Las redes sociales, y en especial aplicaciones como WhatsApp, se han convertido en una parte indispensable de nuestro día a día. 

El problema aparece cuando se usa para hablar, directa o indirectamente, con alguien con quien se debe contactar, y la confusión surge si no se tiene claro si esa acción tan cotidiana se está utilizando como un acercamiento a quien se tiene prohibido.

Una reciente sentencia aclara cómo de delictivo puede ser poner un estado en WhatsApp con clara intención de comunicarse con otra persona.

Estados de WhatsApp como canal para incumplir una orden de alejamiento

La sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria de 28 de febrero tiene como protagonista a un hombre que, teniendo una orden de prohibición de comunicación con su ex pareja, comparte en su estado de WhatsApp una publicación que claramente hacía referencia a ella.

Sin nombrarla directamente, el contenido era reconocible por el entorno de ambos.

La cuestión es si ese mensaje, publicado en un estado visible por los contactos, se interpreta como una forma de comunicación con la víctima.

El tribunal dijo que sí, al considerar que, aunque no se trate de un mensaje enviado directamente, el objetivo es influir emocionalmente en la otra persona, algo que entra en conflicto con la finalidad de la orden de alejamiento.

¿Qué es una orden de prohibición de comunicación?

Se trata de una medida dictada por un juez cuando existe una denuncia por violencia de género o situaciones de conflicto, con ella se impide que la persona agresora tenga cualquier tipo de contacto con la víctima, y se regula en el Título III del Código Penal.

¿Qué incluye esta prohibición?

La comunicación puede tomar muchas formas, no solo físicas, especialmente ahora que la tecnología facilita mucho el contacto por diferentes canales:

• Cartas
• Correos electrónicos
• Llamadas de teléfono
• Mensajes de texto o de WhatsApp
• Redes sociales (comentarios, menciones, mensajes privados)
• Mensajes indirectos, como estados o publicaciones que buscan llamar la atención de la otra persona. 

Así, la prohibición no se limita al cara a cara, sino que abarca cualquier intento de comunicación, directa o indirecta.

¿Qué dice la sentencia?

El tribunal constata que compartir un estado de WhatsApp con intención de influir en la ex pareja, equivale a romper la orden de prohibición de comunicación, porque, aunque no fuera un mensaje como tal, iba dirigido a la víctima con la intención de afectar emocionalmente.

Por tanto, se vulnera el objetivo principal de la medida de protección, que es evitar cualquier forma de contacto que pueda alterar la tranquilidad o seguridad de la víctima.

¿Y si no lo ve directamente la expareja?

Una de las claves es que no importa si la víctima ve directamente el estado o lo ve alguien cercano y se lo cuenta, si su contenido está pensado para afectar a esa persona, ya se considera una forma de comunicación, lo vea ella o no.

Este punto es crucial: se puede pensar que mientras no haya un contacto directo, no se incumple nada, y no es así, porque la ley va más allá.

¿Y qué pasa si la víctima responde?

Esto también se ha tenido en cuenta en otras sentencias y, aunque lo haga o incluso parezca “consentir” la comunicación, el único responsable de cumplir la orden es quien la tiene impuesta. 

Es decir, no hay excusas: si tienes una orden, has de cumplirla, independientemente de lo que haga la otra persona.

La comunicación no es solo hablar o escribir directamente a alguien, hoy ya no se puede pensar que solo esas son las formas de contacto con otra persona y, una simple publicación o como vemos aquí, un estado de WhatsApp, se interpreta en un tribunal como una forma de contacto.

Cuando hay una orden judicial de por medio, puede tener consecuencias legales graves.

Autor

Manuel Hernández García

Director y Socio Bufete Vilches Abogados

Letrado del Ilustre Colegio de Madrid 72.539

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Premios y Medios de comunicación

El rey emérito Juan Carlos I ha interpuesto una demanda contra Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria, por supuestas declaraciones que habrían dañado su honor. 

