Durante el confinamiento, que aún persiste en mayor o menor medida, la vida ha seguido. Con ella noticias sorprendentes, otras que sólo se entienden por las consecuencias que en las personas está obrando este confinamiento. Una de las noticias que más nos ha impactado en este mes de mayo es la muerte de un hombre por los disparos de otro. Ha sucedido en España, en un pueblo tranquilo de la provincia de Huelva. Una hombre de más de setenta años disparó a otro de cuarenta y cinco cuando lo vio en sus tierras. Creía que su presencia no tenía otra finalidad que el robo de lo que en ellas tenía cultivado. Hasta aquí todo lo que sabemos, aparte de la detención del autor material de los disparos y la muerte de su víctima. Se abrió entonces un debate mediático sobre si en este suceso cabía o no la legítima defensa. Desde nuestra sección de Derecho Penal abordamos esta cuestión.

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Sin lugar a dudas la confidencialidad entre abogado y cliente es esencial. Esto es así en todos los ámbitos del derecho, pero cuando hablamos del derecho penal se torna más necesaria. Para que las labores de defensa y representación sean llevadas a buen puerto la confianza mutua es un valor necesario. Esta necesaria confidencialidad entre cliente y abogado transciende a numerosos derechos fundamentales. El derecho a defensa, el derecho a no declarar, el derecho a la intimidad…

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Los delitos prescriben y existe un razonamiento jurídico para que esto sea así, el cómo y el cuándo prescriben los delitos viene recogido en el Código Penal, dentro del Título Séptimo, De la extinción de la responsabilidad criminal y sus efectos

Basándonos en todos los años de experiencia como abogados penalistas, podemos asegurar que la prescripción de los delitos es un tema espinoso sobretodo cuando los delitos tienen un amplio rechazo social. Lo cierto es que un Estado de Derecho garantista tiene que lidiar con esa controversia. Es un equilibrio complicado el de proteger los derechos de víctimas y al tiempo el de los presuntos culpables. Algo que apelando a las vísceras es imposible de conseguir. Nuestro Código Penal introduce las causas y motivos por los que cabe la prescripción de los delitos. Como todas nuestras normas se avienen a interpretación de los Tribunales. Y en última instancia el Tribunal Constitucional puede intervenir cuando son derechos recogidos en la Constitución los que entran en discusión.

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Dentro del área de abogados penalistas en esta ocasión reflejamos como nuestro Código Penal recoge el delito de abandono de menores o discapacitados, en Libro Primero, Título XII. Bajo la rúbrica de «Delitos contra las relaciones familiares». Recordemos que el título de cada sección, capítulo o título del Código Penal hace referencia al bien jurídico que pretende su defensa. En el caso de este título en concreto se intenta preservar o defender las relaciones familiares y la familia en general. Así como a los menores y a las personas con discapacidad que precisan de especial protección. Este tipo delictivo puede conllevar la pérdida de la patria potestad.

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En nuestro trabajo como Abogados Penalistas hay una medida cautelar que siempre quisiéramos evitar a nuestros clientes, la prisión provisional. Quitar la libertad a una persona en un Estado de Derecho debe ser algo que se use con exquisita delicadeza. No en vano estamos hablando de un derecho fundamental. La decisión de imponer una prisión provisional debe ser tomada con todas las garantías para el damnificado. Hay que tener en cuenta que es una medida preventiva, y en ningún caso presupone la culpabilidad del investigado. Ojo investigado, que no condenado. Vamos a ahondar un poco en esta medida cautelar personal.

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