Por la parte actora se ejercita acción de reclamación de cantidad de 24.000 euros en virtud de contrato firmado con la parte demandada. El demandado nuestro cliente se opone alegando el pago.

La parte demandante aporta documentos para fundamentar la entrega la cantidad de 24.000 euros en concepto de préstamo a los codemandados (dos personas particulares, entre ellas nuestro cliente y una mercantil), burofaxes de requerimiento dirigidos a los codemandados de fecha de 1 de octubre de 2008 y 24 de mayo de 2011 y demanda de acta de conciliación a fin de que reconocieran adeudar la cantidad reclamada de 9 de junio de 2011. Nuestro cliente, el demandado, cuenta con un testigo que dice que las cantidades reclamadas fueron debidamente pagadas a la demandante en efectivo metálico.

Sin embargo, no se entiende acreditado el pago a pesar que la testigo declara que vio cómo se entregaban sobres de dinero en efectivo metálico pero no sabe qué cantidad se entregaba. Se entiende que el pago, que se pretende acreditar con la testifical, en modo alguno puede deducirse de su única práctica el pago del préstamo alegado. La declaración testifical ha de ser clara y contundente respecto de los hechos objeto de controversia, ser testigo directo, imparcial y objetivo y la declaración de la testigo no se considera suficiente.

 La letrada declara que el documento de reconocimiento de deuda recoge que “ en caso de impago o fallecimiento la mercantil se hará cargo de las cuotas restantes hasta la fecha con el 50% de intereses”. Si bien dicho documento no se encuentra firmado por la demandante, aunque ésta reconoce el mismo en la propia redacción de la demanda.

La letrada hace constar que se tiene que apreciar la falta de legitimación pasiva de los codemandados personas físicas siendo que la única obligada al pago, en virtud del documento lo sería la mercantil condenándose a la mercantil al pago de las cantidades reclamadas y absolviendo a las personas físicas, siendo expresamente condenada en costas a la demandante por los gastos causadas a nuestro cliente.

Nuestro cliente como curador de su madre presentó la correspondiente rendición de cuentas. Sin embargo, relacionó como “otros gastos” un importe de 51.200 euros. Ante dicha cantidad sin justificar, y tras informe del Ministerio Fiscal, el Juzgado le requirió su justificación y relación con el interés que dicho importe suponía para su madre. Fue en ese momento cuando acudió al Despacho. Se le indicó que debía presentar la rendición de cuentas de una forma justificada, apoyándose en los movimientos bancarios realizados ese año, reflejando el interés que dichos gastos tienen para su madre y acreditando dicha justificación documentalmente.

El objetivo del procedimiento se presentaba claro; debíamos obtener la aprobación judicial a la nueva justificación de cuentas. El principal problema que se observó residía en que gran parte de la cantidad sin justificar se destinaba al pago mensual de dos empleadas del hogar de su madre que se encontraban en una situación irregular con la Seguridad Social y carecían de contrato, ya que antes se habían negado a firmarlo con nuestro cliente. Nuestra letrada informó al cliente del riesgo de una remisión de oficio a la Seguridad Social, y le aconsejó presentar la correspondiente justificación señalando el destino de dichas cantidades sin especificar la relación laboral con las partes, pues se observa en la práctica jurídica que el objeto de la investigación por parte del Juzgado y del Ministerio Fiscal se centra en el interés superior de la persona sometida a curatela.

Se presentó escrito en el plazo de 10 días relacionando cada gasto con el interés que cada uno tenía para la persona curada. Dicha relación debía quedar suficientemente acreditada a la vista de los movimientos bancarios anuales. Se consideran gastos de interés para el curado los relativos a vestimenta, suministros, medicinas, gestión de su patrimonio, así como los necesarios para su desarrollo físico y psíquico. La letrada presentó la referida ampliación de cuentas y se remitió el informe favorable del Ministerio Fiscal.

El Juzgado por medio de Auto aprobó las cuentas presentadas y también  acordó de oficio en el mismo Auto, proceder a la revisión de las medidas adoptadas en sentencia de fecha 07/06/2019. En consecuencia, se revisará la sentencia de incapacitación de nuestro cliente para adaptarla como mejor convenga con arreglo al nuevo marco legislativo a la provisión de medidas judiciales de apoyo. Así por el momento, nuestro cliente queda exonerado de la rendición de cuentas anual.