Hoy hablamos de los delitos contra la integridad moral y las torturas, en nuestro periplo por el Código Penal, reparamos en el Libro Segundo, Delitos y sus penas, su Título Séptimo, De las torturas y otros delitos contra la integridad moral.

En nuestro Bufete Vilches Abogados Madrid, disponemos de los mejores abogados penalistas, en él les ofrecemos nuestros servicios como abogados penales, si necesitáis de nuestros servicios como abogado penalista poneros en contacto con el Bufete sin compromiso, usando los medios que ponemos a vuestra disposición, tanto el chat online de la esquina derecha, como nuestra página de contacto de la web, o si lo preferís podéis usar el teléfono llamando al 91 575 90 82 , de nuestro servicio de derecho penal solo podéis esperar profesionalidad y un trato humano.

Delitos contra la integridad moral: la integridad moral, qué es

Cuando hablamos de integridad moral nos referimos a una cualidad que tienen las personas y que las faculta para tomar las decisiones que marcan su forma de actuar y comportarse, siempre por su propia voluntad, se le supone a todas las personas, simplemente por el hecho de ser individuos de la especie humana, la integridad moral tiene que ver con la concepción de la individualidad de cada persona, lo conforman su forma de comportarse, aquellas cosas en las que cree, y su modo de actuar ante las distintas circunstancias que la vida le va mostrando. Para el Tribunal Supremo la integridad moral es:

un atributo de la persona, como ente dotado de dignidad por el solo hecho de serlo, esto es, como sujeto moral, fin en sí mismo, investido de la capacidad para decidir responsablemente sobre el propio comportamiento

La integridad moral en la Constitución

La Constitución Española, como en las constituciones de las democracias modernas se recoge como derecho fundamental la integridad moral, por lo tanto su integridad es una garantía constitucional, del mismo modo existen tratados internacionales en los que se prohíben tanto los tratos inhumanos y degradantes a las personas, como las torturas. El Artículo 15 de nuestra Constitución dice:

Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.

Delitos contra la integridad moral: Código Penal

Comienza el TÍTULO VII, De las torturas y otros delitos contra la integridad moral, con el Artículo 173, en él se refieren a los delitos contra la integridad moral de la siguiente forma:

1. El que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.

Sigue ese primer punto del Artículo 173, diciendo que la misma pena recibirán aquellos que «en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial y prevaliéndose de su relación de superioridad», vengan a realizar contra una persona reiteradamente actos que lo humillen o que sean hostiles, y que sin llegar a ser «trato degradante» le supongan a la víctima un «grave acoso».

En el caso de que se produzcan actos hostiles o humillantes de forma reiterada, sin llegar a trato degradante y que el objetivo sea «impedir el legítimo disfrute de la vivienda», serán castigados el actor o actores de estos actos con la misma pena anterior.

Tras la reforma del Código Penal de 2003 se redacto el segundo punto de este Artículo 173 en el que se refiere como delito contra la integridad moral, el ejercicio habitual de violencia física o psíquica en el ámbito familiar o asimilado, y se desarrolla integramente de la siguiente forma:

2. El que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de tres a cinco años y, en su caso, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de uno a cinco años, sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder a los delitos en que se hubieran concretado los actos de violencia física o psíquica.

Las penas deben imponerse en su mitad superior cuando los actos de violencia o alguno de ellos, se realicen en presencia de menores, o que para su acción se usen armas, sean realizados en el domicilio sea el de la víctima o el común, o que para llevarlos a cabo se quebrante alguna de las penas que se recogen en el Artículo 48 del Código Penal, o se salte alguna medida cautelar, de seguridad, o prohibición de la misma índole. Además se podrá imponer una medida de libertad vigilada en estos casos.

La habitualidad en los casos a los que se refiere el apartado dos de este artículo, se corroborara con el número de actos de violencia acreditados, la proximidad temporal entre ellos, con independencia de que la víctima haya sido la misma, y de que los actos hayan sido o no juzgados con anterioridad.

4. Quien cause injuria o vejación injusta de carácter leve, cuando el ofendido fuera una de las personas a las que se refiere el apartado 2 del artículo 173, será castigado con la pena de localización permanente de cinco a treinta días, siempre en domicilio diferente y alejado del de la víctima, o trabajos en beneficio de la comunidad de cinco a treinta días, o multa de uno a cuatro meses, esta última únicamente en los supuestos en los que concurran las circunstancias expresadas en el apartado 2 del artículo 84. Las injurias solamente serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.

