítima al derecho al honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen del menor la utilización de la imagen o el nombre en los medios de comunicación que pueda implicar menoscabo de su honor o reputación, o que sea contraria a sus intereses, incluso si consta el consentimiento del menor o de sus representantes legales.

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) dispone en su artículo 16 la prohibición de injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada, familiar, domicilio y correspondencia de los niños, así como ataques a su honra y reputación, prohibiendo también la divulgación de datos identificables. El artículo 17 obliga a los Estados a asegurar el acceso de los niños a información que promueva su bienestar y a establecer directrices para que los medios de comunicación los protejan de contenido perjudicial. El artículo 3 establece que el interés superior del niño debe prevalecer en todas las decisiones que los afecten. Finalmente, el artículo 19 exige que los Estados protejan a los niños contra todas las formas de violencia, abuso, explotación y negligencia, prestando especial atención a los niños vulnerables, como aquellos en conflicto con la ley, víctimas de explotación, o con discapacidades.

Casos Emblemáticos de Conflictos entre la Creación Artística y Derechos Personales

En este caso en concreto, debemos tener en cuenta la Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía, la cual, protege especialmente a las familias en estos casos. La ley andaluza obliga a las administraciones públicas de Andalucía a velar, en el ejercicio de sus competencias, por que se respete el derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen de las niñas, niños y adolescentes. Especialmente se tendrá en cuenta a «aquellas personas menores que se encuentren en situación de vulnerabilidad y en situación de desprotección»

«En la protección de este derecho se prestará especial cuidado en sus datos personales, siendo exigible un deber de reserva por parte de las personas profesionales que son conocedoras de los mismos en el ejercicio de su función profesional, de las personas acogedoras o de las personas colaboradoras con la Entidad Pública, así como por parte de los medios de comunicación», añade el texto legal.

La Sentencia 290/2012 del Tribunal Supremo refuerza esta interpretación al abordar la difusión de información sobre un niño víctima de agresiones sexuales, destacando la necesidad de ponderar los derechos al honor y la libertad de información y expresión, especialmente en casos que involucren a menores. La sentencia subraya que el daño a los derechos del menor se agrava cuando se realiza a través de los medios de comunicación, respaldado por la Ley Orgánica de Protección del Menor, la Convención de los Derechos del Niño y la Carta Europea.

Además, otras sentencias como la 425/2011 de la Audiencia Provincial de Madrid y las 655/2015 y 2016/2013 del Tribunal Supremo, consideran ilegítima la publicación de fotografías de menores sin el consentimiento de sus progenitores, incluso si las caras están pixeladas, y exigen responsabilidad civil por el daño causado.

No obstante, en relación con la información referente a la denominada “vida judicial”, cabe mencionar las sentencias del Tribunal Constitucional 178/1993, 320/1994, 154/1999, entre muchas otras, en las cuales se ha fundamentado la conveniencia y necesidad de que la sociedad sea informada sobre sucesos de relevancia penal, independientemente de la condición del sujeto privado o de las personas afectadas por la noticia. En efecto, se entiende que la información debe ser continua y permanente cuando los delitos cometidos revistan cierta gravedad o hayan causado un impacto considerable en la opinión pública, y debe extenderse a todos los datos o hechos novedosos que se vayan descubriendo en el curso de las investigaciones judiciales.

Protección de Menores y Derechos Constitucionales en Contenidos Mediáticos

Concluyendo, prima el derecho de expresión artística tratada con respecto y eludiendo imágenes de violencia manifiesta, y, en concreto, las informaciones relativas a los menores deben realizarse «con mayor garantía de los derechos fundamentales y con una interpretación restrictiva del ejercicio de la libertad de información y expresión», además, es crucial considerar si se están reconstruyendo hechos históricos protagonizados por personas públicas o si se trata de un evento excepcional protagonizado por individuos anónimos. Obtener el consentimiento de las partes involucradas simplifica el proceso, no obstante, la falta de autorización no necesariamente impide la realización de la obra, siendo que, si se produjera la producción, grabación y publicación de cualquier tipo de filme, la familia de la víctima, en este caso concreto, la familia de Gabriel Cruz, las vías que tendría son: 

  • Solicitar medidas cautelares para que se paralice la emisión de la serie hasta que el juzgado resuelva sobre si se puede o no emitir la misma (como en el caso de «El cuerpo en llamas´´, historia de Rosa Peral/ La guardia urbana). 
  • Podrían solicitar que no se emita dicha serie. 

Es cierto que el derecho a la intimidad es personalísimo y se extingue con su muerte, pero también lo es que la Ley 1/1982 permite que el ejercicio de las acciones de protección de los derechos del fallecido lo ejerzan sus ascendientes y, tratamiento de las informaciones relativas a los menores debe realizarse «con mayor garantía de los derechos fundamentales y con una interpretación restrictiva del ejercicio de la libertad de información y expresión«, según ha establecido la jurisprudencia.

