Derecho Bancario y Financiero archivos - Vilches Abogados Madrid

Requisitos para poder acogerse al mecanismo de segunda oportunidad

La Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social conocida como ley de segunda oportunidad, fue aprobada en 2015. 

Esta norma regula la posibilidad para los particulares y autónomos, a través del mecanismo de segunda oportunidad, de renegociar o incluso eliminar las deudas con los acreedores y obtener la exoneración del pasivo insatisfecho. 

Nuestros expertos explican los requisitos para poder acceder a esta posibilidad tan interesante como desconocida.   

Qué aporta la ley de segunda oportunidad

Antes de la aprobación de esta ley, los particulares que no podían hacer frente a las deudas contraídas podían acudir al concurso de acreedores regulado en la Ley concursal, pero ello tenía como consecuencia lo que se conoce como la muerte civil de la persona. 

Gracias al mecanismo de segunda oportunidad los particulares ahora disponen de un nuevo mecanismo adaptado a su situación personal con el que pueden conseguir la cancelación total de sus deudas. 

Este procedimiento, a diferencia del concurso de acreedores de persona física, permite a los particulares hacer borrón y cuenta nueva, de tal manera que estas personas tienen la oportunidad de volver a empezar. Todo ello tratando de preservar al máximo los derechos de los acreedores. 

El objetivo de la ley, tal como señala su preámbulo es

<<que una persona física, a pesar de un fracaso económico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer>>. 

Requisitos para poder acogerse al procedimiento de segunda oportunidad

Para que un particular que se encuentra en estado de insolvencia o prevea que no va a poder hacer frente a las obligaciones contraídas pueda acogerse al mecanismo de segunda oportunidad es necesario que cumpla determinados requisitos. 

Estos requerimientos tienen que ver tanto con la buena fé del deudor, como con su patrimonio y la cuantía de la deuda. 

En cuanto a la cuantía de la deuda, es necesario que ésta, o la suma de las diferentes deudas pendientes, no supere los cinco millones de euros. 

Respecto al patrimonio del deudor, uno de los requisitos más importantes es que el mismo ponga todo su patrimonio a disposición de los acreedores para intentar así sufragar las deudas pendientes. 

Ello con excepción de los bienes de primera necesidad y, en el caso de los autónomos, aquellos que sean necesarios para el desempeño de la actividad profesional. 

La cesión del activo existente al objeto de tratar de abonar hasta donde sea posible los créditos de los acreedores hará posible un posible acuerdo extrajudicial de pagos y el beneficio de exoneración del resto de deudas.

Otro requisito fundamental es la buena fé del deudor. 

En efecto, se exige que el deudor haya hecho prueba de buena fé. Se entiende que esa buena fé ha existido cuando se dan las siguientes circunstancias: 

  • El deudor ha intentado negociar y alcanzar un acuerdo extrajudicial con sus acreedores antes de acudir al procedimiento de segunda oportunidad.
  • El deudor no ha sido objeto de un concurso culpable, es decir, no ha provocado de manera voluntaria esa situación de insolvencia.
  • El deudor no tiene antecedentes por haber cometido un delito socioeconómico, patrimonial, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social o los derechos de los trabajadores en los 10 años anteriores.
  • El deudor no se ha acogido a ningún otro procedimiento de segunda oportunidad en los 10 años anteriores.
  • El deudor no ha rechazado, en los cuatro años anteriores, un trabajo adecuado a sus capacidades profesionales que le hubiera permitido obtener recursos para sufragar sus deudas. 

A tenor de todo lo que hemos visto cabe concluir que, fundamentalmente, lo que se requiere por parte del deudor es que verdaderamente se encuentre en una situación en la que no puede hacer frente a sus deudas así como que tenga voluntad de satisfacer los derechos de cobro de los acreedores.  