La tortura

Como ya hemos dicho en el orden internacional, hay multitud de tratados y convenios que prohíben la tortura, los tratos inhumanos y degradantes. Entre los más importantes, destacan:

• Convención contra la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes, de 10 de diciembre de 1984, ratificado por España en 1987 vía BOE,
• Convenio Europeo para la prevención de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes, de 26 de noviembre de 1987, ratificado por España en 1989 vía BOE.

El Derecho penal del enemigo, fue el nombre que Günther Jakobs, jurista alemán especializado en derecho penal, dio a una serie de normas que se incluyeron en el Código Penal Alemán para sancionar algunas conductas, sin que se hubiere afectado el bien jurídico, pues no eran siquiera el principio de la ejecución del delito, pues estas normas sancionan al autor no por un hecho delictivo cometido, sino por la peligrosidad que se confiere al hecho que realiza. Así explicado puede resultar un poco complejo, pero vamos a intentar explicarlo de una forma más sencilla en esta entrada, todo a colación del asunto de los titiriteros del carnaval de Madrid y su encarcelamiento por enaltecimiento del terrorismo, delito que se encuadra en lo que se denomina derecho penal del enemigo.

En nuestro Bufete, Vilches Abogados de Madrid, tenemos un área dedicada al derecho penal, nuestros colaboradores atesoran una gran experiencia en esa área del derecho, si precisáis de los servicios de un abogado penalista poneros en contacto con nuestro Bufete, sin compromiso, en los medios que tenemos disponibles, el chat online de la esquina derecha, en nuestra página de contacto de la web, o si lo preferís en el teléfono 91 575 90 82 sin ningún compromiso, salvo el nuestro de daros el mejor trato y asesoramiento posible.

Derecho Penal del enemigo

El término Derecho Penal del enemigo fue usado por primera vez en Alemania allá por el año 1985, desde esa fecha se ha desarrollado en distintos códigos penales del mundo a través de distintas normas, al tiempo en el mundo jurídico se ha abierto un debate sin fin acerca de su asimilación dentro de un Estado democrático de derecho, hay quien lo cuestionan y rechazan, y quienes lejos de ello lo justifican y razonan filosóficamente, estamos pues ante un asunto que causa controversia jurídica, lo que no es no de lejos una buena señal. Pero, qué elementos tiene el denominado derecho penal del enemigo, vamos a intentar desmenuzarlos para vosotros.

La trinidad del Derecho Penal del enemigo

Ya hemos dicho que quienes defienden la validez del Derecho penal del enemigo, lo hacen desde un fundamento filosófico del mismo, Jakobs las desarrolla en torno a tres elementos fundamentales, a los que podíamos llamar la trinidad del Derecho penal del enemigo:

• la persona,
• el ciudadano,
• y la función de la pena.

Derecho penal del enemigo: la persona

Este concepto de persona en el derecho que nos ocupa, viene a decir que todo aquel que se somete al ordenamiento jurídico de un país tiene derecho a ser tratado como persona, y al contrario aquel que no lo haga no recibirá ese trato.

Derecho penal del enemigo: el ciudadano

Todo aquel que de una forma cognitiva orienta sus actuaciones en base al Derecho, será considerado ciudadano, los individuos que no lo hacen no pueden ser participes de todos los beneficios que depara el concepto de persona.

Derecho penal del enemigo: la función de la pena

En los delitos «normales», la pena es el pago que el delincuente debe pagar por realizar acciones contrarias al ordenamiento jurídico, es un peaje que la persona que delinque debe pagar, en cambio en las penas relacionadas con delitos terroristas, no se trata tanto del mantenimiento de la vigencia de las leyes, como de conseguir garantizar la seguridad del Estado de Derecho.

Derecho penal del enemigo: en España

En realidad el objetivo último de la aplicación del derecho penal del enemigo es la consecución de logros policiales en la lucha anti-terrorista, es difícil de negar que esa finalidad choca en ocasiones con los principios de un Estado democrático. Si ninguna duda en España se han legislado algunas normas cuya naturaleza es la del derecho penal del enemigo. Al margen de los debates sobre si estas normas son una deriva autoritaria del Estado de Derecho o incluso un estado de excepción no declarado, hay que reconocer que en nuestro país ha tenido una más que satisfactoria aplicación en cuanto al resultado final de esas normas, el éxito policial, las dos organizaciones terroristas que actuaban en nuestro país, ETA y los GRAPO están de hecho desmantelados, en estados de inoperatividad o con «treguas indefinidas», que más tienen que ver con la aceptación de su derrota a manos de la sociedad y del Estado de Derecho.