Autor

Manuel Hernández García

Director y Socio Bufete Vilches Abogados

Letrado del Ilustre Colegio de Madrid 72.539

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Se juega la licencia de boxeador por defender a una mujer

En una sesión de cine de una película infantil, el boxeador profesional Antonio Barrul, por querer hacer el bien, y con la posibilidad de perder su licencia, actúa en defensa de una mujer mediando en una discusión que se estaba yendo de las manos.

Esta semana, todos los medios publican como este joven deportista evita que un hombre actúe de manera violenta contra su pareja, el lado malo de sus actos es que puede perder su licencia de boxeador federado.

#01.-Antonio Barrul pone freno a una agresión 

Los hechos, de los que hay videos viralizados en redes, son que una pareja discute, de manera demasiado acalorada, en la sala.

El hombre implicado realiza continuos gestos de carácter violento, llegando incluso, según los espectadores, a la agresión, no solo a su acompañante, sino que indirectamente golpea a una niña sentada junto a ellos.

Al presenciar esta situación, Barrull se acerca a mediar, pide al hombre que deje de actuar así y se calme.

Ante la negativa que recibe, la cosa no hace más que empeorar, y aun cuando el boxeador quiere evitar el enfrentamiento, no hay manera, y termina golpeando a este hombre, que cae al suelo inconsciente.

Este hecho, que puede ser un acto encomiable, no el golpear a una persona, pero sí el defender a una mujer, puede costarle muy caro.

¿Puede perder el boxeador su licencia?

El Reglamento de la Federación de Boxeo establece que cualquier deportista federado involucrado en actos de este calibre, es susceptible de que se le abra un expediente disciplinario.

 

Ni la Federación Nacional ni la de Castilla y León tienen en mente retirar la licencia al muchacho, sino que, además, apoyan lo que ha hecho, y están de su lado.

Aunque no ha habido denuncia de ningún tipo, la Fiscalía de Menores puede investigar la agresión a la pobrecita niña que, solo por estar al lado de la pareja, recibe un golpe que hace ver a Antonio Barrul que ha de detener lo que está pasando.

¿Qué ocurre si un boxeador participa en una pelea callejera?

En caso de que un boxeador federado esté implicado en una pelea, que no sea de carácter profesional, y la cosa termine en juicio, puede ser considerado agravante, no por el hecho de estar federado, sino si se prueba que es un experto, que se justifica con títulos, premios, o experiencia en la profesión.

En este caso, es fácilmente demostrable, ya que Antonio Barrul cuenta con el título de Mejor Debutante del año 2023 por Espabox.

#02.-Ser boxeador, agravante fuera del ring

En un juicio, esta condición se tiene en cuenta al valorar los hechos.

Se considera que esa persona cuenta con una superioridad que pone en claro desequilibrio una pelea entre agresor y víctima, por lo que el Código Penal tiene en cuenta la posibilidad de una agravante

¿Qué es la agravante de un delito?

En Derecho Penal, agravante es una condición, o circunstancia, que aumenta la responsabilidad criminal, y hace que se aplique la pena mayor que corresponda a ese delito.

Cualquier agravante se toma en cuenta para determinar la condena, y que el juez se decante por la máxima, o, en caso contrario, por la mínima si existen circunstancias que minoran los actos del delincuente.

Todo delito lleva una sanción aparejada, y es el juez quien eleva la sentencia porque existan situaciones que considera agravantes, pero también pueden demostrarse circunstancias atenuantes que reduzcan la gravedad y es cuando el magistrado dicta la pena menor.

Juana Rivas, un nuevo juicio para reunir a sus hijos

El caso de Juan Rivas lleva años en los medios, no solo aquí, sino que la nacionalidad italiana de su expareja, ha hecho que durante todo este tiempo, las demandas y recursos se hayan sucedido en ambos países, de manera simultánea.

Ahora la justicia italiana da un paso atrás y, considerando prioritario el bien de los dos niños, ordena repetir el juicio.

Juan Rivas y sus intentos por alejar a sus hijos del padre

Este caso, como decimos, lleva muchos años en la actualidad, quizás desde 2017 más conocido, pues es cuando la mujer se niega a entregar a los niños, y es acusada de un delito de sustracción de menores, bueno, de dos, uno en cada país.

Sus muchos intentos se apoyaban en continuas acusaciones de maltrato hacia el padre de los dos niños, que eran recurridas continuamente por su expareja. 

En aquella época, con la custodia compartida y con los menores viviendo y estando escolarizados en Italia, Juana viaja con ellos a España y se niega a regresar para entregarlos.

Condena a Juan Rivas por sustracción de menores (en cada país)

Ante esa actitud, la lucha en los tribunales de ambos países comienza, y termina con la condena en España a 5 años de prisión, y retirada de la patria potestad.