Se busca de este modo evitar insolvencias estratégicas o facilitar daciones en pago selectivas, toda vez que el particular que ha liquidado la totalidad de su patrimonio en beneficio de sus acreedores pueda verse liberado de la mayor parte de las deudas pendientes tras la liquidación. 

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El aval altruista y la protección de los consumidores

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en Auto del 14 de septiembre de 2016 ha dictaminado que las personas que garanticen, en condición de avalistas hipotecarios, el contrato de crédito de una empresa de la que no sean administradores ni tengan una participación significativa en el capital social, deben ser considerados consumidores.

La consideración del fiador como consumidor permite, por ejemplo, que el aval sea declarado nulo cuando el contrato no informe de los riesgos de la operación.

Esta nueva interpretación jurisprudencial tiene una gran importancia ya que ha abierto la puerta a posibles reclamaciones a los garantes de créditos, préstamos, etc a oponerse a la ejecución por la existencia de cláusulas abusivas.

Vamos a explicarlo.

Qué debemos entender por consumidor 

La Directiva 93/13/CEE del consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores incluye dentro del concepto de consumidor a toda persona física que actúe con un propósito ajeno a su actividad profesional.

Por su parte, la Sentencia del TJUE de 14 de febrero de 2019 ha delimitado los criterios de la noción de consumidor, estableciendo que

<<debe interpretarse de manera restrictiva en relación con la posición de esta persona en un contrato determinado y con la naturaleza y finalidad de este, y no con la situación subjetiva de dicha persona>>.

El motivo para no tener en cuenta la situación objetiva de una persona es que dicha persona puede ser consumidor respecto de ciertas operaciones y operador económico respecto de otras.

Por consiguiente, el régimen de protección del consumidor únicamente será de aplicación a los contratos que celebre una persona fuera de su actividad profesional y con el fin de satisfacer las necesidades que pertenecen a su esfera personal.

Dicho de otra manera:

para que una persona pueda considerarse consumidor, es necesario que el contrato tenga como objetivo la satisfacción de las necesidades personales o familiares de esa persona, o que los bienes adquiridos lo sean para el consumo privado.

Por su parte, el RDL 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (TRLGCU) ha adoptado el criterio de la celebración del contrato en un  ámbito ajeno a la actividad empresarial o profesional, abandonando el criterio anterior del destino final de los bienes o servicios.

Así, en su art. 3 define a los consumidores como

<<las personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión, añadiendo en esta categoría a las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial>>.

No es lo mismo consumidor que profesional 

Cuando los que contratan son los consumidores, se exige un deber de transparencia.

Este deber de transparencia según ha sido delimitado en la STS 12/2020, de 15 de enero de 2020, comporta

<<que el consumidor disponga antes de la celebración del contrato de información comprensible acerca de las condiciones contratadas y las consecuencias de dichas cláusulas en la ejecución del contrato celebrado>>.

Señala asimismo la STS 12/2020, que respecto a las condiciones generales sobre elementos esenciales del contrato

<<se exige una información suficiente que pueda permitir al consumidor adoptar su decisión de contratar con pleno conocimiento de la carga económica y jurídica que le supondrá concertar el contrato, sin necesidad de realizar un análisis minucioso y pormenorizado del contrato>>.

El régimen de protección de los consumidores no se aplica a los contratos cuyo objeto consiste en una actividad profesional y este control de transparencia material del que venimos hablando no se exige en la contratación entre empresarios.

El motivo es que se considera que el consumidor es la parte más débil de la relación contractual, desequilibrio que no se da en la contratación entre empresarios.

El carácter accesorio de la fianza 

Establece el art. 1822 del Código Civil que por la fianza se obliga uno a pagar o cumplir por un tercero, en el caso de no hacerlo éste.

Es decir, que el incumplimiento del deudor es requisito imprescindible para que el acreedor pueda ejercer el derecho de reclamación frente al fiador.

En este sentido el art. 1830 CC establece que el acreedor no puede requerir al pago al fiador sin hacerse antes excusión de todos los bienes del deudor.