Derecho penal del enemigo: artículo 578 del Código Penal

La mayoría de los tipos penales usados para la lucha contra el terrorismo están imbuidos por el derecho penal del enemigo, con todas las dudas de su encaje en el Estado de Derecho, pero existe un consenso en parte de los juristas, en que la excepcionalidad de las situaciones a las que un Estado se enfrenta por causa de la acción terrorista, permite al legislador realizar normas situadas al filo del margen del Estado de Derecho, cuando no fuera de sus límites, para luchar contra el que es considerado «el enemigo» de ese Estado. Es importante recalcar el carácter de excepcionalidad que debería primar en el uso de este tipo de normas.

El CAPITULO VII DE LAS ORGANIZACIONES TERRORISTAS Y DE LOS DELITOS DE TERRORISMO, de nuestro Código Penal, recoge desde el año 2000 en su Artículo 587 el delito de “enaltecimiento y justificación” de los delitos de terrorismo o de sus autores, aquí se introdujo una diferencia sustancial frente al resto de delitos de apología, se concretaba una pena propia para este hecho y se dejaba una puerta abierta a manos de las fuerzas policiales, de la fiscalía y de los Jueces, para aplicar y extender ese concepto a veces difuso, en pro del objetivo último de la norma, la derrota del enemigo. La redacción del Artículo 578, tras esa reforma quedaba así:

“El enaltecimiento o la justificación por cualquier medio de expresión pública o difusión de los delitos comprendidos en los artículos 571 a 577 de este Código o de quienes hayan participado en su ejecución, o realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares se castigará con pena de prisión de uno a dos años. El Juez también podrá acordar en la sentencia, durante el período de tiempo que el mismo señale, alguna o algunas de las prohibiciones previstas en al artículo 57 de este Código.”

Pero he aquí que en una situación más que evidente de «triunfo sobre el enemigo», y por consiguiente de un óptimo resultado de la imposición de las teorías del derecho penal del enemigo en la lucha anti-terrorista, que el legislador en el año 2015 da una vuelta de tuerca al cajón de sastre que ya fue la reforma del año 2000, con una nueva redacción del Artículo 578:

1. El enaltecimiento o la justificación públicos de los delitos comprendidos en los artículos 572 a 577 o de quienes hayan participado en su ejecución, o la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares, se castigará con la pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a dieciocho meses. El juez también podrá acordar en la sentencia, durante el período de tiempo que él mismo señale, alguna o algunas de las prohibiciones previstas en el artículo 57.

Es evidente un endurecimiento en la pena, y que se mantiene el carácter difuso del tipo delictivo «enaltecimiento del terrorismo», por cierto aunque en algunos medios se justifica como común en el ordenamiento de los países de nuestro entorno, lo común es el delito de «apología del terrorismo» que también se halla en nuestro Código Penal, el de enaltecimiento es cosecha propia. Lo que lleva a un debate no es el articulado, ni la redacción de este Artículo 578, el debate es la oportunidad, si al volver a reformarlo existía la excepcionalidad que deber regir el uso del derecho penal del enemigo en un Estado de Derecho, con lo que conlleva de posible vulneración de derechos fundamentales y por tanto de la Constitución, no estaremos matando moscas a cañonazos.

Hoy celebramos el día de los Santos Inocentes, es un día complicado para publicar pero nosotros queremos hacerlo y que mejor tema que el de la presunción de inocencia, en este día nos viene que ni al pelo. En este día de los Santos Inocentes se rememora un episodio de las sagradas escrituras, que relata una matanza de niños de hasta dos años que habían nacido en Belén, el objetivo de la matanza era acabar con la vida de Jesús de Nazaret, y fue ordenada por el rey Herodes I el Grande, aunque de los hechos no hay constancia histórica que refuerce su veracidad, no es menos cierto que Herodes se labró una fama de violencia y brutalidad que casa a la perfección con el suceso contado. A lo largo de los años la celebración de este día ha degenerado en una suerte de «loca carrera» en los medios de comunicación por contar la broma más increíble posible y que cuele como cierta.

En el Bufete Vilches Abogados de Madrid, tenemos una basta trayectoria de trabajo como abogados penalistas en Madrid, si precisáis de nuestros servicios poneros en contacto con nuestro Bufete, sin compromiso, en los medios que tenemos disponibles, el chat online de la esquina derecha, en nuestra página de contacto de la web, o si lo preferís en el teléfono 91 575 90 82 sin ningún compromiso, salvo el nuestro de daros el mejor trato y asesoramiento posible.

Presunción de inocencia: como derecho fundamental

La presunción de inocencia está contemplada en múltiples tratados internacionales que versan sobre los derechos humanos, por ejemplo en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948, en su Artículo 11 Punto 1 cuya redacción reza así:

1 . Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.