Esta decisión judicial sufre unas reducciones como fruto de la continua lucha de esa mujer que cuenta con el apoyo de gran parte de la sociedad, por los menos, en nuestro país, hasta que consigue el indulto parcial por parte del Gobierno.

Este giro en el caso mejora mucho su situación, evita su entrada en prisión, al reducirse la condena a 1 año y 3 meses junto a 180 días de trabajo en beneficio de la comunidad, en vez de la retirada de la patria potestad de la sentencia inicial.

Por otro lado, la justicia italiana logra una sentencia que obliga a que cada niño conviva con uno de sus progenitores y, por tanto, en un país diferente.

Este es el factor determinante que ahora quiere retomar, el Tribunal Supremo italiano considera que esta situación perjudica a los menores, y ordena repetir el juicio.

Se quiere evitar que niños dejen de ser los más perjudicados y pretende unirlos porque esta situación implica una interrupción en el vínculo entre hermanos

#02.-Separación de hermanos en un divorcio

Nuestro Código Civil, el art. 92.5, establece que, ante una sentencia de guardia y custodia, el juez debe intentar que los hermanos no se separen, salvo en el caso de que hacerlo les perjudique aún más.

Para tomar la decisión, se estudian las circunstancias familiares y la situación en la que se encuentran los menores y qué supone para ellos la separación.

Los hermanos tienen derecho a crecer juntos y se considera que, alejarlos, es perjudicial para su desarrollo, y va en contra de su interés superior.

Interés superior del menor

El factor más importante y prioritario, no solo en los temas de guardia y custodia, sino siempre que haya menores de por medio, se debe velar por ellos y cualquier decisión judicial gira en torno a protegerlos, y velar por su bienestar.

Ante un acuerdo de divorcio, se considera qué puede suponer para ellos una separación, y se busca la manera de no llegar a ella.

Cada situación es diferente, no es algo que se decida siempre así, porque hay otros factores a estudio que pueden inclinar la balanza al lado de la separación: lugar donde estén escolarizados, si existen conflictos con algún progenitor o si se considera que el régimen de visitas adoptado no impide el desarrollo de ese vínculo.

Este último punto, en el caso de Juana Rivas, no se puede considerar, los niños están creciendo en diferentes países, y sí es algo que puede afectar a la relación.

La opinión de los propios menores

No hay que olvidar que los niños tienen mucho que decir y hay que escucharles, salvo el caso en el que sean demasiado pequeños, el juez solicita su opinión antes de dictar una sentencia que les sea favorable.

Como no puede ser de otra manera, la legislación vela por quienes están más indefensos en cualquier situación que termine en los tribunales.

Sentencia firme a la madre que asfixia a su hija en Lugo

El Tribunal Supremo ratifica la condena a una madre, que en 2019 acaba con la vida de su pequeña de 7 años, a quien suministra sustancias sedantes para después asfixiar.

Ya en un primer momento la Audiencia Provincial de Lugo llega a una condena de culpabilidad, recurrida por la acusada, y es ahora cuando se cuenta con una condena firme que nos confirma estar ante un nuevo suceso de violencia vicaría, en este caso, una madre es quien termina con la vida de una menor conociendo las pretensiones del padre de modificar el acuerdo de custodia.

Prisión permanente revisable a la madre que asfixia a su hija 

Los hechos ocurren cuando, en la madrugada del 3 de mayo, la madre le suministra unos sedantes para, una vez que hacen efecto, asfixiar a la pequeña en su propia cama.

Tras la primera condena de culpabilidad, esta mujer recurre la sentencia alegando que, en ese momento, sufre un brote psicótico, con lo que, en parte, intenta justificar sus actos.

De nada le sirve esta argumentación ante las pruebas en su contra, una premeditación que indica que fue algo planeado.

Premeditación: busca en internet manera de matar

Sin dudar que pudiera sufrir algún trastorno, el Tribunal no lo considera suficiente como para que esta mujer no fuera, en aquellos momentos, consciente de sus actos, prueba es la preparación previa del crimen, que demuestra que sus facultades mentales no estaban afectadas.

La premeditación que da fuerza a la condena definitiva se apoya en las repetidas búsquedas en internet de sustancias venenosas, como estricnina, junto con otras en las que se informaba de maneras de simular un comportamiento psicótico.

Además, ocultar pruebas incriminatorias, suma la obstrucción a la justicia al resto de delitos que comete y de los que se quiere liberar recurriendo la primera condena.

La madre, en su intento de evitar la pena inicial que, al final se ha confirmado, alega el eximente, de trastorno psicótico que no es tenido en cuenta por la Sala al contar con las pruebas de premeditación que hemos comentado, lo que no deja lugar a dudas de que era plenamente consciente de su terrible plan.

