• _2014-01-17

Informe Greco


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El miércoles veía la luz un informe emitido por el Consejo de Europa y redactado por el “GRECO”, en ese informe se alertaba sobre la preocupación de este organismo frente a la “proliferación de escándalos de corrupción”, haciendo hincapié en el descrédito que conlleva para las instituciones españolas. Este informe analiza la corrupción en políticos, jueces y fiscales, y propone finalmente métodos para atajarla.

greco

¿Qué es el GRECO?

Es el Grupo de Estados contra la Corrupción, aunque se enclava dentro del Consejo de Europa, está abierto a la participación de otros Estados no Europeos, por ejemplo EEUU y Bielorrusia. El fin de este Grupo es el de mejorar la capacidad de sus miembros, los Estados, para luchar y atajar la corrupción de sus instituciones. En la génesis de este Grupo, participaron activamente la OCDE, las Naciones Unidas, la Interpol, el Banco Mundial, todos ellos convinieron en la necesidad de crear instrumentos para la prevención de estos problemas. El Grupo se estableció en el año 1999.

Para conseguir sus fines, se realizan rondas de evaluación de cada Estado miembro, en cada evaluación se valoran y analizan unos aspectos determinados. Se ofrecen unas posibles soluciones, ya sean reformas legislativas o institucionales. Se da un plazo de 18 meses al Estado miembro evaluado para dar respuesta al mismo y adoptar o no las medidas. Posteriormente el GRECO hace una nueva evaluación relativa a la adopción o no de las soluciones demandadas. La ronda actual de evaluación es la cuarta, y comenzó en enero de 2012, es ahora cuando se han conocido los datos de la evaluación Española. En esta ronda se ha analizado la prevención de la corrupción entre los miembros de los parlamentos, los jueces y los fiscales.

Cuarta Evaluación, España

No se hace necesario que desde fuera nos cuenten que la corrupción representa para España un grave problema, pero a veces la visión y análisis realizados desde fuera pueden ayudarnos a ver las cosas desde otro prisma, además de encauzarnos a soluciones que desde dentro no se pueden alcanzar a ver, para los que queráis leer el informe aquí podéis hacerlo. Lo más relevante del informe es que constata la erosión de la credibilidad de las instituciones y los perniciosos efectos que pueden llegar a tener. El informe alerta que es un problema “que afecta a responsables políticos de primer orden, alto funcionariado y líderes de los negocios”. Resalta el grave problema “de las puertas giratorias”, indicando que aunque los Gobiernos, de distinto signo, han legislado para atajar el problema no han conseguido frenar el flujo de políticos que acaban en los sillones de Consejos de Administración de empresas de sectores sobre los que han legislado. El informe se remata con once cuestiones y sus propuestas, unas dedicadas a los parlamentarios, otras a los jueces y otras para los fiscales.

Para los tres grupos analizados hay una cuestión más o menos común, la creación de códigos de conducta propios en los que se aborden temas como los “conflictos de intereses, los regalos y beneficios que les otorguen terceros, y las relaciones con grupos a los que sus decisiones influyan”.  Propone que esos códigos de conducta tengan forma legislativa y que sean de dominio público con total transparencia. Así mismo apuntan que quizás debería institucionalizarse el control de su cumplimiento, y también una especie de formación continuada a los miembros de esos grupos.

En relación con los parlamentarios confirma que las “declaraciones de bienes” que se realizan en la actualidad son papel mojado, que el método de presentación es más que “mejorable” y que se debería implementar un procedimiento eficaz de “control de la veracidad y cumplimiento” del mismo, así como favorecer la transparencia y el acceso del público a esos datos.

Sobre el Poder Judicial, indica la necesidad de “revisar y modificar el marco legislativo actual” que tiene efectos perversos sobre la independencia del mismo. Que se marquen por ley los requisitos objetivos para los candidatos a nombramientos de altos cargos del poder judicial.

Sobre el nombramiento del cargo de Fiscal General del Estado, el informe pide que “se reconsidere el método de selección para dotarle de una autonomía real respecto del Gobierno”, y que la comunicación entre éste y el Gobierno sea transparente.

En resumidas cuentas el informe pide un esfuerzo legislativo en aras de la transparencia e independencia de los distintos poderes e instituciones, tenemos hasta el 30 de junio de 2015, para hacer oídos sordos, para aplicar parte o la totalidad de las consideraciones, o explicar que otras medidas hemos adoptado para conseguir estos fines.

Un saludo.

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