También en los tratados europeos aparece la figura de la presunción de inocencia, por ejemplo en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales  de 1950, en su Artículo 6 Punto 2, que dice:

2. Toda persona acusada de una infracción se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente declarada.

Hay muchos más tratados internacionales que recogen este principio, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, o la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos de 1981, conocida como carta Banjul. Nos vamos a referir en nuestro caso a un tratado más, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, y a su Artículo 14 Punto 2,  dice:

2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.

Queda patente a la vista de todos estos tratados la importancia de la presunción de inocencia en los Estados de Derecho, como principio en el que se deben basar tanto las acusaciones, como las defensas en los distintos procedimientos judiciales, ahora bien, en cada país este principio se aplica acorde a su legislación, que en principio se supone no contradictoria con los tratados internacionales que defiende este derecho fundamental.

Constitución Española: presunción de inocencia

No puede ser de otra manera, en nuestro ordenamiento jurídico, la ley de leyes, la norma suprema es decir la Constitución Española, recoge la presunción de inocencia como un derecho fundamental, y lo hace en su Capítulo 2 Derechos y Libertades, Sección 1, De los derechos fundamentales y de las libertades públicas, Artículo 24 Punto 2:

2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.

El Tribunal Constitucional, del que seguimos prometiendo que un día hablaremos, estima en la presunción de inocencia dos vertientes independientes pero íntimamente ligadas, pues obedece en primer lugar a una regla de juicio que se ha de usar durante el proceso, y al tiempo debe tener otra vertiente en cuanto a regla de tratamiento, esta segunda significa que como imputado tenemos el derecho a ser tratados como «no autores o partícipes» de los hechos o delitos de los que se nos acusan, esta segunda vía parece ser olvidada con mayor frecuencia de la deseada por los medios de comunicación y al tiempo ha pasado a dejar de ser de uso entre la opinión pública, imputado es lo mismo que culpable aún no habiendo sido juzgado, lo que se convierte en una atrofia de nuestro sistema de garantías.

Procesos judiciales y presunción de inocencia

Bien, en cuanto a la regla de tratamiento, es obvio que el imputado debiera ser tratado a todos los efectos como un inocente, solo la condena firme en la que se demuestra que es culpable debe en todo caso cambiar dicho escenario. Es en su vertiente de regla de juicio, cuando los efectos de la misma se deben notar en la valoración de la prueba, durante todo el proceso. En los procedimientos civiles, las partes deben aportar los datos que sirvan para probar los hechos que cada una de ellas mantienen como ciertos, y el juez debe considerar dichos datos a la hora de tomar su decisión.

En los procesos penales, cambia esa estructura, se parte siempre de la inocencia del que es imputado, la acusación tiene la obligación de acreditar sobradamente que es culpable de aquello de lo que se le acusa, de lo contrario el juez o el tribunal que entienda el asunto, una vez valorada la prueba reafirmará la inocencia del acusado. Tal y como se precisa en nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su Artículo 741:

El Tribunal, apreciando, según su conciencia las pruebas practicadas en el juicio, las razones expuestas por la acusación y la defensa y lo manifestado por los mismos procesados, dictará sentencia dentro del término fijado en esta Ley.

El peso de la prueba en los procesos penales está más que justificado y tiene una serie de características que son las siguientes:

• es la acusación la que debe correr con la carga material de la prueba, en ningún caso la defensa,
• en el juicio oral la prueba se realiza con la intervención de aquel que juzga los hechos, juez o tribunal, respetando los principios de igualdad, contradicción, inmediación y publicidad,
• los atestados e investigaciones de la policía, no son considerados actos de prueba, ya que nuestro marco legal los considera en todo caso denuncias,
• las sentencias no se han de fundamentar en pruebas prohibidas, esto es, no se aceptan pruebas emanadas del no respeto a los derechos fundamentales del acusado,
• y por último la fundamentación de todas las sentencias, aquel que juzga, ya sea juez o tribunal, debe razonar la prueba explicando qué le ha decantado para dar el valor probatorio a la misma.

La presunción de inocencia es uno de los pilares de nuestro marco jurídico, todas las actuaciones de jueces y tribunales, deben ir encaminadas a la salvaguarda de este principio, recogido como derecho fundamental en nuestro estado de derecho.