La causa de la fianza es la misma que la del negocio principal y puede tener un carácter oneroso o gratuito.

La fianza es un contrato accesorio del préstamo y así lo ha manifestado el Tribunal Supremo en Sentencia 56/2020 de 27 de enero señalando que no puede afirmarse que la fianza sea una mera cláusula o condición general del contrato de préstamo o crédito hipotecario.

Por otra parte, en el caso de la fianza solidaria no se da una obligación única con una pluralidad de deudores sino que nos encontramos ante dos vínculos obligatorios de naturaleza distinta.

Qué sucede cuando es un consumidor el que presta la fianza 

La persona que presta la fianza puede ser un consumidor y, en ese caso, habrán de aplicarse los controles de transparencia y abusividad que protegen a los consumidores. Aplicando dichos controles se podrá determinar si las condiciones de la fianza son desproporcionadas en atención al riesgo garantizado.

Ahora bien, la pregunta que se plantea, y a la que ha dado respuesta el Auto del TJUE de 14 de septiembre de 2016, es si el carácter accesorio de la garantía hace que se pueda, o no se pueda, calificarse de consumidor al garante cuando se trata de una persona física que actúa fuera del ámbito de su actividad profesional.

La doctrina que ha establecido el Alto tribunal europeo es que:

  • Los contratos de fianza se encuentran incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13/CEE.
  • El fiador tendrá la protección de dicha Directiva cuando tenga la condición de consumidor incluso cuando el contrato del que nace la obligación garantizada sea una operación mercantil.
  • La protección de la Directiva se aplica tanto a la fianza simple como a la fianza solidaria.

Así, sobre la base de la diferenciación entre el contrato principal y el contrato de fianza el TJUE, en Auto de 19 de noviembre de 2015 concluye que la Directiva 93/13/CEE puede aplicarse a un contrato de fianza celebrado entre una persona física y una entidad de crédito para garantizar las obligaciones de una sociedad mercantil.

Y ello por esa persona física actuaba con un propósito ajeno a su actividad profesional y no tenía vínculos funcionales con dicha sociedad.

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La cotitularidad de cuentas bancarias en herencias

Nuestros expertos en herencias y derecho bancario reciben muchas consultas relacionadas con la cotitularidad de las cuentas bancarias y las herencias.

¿Cómo se hereda una cuenta bancaria con varios titulares? ¿Puede generar algún tipo de problema esa cuenta conjunta en el reparto de la herencia?

En este artículo respondemos las dudas más frecuentes sobre esta situación.

¿Qué efectos tiene la cotitularidad de una cuenta corriente? 

La idea más importante que tenemos que tener en mente es que el mero hecho de ser cotitular de una cuenta bancaria no implica ser propietario de los fondos que se encuentren en la cuenta.

Es decir, lo que permite la cotitularidad es la disponibilidad de los fondos por parte de cualquiera de los cotitulares. Ambos pueden retirar el dinero aunque sea propiedad de uno ellos únicamente.

Esto es distinto y no significa que todos los cotitulares sean propietarios del dinero de la cuenta.

Así lo establece la doctrina de la Sala Primera del Tribunal Supremo en STS 521/2001, de 25 de mayo respecto a las cuentas corrientes bancarias en la que señala que

<<sólo expresan una disponibilidad de fondos a favor de quienes figuran como sus titulares y el mero hecho del mantenimiento de cuentas con titulares plurales no atribuye si el condominio sobre los saldos, pues viene precisado por las relaciones internas que medien entre quienes resultan titulares bancarios conjuntos y más concretamente por la originaria pertenencia de los fondos>>.

En consecuencia, y así lo afirma el TS en sentencia de 7 de noviembre de 2000, no por el mero hecho de figurar como cotitular en una cuenta común el dinero depositado en tales cuentas pasa a ser propiedad del cotitular de la cuenta bancaria.