En el documento presentado ante los tribunales, el exmonarca sostiene que Revilla ha realizado afirmaciones injuriosas sobre él en distintas ocasiones, en apariciones en los medios de comunicación.

Como compensación, Juan Carlos I solicita una indemnización de 50.000 €, además, exige que rectifique públicamente sus declaraciones.

Juan Carlos I demanda a Miguel Ángel Revilla

Este caso ha generado un enorme revuelo mediático desde el momento en el que lo hemos conocido, en parte porque implica a dos figuras con una gran presencia en la vida pública española, y aparentemente muy diferentes entre ellas. 

Mientras que Juan Carlos I ha sido objeto de múltiples controversias en los últimos años, Revilla es conocido por su estilo directo y sin filtros al expresarse en medios de comunicación, algo que, parece ser, es lo que ha abierto esta “batalla” entre ambos.

¿Qué dijo Miguel Ángel Revilla sobre Juan Carlos I?

Entre los años 2022 y 2025, fueron diferentes las declaraciones referentes al emérito que han motivado esta demanda y se produjeron en varias entrevistas y apariciones públicas.

Así, en 2022, en el programa “El Hormiguero” afirma que Juan Carlos I había llevado a cabo prácticas de evasión fiscal y transferido grandes cantidades de dinero al extranjero sin justificación legal. 

Un año después, en una emisora de radio expresa que estaba «huyendo de España para evitar la justicia» y lo calificó de «apátrida fiscal«.

Ya en este año, en otra aparición televisiva, se refiere al exmonarca como alguien «que ha defraudado al país que representaba» y menciona su «falta de ejemplaridad».

Estas declaraciones han sido interpretadas por el equipo legal del emérito como un ataque directo contra su honor y reputación, lo que ha derivado en la presentación de la demanda.

El derecho al honor y su protección legal

El derecho al honor es un derecho fundamental recogido en el art. 18.1 de la Constitución Española, que establece que «se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen»

Además, está regulado en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, que protege a los ciudadanos frente a intromisiones ilegítimas en estos derechos. 

En legislación, se considera que una persona vulnera el derecho al honor de otra cuando difunde información que pueda menoscabar su dignidad, afectando su reputación de manera injustificada.

¿Cuándo se considera una vulneración del derecho al honor?

Para que una demanda de este tipo prospere, se deben tener en cuenta los siguientes factores:

• Que las declaraciones contengan términos que puedan dañar la imagen o dignidad de alguien.
• Que se hayan hecho en medios de comunicación o plataformas accesibles a muchas personas.
• Si las afirmaciones no están respaldadas por pruebas suficientes, se pueden considerar difamatorias.

En este caso, los abogados de Juan Carlos I argumentan que las declaraciones de Revilla cumplen estos tres requisitos, pues no ven adecuada la presentación de la demanda.

¿Qué puede pasar ahora con la demanda de Juan Carlos I?

Antes de interponer una formal, Juan Carlos I ha solicitado un acto de conciliación, que es un paso previo en el que se intenta llegar a un acuerdo sin necesidad de juicio.

De esa manera busca que Revilla se retracte y pague la indemnización, pero si no se llega a un acuerdo, el caso podría derivar en un juicio civil, donde un tribunal decidiría si las declaraciones van en contra del derecho al honor del demandante.

Por lo tanto, el futuro del caso depende de la respuesta de Revilla y de la posible intervención de los tribunales si no hay un acuerdo extrajudicial.

Autor

Manuel Hernández García

Director y Socio Bufete Vilches Abogados

Letrado del Ilustre Colegio de Madrid 72.539

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Premios y Medios de comunicación

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 abre un expediente sancionador contra una de las principales agencias inmobiliarias de nuestro país debido a supuestas prácticas abusivas en la gestión del alquiler y venta de viviendas. 

No queda ahí la cosa, sino que, otras firmas del sector están bajo investigación por conductas parecidas.