Dentro del area de abogados penalistas y cuando hablamos de recurso de casación nos referimos al recurso extraordinario cuya finalidad es la de que se anule una sentencia o resolución judicial que entendemos mantiene una interpretación incorrecta de la ley o que la aplica de forma inadecuada, o que entendemos que el procedimiento seguido no ha tenido en cuenta todos los preceptos legales que debería, cometiendo algún error de procedimiento. El fallo de este recurso de casación le corresponde al Tribunal de mayor jerarquía, en el caso de España al Tribunal Supremo o a la Audiencia Nacional. Por lo general si hemos llegado al recurso de casación, se entiende que nuestro caso ha tenido el asesoramiento y seguimiento de un profesional de la abogacía, en todo caso si usted precisa de elevar recurso ya sea de casación o apelación, y precisa de un nuevo equipo de abogados puede ponerse en contacto con nuestro Bufete, o en la página de contacto de nuestro sitio web o en el número de teléfono: 91 575 90 82

Funciones de un recurso de casación

Los recursos de casación tienen dos funciones principales:

1. conseguir la aplicación correcta de la ley, lo que viene a ser llamado certeza jurídica.
2. y unificar la interpretación de la ley, loa que se denomina fijar jurisprudencia, esto se realiza por un mismo órgano jurídico.

En nuestro sistema judicial, se trata del último recurso que podemos presentar reclamando la revisión de un juicio ya realizado, se interpone ante el Tribunal Supremos, y es este el que debe pronunciarse sobre si es o no correcta la sentencia de los órganos inferiores. El recurso de casación viene recogido en el Capítulo Quinto de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Las sentencias que se pueden recurrir en casación son las que dicta en segunda instancia la audiencia provincial, o las que dicta la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia.

Recurso de casación: sentencias recurribles

Dice el aparatado dos del Artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal:

Serán recurribles en casación las sentencias dictadas en segunda instancia por las Audiencias Provinciales, en los siguientes casos:

1. Cuando se dictaran para la tutela judicial civil de derechos fundamentales, excepto los que reconoce el artículo 24 de la Constitución.
2. Siempre que la cuantía del proceso excediere de 600.000 euros.
3. Cuando la cuantía del proceso no excediere de 600.000 euros o este se haya tramitado por razón de la materia, siempre que, en ambos casos, la resolución del recurso presente interés casacional.

Bien en cuanto al punto uno, el interés casacional le vendrá dado cuando se recurran sentencias que se opongan a lo que es la doctrina del Tribunal Supremo, o aquellas que deban resolver sobre cuestiones que estén en jurisprudencia contradictoria por las diferentes audiencias provinciales, también en aquellas sentencias en las que no existe doctrina del Tribunal Supremo y se refieran a la aplicación de normas con más de cinco años en vigor. Los recursos de casación se han de interponer en un plazo de veinte días desde la notificación de la sentencia y ante el Tribunal que dictó la resolución.

Nuestro sistema jurídico

Vamos a realizar «un paseo» por lo que sería el recorrido de una causa en nuestro sistema jurídico, primero acudiremos al juzgado de primera instancia, este es el nivel provincial en su primera instancia, el fallo que obtenemos no nos resulta positivo, realizamos un recurso de apelación en la audiencia provincial, ya estamos en segunda instancia, y éste vuelve a ser contrario a nuestros intereses o demandas, entonces recurrimos al Tribunal Supremo, estaríamos ya en la última instancia realizando el recurso de casación.

Nuestro sistema de Justicia descentralizado en las distintas Comunidades Autónomas, esconde peculiaridades referidas al recurso de casación, existen en las Comunidades Autónomas unos órganos, llamados Tribunales Superiores de Justicia, que son la última instancia en esas regiones, si se presentan recursos ante ellos son también de casación, y por lo general excluyen la posibilidad de que el Tribunal Supremo pueda revisar sus resoluciones. Hay unos recursos extraordinarios cuya finalidad es unificar las doctrinas en todo el territorio Español, con el fin de vincular en esa aplicación a todos los Tribunales Superiores de Justicia.

Artículo 478 Competencia. Simultaneidad de recursos

1. El conocimiento del recurso de casación, en materia civil, corresponde a la Sala Primera del Tribunal Supremo.

No obstante, corresponderá a las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia conocer de los recursos de casación que procedan contra las resoluciones de los tribunales civiles con sede en la Comunidad Autónoma, siempre que el recurso se funde, exclusivamente o junto a otros motivos, en infracción de las normas del Derecho civil, foral o especial propio de la Comunidad, y cuando el correspondiente Estatuto de Autonomía haya previsto esta atribución.

2. Cuando la misma parte interponga recursos de casación contra una misma sentencia ante el Tribunal Supremo y ante el Tribunal Superior de Justicia, se tendrá, mediante providencia, por no presentado el primero de ellos, en cuanto se acredite esta circunstancia.

