• _2016-01-25

Derecho al olvido


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Hace un par de años hablamos del derecho al olvido, a raíz de una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en ella se le daba la razón a España frente a una controversia frente a los buscadores de Internet, aunque el foco de las miradas y la atención se lo llevó Google, lo cierto es que afecta a todos los buscadores de Internet, en suma venía a decir que los buscadores ha de retirar aquellos enlaces a publicaciones referentes a ciudadanos que habiendo sido publicadas en el pasado ahora no fuesen relevantes y además les causaren menoscabo, bien antes de nada debemos aclarar que nos del todo así, en realidad ni Google ni el resto de los buscadores “borran esos enlaces”, lo que hacen es no mostrarlos en sus resultados de búsquedas, pues la resolución no entraba en el fondo del asunto, las publicaciones en medios de comunicación de Internet seguirán ahí aunque no se muestren en las búsquedas.

A finales de año el Tribunal Supremo reconocía el derecho al olvido de un par de personas que en los años ochenta fueron condenados por unos hechos relacionados con el tráfico de drogas, y en la actualidad han rehecho sus vidas, y tienen una re-inserción social más que suficientemente arraigada. Hoy vamos a hablar del derecho al olvido, en el Bufete hemos tratado ya bastantes casos de este tipo y si alguno de vosotros está en una situación similar nos ofrecemos para ayudaros en ello, podéis hacerlo mediante el uso de los medios que tenemos disponibles, el chat online de la esquina derecha, en nuestra página de contacto de la web, o si lo preferís en el teléfono 91 575 90 82 , nuestro compromiso es daros el mejor trato y asesoramiento posible.

Derecho al olvido - Bufete Vilches de Abogados Madrid

¿Qué es el derecho al olvido?

El derecho al olvido es aquel derecho que tenemos como individuos de pedir el borrado de un dato personal, de bloquear el acceso al mismo o suprimir aquellas informaciones personales que estando ya obsoletas pueden afectar al desarrollo de cualquiera de nuestros derechos fundamentales, esos datos o información puede que ya no sean relevantes para nuestra vida y actividad actual, o que directamente surtan un efecto nocivo en nuestro desarrollo personal. Este derecho tiene conexiones con otros conceptos, algunos más o menos novedosos como el Habeas Data o la protección de los datos personales, al tiempo que en la mayoría de las ocasiones choca con otros derechos fundamentales como son la libertad de expresión o el derecho a la información.

Podríamos pensar que es una cosa nueva, y que todo tiene que ver con la presencia brutal de Internet en nuestras vidas, pero no es así los primeros casos en los que se habla de derecho al olvido, están relacionados con esos famosos ficheros de morosos de las entidades financieras, es en ese área donde se empieza a tratar ese derecho de los individuos a poder borrar cierta información que en el momento actual carece de relevancia pero que puede dañar y menoscabar tanto su imagen como su vida. En España es en la LOPD, Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, donde se legisla sobre esos ficheros y se indica cuando caducan o deben caducar, los datos ahí recogidos.

Derecho al olvido: habeas data

Bien el conocido como habeas data, es una acción que pueden ejercer los individuos, personas físicas o jurídicas, con el fin de que se proceda al borrado o corrección de datos que estén incluidos en algún fichero, tanto público como privado, bien sea en fichero de tipo informático o no, por lo general en los registros de datos por medio de formularios es parte de la letra pequeña, que suele decir que en el tratamiento de los datos que damos a un tercero está incluida la posibilidad de retracto de los mismos, es decir que en un momento dado nos demos de baja del fichero en el que se incluyeron dichos datos. Este procedimiento también sirve para exigir al titular del fichero que nos facilite qué información está incluida en el mismo, y a raíz de ella procedamos a pedir su borrado o corrección. Por lo general casi todas las Constituciones de los denominados Estados de Derecho, recogen esta figura con este u otro nombre, en España esta posibilidad está recogida en la anteriormente citada Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, y después de las correcciones a la misma fruto de una sentencia del Tribunal Constitucional de 30 de noviembre, sentencia 292/2000, en la que se protegía más aún este derecho ante algunas lagunas e incoherencias del texto inicial, esta sentencia fue fruto de un recurso del Defensor del Pueblo, figura de la que algún día hablaremos en este Blog.