Este caso despierta gran interés, especialmente en el momento por el que estamos pasando, en el que el problema para acceder a un alquiler es muy importante para un enorme sector de la población.

Comisiones y cláusulas ilegales impuestas por la inmobiliaria

Parece ser, según las informaciones que se conocen hasta ahora, que la agencia inmobiliaria en cuestión cobraba comisiones abusivas a los inquilinos por la intermediación en los contratos de alquiler, algo que debe ser asumido por los propietarios. 

Además, se han detectado cláusulas contractuales que limitaban los derechos de los inquilinos, así como la imposición de servicios adicionales sin su consentimiento expreso.

¿Qué se considera una práctica abusiva de una inmobiliaria?

Estas prácticas en este sector pueden darse de diversas maneras y estar relacionadas con cláusulas en los contratos desequilibradas, o también con cobros indebidos (como aquí, cobrar al arrendatario algo que corresponde al arrendador).

Son condiciones que, en muchos casos, desconoce el inquilino o tiene una necesidad extrema de conseguir una vivienda y se ve obligado a aceptar si quiere tener un hogar, aunque no sean del todo legales.

Algunos de los casos más frecuentes, son estos ejemplos:

Cobro de honorarios indebidos a los inquilinos

Las agencias cargan a los inquilinos gastos que deberían ser asumidos por los propietarios, como los honorarios por la intermediación en el alquiler, uno de los puntos por los que se está investigando a esta inmobiliaria.

Depósitos desproporcionados

A veces se exige a los inquilinos el pago de fianzas o garantías excesivas que no están justificadas legalmente.

Cláusulas abusivas en los contratos

Algunas agencias incluyen condiciones que limitan los derechos del inquilino, como restricciones arbitrarias en el uso de la vivienda, o penalizaciones excesivas en caso de desistimiento del contrato.

Falta de transparencia en la información

No proporcionar información clara sobre los costes, las condiciones del contrato, o los derechos del inquilino se considera una práctica abusiva cuando los implicados no saben realmente lo que están firmando.

¿Qué dice la Ley de Vivienda sobre las comisiones inmobiliarias?

La Ley de Vivienda, aprobada en 2023, establece que los honorarios de intermediación en los contratos de alquiler deben ser asumidos por el arrendador, no por el inquilino. 

Esto significa que cualquier cobro de comisiones a los inquilinos por parte de una agencia inmobiliaria es ilegal y constituye una infracción sancionable, además, la normativa prohíbe añadir cláusulas abusivas que impongan costes injustificados a los inquilinos.

Consecuencias legales para las agencias inmobiliarias por incumplimiento

Si se da el caso, se enfrentan a diferentes sanciones, dependiendo de la gravedad de la infracción, además de lo que se considera un enorme perjuicio para su marca.

Multas económicas, como decimos, según la infracción sea calificada como leve, grave o muy grave, y pueden alcanzar cantidades significativas.

Nulidad de cláusulas abusivas, estos contratos pueden ser declarados nulos, lo que da derecho a las partes a reclamar devoluciones o indemnizaciones.

Reputación y pérdida de confianza, además de las sanciones legales, las empresas investigadas sufren un daño en su reputación que sin duda afecta a su negocio a largo plazo y a la imagen que tienen los consumidores de su marca.

La apertura de un expediente sancionador a una gran agencia inmobiliaria como esta (junto a la investigación a otras del gremio) es una señal de que las autoridades están vigilando posibles abusos en un mercado que necesita, según los últimos acontecimientos, que se cumpla una legislación que proteja a los propietarios, pero sin olvidarse de los inquilinos.

Autor

Manuel Hernández García

Director y Socio Bufete Vilches Abogados

Letrado del Ilustre Colegio de Madrid 72.539

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Premios y Medios de comunicación

Este mismo mes, la editorial Anagrama anuncia la publicación del libro “El odio”, escrito por Luisgé Martín, en el que se recogen confesiones de José Bretón sobre el asesinato de sus dos hijos en 2011.