Abogacía del Estado recurso de casación exención del IRPF maternidad

En este camino por la exención del IRPF en las prestaciones por maternidad era evidente que el Estado llegaría a casación. Lo contrario hubiese sido una gran sorpresa, el Estado no suele reconocer sus errores, y si lo hace es a regañadientes o pretendiendo salirse con la suya de otra forma. Lo cierto es que lo mínimo que se podía esperar es que intentase alargar plazos y posponer lo inevitable. Y lo inevitable en este caso sin ninguna duda es que devuelva las cantidades tributadas indebidamente. Seguramente ahora dará otro paso, intentar crear un sistema «de locos» para que la mayoría de las personas desista en la reclamación. Aquellas que hayan o van a dejar en nuestras manos la reclamación están de suerte, a nosotros no nos van a parar de ninguna manera.

El Abogado del Estado interpuso recurso de casación contra la sentencia de 29 de junio de 2017. Esa sentencia fue obra de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sentencia acerca del recurso 1300/2015, sobre la exención del IRPF en prestaciones por maternidad. El Abogado del Estado señala en su recurso de casación que la sentencia infringe una norma. En concreto la del artículo 7 letra h de la Ley 35/2006 del Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas, LIRPF, del 28 de noviembre. Esa Ley modificaba parcialmente otras como las Leyes de Impuestos sobre Sociedades, de la Renta de no Residentes y del Patrimonio. En el recurso de casación exponía las razones por las que sentencia infringía los preceptos señalados.

Motivos para la impugnación de la sentencia

Expone que la prestación por maternidad procede del Instituto Nacional de la Seguridad Social, INSS. Que está regulada en un Capítulo del Texto Refundido de la Ley de Seguridad Social, TRLSS  diferente al señalado por el Artículo 7 letra h de la LIRPF. Según su visión la sentencia extendía indebidamente la exención del IRPF a las prestaciones por maternidad. Al tiempo según su opinión se desentiende la sentencia de la función finalista del precepto en cuestión. Pues la prestación por maternidad de la Seguridad Social tiene como efecto suplir la retribución del trabajo habitual que se deja de recibir por el permiso de maternidad. Recordando que ésta no está exenta de IRPF. Sigue su recurso de casación indicando que la sentencia impugnada es contradictoria con las de otros órganos jurisdiccionales. Aportando y mencionando fallos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y de Castilla León. Así como un procedimiento de unificación de criterior iniciado de oficio por el Tribunal Económico Administrativo Central.

Exención del IRPF, fallo del Supremo en casación

Para la Sala la cuestión a resolver es solamente jurídica. Se trata de la interpretación de si la prestación por maternidad costeada por el INSS puede ser incardinada al Artículo 7 letra h de la LIRPF, que dice:

Igualmente estarán exentas las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad

La Sala entiende que sí se puede incardinar a raíz de la Exposición de Motivos de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social. En esa motivación se incluía la citada exención del IRPF por esta cuestión. La sentencia que el recurso de casación intenta impugnar ya hacía referencia a esta exposición de motivos, y a lo que se citaba literalmente en la misma:

En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en primer lugar, se establece la exención de las prestaciones públicas percibidas por nacimiento, parto múltiple, adopción, maternidad e hijo a cargo, entre las que se incluyen las prestaciones económicas por nacimiento de hijo y por parto múltiple previstas en el Real Decreto Ley 112000, de 14 de enero

Explicación de la posición de la Sala

La Sala entiende que de la anteriormente citada exposición de motivos se desprende que la prestación por maternidad está comprendida en esas exenciones. No solo las de nacimiento, parto múltiple, adopción, o hijo a cargo. Se cita expresamente la prestación por maternidad, y en ningún caso se recorta el alcance a las prestaciones que concedan entidades locales o comunidades autónomas. Parece más que evidente que lo que se busca es la exención del IRPF de todas las prestaciones por maternidad independientemente del órgano público que las conceda.

La Sala lo tiene claro procede incardinarse la prestación por maternidad al supuesto del Artículo 7 letra h de la LIPRF. Por lo que se desestima el recurso de casación y establece doctrina legal:

las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Seguridad Social están exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Recurso de casación penal

En el LIBRO V de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, «DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN, CASACIÓN Y REVISIÓN», se desarrollan los distintos artículos que están relacionados con los recursos que se pueden interponer a las resoluciones y/o sentencias que sean dictadas «en el ámbito de la Audiencia Provincial y en primera instancia, por el Magistrado-presidente del Tribunal del Jurado», dichas sentencias serán apelables tanto en la Sala de lo Civil como la de lo Penal, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma donde se hubiese dictado la sentencia. Del mismo modo la aprobación de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado prevé en la Ley de Enjuiciamiento Criminal posibilidades de apelación, sobre los autos dictados por el Magistrado-presidente del Tribunal del Jurado en las cuestiones referidas al artículo 36 de dicha Ley eran también apelables:

