De los procesos más sensibles que los abogados civiles de Madrid podemos llevar, los de las incapacitaciones se llevan la palma. No debemos perder nunca de vista las implicaciones para aquella persona a la que va dirigido el proceso de incapacitación. Así las cosas el proceso de incapacitación judicial es de largo de los más relevantes de nuestro ordenamiento. Por ello es fundamental que todas las partes que tengan que ver en incapacitaciones sean conscientes del alcance de las mismas. En estos procesos se debe esgrimir por parte de los letrados una gran sensibilidad. Los implicados en los mismos son muchos, familias enteras aparte de la persona susceptible de incapacitación.

Qué es la incapacitación judicial

Cuando una persona está en un supuesto que le hace no poder gobernarse a si misma, es susceptible de incapacitación. Para ello se debe proceder a interponer un procedimiento de incapacitación judicial. Puede ocurrir que su incapacidad para gobernarse sea solo en algunas cuestiones, o bien sea total. Esto nos lleva a las dos posibilidades de incapacitación que existen, absoluta o parcial. Ambas tiene un tratamiento y efectos diferentes.

Incapacidad judicial en el ordenamiento jurídico español

Para hablar de los procesos de incapacitaciones es conveniente entender a que se refiere con capacidad nuestro marco jurídico. La capacidad entendida desde el ordenamiento jurídico español tiene dos esferas, una sería la capacidad jurídica y la otra es la capacidad de obrar. La primera es la que tenemos todos para poder ser titulares tanto de derechos como de obligaciones. La capacidad jurídica nos corresponder como personas y no es susceptible de ser “modulada”. Hacerlo sería atentar contra los derechos fundamentales de las personas. En cambio la capacidad de obrar es sobre la que nuestro marco jurídico sí dispone acciones para modularse. Por el bien de una persona se puede pedir a un Juez que module su capacidad de obrar.

Cuando nos referimos a incapacitaciones estamos hablando de modular mediante sentencia judicial la capacidad de obrar de una persona. Volvemos a reiterar la transcendencia que conlleva este acto de modular la capacidad de obra de una persona. Es algo a lo que nuestro ordenamiento jurídico le concede una especial protección. Las limitaciones de la capacidad de obrar, requieren en todo caso de una sentencia judicial. La misma estará bien motivada, y entrará a valorar todos los aspectos necesarios sobre aquella persona que se halla en el proceso de incapacitación judicial. Todo ser hará persiguiendo lo mejor para el sujeto, y la sentencia debe facultar a un tercero para ejercer obligaciones y derechos del incapacitado judicialmente. Esa misma sentencia debe limitar el alcance y aspectos de la incapacitación otorgada.

Podemos ser cualquiera incapacitado judicialmente

Cualquiera de nosotros que se encuentre en algún cuadro susceptible de incapacitación podrá serlo. La incapacitación judicial tiene como base la protección y tutela, de personas enfermas, para la efectiva protección de sus derechos y deberes. La amplia jurisprudencia y lo recogido en el Artículo 200 del Código Civil, nos indican cuales son: “las enfermedades o deficiencias físicas o psíquicas que impenden que la persona pueda autogobernarse”.

Las personas con enfermedades mentales graves, son el grupo más numeroso en cuanto a procesos de incapacitación judicial. Las personas que sufren de estas dolencias precisan de una tutela y vigilancia estrecha. Otro de los grupos más numerosos es el de los que tienen alguna discapacidad intelectual. Para ellos nuestro ordenamiento considera su protección como algo de vital importancia. El grado de la dolencia y una valoración correcta son claves en estos casos. La importancia de la valoración correcta y exhaustiva es fundamental, no en vano no todas las personas con capacidades distintas son objeto de incapacitación judicial. Esa valoración es crucial para el correcto modulaje en sus derechos y deberes. Todos los informes deberán tener como objetivo la determinación del grado de tutela o curatela, necesarios en cada caso.

Otro grupo numeroso de personas susceptibles de incapacitación judicial, son las que devienen un deterioro cognitivo grave. Ese deterioro puede llevar a muchas personas a no poder autogobernarse por si mismas. Sin ir más lejos pensemos en los enfermos de alzheimer. En estos caso la intervención judicial para la protección de sus derechos es crucial. Siendo estos tres nombrados los cuadros más probables para la incapacitación judicial, vaya por delante que sufrir enfermedad mental, discapacidad o deterioro cognitivo grave, no son razones exclusivas para la incapacitación. Para llegar a ese punto se precisa de la existencia de circunstancias que deriven de esos cuadros anteriormente referidos.

Incapacitaciones: los tipos que existen

Si llegado el caso nos vemos en la necesidad de pedir la incapacitación judicial para un familiar o persona  a nuestro cargo, debemos saber que existe la posibilidad de incapacitación total o parcial. El grado de incapacitación no es algo que pidamos nosotros, es algo que se debe sustanciar en la sentencia judicial. Ese grado se sustentará en los informes que se aportan, las valoraciones, declaraciones de familiares, el equipo forense del juzgado… Así que nosotros solicitamos la incapacitación judicial, y el devenir formal del proceso determina el grado o la no necesidad de la misma. Aparte de si llegado el caso se concede la incapacitación, se define en sentencia quien debe cuidar y bajo qué parámetros hacerlo.

Incapacidad total de la persona

Estaríamos en este caso ante personas que no tienen ninguna capacidad de autogobierno. En ninguno de los aspectos cotidianos de la vida. En ningún caso el incapacitado es desprovisto de sus derechos. El ejercicio de esos derechos será ejercido por un tercero designado en la sentencia judicial. Ese tercero puede ser un familiar o una institución pública. El objeto de ese nombramiento es la protección tanto del patrimonio como de la persona. La institución legal que se usa en estos casos es la de tutela.

Incapacidad parcial de la persona

En este caso la protección que se concibe con la incapacitación judicial es mucho menor, no interviniendo en todas las tomas de decisiones del sujeto. La figura legal que velará en los actos determinados por la sentencia en nombre del incapacitado será el curador. Básicamente suelen ser temas relacionados con la gestión del patrimonio del incapacitado. En estos casos no se sustituye al completo la capacidad de obrar. Más bien su objetivo es reforzar esa capacidad en determinados aspectos que por si solo el incapacitado no puede realizar.