Una sentencia judicial condena a diez personas por difundir un bulo sobre la esposa del presidente francés. El contenido falso aseguraba que la primera dama era un hombre.

Una afirmación que se propagó de forma masiva en redes sociales y otros canales digitales.

Un nuevo caso, ahora no en nuestro país, que da la alarma sobre la facilidad de difundir cualquier información amparándose en una libertad de expresión mal entendida y que vemos que no pasa desapercibida a ojos de la ley.

“Brigitte Macron es un hombre”

Esa es una de las afirmaciones totalmente infundadas que, desde hace años, distintas personas llevan difundiendo públicamente en torno a mensajes falsos sobre la identidad de Brigitte Macron. De hecho, no se presentaban como opiniones, sino como supuestos hechos, lo que provocó una gran difusión y un evidente daño personal a la primera dama.

Ante esta situación, la justicia francesa intervino y ha considerado que no se trata de simples comentarios, sino de una campaña de desinformación que atenta contra el honor y la dignidad de una persona concreta.

¿Qué consecuencias legales ha tenido el caso?

La sentencia no se ha limitado a una simple advertencia. 

Para entender mejor el alcance de este tipo de conductas, es importante ver qué consecuencias puede tener difundir bulos de este tipo con el único objetivo de hacer daño a una persona y dañar su imagen pública.

• Condenas penales para las personas responsables de la difusión.
• Obligación de indemnizar por los daños morales causados.
• Retirada del contenido falso de plataformas digitales.
• Imposición de multas económicas.
  

El objetivo de estas sanciones no es solo castigar, sino también detener la propagación de desinformación y proteger a las víctimas.

¿Por qué es delito difundir este tipo de informaciones?

Antes de entrar en las consecuencias legales, conviene entender qué protege la ley en estos casos. 

En Francia, como aquí, la libertad de expresión tiene límites cuando se vulneran derechos fundamentales de otras personas. Ante este tipo de situaciones, entran en juego dos figuras legales principalmente: 

Delito de difamación

Se produce cuando se difunde una información falsa sobre una persona, sabiendo que no es cierta o sin comprobar su veracidad, y que puede además dañar su reputación. 

En este caso, los tribunales han entendido que los mensajes difundidos no eran opiniones, sino afirmaciones falsas presentadas como hechos.

Vulneración del derecho al honor y a la vida privada

La ley protege la dignidad, la reputación y la identidad personal, y quiere evitar que se difundan informaciones falsas o innecesarias que afectan a la intimidad de cualquier persona.

Difundir datos falsos sobre la identidad o la vida personal genera un daño moral suficiente como para que exista responsabilidad legal, aunque no se produzca un perjuicio económico directo.

La ley en España sobre la difusión de bulos

Aunque este caso se ha juzgado en Francia, no es una situación ajena por la cantidad de veces que lo hemos leído en los medios.

Aquí, la difusión de informaciones falsas que dañan la reputación o la dignidad de una persona también tiene consecuencias legales. Nuestra legislación protege de forma expresa derechos fundamentales como el honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen. 

Cuando se difunden datos falsos presentados como hechos, y estos afectan negativamente a una persona (sea una figura pública como en este caso o no), la ley entiende que se ha producido una vulneración de esos derechos.

En función del caso concreto, estas conductas pueden ir por dos vías:

• Penal a través de los delitos de injurias y calumnias.
• Civil, mediante una reclamación por intromisión ilegítima en los derechos fundamentales. 

Además, es importante tener en cuenta que no solo responde quien crea el bulo. Compartir o amplificar una información falsa, sin contrastarla, genera responsabilidad si contribuye de forma directa al daño causado.

Este caso nos recuerda que no todo vale en internet. Antes de compartir una información llamativa o polémica, conviene parar y preguntarse si es cierta y qué impacto puede tener en la vida de otras personas.

Autor

Manuel Hernández García

Director y Socio Bufete Vilches Abogados

Letrado del Ilustre Colegio de Madrid 72.539

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Premios y Medios de comunicación

Cada año, cuando se acerca el Sorteo de Navidad, vemos largas filas en las puertas de muchas administraciones  de personas a quienes no les importa esperar horas para conseguir ese número que les dará suerte este año.