¿Cuál es el motivo?

Que en el contrato de depósito, como son los contratos de cuenta corriente bancaria, la relación jurídica se establece entre el depositante, dueño de la cosa depositada, y el depositario que la recibe. Y esta situación no se modifica por la designación de persona o personas que puedan retirar los fondos de la cuenta, en este caso.

En el caso de un matrimonio, si conforme a las disposiciones o pactos reguladores del correspondiente régimen económico matrimonial la cuenta bancaria es común a ambos cónyuges, el titular vivo mantendrá la propiedad de la mitad del importe disponible en la cuenta.

Cómo se hereda una cuenta bancaria conjunta 

Ya tenemos claro que la cotitularidad de una cuenta bancaria no presupone la copropiedad de los fondos depositados y que hay que distinguir entre titularidad de disposición (poder retirar dinero de la cuenta) y titularidad dominical (ser co-propietario de los fondos depositados en dicha cuenta).

¿Qué pasa en el caso de una herencia?

En estos casos surge el conflicto, y así lo señala la resolución V3068-17 de 23 de noviembre de 2017 de la Dirección General de Tributos, sobre si el propietario fue el premuerto y de él se deriva mortis causa a sus causahabientes o si, por el contrario, el propietario es el titular <<supérstite>>.

Este problema se suele resolver en la práctica bancaria aplicando los artículos 1.137 y 1.138 del Código Civil, de tal modo que:

  • si la cuenta figuraba mancomunadamente, sólo podrá disponerse con la firma de todos los titulares.
  • si se trata de una cuenta <<indistinta o solidaria>>, lo cual ha de figurar expresamente, cualquiera de los titulares puede disponer de parte o del todo.

En este último caso, se entiende que el titular superviviente detenta la propiedad de los fondos y estos no se derivan mortis causa a los herederos forzosos.

¿Qué sucede si uno de los cotitulares retira fondos de la cuenta bancaria tras el fallecimiento del causante?

Teniendo en cuenta lo que hemos visto desde el punto de vista civil, un cotitular que retire o traspase los fondos de la cuenta común sin que le corresponda la propiedad de los mismos, podría estar incurriendo en un delito de apropiación indebida del art. 253 del Código Penal.

Este precepto establece que incurre en un delito de apropiación indebida quienes

<<en perjuicio de otro, se apropiaren para sí o para un tercero, de dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble, que hubieran recibido en depósito, comisión, o custodia, o que les hubieran sido confiados en virtud de cualquier otro título que produzca la obligación de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido>>.

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Reciente doctrina europea sobre las ejecuciones hipotecaria

En esta ocasión nuestros expertos en Derecho bancario se hacen eco de la reciente doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre las ejecuciones hipotecarias.

Qué son las cláusulas de vencimiento anticipado 

En un contrato de préstamo hipotecario, la cláusula de vencimiento anticipado permite al prestamista, la entidad de crédito, dar por vencido la totalidad del préstamo desde el momento en que el deudor incumple su obligación de pago de parte del capital o de los intereses del préstamo.

Dicho de otra manera:

Si usted como prestatario deja de abonar una cuota del préstamo, gracias a las cláusulas de vencimiento anticipado la entidad financiera puede poner fin al contrato de préstamo.

Normalmente una vez que se pone fin al contrato de préstamo, los bancos inician un procedimiento de ejecución hipotecaria en el que el prestatario, la persona que ha solicitado el préstamo, puede oponerse por la existencia de una cláusula abusiva en el contrato de préstamo, en este caso la cláusula de vencimiento anticipado.

Doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre ejecución hipotecaria 

Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha declarado abusivas estas cláusulas de vencimiento anticipado tan habituales en los contratos de préstamo hipotecario.

El 26 de marzo de 2019 el TJUE publicó una Sentencia en la que resuelve una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo español sobre esta cuestión.

