Nuestros clientes firmaron contrato de compraventa con la parte contraria en el año 1981, adquiriendo así el dominio de una finca. El contrato de compraventa se celebró por escrito pero al no formalizar el contrato en escritura pública, la finca no se pudo inscribir en el Registro de la Propiedad a nombre de nuestros clientes.

En el presente procedimiento actuamos como parte actora. Nuestra letrada interpone demanda de juicio ordinario en el que se ejercitaba una acción declarativa de dominio de un inmueble y su inscripción en el Registro de la Propiedad.

La letrada demuestra que nuestros clientes han hecho uso de la finca como propietarios al abonar el Impuesto de Bienes Inmuebles, así como todos los suministros, durante cuarenta años.

Una vez interpuesta la demanda, la parte demandada contesta a la misma allanándose en todas las pretensiones y solicitando su no condena en costas dado el allanamiento antes de proceder a la contestación a la demanda.

El Magistrado estima la demanda presentada por la letrada, condenando a la parte demandada a que realice todos los actos necesarios para que se eleve a escritura pública notarial el contrato privado de compraventa suscrito en el año 1981 por el que los demandados vendían a los demandantes la finca, no realizando pronunciamiento especial de condena en constas a ninguna de las partes.

Nuestro cliente es el particular demandado por Entidad Financiera en Reclamación de Cantidad.

Se formuló demanda de juicio verbal por parte de la entidad financiera frente a nuestro cliente, en reclamación de cantidad, derivada de culpa contractual. La entidad financiera sostiene haber firmado contrato de préstamo con nuestro cliente celebrado de forma electrónica y por el que la entidad actora presta una cantidad de dinero al demandado, comprometiéndose éste a pagarlos en 48 plazos mensuales y designando la cuenta bancaria para el ingreso del dinero y domiciliación de pago de cuotas.

A esta demanda, se opone la letrada alegando no haber celebrado nunca el contrato de préstamo base de la reclamación, ya que nuestro cliente no es titular de la cuenta designada en el contrato, ni conoce quién es su titular, además los datos personales que figuran en el contrato no se corresponden con los de nuestro cliente. Para ello se acompaña al escrito de oposición certificado del banco en el que nuestro cliente “sí” es titular, volante de empadronamiento y la denuncia presentada, poniendo de manifiesto que a raíz de llegarle la notificación de la demanda rectora de este procedimiento se ha dado cuenta que alguna persona ha suplantado su identidad.

La letrada impugna la autenticidad y eficacia del contrato electrónico, argumentando que se debe haber utilizado de forma fraudulenta la identidad del demandado. De los datos que figuran en el contrato, tan solo coincide su nombre y número de DNI. El resto de sus datos personales no se corresponden con la realidad, y nunca ha recibido la cantidad de dinero que se dice objeto de préstamo.

Existiendo indicios fundados de que nuestro cliente ha sido víctima de una usurpación de identidad, procede la desestimación de la demanda, y se absuelve a nuestro cliente imponiendo las costas a la parte demandante, a la entidad financiera.

Nuestro cliente como curador de su madre presentó la correspondiente rendición de cuentas. Sin embargo, relacionó como “otros gastos” un importe de 51.200 euros. Ante dicha cantidad sin justificar, y tras informe del Ministerio Fiscal, el Juzgado le requirió su justificación y relación con el interés que dicho importe suponía para su madre. Fue en ese momento cuando acudió al Despacho. Se le indicó que debía presentar la rendición de cuentas de una forma justificada, apoyándose en los movimientos bancarios realizados ese año, reflejando el interés que dichos gastos tienen para su madre y acreditando dicha justificación documentalmente.

El objetivo del procedimiento se presentaba claro; debíamos obtener la aprobación judicial a la nueva justificación de cuentas. El principal problema que se observó residía en que gran parte de la cantidad sin justificar se destinaba al pago mensual de dos empleadas del hogar de su madre que se encontraban en una situación irregular con la Seguridad Social y carecían de contrato, ya que antes se habían negado a firmarlo con nuestro cliente. Nuestra letrada informó al cliente del riesgo de una remisión de oficio a la Seguridad Social, y le aconsejó presentar la correspondiente justificación señalando el destino de dichas cantidades sin especificar la relación laboral con las partes, pues se observa en la práctica jurídica que el objeto de la investigación por parte del Juzgado y del Ministerio Fiscal se centra en el interés superior de la persona sometida a curatela.

Se presentó escrito en el plazo de 10 días relacionando cada gasto con el interés que cada uno tenía para la persona curada. Dicha relación debía quedar suficientemente acreditada a la vista de los movimientos bancarios anuales. Se consideran gastos de interés para el curado los relativos a vestimenta, suministros, medicinas, gestión de su patrimonio, así como los necesarios para su desarrollo físico y psíquico. La letrada presentó la referida ampliación de cuentas y se remitió el informe favorable del Ministerio Fiscal.

El Juzgado por medio de Auto aprobó las cuentas presentadas y también  acordó de oficio en el mismo Auto, proceder a la revisión de las medidas adoptadas en sentencia de fecha 07/06/2019. En consecuencia, se revisará la sentencia de incapacitación de nuestro cliente para adaptarla como mejor convenga con arreglo al nuevo marco legislativo a la provisión de medidas judiciales de apoyo. Así por el momento, nuestro cliente queda exonerado de la rendición de cuentas anual.