Aunque comprar un décimo parezca algo accesible para cualquiera, la Ley 13/2011 establece prohibiciones claras sobre quién puede participar en la Lotería de Navidad.

¿Qué dice la 13/2011?

Regula el acceso a los juegos de azar en España.

Entre otras cosas, define qué personas deben quedar fuera para proteger a colectivos vulnerables y garantizar la transparencia de los sorteos.

El objetivo es, por lo tanto,  doble: evitar riesgos para personas que podrían verse perjudicadas y asegurar que los sorteos se desarrollan sin conflictos de interés.

Por esos dos motivos, nos encontramos con colectivos a los que no se les está permitido comprar décimos de Lotería de Navidad.

¿Quiénes tienen prohibido jugar o comprar décimos?

La ley recoge varios perfiles concretos que no pueden participar y como consecuencia, aunque un décimo pueda comprarse en cualquier administración, legalmente estas personas no pueden hacerlo:

Menores de edad

Cualquier persona menor de 18 años tiene prohibido participar en juegos de azar, incluidos los sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.

Personas incapacitadas o con prohibición judicial para jugar

Cuando un juez establece que una persona no puede gestionar sus bienes o participar en juegos de azar, esa prohibición lleva consigo no poder comprar décimos.

Personas inscritas en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ)

Este registro incluye, sobre todo, a personas que se han inscrito voluntariamente para evitar caer en problemas de adicción o controlar sus hábitos de juego. en estos casos, mientras permanezcan inscritas, no pueden participar en ningún juego de azar estatal.

Personas relacionadas con la organización y gestión del sorteo

Este punto es seguramente el más conocido, por lo obvio

La normativa también impide participar a quienes trabajan en la gestión, supervisión o explotación del sorteo, y no solo a ellos, sino  que se incluyen a sus cónyuges o convivientes. 

Se trata de asegurar que nadie con acceso privilegiado pueda intervenir como jugador.

¿Qué ocurre si una persona prohibida juega igualmente?

Puede darse el caso.

Si alguien incluido en esos grupos compra un décimo pese a estar legalmente excluido, la ley apunta que: si resultan premiados, no podrán cobrar el premio. Esto se verifica especialmente en los premios iguales o superiores a 2.000 €, ya que requieren identificación del ganador y si figura en alguno de los supuestos prohibidos, el pago queda bloqueado.

Otro caso a considerar es si hablamos de décimos compartidos. Entonces la parte correspondiente a la persona con prohibición no se podrá cobrar, pero el resto de participantes sí podrían obtener su parte.

¿Por qué existen estas restricciones?

Estas prohibiciones no son un capricho de la ley ni buscan complicar la participación en el sorteo a nadie en concreto. Tienen una finalidad muy concreta: proteger, prevenir y garantizar que el juego sea limpio y seguro para todos.

La Lotería de Navidad mueve cada año millones de euros y una enorme participación social, por lo que la normativa actúa sobre tres frentes principales:

Protección de colectivos vulnerables

El juego conlleva riesgos.

Por eso la ley veta la participación de ciertos grupos que pueden ser especialmente sensibles: los menores, personas con alguna incapacidad legal y quienes intentan frenar una conducta que puede ser muy peligrosa y se inscriben en el RGIAJ.

En todos estos casos, el objetivo es evitar que la participación en juegos de azar pueda desencadenar o agravar problemas personales, económicos o familiares.

Evitar conflictos de interés

Otro motivo clave es garantizar que el sorteo se desarrolla sin ningún tipo de ventaja, sospecha o posibilidad de manipulación. De ahí que se excluyan, como comentamos un poquito más arriba, personas relacionadas en la organización y supervisión.

Así se evita que alguien con conocimiento técnico o acceso a sistemas internos pueda participar, beneficiarse o generar dudas sobre la limpieza del resultado.

Preservar la confianza pública en el sorteo

La Lotería de Navidad no es solo un juego: es un evento social y cultural. 