Ley Orgánica del Tribunal del Jurado

Artículo 36 Planteamiento de cuestiones previas

1. Al tiempo de personarse las partes podrán:

a) Plantear alguna de las cuestiones o excepciones previstas en el artículo 666 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o alegar lo que estimen oportuno sobre la competencia o inadecuación del procedimiento.

b) Alegar la vulneración de algún derecho fundamental.

c) Interesar la ampliación del juicio a algún hecho respecto del cual hubiese inadmitido la apertura el Juez de Instrucción.

d) Pedir la exclusión de algún hecho sobre el que se hubiera abierto el juicio oral, si se denuncia que no estaba incluido en los escritos de acusación.

e) Impugnar los medios de prueba propuestos por las demás partes y proponer nuevos medios de prueba. En este caso, se dará traslado a las demás partes para que en el término de tres días puedan instar por escrito su inadmisión.

2. Si se plantease alguno de estos incidentes se le dará la tramitación establecida en los artículos 668 a 677 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Para conocer de estos recursos, la Sala de lo Civil y de lo Penal, se tendrán que conformar con tres Magistrados, que atenderán las apelaciones.

Quién puede plantear el recurso

En el artículo 846 bis b de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se indica que el recurso puede ser interpuesto tanto por el Ministerio Fiscal, como por el resto de partes, siempre dentro de los diez días siguientes a la última notificación de la sentencia, si en la sentencia se declara a alguien que está exento de responsabilidad criminal, pero se le impone o bien una medida de seguridad o su responsabilidad civil, éste podrá recurrir del mismo modo la misma. Si una parte no apela en el plazo estipulado, puede hacerlo durante el trámite de impugnación que otra parte haya iniciado, pero solo podrá hacerlo en el tiempo en que esta parte mantenga su recurso.

Procedencia del recurso de casación

La procedencia del recurso de casación por infracción de ley y por quebrantamiento de forma, es clara y viene reflejada en el Artículo 847 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dice que procede si:

• contra las sentencias que dicte la Sala Civil o Penal, de Tribunales de Justicia en única o en segunda instancia,
• y contra las sentencias dictadas en Audiencias en el juicio oral y única instancia.

En el Artículo 848 se refiere a los autos que sean dictados en apelación por las Salas de lo Civil o Penal, de Tribunales Superiores de Justicia, o los dictados con carácter definitivo por las Audiencias, procede únicamente el recurso de casación por infracción de ley y solo en los casos autorizados expresamente por Ley. Para que se entienda que existe una infracción de Ley:

1.º Cuando, dados los hechos que se declaren probados en las resoluciones comprendidas en los dos artículos anteriores, se hubiere infringido un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter que deba ser observada en la aplicación de ley penal.
2.º Cuando haya existido error en la apreciación de la prueba, basado en documentos que obren en autos, que demuestren la equivocación del juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios.

Hoy siguiendo en nuestra linea de abogados penalistas, nos acercamos  la infracción penal, recogida en el Libro Primero en su Título Primero «De la infracción penal», y en concreto hoy en su Capítulo Primero «De los delitos», estos artículos tratan de las disposiciones generales sobre los delitos, las personas responsables, las penas, medidas de seguridad y demás consecuencias de la infracción penal, vamos con ello.

De la infracción penal

El Título Primero, «de la infracción penal», está compuesto por seis Capítulos, desde el Artículo 10 al Artículo 26 de nuestro Código Penal, hoy vamos a abordar el primero de esos seis Capítulos.

De los delitos

Este primer Capítulo del Título Primero, «de la infracción penal», se denomina «de los delitos», en el desde el Artículo 10 hasta el Artículo 18, se intenta discernir lo que es «delito», lo que es delito por omisión, las imprudencias, los distintos grados del delito, etc.

Artículo 10: qué es delito

«Son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley.» Todas esas acciones y omisiones se desarrollan en el texto del Código Penal, recordemos que desde la reforma del Código Penal que entró en vigor el pasado uno de julio, las faltas han dejado de existir en nuestro Código Penal, algunas de ellas han pasado ahora a ser delito y otras merecedoras de sanciones administrativas.

Artículo 11: delito por omisión

Para que una acción considerada como delito en este Código Penal se entienda cometida por omisión, debe ser «cuando la no evitación del mismo, al infringir un especial deber jurídico del autor, equivalga, según el sentido del texto de la ley, a su causación», a raíz de ello y en buena lógica será equiparable la omisión a la acción con estos requisitos:

• cuando exista una específica obligación legal o contractual de actuar,
• cuando el omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido mediante una acción u omisión precedente.