En dicha resolución el TJUE afirma que supone una vulneración de la Directiva 93/13/CEE, del Consejo de 5 de abril de 1993 relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores, que en el procedimiento de ejecución hipotecaria el consumidor afectado no pueda formular oposición a la ejecución alegando el carácter abusivo de una cláusula contractual, en este caso la cláusula de vencimiento anticipado, que constituye el fundamento del título ejecutivo.

En concreto el Alto Tribunal europeo ha señalado:

  • Los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13 no permiten que una cláusula de vencimiento anticipado de un contrato de préstamo hipotecario declarada abusiva sea conservada parcialmente mediante la supresión de los elementos que la hacen abusiva cuando tal supresión equivalga a modificar el contenido de dicha cláusula afectando a su esencia.

Es decir, que habiéndose declarado abusiva una cláusula de vencimiento anticipado  no cabe admitir el mantenimiento parcial de dicha cláusula. En caso contrario no se cumpliría el efecto disuasorio buscado por la normativa europea, a saber, que no se apliquen este tipo de cláusulas a los consumidores.

  •  Con base en dichos preceptos el juez nacional debe poner remedio a la nulidad de la cláusula abusiva sustituyéndola por la nueva redacción de la disposición legal que inspiró dicha cláusula, aplicable en caso de convenio entre las partes del contrato. Ello siempre que el contrato de préstamo hipotecario en cuestión pueda subsistir en caso de supresión de la citada cláusula abusiva y la anulación del contrato en su conjunto exponga al consumidor a consecuencias especialmente perjudiciales.

Esto quiere decir que dicha sustitución sólo será posible cuando la declaración de nulidad total de la cláusula de vencimiento anticipado obligue al juez a anular el contrato de préstamo en su totalidad y el consumidor quede expuesto a consecuencias especialmente perjudiciales, que constituyan una penalización.

Además, la doctrina europea establece el deber de los órganos jurisdiccionales de efectuar el control de abusividad de las cláusulas de contratos de préstamo hipotecario.

El TJUE obliga al juez nacional a determinar el eventual carácter abusivo de una cláusula cuando disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello siempre que la cláusula denunciada no haya sido examinada previamente. Incluso tras el dictado de una resolución con fuerza de cosa juzgada.

Se ha de permitir también que el consumidor pueda formular un incidente de oposición cumpliendo con lo que disponga la norma, lo que no exime de la obligación de control de oficio por el órgano judicial.

Doctrina de nuestros Altos Tribunales tras las sentencias del TJUE 

El Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre los efectos de la nulidad de las cláusulas de vencimiento anticipado tras las sentencias del TJUE ratificando que las cláusulas abusivas deben ser eliminadas del contrato.

Entiende que en aplicación de los criterios establecidos por el TJUE la supresión de la cláusula que sustenta la garantía del contrato de préstamo hipotecario causa la nulidad total del contrato.

Para evitar que esa nulidad total exponga al consumidor a consecuencias perjudiciales, como que tenga que devolver toda la cantidad del préstamo de golpe, la pérdida de las ventajas legalmente previstas para la ejecución hipotecaria o el riesgo de la ejecución de una sentencia declarativa, propone que se tenga en cuenta como norma imperativa más beneficiosa para el consumidor la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario (LCCI).

Asimismo, el Alto Tribunal ha hecho las siguientes orientaciones jurisprudenciales para los procedimientos de ejecución hipotecaria en curso, en los que no se haya producido todavía la entrega de la posesión al adquirente:

1.- Los procesos en que el préstamo se dio por vencido antes de la entrada en vigor de la Ley 1/2013, por aplicación de una cláusula contractual reputada nula, deberían ser sobreseídos sin más trámite.