Para que millones de personas participen con tranquilidad, es esencial que exista una regulación estricta que ofrezca transparencia y credibilidad y que ayude a 

• Mantener la imagen de un sorteo fiable y neutral.
• Garantizar que cualquier premio se reparte de forma justa.
• Evitar situaciones que puedan poner en duda la integridad del sistema.
  

En definitiva, las limitaciones no pretenden excluir a nadie sin motivo, sino proteger a quienes lo necesitan y mantener un juego honesto, donde todos los participantes estén en igualdad de condiciones.

Autor

Manuel Hernández García

Director y Socio Bufete Vilches Abogados

Letrado del Ilustre Colegio de Madrid 72.539

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Premios y Medios de comunicación

El Reino Unido acaba de anunciar un giro contundente contra la especulación con entradas: su Gobierno ha presentado un proyecto para prohibir la reventa de tickets por encima del precio oficial (permitiendo solo gastos inevitables). La medida se aplicaría a conciertos, deporte, teatro y otros espectáculos en vivo, y prevé sanciones muy severas para plataformas que faciliten sobreprecios. Todo esto nace tras años de quejas de artistas y fans por precios multiplicados y fraudes.

En términos prácticos, el modelo británico es claro: reventa sí, pero sin beneficio. El propio comunicado oficial del Gobierno habla de “hacer ilegal la reventa por encima del coste original” y de imponer un deber legal a las plataformas para controlar el precio. 

Referencia UK:

• Noticia de base en El País: propuesta británica para ilegalizar la reventa por encima del precio oficial.

¿Qué pasa hoy en España?

En España el “reventa clásico” (la venta ambulante a la puerta del evento) está prohibido desde hace décadas. El Reglamento estatal de Espectáculos Públicos prohíbe expresamente la venta y reventa callejera o ambulante.

Referencia España (norma vigente):

• Real Decreto 2816/1982 (BOE): prohibición de reventa callejera/ambulante.

Además, en Madrid (donde se celebran la mayoría de macroconciertos) la Ley 17/1997 de Espectáculos Públicos regula el régimen sancionador y permite perseguir la venta de entradas fuera de canales legales autorizados.

Referencia Madrid:

• Ley 17/1997, de Espectáculos Públicos (Comunidad de Madrid) en BOE: texto legal aplicable en Madrid

El gran problema, como en UK, no es el reventa de “calle”, sino la reventa online masiva con sobreprecios. Aquí España ya tenía una primera barrera: los bots.

Bots: ya son ilegales en España

La Ley de Competencia Desleal prohíbe a empresas revender entradas que hayan sido compradas usando bots para saltarse límites técnicos y acaparar tickets. Es decir: si una empresa compra con software automatizado para revender más caro, incurre en práctica ilícita.

Referencia bots:

• Explicación jurídica y cita del artículo correspondiente: Newtral – normas sobre reventa y bots

• Confirmación de Consumo / Europa Press: bots prohibidos por el art. 27.6 LCD. Europa Press

La “nueva España”: límite al sobreprecio por IPC

Lo verdaderamente relevante es lo que viene: el Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible (junio-julio de 2025) introduce un tope directo al precio de reventa. La regla propuesta es:

no podrás revender una entrada con un incremento superior a la variación del IPC desde la compra inicial.

Esto se haría modificando el artículo 20 del Texto Refundido de la Ley General de Consumidores y Usuarios.

Referencia Ley de Consumo Sostenible:

• Texto del anteproyecto (PDF oficial): Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible.

• Nota de prensa del Ministerio: límite de reventa por IPC y refuerzo contra bots.

• Resumen en prensa nacional: El País – reventa solo ajustada a IPC.

En otras palabras: España no prohíbe toda reventa cara “a cero” como UK, pero sí elimina el margen especulativo. Podrás revender si no puedes ir, pero solo con la inflación real del periodo, no multiplicando el precio por 3, 5 o 10.

Comparación rápida y conclusión

• Reino Unido quiere un sistema de precio oficial como techo absoluto.

• España va hacia un sistema de techo por IPC, manteniendo además la ilegalidad de bots y la capacidad de sancionar o incluso bloquear webs reincidentes.

Para conciertos de artistas internacionales en España (sea quien sea el cantante):
la ley aplicable es la española porque el evento se celebra aquí y el consumidor compra aquí. Y el mensaje es inequívoco: la reventa salvaje tiene los días contados.