¿Qué significa eximente de responsabilidad?

En legislación hablamos de eximente para referirnos a una circunstancia que libra de responsabilidad criminal a quien comete el delito.

Son condicionantes que, si bien se tienen en cuenta por el juez al decidir la condena, son estudiados en cada caso antes de evaluar si son aplicables, aquí, no lo son por el resto de pruebas en su contra.

Es el Código Penal el que establece los eximentes que pueden ser tenerse en cuenta en los delitos que, si son aceptados y considerados completos, permiten que el acusado se libre la pena que le corresponde, pero, con todo, sí puede sufrir responsabilidades civiles.

En caso de ser incompletos, la pena no se anula, pero sí ser rebajada.

Uno de ellos es la argumentación de sufrir alteraciones psíquicas que tienen como consecuencia que, quien la persona no es consciente ni comprende qué está haciendo.

Este caso no puede considerarse la existencia de eximente, ni completo ni incompleto, la cuidada planificación de la madre no deja dudas de su intención de evitar los cambios en el acuerdo de custodia que llevaría a aumentar el tiempo de estancia de la pequeña con su padre.

Los menores son herramientas inocentes en demasiadas ocasiones, y sufren las consecuencias de unos padres que buscan hacerse daño, es entonces cuando la ley se encarga de que no se libren de la pena que le corresponda, aunque, como en este caso, presenten argumentos con los que justifiquen sus actos.

Tiktoker ante la jueza, Chulo sí tenía dueño

Una joven tiktoker se encuentra en una carretera de un municipio de Cantabria, un cachorro de mastín, y se detiene, con la idea de que está abandonado, y auxiliar al animal.

Comprueba que no hay nadie cerca, tampoco ninguna casa o lugar donde pudiera estar su dueño, ni ganado que hiciera suponer que era su perro pastor.

Con toda esta información visual, se hace cargo del él con la idea de que estaba abandonado.

Resulta que no lo estaba.

#01.-Tiktoker acusada de llevarse a un cachorro…

Las acciones de la joven continuaron.

Lleva al cachorro al veterinario donde comprueban que no tiene chip, además de hacerle un reconocimiento porque no parece que haya recibido la atención veterinaria que corresponde a un cachorro, y más si vive en el campo.

Con todo esto, que cada vez parece que confirma su idea de que no tiene dueño, lo publica en redes y contacta con una protectora que, a su vez, localiza a una mujer que decide hacerse cargo y adopta a este cachorro.

… que resultó que tenía dueño

Ese video, y toda la información que publica después con los avances de la adopción, son vistos por un ganadero que asegura ser el dueño del cachorro, ya entonces comunica que se llama Chulo, y tiene 6 meses

Este hombre, denuncia tanto a la joven que lo recoge en la carretera como a quien lo adopta por un delito de hurto.

La jueza que dicta la sentencia favorable a ambas acusadas considera que en ningún momento hay ánimo de lucro en su forma de actuar.

Aunque es indudable que es un animal con un valor económico, ni quien lo encuentra, ni quien se hace cargo, parece que busquen sacar ningún provecho del animal, todo lo contrario, se ocupan de él y de los gastos que necesita para su salud.

La atención veterinaria revela que el cachorro había estado muy poco cuidado, por lo que, a simple vista, sí se podría pensar que no tenía dueño.

Con todo esto, la jueza no considera este caso como un delito de hurto al llevarse al animal sin permiso del dueño, pero solo porque desconocía que existiera uno.

#02.-¿En qué consiste el delito de hurto?

Este delito lo regula el Código Penal en su art. 234 y se aplica a quien, con ánimo de lucro y en contra de la voluntad de su dueño legítimo, se apropia de algo que no es suyo, sin que exista violencia ni intimidación, o estaríamos ante un delito de robo.

Delito de hurto según su gravedad

Si el valor de lo sustraído no excede los 400 €, estamos ante un delito leve, con una pena de multa de 1-3 meses, a no ser que los bienes sean considerados del tipo agravado, o se tiene antecedentes, situaciones que aumentan la pena.

Si el valor de lo sustraído es superior a 400 €, la pena también se eleva, de 6-18 meses.

En caso de existir agravantes, como que se sustraigan bienes de valor artístico, cultural o científico, de primera necesidad, pongan a la víctima en grave situación económica, o se emplee a menores, entre otros, estaremos ante un delito grave.

No parece, o por lo menos es la decisión de la jueza, que se incurra en ninguno de estos supuestos, aunque no conocemos el valor de Chulo, no hay ningún indicio que indique que, ni la joven que lo encuentra, ni quien lo adopta pretendan sacar beneficio económico con el animal.

Todo lo contrario, parece indicar que esta tiktoker que se encuentra un cachorro en la carretera, actúa con toda la buena voluntad del mundo, por los menos, es lo que hace ver la sentencia.