La Agencia Española de Protección de Datos

Para gestionar toda esta materia relacionada con la protección de datos, y la aplicación de la LOPD, existe la Agencia Española de Protección de Datos, AEPD. Esta agencia es un ente de derecho público, que ostenta su propia personalidad jurídica y es completamente independiente del Estado en el ejercicio de las funciones que tiene asignadas. Como ya hemos dicho la fundamental es que deben vigilar el cumplimiento de la LOPD, velando porque los responsables de los ficheros cumplan lo recogido en la misma, que al fin y al cabo es la protección de los datos recogidos de todos los ciudadanos, y que viene amparado en el Artículo 18 de la Constitución Española. Al tiempo existen en España dos agencias autonómicas, una en el País Vasco y otra en Cataluña, que solo pueden actuar en los ficheros inscritos dentro de sus límites geográficos.

Tribunal Supremo: sentencia derecho al olvido

No queremos olvidarnos del motivo de esta entrada, no es otro que una sentencia del Tribunal Supremo de 15 de Octubre de 2015, en el que la Sala de lo Civil del citado tribunal se refería a este derecho. El caso se remonta a los años 80, dos personas involucradas en tráfico y consumo de drogas, tanto su detención, como el ingreso en prisión, aparecía en los motores de búsqueda, pues los hechos coinciden en el tiempo con la digitalización de las hemerotecas. Hoy son dos personas que saldaron su deuda con la sociedad, cumpliendo sus condenas y han rehecho sus vidas en todos los aspectos, tanto familiar como profesionalmente hablando.

Estas personas requirieron al medio y al grupo editorial que es responsable de la hemeroteca a que se tomaran las medidas necesarias para que esas noticias no se siguiesen difundiendo en Internet, el medio y la editora no hicieron caso de su petición y ambos interpusieron lógicamente una demanda para exigir la protección de su honor. Bien en la sentencia la Sala considera que es responsabilidad del editor de una web que los datos personales incluidos en la misma sean tratados acorde a la legislación vigente y cumpliendo unos criterios de calidad de los mismos. Sopesa la confrontación de derechos que supone “la libertad de información” que cumplen las hemerotecas digitales, y “el derecho al honor, intimidad y protección de datos” de las personas cuyos datos se encuentran en las mismas.

En una balanza han de ponerse la “ofensa” que para esas personas tiene la información allí recogida, y el “interés público” que la misma tiene. Es por ello que a veces el “interés público” de las personas de las que habla esa información puede justificar que esa información que afecta a su reputación aunque hubiesen ocurrido hace muchos años, aún tengan que aparecer vinculados a las búsquedas que sobre ellos se realicen en Internet. Y del mismo modo cuando las informaciones ya empiezan a tener una antigüedad relevante, y al tiempo los implicados carecen de relevancia pública, esas informaciones lesivas para su honor, empiezan a perder todo el interés histórico al poder distorsionar la percepción que los usuarios de Internet, es decir los ciudadanos puedan tener acerca de esas personas. Hay una puntualización en la sentencia que es muy importante, que el derecho al olvido en este caso el digital, no puede ser una tapadera para que los afectados “re-construyan” su propio pasado eliminado de éste todo lo que no les es conveniente.

Por lo que la Sala sí accede a que los afectados exijan de los responsables de esas hemerotecas pongan los medios tecnológicos necesarios para que esa información ya obsoleta y sin interés histórico , que grave la reputación de los afectados, no sea indexada por los distintos buscadores, con las pertinentes instrucciones “noindex”. Pero al tiempo rechaza que se deban borrar los nombres y apellidos de los afectados en esas informaciones recogidas por las hemerotecas digitales, pues es “una restricción excesiva del derecho a la libertad de información”.

Derecho al olvido y Google

Desde que en Mayo de 2014 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, resolviese acerca de la obligación de Google y el resto de buscadores a atender las peticiones de los usuarios con relación a la protección de este derecho, las cifras que se manejan son dispares. En España desde entonces y hasta el verano pasado, se habían presentado poco menos de veinte mil peticiones de solicitudes, Google solo atendió positivamente el 60% de las mismas. La mayoría de las peticiones son de datos de carácter privado y personal, más del 90%, le siguen informaciones de carácter político, luego aparecen peticiones de personas involucradas en hechos delictivos y personas de elevado perfil público. Por países es Francia quien más peticiones ha enviado a Google relativas al derecho al olvido, seguida de Alemania y Reino Unido, España es la cuarta en ese ranking, cierran el mismo Malta, Islandia y Liechtenstein.

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