Artículo 12: imprudencias

Cuando las acciones u omisiones resulten se imprudentes solo podrán ser castigadas «cuando expresamente lo disponga la Ley».

Artículo 13: clasificación del delito

Los delitos se clasifican en tres tipos, son delitos graves «las infracciones que la Ley castiga con pena grave», se denominan delitos menos graves «las infracciones que la Ley castiga con pena menos grave», y se denominan delitos leves los que «la ley castiga con pena leve». Cabe la posibilidad de que la pena impuesta por extensión, se pueda incluir al tiempo en las dos primeras clasificaciones, en este caso el delito se considerará como «grave», si el caso es que por su extensión, pueda considerarse en las dos últimas clasificaciones, se entenderá en todo caso que el delito es «leve».

Artículo 14: el error invencible

En el caso de que un hecho sea constitutivo de infracción penal, pero sea cometido por error invencible, se excluirá en todo caso la responsabilidad criminal. Remarca el Artículo 14, en su primer puntos que «si el error, atendidas las circunstancias del hecho y las personales del autor, fuera vencible, la infracción será castigada, en su caso, como imprudente». En el punto segundo dice: «el error sobre un hecho que cualifique la infracción o sobre una circunstancia agravante, impedirá su apreciación», y en el punto tercero: «el error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal. Si el error fuera vencible, se aplicará la pena inferior en uno o dos grados».

Artículo 15: consumación y tentativa

Reza este artículo: «son punibles el delito consumado y la tentativa de delito», y es así por razones obvias, que el resultado final de las acciones no hayan devenido en lo que pretendía el autor, por causas ajenas a éste, no hacen perder un ápice de responsabilidad al mismo.

Artículo 16: hay tentativa cuando

Para enmarcar claramente lo que es «tentativa», este artículo nos dice que es cuando «el sujeto da principio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores, practicando todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado», el sujeto realiza todas las acciones que requiere para perpetrar el delito, aunque «éste no se produce por causas independientes de la voluntad del autor», lo que no era su objetivo. Pero deja abierta la posibilidad de reconocer el arrepentimiento antes de la consumación final del delito de esta forma: «quedará exento de responsabilidad penal por el delito intentado quien evite voluntariamente la consumación del delito, bien desistiendo de la ejecución ya iniciada, bien impidiendo la producción del resultado, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por los actos ejecutados, si éstos fueren ya constitutivos de otro delito», y si en los hechos intervienen varios sujetos también abre la puerta a los que desistan de estos: «quedarán exentos de responsabilidad penal aquél o aquéllos que desistan de la ejecución ya iniciada, e impidan o intenten impedir, seria, firme y decididamente, la consumación, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por los actos ejecutados, si éstos fueren ya constitutivos de otro delito».

Artículo 17: la conspiración

En cuanto a la conspiración, el Código Penal dice que «existe cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo», para que se de por cierta la proposición de un sujeto a otros para llevar a cabo un delito debe ser «cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras personas a participar en él», desde la invitación a cometerlo. Recalca es su punto tercero que «la conspiración y la proposición para delinquir sólo se castigarán en los casos especialmente previstos en la ley».

Artículo 18: la provocación

Este Artículo 18, nos sumerge en la provocación, según nuestro Código Penal existe cuando: «directamente se incita por medio de la imprenta, la radiodifusión o cualquier otro medio de eficacia semejante, que facilite la publicidad, o ante una concurrencia de personas, a la perpetración de un delito», el autor de la provocación busca que terceros perpetren el delito. En cuanto a la apología, según nuestro Código Penal, es «la exposición, ante una concurrencia de personas o por cualquier medio de difusión, de ideas o doctrinas que ensalcen el crimen o enaltezcan a su autor», solo será delito en caso de que: «como forma de provocación y si por su naturaleza y circunstancias constituye una incitación directa a cometer un delito», y termina esta artículo en su punto tercero: «la provocación se castigará exclusivamente en los casos en que la Ley así lo prevea», y si de esa provocación se difiere la perpetración de un delito «se castigará como inducción».

De la circunstancia mixta de parentesco

Este Capítulo se compone solo del Artículo 23 que tiene la siguiente redacción:

Es circunstancia que puede atenuar o agravar la responsabilidad, según la naturaleza, los motivos y los efectos del delito, ser o haber sido el agraviado cónyuge o persona que esté o haya estado ligada de forma estable por análoga relación de afectividad, o ser ascendiente, descendiente o hermano por naturaleza o adopción del ofensor o de su cónyuge o conviviente.