Todavía cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Cantabria, por lo que el dueño de Chulo puede acudir de nuevo a los tribunales, si no está de acuerdo con la resolución del caso.

Padre esconde el dinero de la pensión de sus hijos

Sí, pero no se sale con la suya, o por lo menos el Tribunal Constitucional ha impedido que no pague la cantidad adecuada como la pensión a sus tres hijos

El órgano jurisdiccional da la razón a la madre de los tres menores contradiciendo la resolución de un juzgado de Getafe (Madrid) que resuelve como pago de la pensión un porcentaje en lugar de una cantidad fija.

#01.-Pensión de alimentos con padre “desaparecido”

Se trata de un caso particular, ante un acuerdo de divorcio.

Cuando el juzgado reclama su presencia para fijar la cantidad que debe aportar en la manutención de sus hijos, este hombre no aparece.

No dar señales de vida imposibilita no solo conocer su paradero, sino también asegurar su capacidad económica para acordar la pensión de alimentos.

Ante esta situación de desconocimiento, el juzgado toma la determinación de que el pago sea de un 10% de sus ingresos.

La madre, por otro lado, no está de acuerdo.

Solicita una cantidad fija, de 100 € por cada hijo, para ella es una incertidumbre a la hora de saber el dinero con el que cuenta para cubrir los gastos de sus hijos, una situación de desamparo que hace que acuda al Constitucional.

Es ahora cuando este organismo se pone del lado de la mujer, y considera que el juzgado de Madrid no ha tenido en cuenta el interés superior del menor para tomar esa decisión.

#02.-¿Cómo se decide la pensión alimenticia?

La pensión alimenticia es una cantidad que se establece, sí o sí, en un acuerdo de divorcio, para que ambos progenitores participen en los gastos que necesitan sus hijos.

Lo más sencillo, pero ya depende de la relación de la pareja tras la ruptura, es que se decida de mutuo acuerdo y, así, ambos se hagan cargo de los gastos de los hijos, ya sea a partes iguales o según las posibilidades de cada uno.

Si esto no es posible, un juez toma partido, y lo hace siempre en interés de los menores, con base en la capacidad económica de los padres.

Factores que influyen en la pensión de alimentos

En cualquier caso, depende de las necesidades de los hijos, que se deben cubrir, y de la situación económica de los padres, con ambos decide cuánto aporta cada cónyuge.

Necesidades del menor

Los gastos que se valoran son los que aseguran su educación, vestimenta, ocio, salud, y cualquier otro para que, en lo posible, pueda mantener la calidad de vida que tenía antes de la ruptura.

Capacidad económica de los padres

Muchas separaciones crean un desequilibrio en la economía de la pareja y, a menudo, una de ellas sale desfavorecida, por eso, la pensión que se debe aportar depende de la situación de cada uno, algo que se tiene en cuenta en su resolución.

En caso en los que se conoce esta capacidad económica, decidir un porcentaje es viable, no aquí, que no tener ningún dato de con cuánto dinero cuenta este hombre, abre una abierta para ocultar sus bienes y eludir su responsabilidad, aportando a la separación lo menos posible.

 

La consecuencia de esta forma de actuar la sufren los hijos, no hay que olvidar que la pensión de alimentos se destina siempre a ellos, no se trata de mejorar el estilo de vida del progenitor que la recibe, sino de ayudar en la manutención de los menores.

Ocultar el patrimonio en el acuerdo de divorcio como arma que perjudique a la expareja, no hace más que evitar que los hijos cuenten con lo que necesitan.

Dani Alves, en la calle por 1.000.000.000

El que fue jugador del FC Barcelona, y en prisión desde hace meses por agresión sexual a una joven de 23 años, en la discoteca Sutton de la Ciudad Condal, sale de prisión. 

No se trata de que le anulen la pena impuesta de 4 años y 6 meses por lo ocurrido el 31 de diciembre de 2023, sino que los jueces toman la decisión de conceder la prisión provisional bajo fianza de un millón de euros que deberá entregar para salir a la calle.

Dani Alves, fianza de un millón de euros

La elevada fianza que condiciona su salida de prisión se debe a la supuesta economía holgada del jugador.

Aunque en cuanto se conocen los hechos pierde su trabajo en el equipo mexicano Pumas, y los patrocinios que le daban buena parte de sus ingresos, su dilatada carrera en la élite del fútbol condiciona la decisión de una cantidad que, para otra persona, en prisión sería inviable.

Condiciones de la fianza de Dani Alves

No solo se limita a la entrega económica, sino que debe facilitar sus dos pasaportes, español y brasileño, para impedir que salga del país.

Una vez en la calle, acudir a la Audiencia de Barcelona cada semana, no acercarse a la víctima a menos de 1 km, y no comunicarse con ella de ninguna manera.