2.- Los procesos en que el préstamo se dio vencido después de la entrada en vigor de la Ley 1/2013, por aplicación de una cláusula contractual reputada nula, si el incumplimiento del deudor no reúne los requisitos de gravedad y proporcionalidad exigidos por la jurisprudencia, teniendo en cuenta como criterio orientador el art. 24 LCCI, deberían ser igualmente sobreseídos.

Por el contrario, si el incumplimiento del deudor reviste la gravedad prevista en la LCCI, podrán continuar su tramitación.

3.- El sobreseimiento de los procesos no impedirá una nueva demanda ejecutiva basada, no en el vencimiento anticipado por previsión contractual, sino en la aplicación de LCCI.

Doctrina del Tribunal Constitucional 

Por su parte el Tribunal Constitucional en STC 24/2021, de 15 de febrero de 2021, ha enfatizado la primacía del Derecho de la Unión Europea y la jurisprudencia del TJUE.

En esta reciente sentencia reitera la doctrina plasmada en la STC 31/2019, de 28 de febrero, relativa al deber de examinar el carácter abusivo de las cláusulas incluidas en los contratos de préstamo hipotecario.

Y subraya, respecto a la doctrina constitucional sobre el control de abusividad de las cláusulas de los contratos de préstamo, que

<< Desde la STC 31/2019, de 28 de febrero, hasta la muy reciente STC 140/2020, de 6 de octubre, en la que se rememora el discurso contenido en aquella primera resolución, el tribunal ha sido consecuente con una línea doctrinal dirigida a restaurar el equilibrio real entre los derechos y obligaciones de profesionales y consumidores en el marco de los contratos de préstamo hipotecario, defendiendo el obligado cumplimiento de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la materia>>. 

 

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Cuidado con los préstamos con aval de coche: una venta simulada que esconde un crédito usurero.

Ya hemos hablado de la problemática de las tarjetas revolving y en especial sobre cómo reclamar si somos víctimas de este tipo de estafa.

Hoy, de la mano de nuestros expertos en Derecho Financiero, vamos a hablar de un tipo de préstamo abusivo más desconocido pero igualmente pernicioso.

Nos referimos a ciertos contratos de compraventa con pacto de retroventa que esconden, en realidad, una trampa: la de una deuda que crece y crece hasta hacerse prácticamente infinita.

✅ Cómo funcionan este tipo de operaciones

Se anuncian ante los propietarios de un vehículo como una forma rápida de conseguir dinero sin dejar de utilizar el coche, pero lo que en realidad esconden es una simulación de compraventa que encubre un crédito usurero.

Un dinero rápido que acabas pagando extremadamente caro.

Por poner un ejemplo:

Recientemente un juez ha anulado el contrato de una vecina de Gijón con una empresa a la que vendió su coche para obtener liquidez y que siguió utilizando a través del pago de un alquiler.

La mujer recibió la cantidad de 6.500 euros por su coche y, tras haber abonado más de 10.000 euros en once meses, recibió una carta en la que se le requería 3.015 euros por el impago de tres facturas.

Todo ello tras haber perdido la propiedad de su vehículo.

Lo que parece que es

En apariencia nos encontramos ante dos contratos distintos: Uno titulado como de «compraventa con pacto de retroventa» y otro de «arrendamiento de vehículo sin conductor». Este último vinculado al primero.

Como explica la AP de Ourense en Sentencia 388/2018, de 29 de noviembre, a propósito de un caso de este tipo:

La persona propietaria del vehículo que solicita el préstamo actúa como vendedor en el primero de los contratos, transmitiendo su vehículo a título de compraventa a la entidad en cuestión a cambio de un precio determinado según el tipo de vehículo.

A la vez, este mismo particular actúa como arrendatario en el segundo de los contratos, lo que le permite mantener el uso del vehículo vendido, a cambio de una cuota mensual que debe abonar a la entidad demandada (compradora-arrendadora) por un período inicial determinado, automáticamente prorrogable y con carácter indefinido. 