Autor

Manuel Hernández García

Director y Socio Bufete Vilches Abogados

Letrado del Ilustre Colegio de Madrid 72.539

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El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha propuesto sancionar con 3,6 millones de euros a la empresa Alquiler Seguro por presuntas prácticas abusivas en la gestión de alquileres que vulneran los derechos de los arrendatarios.

Según hemos conocido por la información publicada en medios, la inmobiliaria puede haber cometido serias infracciones que van desde el cobro de comisiones indebidas a la contratación de seguros no solicitados.

¿Qué ha detectado Consumo en el caso de Alquiler Seguro?

El expediente sancionador de Consumo señala, como decimos, varias conductas irregulares que, según la investigación, se habrían producido de forma continuada.

Conviene entender que se trata de prácticas que afectan directamente al contrato de alquiler y a los derechos básicos del inquilino, entre las que se encuentran:

• Obligar al inquilino a contratar un seguro de hogar, aunque la ley no le obliga a hacerlo.
• Imponer un “servicio de atención al inquilino” no siempre fue solicitado o sin un beneficio real al arrendatario.
• Incluir cláusulas que permiten la inclusión del inquilino en ficheros de morosos sin que la deuda esté claramente determinada.
• Exigir estudios de solvencia de forma abusiva.
• Trasladar al inquilino gastos de gestión inmobiliaria o de formalización del contrato, que por ley corresponden al propietario o a la inmobiliaria.

¿Qué dice la ley sobre los contratos abusivos de las inmobiliarias?

Para entender del todo por qué estas prácticas pueden ser sancionadas, hay que ver qué establecen las leyes que protegen a los consumidores en el momento en el que desean alquilar una vivienda.

Los gastos del contrato no los debe pagar el inquilino

La normativa sobre vivienda y consumo es clara en este aspecto: tanto los gastos de gestión inmobiliaria como los de formalización del contrato los debe asumir el propietario o la empresa que alquila el piso (la inmobiliaria), no el inquilino.

La razón es sencilla: quien contrata el servicio de la agencia es el arrendador, no quien alquila la vivienda. Por tanto, cargar esos gastos al inquilino se considera una práctica abusiva.

No se pueden imponer servicios o seguros no obligatorios

 La ley también protege al consumidor frente a servicios que no haya pedido o aceptado expresamente. Obligar a contratar un seguro o un servicio cualquiera añadido sin consentimiento es ilegal, y más si se hace parecer que es obligatorio para aceptarlo y firmar el contrato.

Las cláusulas deben ser claras y justas

En cualquier contrato de alquiler, las condiciones deben ser comprensibles y equilibradas. Cualquier cláusula que coloque al inquilino en una posición de desventaja, o que le imponga consecuencias graves (como incluirlo en un fichero de morosos sin que haya una deuda real), se considera abusiva y, por tanto, nula.

Nadie puede tratar tus datos sin motivo legítimo

Añadir en el contrato la posibilidad de incluir al inquilino en un fichero de morosos sin seguir los pasos legales adecuados vulnera tu derecho a la protección de datos y al honor. Antes de incluir a alguien en ese tipo de registros, la deuda debe ser cierta, vencida y comunicada formalmente.

¿Qué pasa ahora con esta multa propuesta a Alquiler Seguro?

La propuesta de sanción todavía no es definitiva, ya que la inmobiliaria tiene todo el derecho a presentar alegaciones antes de que se dicte la resolución final. Con todos, si la sanción se confirmara, las repercusiones serían importantes para quienes quieren alquilar: 

Se declararán nulas las cláusulas abusivas, lo que permitiría reclamar los importes abonados indebidamente.

Aviso al sector inmobiliario, es una manera de aumentar la protección de los arrendatarios y obligar a que se realicen prácticas más transparentes en el mercado del alquiler.

Este expediente sancionador demuestra que las autoridades están vigilando el mercado del alquiler y actuando frente a las prácticas abusivas, en un momento como el actual que es prácticamente imposible alquilar en una gran ciudad.