Sentencia de Dani Alves

En el juicio del pasado mes de febrero, fue condenado a 4 años y medio de cárcel, con 5 de libertad vigilada, y 9 de alejamiento de la víctima, a quien debe entregar una indemnización de 150.000 €

¿Por qué sale Dani Alves, condenado por agresión sexual?

Es una pregunta que se hace mucha gente, cómo puede ser que ocurra, cuando ha sido condenado por agresión sexual a una joven.

La respuesta es que, lo primero, no sale en libertad, sino en libertad bajo fianza hasta que sea una sentencia firme.

Recordemos que ha sido condenado a una pena de 4 años y 6 meses, y el tiempo que lleva en prisión, ya es más de la cuarta parte de la pena total, algo que da lugar a la concesión de esta resolución judicial.

Así, es legal que lo haga, y no ningún privilegio por su posición, de hecho, la fianza es una cantidad que los jueces imponen en función de los medios del acusado, y en este caso, el millón es una de las más elevadas hasta la fecha.

Otra pregunta que se hace mucha gente es si no existe riesgo de fuga.

Riesgo de fuga de Dani Alves

Uno de los argumentos de la defensa contra esta decisión judicial es el evidente riesgo de fuga por la facilidad de sus recursos económicos, y sociales, con los que cuenta alguien en su posición, a quien no le es muy difícil trasladarse y vivir en cualquier país.

Esta supuesta facilidad es ahora mucho menor que en el momento de su detención, al haber perdido gran parte de los ingresos, la dificultad aumenta.

Si bien su familia se encuentra en Brasil, cuenta con domicilio y arraigo en la ciudad española, detalle que el juez considera favorable para concederle la libertad provisional bajo fianza.

Prisión provisional en España

Hablamos de una medida cautelar de privación de libertad durante un periodo determinado, nunca mayor a 4 años.

Tiene por objeto asegurar la presencia del investigado en un proceso penal, además de evitar que cometa más delitos, o destruya pruebas que lo puedan inculpar, según se establece en el art. 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

 

Condiciones para la prisión provisional

Para que un encausado por un delito penal pueda ser ingresado en prisión antes de que se realice el juicio, hay una serie de condiciones.

El delito debe tener una pena superior a 2 años.

Se considera una medida cautelar que se toma después de evaluar otras medidas preventivas, privar a alguien de su libertad durante la investigación y el proceso, es el último recurso.

No puede ser, nunca, más de 4 años.

¿Qué duración puede tener la prisión provisional?

Como límite inferior, lo mínimo posible, siempre que se consigan los fines que se persiguen, que no escape, no destruya pruebas, y no vuelva a delinquir.

Como límite superior, dependiendo del delito, nunca puede ser superior a estos plazos:

Cuando el delito tiene una pena de entre 1-3 años, el máximo es 1 año.

Si el delito tiene una pena superior a 3 años, es de 2 años.

En ambos, existe la posibilidad de prórroga en casos y circunstancias que determine el juez.

Hay delitos que, por sus características, parece que leer decisiones como ésta es una injusticia, además de una noticia terrible para las víctimas, pero los jueces deben tener en cuenta las leyes, en cualquier caso, independientemente de quién sea el acusado y, aquí, con ellas en la mano, se ha tomado esta decisión, hasta que la sentencia del deportista sea firme.

2 y 4 años, muertas a manos de su padre

En Almería tenemos noticia de uno de esos casos que nunca nos gustaría que ocurrieran.

Dos niñas, de 2 y 4 años, aparecen muertas en la vivienda de su padre, junto a él, también fallecido.

Los hechos, y los antecedentes familiares, llevan a pensar que es un nuevo caso de violencia vicaria, y que este hombre, presuntamente, envenena con pesticida a sus dos pequeñas y luego se suicida, todo, para hacer el mayor daño posible a su expareja.

#01.-Violencia vicaria, cómo hacer el mayor daño posible

Es una calificación de violencia de género en la que uno de los progenitores emplea a menores como instrumento para hacer daño al otro.

Este perjuicio a los niños no se realiza como maltrato hacia ellos, sino que son un objeto con el que destruir la vida de la víctima, ese “algo” con lo que provocar mucho dolor de manera indirecta.

El maltratador es consciente de que, actuando así, consigue que su ex pareja sufra una tortura que nunca va a cesar, y que le va a acompañar toda la vida.

A menudo, se llega a estos extremos al aprovechar la confianza que se concede, pensando en el bienestar de los menores.

La parte de la pareja “víctima” no se opone a que la parte “maltratadora” mantenga contacto con los hijos comunes para que crezcan, en lo posible, con sus dos progenitores cerca.

Un caso similar al que, según los indicios, parece ser que ha ocurrido en Almería.