En caso de impago de alguna de las cuotas, la empresa que concede el préstamo (el arrendador) recupera inmediatamente la posesión del vehículo. También tiene el derecho a percibir las cuotas vencidas e impagadas incrementadas en un tanto por ciento, más una comisión por impago y la penalización de un tanto por ciento mensual sobre cada cuota.

Pero eso no es todo.

También se incluye un precio de recompra mediante cuyo abono el supuesto vendedor puede recuperar su vehículo, cualquiera que sea el estado del uso del mismo en el momento de ejercitarse tal opción.

Lo que en realidad es

Señala la AP de Ourense en la citada sentencia que la realidad que esconden estas complejas operaciones es:

  1. Por una parte, una persona que busca obtener financiación para sus necesidades personales para lo cual utilizando como garantía prendaria su propio vehículo.
  2. Por otra, una empresa financiadora que persigue obtener un interés a cambio del capital entregado al demandante, asegurándose su devolución mediante el derecho de propiedad que ostentaba sobre el vehículo.

¿Cuál es la finalidad principal del contrato?

la entrega del dinero a cambio de la obtención de un interés.

¿Cuál es la finalidad accesoria?

La transmisión del vehículo en garantía del cumplimiento de la obligación de devolución del capital.

Califica la Audiencia Provincial esta situación como un supuesto de venta en garantía de un préstamo.

Lo importante es que la finalidad última del contrato no es la compraventa del vehículo, sino la devolución del préstamo, actuando el vehículo como garantía. El aparente vendedor es en realidad deudor y obligado al préstamo que contrajo.

Qué puedes hacer si estás atrapado en esta espiral de deuda infinita

Si has firmado un contrato de este tipo y tu deuda no deja de aumentar es posible que no veas la salida.

Déjanos decirte algo: Hay luz al final del túnel. 

El motivo es que la jurisprudencia ha señalado que este tipo de contratos «disimulados de préstamo garantizado» son usurarios y, por tanto, nulos, pues la causa del contrato es ilícita por ser contraria a las leyes.

Dos son los motivos principales para estimar nulas este tipo de operaciones financieras:

  1. Vulneran la prohibición del pacto comisorio, puesto que en la compraventa el bien vendido es al mismo tiempo la garantía de cumplimiento de la obligación de pago y el precio fijado es equivalente al importe de la deuda.
  2. La empresa financiera obtiene en la operación un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado según las circunstancias del caso. Por lo que cabe considerarlo un préstamo usurario.

Este supuesto se encuentra recogido en el art. 1 de la Ley de Usura, donde se establece como sanción la nulidad de pleno derecho.

Consecuencias de la nulidad del contrato

Que el contrato se considere nulo de pleno derecho tiene como consecuencia que la persona afectada (el prestatario) deberá devolver solamente la cantidad que recibió.

¿A que ya respiras mejor?

Y si hubiera pagado parte del capital y los intereses vencidos, la empresa deberá devolverle lo que exceda del capital prestado.

EL SUPREMO ZANJA LA CUESTIÓN DE LOS GASTOS ABUSIVOS DE LAS HIPOTECAS

Como especialistas en Derecho bancario, hoy queremos hacernos eco de una reciente y muy esperada Sentencia del Tribunal Supremo que ha despejado todas las dudas sobre las consecuencias de la nulidad de las cláusulas de los préstamos hipotecarios que imponían a los consumidores los gastos de formalización de dichas hipotecas.

✅ Los gastos de tasación corresponden al banco, el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados a los consumidores

La reciente doctrina del Tribunal Supremo establece que los gastos de tasación de los contratos hipotecarios anteriores a la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, no debe asumirlos el consumidor sino el banco. En consecuencia, los prestatarios consumidores tienen derecho a la restitución de todos los gastos abonados indebidamente. ¿De qué gastos se trata?

Se trata, por una parte, del total de los gastos en concepto de registro de la propiedad, gestoría y tasación, así como de la mitad de los gastos notariales.

El Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, sin embargo, corre a cargo de los consumidores, puesto que las normas tributarias establecen que el principal sujeto pasivo es el prestatario (esto es, la persona que solicita el préstamo).

La consecuencia de todo ello, repetimos, es que los consumidores que pagaron esos gastos tienen derecho a la restitución de los mismos.

Préstamos hipotecarios anteriores al 16 de junio de 2019:

  • gastos del registro de la propiedad, gestoría y tasación -> 100% el banco
  • gastos notariales -> 50% consumidor – 50% banco
  • impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados -> 100% el consumidor

✅ Esta doctrina sólo se aplica a los contratos anteriores a la Ley de los contratos de crédito inmobiliario

El origen de la controversia a la que ahora ha puesto fin el Tribunal Supremo, se encuentra en la falta de concreción de la legislación anterior a la Ley de los contratos de crédito inmobiliario de 2019.

En efecto, mientras que la Ley de contratos de crédito inmobiliario establece claramente las obligaciones de las partes respecto a los gastos hipotecarios (los gastos de tasación del inmueble corresponden a prestatario y los de gestoría al prestamista), la legislación anterior era imprecisa en esta cuestión.

A causa de esa imprecisión, durante un tiempo algunos bancos incluyeron en sus contratos de préstamos hipotecarios una cláusula que atribuía al cliente los gastos de formalización de la hipoteca.

Posteriormente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) estableció que ese tipo de cláusulas que atribuían todos los gastos al prestatario consumidor eran abusivas y por tanto nulas de pleno Derecho. Lo que significa que se tienen por no puestas. El TJUE consideró que iban en contra de la legislación comunitaria de protección al consumidor.
Una vez que el TJUE estableció la nulidad radical de esas cláusulas, surgió la duda de las consecuencias que tenía la doctrina del TJUE sobre los gastos que ya habían afrontado los clientes antes de la Ley de los contratos de crédito inmobiliario.
Esta es la problemática que ha venido a resolver el Supremo en su reciente Sentencia 35/2021 de 27 de enero de 2021. Cuya doctrina, como hemos visto, aclara de una vez por todas la cuestión de quién debe afrontar los gastos de los préstamos hipotecarios anteriores a la Ley de 2019.

✅ Estás a tiempo de reclamar

El Tribunal Supremo ha determinado que se trata de un supuesto de nulidad radical o nulidad de pleno derecho. En este tipo de nulidad la acción no prescribe, por lo que todavía estás a tiempo de reclamar estos gastos al banco.

Gastos de constitución de hipoteca

En torno a la devolución de los gastos de la hipoteca os contamos hace tiempo que el tema terminaría en el TJUE. Pues ya ha llegado el momento en el que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tendrá que entrar en esta materia. Como sabéis desde nuestro Despacho de Abogados en Madrid os ayudamos a reclamar los gastos de la hipoteca. El objetivo de la reclamación es claro, conseguir la devolución de los gastos de constitución de hipoteca. Y en ese tema es en el que desde Luxemburgo tengamos la última palabra. Todos los recursos y estancias nos han llevado a esta reclamación en el TJUE.

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Actualizar el valor de la casa con el IPC

Seguimos dando vueltas a la plusvalía municipal, como sabéis desde nuestro Bufete reclamamos por ti la plusvalía municipal. En esta ocasión el devenir por los Tribunales devuelve este impuesto al Tribunal Supremo. Ahora deben decidir sobre la conveniencia de actualizar el valor de la casa con el IPC. Es un tema fundamental en la disputa por reclamar la plusvalía y mucho más por evitar en el futuro que ventas en pérdidas de propiedades sean gravadas por este impuesto. Definitivamente la decisión del Supremo puede poner algo de cordura en este asunto. Mientras esperamos su decisión hacemos un repaso al impuesto de plusvalía municipal y a cómo reclamar lo pagado de más.

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