Autor

Manuel Hernández García

Director y Socio Bufete Vilches Abogados

Letrado del Ilustre Colegio de Madrid 72.539

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Eso es lo que, recientemente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado.

Los animales de compañía transportados en avión son jurídicamente equipaje, esto es, a efectos de las indemnizaciones en caso de pérdida o daño.

Esta resolución ha generado mucha confusión entre esos dueños de mascotas a quienes les gusta o necesitan viajar con ellas en avión.

¿Cuál es el caso que ha motivado la sentencia?

Para entender el alcance del fallo, debemos repasar rápidamente el caso previo que ha originado esta decisión del TJUE:

En 2019, una pasajera viaja desde Buenos Aires a España con su perro, el cual debía permanecer en la bodega del avión, dentro de un transportín. Durante el embarque, el animal se escapa de ese transportín y no fue posible cogerlo.

La propietaria, ante su pérdida, reclama una indemnización de 5.000 € por el daño moral.

La aerolínea acepta que había responsabilidad, pero también se niega a pagar más del límite que aplica para equipajes facturados.

Aquí es donde entra un juzgado español que eleva esta cuestión prejudicial al TJUE para que aclare si, como argumenta la aerolínea, un animal de compañía entra en el concepto de “equipaje”, es decir, para que decida si tratar a la mascota como “cosa” o como algo distinto que justifique una indemnización mayor.

El Tribunal Europeo ante las mascotas en aviones

En su sentencia, analiza cómo debe interpretarse el Convenio de Montreal cuando lo transportado no es una maleta, sino un ser vivo. Su resolución aclara varios aspectos clave sobre la responsabilidad de las aerolíneas y los derechos de los pasajeros que viajan con sus mascotas.

Animales como equipaje

Según su interpretación del Convenio de Montreal (que regula en buena parte la responsabilidad de las aerolíneas frente al equipaje), la normativa distingue tres tipos de transporte: personas, equipaje y carga. 

El Tribunal entiende que los animales de compañía no pueden ser considerados “personas” (pasajeros), así que han de incluirse en la categoría de “equipaje”.

Indemnizaciones limitadas

Una vez que el animal se considera equipaje, las reglas de responsabilidad que rigen para la pérdida de maletas se aplican también al animal. 

Eso es que la compensación está sujeta a los límites establecidos para el equipaje, con una excepción: que el viajero haya hecho una “declaración especial de valor” (declarar un valor superior y pagar por ese seguro adicional) al momento del embarque.

Respeto al bienestar del animal

Aunque la sentencia equipara legalmente el animal a un equipaje, los jueces recuerdan que esto no puede aprovecharse para desatender las exigencias relativas al bienestar de los animales. Durante el transporte deben respetarse las condiciones adecuadas (espacio, temperatura, manipulación, etc.).

No elimina el daño moral, pero lo limita

Por último, el fallo admite que el daño moral causado por la pérdida de una mascota existe, pero recalca que queda sujeto al régimen indemnizatorio previsto para el equipaje y depende de si existe o no una declaración especial de valor.

¿Qué debo hacer si viajo con mi mascota en avión?

Para minimizar riesgos y tener mejores posibilidades de reclamación, conviene seguir estas recomendaciones cuando prepares el viaje con tu mascota:

Infórmate con antelación sobre las políticas de transporte de animales de la aerolínea con la que vas a viajar.

Declara un valor especial del animal si crees que el límite del equipaje es insuficiente. Esto solamente es comunicar a la aerolínea un valor más alto y pagar el suplemento que corresponda.

Guarda toda la documentación que pruebe el estado del animal al embarcar (certificados veterinarios, fotografías, peso, tamaño del transportín, condiciones del trayecto).

Añadimos que si ocurre un daño o pérdida, actúes cuanto antes. Notifica enseguida a la aerolínea qué ha ocurrido y guarda esa comunicación escrita para posibles acciones legales.

Si surge un problema, consulta con un abogado especializado para evaluar si procede la reclamación, pero ten presente, como acabamos de ver, que la indemnización puede estar limitada por las reglas de equipaje.

Autor

Manuel Hernández García

Director y Socio Bufete Vilches Abogados

Letrado del Ilustre Colegio de Madrid 72.539

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