#02.-Dos niñas muertas en Almería a manos de su padre

El caso es más terrible, según se van conociendo los hechos, y aunque no se han terminado las investigaciones, parece que el hombre antes de morir confiesa los crímenes a su exesposa.

Podemos suponer que estamos ante un caso claro de este tipo de violencia de género, en el que un maltratador aprovecha el régimen de visitas que se le ha concedido para matar a sus hijas.

Contacto de menores con un maltratador, ¿cómo es posible? 

En pocas semanas este padre iba a ser juzgado por cargos de violencia machista, contaba con una orden de alejamiento, y la mujer llevaba una pulsera de seguridad.

Con todo, la esposa, en varias ocasiones, solicita que se levanten estas medidas, algo que la Fiscalía no acepta, y mantiene la obligación de su cumplimiento.

Desde el mes de noviembre, las visitas se limitaban a unas horas los fines de semana, con la recogida y entrega de las niñas, siempre, en un punto de encuentro.

Últimamente, esto no se cumplía, y el proceso no se hacía en este lugar seguro, sino que la propia pareja se encargaba de entregarse a las pequeñas, fuera del control de los servicios sociales.

Régimen de visitas por el interés superior del menor

 

Conocer los hechos, nos lleva a pensar que la sola posibilidad de que un padre maltratador, a espera de ser juzgado, y con una orden de alejamiento, pueda ver a sus hijas, sin ningún tipo de control, está fuera de toda lógica, y pone en peligro a las pequeñas.

Un régimen de visitas en una separación es una obligación en el caso de menores, que, sin acuerdo entre las partes, lo determina un juez después de estudiar las circunstancias y, si la edad de los pequeños lo permite, escuchar su opinión.

Cuando existan causas penales o sentencias de maltrato, estas visitas puede valorarse entre eliminarlas o mantenerlas en condiciones de seguridad, siempre pensando en el bien de los menores.

En este caso, las continuas peticiones de partes de eliminar el punto de encuentro como lugar para estas visitas, lleva a esta dramática situación en la que, el maltratador, consigue lo que quiere, que su víctima “baje la guardia” y permita que estas dos pequeñas estén, en junto, a él sin supervisión.

Más de 88.000 € por 26 años casados

Un marido debe pagar esa elevada cantidad, en concreto 88.235,31 € a su esposa, en el convenio de separación tras pasar juntos 26 años.

Una sentencia que, aunque todavía cuenta con la posibilidad de interponer un recurso de casación en el Tribunal Supremo, se ha fallado en la Audiencia Provincial de Pontevedra, no hace muchos días.

En ella, junto a esta cantidad, se debe añadir un abono mensual de 350 €/mes durante tres años, siendo el uso y disfrute de la vivienda familiar, eso sí, para el esposo.

#01.-El precio de los años de matrimonio

Tras una ruptura matrimonial, a menudo, una de las partes queda en una situación de desequilibrio y vulnerabilidad económica que la ley intenta compensar.

Cuando uno de ellos deja de lado su vida laboral, o cualquier pretensión de llevarla a cabo, para aportar todo su tiempo al hogar, y a los hijos, si los hubiera, como en este caso, reanudar esa vida que abandona tiempo atrás por el bien de la familia, es muy complicado.

Más, cuantos más años pasen, como esta mujer que se ve en la obligación de retomar su trabajo, o encontrar uno nuevo, a la complicada edad de 58 años, después de haber aportado todo su tiempo a la familia.

¿Qué debe aportar cada uno al matrimonio?

El art. 1438 del Código Civil, expone que, ambos, tienen la obligación de cumplir con las cargas del matrimonio, el hogar y los hijos, según los ingresos de cada uno, salvo que haya algún pacto entre ellos que diga lo contrario. 

Si uno de los cónyuges deja todo, y se dedica por completo a la familia durante esos años, se considera que esa decisión es su manera de aportar al matrimonio y contribuir a él.

Eso está muy bien, si lo han acordado así, durante la relación, pero ¿qué pasa tras la ruptura?, ¿qué ocurre con esa persona que ha abandonado su trabajo, cuando, como en esta sentencia, pasan tantos años?

En ese caso, la ley valora que, si la situación en la que se encuentra ahora, es delicada en comparación a cómo sería, si no hubiera actuado así, tiene derecho a una indemnización.

#02.-Indemnización que compensa la dedicación a la familia

Es evidente que su situación no es sencilla, recuperar ese tiempo es imposible, por lo que debe adaptarse a su nueva vida y, a menudo, no es sencillo.

El objetivo es compensar esa pérdida de patrimonio personal que hubiera conseguido en caso de haber continuado con su trabajo.

La ley asegura esta compensación económica, ya que las tareas en el hogar computan como contribución a la familia, es su manera de ayudar al matrimonio, permitiendo que la otra parte disponga de tiempo suficiente para avanzar en su profesión.

