• _2015-08-13

Delito: Medidas de seguridad


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En nuestro recorrido por el Código Penal, nos paramos hoy en el Título Cuarto, “De las medidas de seguridad”, en el se establecen los criterios, supuestos y circunstancias en los que se pueden aplicar por el Juez o Tribunal las medidas de seguridad a aquellos sujetos que hayan cometido hechos que sean constitutivos de delito. En esta entrada de hoy abarcaremos el Capítulo Primero, “De las medidas de seguridad en general”, y dejaremos el Capítulo Segundo para una posterior entrada.

De las medidas de seguridad

Título Cuarto de las medidas de seguridad

Capítulo Primero: De las medidas de seguridad en general

El Capítulo Primero del Título Cuarto del Código Penal, comienza en el Artículo 95 del mismo, en el se explica que las medidas de seguridad serán aplicadas por el Juez o el Tribunal, después de considerar los informes que se estimen convenientes en cada situación concreta, a las “a las personas que se encuentren en los supuestos previstos en el capítulo siguiente de este Código”, refiriéndose al Capítulo Segundo del Título Cuarto, para ello deben concurrir las siguientes circunstancias:

  1. Que el sujeto haya cometido un hecho previsto como delito,
  2. que del hecho y de las circunstancias personales del sujeto pueda deducirse un pronóstico de comportamiento futuro que revele la probabilidad de comisión de nuevos delitos.

Estableciendo que si la pena que se pudiese imponer por el supuesto delito cometido no fuese de privación de libertad, “el juez o tribunal sentenciador sólo podrá acordar alguna o algunas de las medidas previstas en el Artículo 96 punto tres del mismo”.

Artículo 96 las privativas de libertad y las que no implican privación de libertad.

El Articulo 96, establece en su primer punto que las medidas de seguridad que se pueden imponer con arreglo al Código Penal son de dos clases, las privativas de libertad y las que no implican privación de libertad. En su punto segundo indica cuales de estas medidas son privativas de libertad:

  • El internamiento en centro psiquiátrico,
  • el internamiento en centro de deshabituación,
  • el internamiento en centro educativo especial.

En su punto tres, nos señala cuales de las medidas de seguridad previstas, no son privativas de libertad:

  • La inhabilitación profesional,
  • la expulsión del territorio nacional de extranjeros no residentes legalmente en España,
  • la libertad vigilada,
  • la custodia familiar. El sometido a esta medida quedará sujeto al cuidado y vigilancia del familiar que se designe y que acepte la custodia, quien la ejercerá en relación con el Juez de Vigilancia Penitenciaria y sin menoscabo de las actividades escolares o laborales del custodiado,
  • la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores,
  • la privación del derecho a la tenencia y porte de armas.

Artículo 97: El Juez o Tribunal podrá adoptar medidas especiales

El Artículo 97, explica que el Juez o Tribunal sentenciador podrá adoptar, durante la ejecución de la sentencia, algunas decisiones y todas ellas deberán adoptarlas siguiendo el procedimiento que se establece en el Artículo 98 de este Código Penal, las decisiones que podrán adoptar son las siguientes:

  1. Mantener la ejecución de la medida de seguridad impuesta,
  2. decretar el cese de cualquier medida de seguridad impuesta en cuanto desaparezca la peligrosidad criminal del sujeto,
  3. sustituir una medida de seguridad por otra que estime más adecuada, entre las previstas para el supuesto de que se trate. En el caso de que fuera acordada la sustitución y el sujeto evolucionara desfavorablemente, se dejará sin efecto la sustitución, volviéndose a aplicar la medida sustituida,
  4. dejar en suspenso la ejecución de la medida en atención al resultado ya obtenido con su aplicación, por un plazo no superior al que reste hasta el máximo señalado en la sentencia que la impuso. La suspensión quedará condicionada a que el sujeto no delinca durante el plazo fijado, y podrá dejarse sin efecto si nuevamente resultara acreditada cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 95 de este Código.

El procedimiento establecido en este Código Penal para las anteriores decisiones expuestas en el Artículo 97, vienen recogidas en el Artículo 98, en su primer punto expresa que “A los efectos del artículo anterior, cuando se trate de una medida de seguridad privativa de libertad o de una medida de libertad vigilada que deba ejecutarse después del cumplimiento de una pena privativa de libertad, el Juez de Vigilancia Penitenciaria estará obligado a elevar al menos anualmente, una propuesta de mantenimiento, cese, sustitución o suspensión de la misma. Para formular dicha propuesta el Juez de Vigilancia Penitenciaria deberá valorar los informes emitidos por los facultativos y profesionales que asistan al sometido a medida de seguridad o por las Administraciones Públicas competentes y, en su caso, el resultado de las demás actuaciones que a este fin ordene”, en su punto segundo afirma que “Cuando se trate de cualquier otra medida no privativa de libertad, el Juez o Tribunal sentenciador recabará directamente de las Administraciones, facultativos y profesionales a que se refiere el apartado anterior, los oportunos informes acerca de la situación y la evolución del condenado, su grado de rehabilitación y el pronóstico de reincidencia o reiteración delictiva”, y en el punto tercero, que en todo caso el Juez o el Tribunal sentenciador resolverá motivando su resolución siempre “a la vista de la propuesta o los informes a los que respectivamente se refieren los dos apartados anteriores, oída la propia persona sometida a la medida, así como el Ministerio Fiscal y las demás partes. Se oirá asimismo a las víctimas del delito que no estuvieren personadas cuando así lo hubieran solicitado al inicio o en cualquier momento de la ejecución de la sentencia y permanezcan localizables a tal efecto”.

Artículo 99:  Penas y medidas se seguridad privativas de libertad concurrentes

En el Artículo 99 se explica como se procede en el caso de que penas y medidas se seguridad privativas de libertad concurra, en ese caso “el juez o tribunal ordenará el cumplimiento de la medida, que se abonará para el de la pena. Una vez alzada la medida de seguridad, el juez o tribunal podrá, si con la ejecución de la pena se pusieran en peligro los efectos conseguidos a través de aquélla, suspender el cumplimiento del resto de la pena por un plazo no superior a la duración de la misma, o aplicar alguna de las medidas previstas en el Artículo 96 en su punto tres”.

Finaliza este Capítulo Primero del Título Cuarto, con el Artículo 100 del Código Penal, en el que se especifica las consecuencias del quebrantamiento de las distintas medidas de seguridad impuestas a un sujeto, en el quebrantamiento de una medida de seguridad que implique el internamiento, dará lugar a que “el juez o tribunal ordene el reingreso del sujeto en el mismo centro del que se hubiese evadido o en otro que corresponda a su estado”, en su punto segundo se refiere a cuando el quebrantamiento se refiere a otro tipo de medidas, entonces “el juez o tribunal podrá acordar la sustitución de la quebrantada por la de internamiento si ésta estuviese prevista para el supuesto de que se trate y si el quebrantamiento demostrase su necesidad”. Y en su punto tres indica que en “ambos casos el Juez o Tribunal deducirá testimonio por el quebrantamiento. A estos efectos, no se considerará quebrantamiento de la medida la negativa del sujeto a someterse a tratamiento médico o a continuar un tratamiento médico inicialmente consentido. No obstante, el Juez o Tribunal podrá acordar la sustitución del tratamiento inicial o posteriormente rechazado por otra medida de entre las aplicables al supuesto de que se trate”.

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