La madre de los niños, Ruth Ortiz, ha emprendido acciones legales para impedir su publicación, argumentando que el libro vulnera su derecho a la intimidad y el honor de sus hijos fallecidos. 

Esta noticia, al igual que lo que ocurrió con la posibilidad de que Ana Julia Quezada intentara vender su versión de los hechos del asesinato del pequeño Gabriel Ruiz, ha provocado una polvareda tal que culmina en la suspensión de su distribución.

Cómo José Bretón mató a sus dos hijos

José Bretón fue condenado en 2013 a 40 años de prisión por el asesinato de sus hijos Ruth y José, ocurrido en octubre de 2011 en Córdoba, tras idear un plan dantesco que comienza haciendo creer que sus hijos han desaparecido en un parque, y termina asesinando y quemando sus cuerpos en una finca familiar.

Durante los años que lleva en prisión, ha tratado de mantener cierta relevancia en los medios a través de declaraciones y escritos, y ahora sale a la luz su pretensión de publicar un libro sobre lo ocurrido.

La publicación de “El odio” y la reacción de la familia

Cuando Ruth Ortiz tiene conocimiento de la próxima publicación del libro, presenta una denuncia solicitando la paralización de su distribución porque, como hemos dicho, expone que es una intromisión ilegítima en la intimidad de sus hijos, además de contribuir a su revictimización.

Ahora, la editorial Anagrama, tras el aviso de demanda y advertencia de la Fiscalía de Córdoba, decide suspender temporalmente la distribución del libro.

¿Se puede impedir que un libro vea la luz?

La publicación de un libro escrito por un condenado por asesinato pone sobre la mesa dudas, tanto legales como éticas.

Aunque nuestra legislación no tenga una ley específica que lo prohíba, existen varias normas que pueden evitar que se aproveche de su crimen, o que se vulnere el derecho de las víctimas, como en este caso denuncia la madre de los pequeños.

Protección del honor, la intimidad y la propia imagen

La Ley Orgánica 1/1982, según la cual cualquier acción que vulnere el derecho al honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen, puede ser objeto de reclamación judicial.

En este caso, Ruth Ortiz alega que exponer detalles del crimen y difundir las declaraciones del asesinato sin su consentimiento, supone una vulneración de estos derechos.

Protección de los derechos de los menores

Además, la Ley Orgánica 8/2021, de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia, refuerza la protección de los menores, incluso después de su fallecimiento. 

Esta normativa puede servir de base para impedir la difusión de información que perpetúe el daño a las víctimas y sus familias.

Revictimización y violencia vicaria

La publicación de material en el que un asesino narra su versión de los hechos puede considerarse una forma de revictimización, como también alega la madre, que sostiene que hacerlo prolonga su sufrimiento y contribuye a la violencia vicaria.

En definitiva, así, el agresor sigue dañando psicológicamente a la familia de la víctima, incluso después del crimen.

A todo esto añadimos que el ordenamiento jurídico español prevé la posibilidad de solicitar medidas cautelares para evitar la publicación de un material que pueda vulnerar derechos fundamentales, y Ruth Ortiz podría lograr que un juez ordene la suspensión definitiva del libro.

Autor

Manuel Hernández García

Director y Socio Bufete Vilches Abogados

Letrado del Ilustre Colegio de Madrid 72.539

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El reciente asesinato de una asistente social en Badajoz nos ha dejado sin palabras cuando leemos que tres menores (14, 15 y 17 años) terminan con la vida de una de las asistentes de la casa tutelada en la que residían, María Belén Cortés.

Los tres, ya detenidos, son los presuntos responsables de este crimen que ha iniciado un debate sobre la poca seguridad en los centros tutelados que parece ha llevado a esta dramática situación.