En definitiva, es una forma diferente de colaborar en el bienestar de la familia. 

Con todo, y si se cumplen unos requisitos, la legislación concede una pensión a la parte más desfavorecida de la relación.

Requisitos para obtener la pensión compensatoria

Para que se pueda conceder una pensión de este tipo, quien la solicita debe haberse dedicado por entero a las tareas del hogar.

También se tiene mucho en cuenta la situación de desigualdad en la que se encuentra, y la edad a la que se debe enfrentar al mundo laboral.

En este caso, la mujer beneficiaria ha realizado trabajos esporádicos, de poco más de 200 días de cómputo y en unos pocos años, lo que no se puede considerar un trabajo compaginado con el del hogar, además, sus 58 años, no juegan a su favor.

Es importante que, como en este caso, contar con la ayuda de una persona en las tareas domésticas no es relevante, tal y como acuerda la sentencia.

Se considera el valor del trabajo de hacerse cargo del control y la dirección de esas tareas, aunque las haga otra persona.

Es difícil retomar la vida que se abandona años atrás, durante los cuales no se ha hecho más que velar por la familia, pero, llegado ese momento, la ley está del lado de quien resulta más desprotegido.

Acuerdo de divorcio: 40 €/mes para la mascota

La entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal no deja de mostrarnos novedades con el foco puesto en la felicidad de las mascotas que tenemos a nuestro cargo.

Ya no son cosas que se pueden poner aquí, o llevar allí, sin pensar en ellas, y, mucho menos, son el objetivo de actos que les hagan sufrir.

No hablamos solo de un dolor físico, que en ningún caso está contemplado, sino que se tiene en cuenta cómo les llegan a afectar cambios de su vida cotidiana, como puede ser una ruptura familiar.

Una reciente sentencia da un paso más, concede una pensión de alimentos a una mascota tras la separación de dueños.

#01.-En los divorcios, ¿qué pasa con las mascotas?

Ya hace meses que, en los juzgados, se imponen sentencias referentes a la guarda y custodia de las mascotas en separaciones o divorcios.

Es cierto que ya nadie duda que estos cambios les afectan, son seres sintientes y hay que pensar cuál es el mejor escenario para ellas cuando la familia se desmorona.

En esas situaciones tan desagradables para toda la familia, los animales, miembros de ella, necesitan estabilidad y la consiguen con quien mejor se va a ocupar de ellos.

Como si de los hijos se tratara, hay que ponerse de acuerdo en la guardia y custodia de las mascotas.

Guarda y custodia de las mascotas tras el divorcio

Cuando un acuerdo es amistoso, como con los hijos, la custodia de las mascotas las decide la pareja, siempre pensando en su bienestar.

En caso de que no haya acuerdo, también como en el caso de los hijos, quien determina cómo debe ser, es el juez, tras valorar quién puede hacerse cargo, mejor, de ella y asegurar su comodidad. 

Esta persona debe ser quien mejor la puede cuidar, quien pase más tiempo con ella y quien disponga de las mejores condiciones para su estancia, y será desde la firma del acuerdo su “propietario custodio”.

En caso en que ambas partes quieran vivir con la mascota, se establecen estancias temporales con cada uno, como si de los hijos se tratara, tal y como establece el art. 94 bis del Código Civil.

No solo eso, sino que, si hay menores en la separación, el juez tiene en cuenta al progenitor custodio, para concederle también la estancia de las mascotas, y así que no sufran, ni los niños ni los animales, por una separación que no desean.

A partir de entonces, los gastos del animal, según sus características y necesidades, son cubiertos de manera conjunta.

#02.-Sentencia en Vigo: 40 €/mes a la mascota tras el divorcio

Ahora, el Juzgado de Primera Instancia n.º 15 de Vigo, ha dado un paso más, impone una cuota mensual, a modo de pensión de alimentos, para cubrir las necesidades del animal.

Pensión alimenticia para la mascota, ¿cuánto?

En la separación, el hombre no tenía intención de quedarse con la perra, por lo que el acuerdo, en ese aspecto, se presentaba sencillo.

Por otra parte, el juez ha impuesto una pensión de 40 € al mes que este hombre deberá ingresar a su expareja para el animal, además de compartir otro tipo de gastos que necesite, extraordinarios y de salud.

La decisión de la cantidad de la pensión de una mascota se decide como cualquier otra, teniendo en cuenta los medios de los que dispone cada uno de sus sueños por separado, en este caso, el juez “toma el camino de en medio”

Ante los 50 € que solicita recibir una de las partes, y los 30 € que quiere dar la otra, dicta una cantidad intermedia y ordena el pago de 40 € mensuales. 

No cabe duda de que las mascotas, si son uno más de la familia cuando las cosas van bien, se deben proteger cuando se tuercen.

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