Badajoz: con 14, 15, y 17 años, matan a una asistente social

Según las informaciones que se conocen hasta ahora a través de los medios, la víctima trabajaba en una casa tutelada en Badajoz cuando fue atacada violentamente por tres jóvenes residentes en ella.

Las investigaciones apuntan a que el crimen fue premeditado y de unas características que lleva a la Fiscalía a estudiar detenidamente las acusaciones contra los implicados.

En un suceso de este tipo, donde la violencia es desproporcionada, aparecen dos direcciones por las que puede discurrir el caso: homicidio o asesinato.

Diferencias entre homicidio y asesinato en el Código Penal

Tanto uno como otro son delitos contemplados en el Código Penal, pero con diferencias importantes en cuanto a su gravedad y las penas que conllevan.

¿Qué es homicidio?

Regulado en el art. 138 del Código Penal, se define como la acción de causar la muerte de otra persona sin que concurran circunstancias agravantes, y puede ser de dos tipos que comparten la falta de intencionalidad:

• Homicidio doloso, cuando la persona que comete el crimen tiene intención de matar, con penas oscilan entre 10 y 15 años de prisión.
• Homicidio imprudente, cuando la muerte se produce por una negligencia grave, sin intención tampoco de matar, entonces las penas varían en función de la gravedad de la misma.

¿Qué es asesinato?

Una forma agravada de homicidio regulada en el artículo 139 del Código Penal.

Para que un homicidio tome la consideración de asesinato, debe existir al menos una de las siguientes circunstancias:

• Alevosía, el agresor actúa asegurándose de que la víctima no puede defenderse.
• Ensañamiento, cuando se causa un sufrimiento innecesario.
• Recompensa, cuando el crimen se comete a cambio de una compensación económica o de otro tipo.
• Facilitar otro delito, si para ayudar a que se cometa otro delito (un asesinato para llevar a cabo un robo, por ejemplo), o también para no ser descubierto.

En ese caso, las penas son más severas que las del homicidio, entre 15 y 25 años de prisión, que, además, pueden aumentar si existen agravantes.

En este caso de la joven asistente de Badajos, la violencia empleada para acabar con su vida podría, si los hechos se confirman, abrir la puerta a una acusación de asesinato con ensañamiento, pero cabe para ello que el juez lo determine.

¿Cómo se determina si un crimen es homicidio o asesinato?

Para decidir entre uno y otro en un juicio, los jueces se enfrentan al análisis de unos factores clave:  

1. Intención de matar: si el acusado tenía la voluntad de acabar con la vida de la víctima, entonces se tratará de un delito doloso.
2. Circunstancias en las que se comete el crimen: alevosía, ensañamiento u otro factor agravante, con cualquiera de ellas los acusados se enfrentan a un delito de asesinato.
3. Informes forenses y pruebas: autopsias, testigos y grabaciones, …, todo lo que se aporte en el juicio puede determinar la existencia de una premeditación o ensañamiento tal que determine la sentencia

¿Cómo puede aplicarse esto al caso de Badajoz?

Como hemos comentado, las investigaciones iniciales apuntan a que el crimen fue premeditado y con gran violencia, lo que puede encajar dentro de los supuestos del asesinato, para lo que se debe demostrar con las pruebas presentadas.

Si se confirma que hubo alevosía (si la víctima no tuvo posibilidad de defenderse), si se demuestra ensañamiento (los acusados aumentaron el sufrimiento sin ninguna necesidad), o también si se verifica que actuaron de forma planificada y con la intención de acabar con la vida de la asistente social, entonces el Fiscal puede tomar la decisión de acusarlos de asesinato.

A medida que avancen las investigaciones y conozcamos más detalles con las pruebas presentadas en el juicio, podremos confirmar si los responsables pueden ser juzgados por un delito u otro.

Autor

Manuel Hernández García

Director y Socio Bufete Vilches Abogados

Letrado del Ilustre Colegio de Madrid 72.539

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