Incapacitaciones, clases y conceptos

De los procesos más sensibles que los abogados civiles de Madrid podemos llevar, los de las incapacitaciones se llevan la palma.

No debemos perder nunca de vista las implicaciones para aquella persona a la que va dirigido el proceso de incapacitación.

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Así las cosas el proceso de incapacitación judicial es de largo de los más relevantes de nuestro ordenamiento. Por ello es fundamental que todas las partes que tengan que ver en incapacitaciones sean conscientes del alcance de las mismas. En estos procesos se debe esgrimir por parte de los letrados una gran sensibilidad. Los implicados en los mismos son muchos, familias enteras aparte de la persona susceptible de incapacitación.

¿Qué es la incapacitación judicial?

La incapacitación es el procedimiento jurídico para aquellos casos en que una persona por enfermedad o deficiencias físicas o psíquicas no puede gobernarse por sí misma y por tanto se busca la protección de los intereses del incapacitado, a nivel personal y patrimonial.

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Requisitos para la incapacitación judicial:

Persistencia de la enfermedad o deficiencia que impide el autogobierno, siempre que la enfermedad tenga duración, continuidad o permanencia aunque no debe ser necesariamente incurable.
Ausencia o deficiencia de autogobierno, con ausencia de posibilidad o facilidad de entendimiento.

¿Cuáles son los niveles de incapacitación?

Los niveles o grados de incapacitación de la persona son:

Incapacidad total de la persona: personas con nula capacidad para autogobernarse en cualquier aspecto de su vida diaria. Sus derechos quedan respaldados por la figura legal de la tutela.
Incapacidad parcial de la persona: supone una protección de menor grado sobre la toma de decisiones del afectado. En estos casos la figura legal es la curatela.

Tipos de Incapacitación

Son los mismos que los niveles de incapacitación, es decir total o parcial. Dentro de las enfermedades relacionadas con la incapacitación encontramos:

Esquizofrenia, Alzheimer o demencia (incapacitaciones a personas mayores), discapacidad, síndrome de Down (siempre que quede demostrado el grado de la enfermedad ya que en su mayoría son personas que no son incapacitadas), trastorno bipolar, alcoholismo, demencia senil, ludopatía y depresión.

Procedimiento para conseguir la incapacitación legal

El procedimiento necesario para conseguir la incapacitación legal es interponer una demanda de incapacitación ante el juzgado competente. Es absolutamente necesario contara con el asesoramiento de un equipo jurídico especializado en estos casos.

La demanda debe interponerse con abogado y procurador. Esta demanda deberá ir acompañada de informes psicológicos, sociales, médicos que justifiquen la necesidad del procedimiento. Tras la presentación de la demanda, el demandado tendrá un plazo de 20 días para contestar a la demanda pudiendo oponerse. Si no existe oposición a la demanda será el Ministerio Fiscal quién representara a la persona. Si es el Ministerio Fiscal quién promueve la incapacitación el juez asignará un defensor judicial. La duración del procedimiento dependerá de la situación concreta y de la carga del Juzgado.

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Tipos de protección que existen para un incapacitado

1- Tutela: es la principal institución de protección de las personas incapacitadas en áreas generales de protección patrimonial y personal. Es la figura más restrictiva, pero también la que mayores obligaciones comporta.

2- Curatela: su función no reside en la sustitución total de la capacidad, sino que completa la capacidad del incapacitado, en los aspectos que el juez determinó en la sentencia judicial. Es, generalmente, un complemento de capacidad en los aspectos patrimoniales del incapacitado.

3- Defensor judicial: es una figura temporal, su importancia es fundamental en nuestro ordenamiento jurídico por la repercusión social de la misma. El defensor judicial es nombrado por el juez en aquellos casos en los que la persona necesita un curador o tutor de manera urgente y en el plazo para la designación del tutor, curador, administrador patrimonial se retrasa porque existen conflictos de intereses entre ellos.

Su figura es importante para que el incapacitado se encuentre asistido en todo momento.

4- Administrador patrimonial: su función es la de gestionar y administrar el patrimonio del incapacitado judicialmente. La incapacitación judicial puede suponer el nombramiento de un tutor o curador, pero al que no se le asignan deberes de gestión patrimonial.

Esta figura aparecer en aquellos casos en los que existe un conflicto directo entre los intereses económicos y patrimoniales del incapacitado y aquella persona que va a ser designada como tutor o curador.

¿En que consiste el procedimiento de incapacitación judicial?

Los procedimientos de incapacitación judicial son procedimientos denominados de Jurisdicción Voluntaria, es decir no es en sí un procedimiento contencioso, si no un procedimiento en el que se requiere de un auxilio judicial. Se requiere de abogado y procurador y se inicia con una demanda en el que además de los datos personales del incapaz, futuro incapacitado judicial, se aportan cuantos documentos médicos sean pertinentes a los efectos de acreditar cada situación de hecho concreta.

Una vez admitida a trámite la demanda se emplaza al presunto incapaz, futuro incapacitado judicial, para que alegue (en caso de poder hacerlo) lo que estime conveniente por escrito y se procede a la citación de vista de parientes más próximos y reconocimiento por el médico forense.

El reconocimiento del médico forense se efectúa en el juzgado, salvo en aquellos casos en los que el incapaz no pueda desplazarse por motivos físicos, en cuyo caso se desplazarán el Juez y el médico forense donde se encuentre el incapaz.

La vista de pariente se produce por los cauces del juicio verbal con la comparecencia del ministerio fiscal en el que se interroga a cada pariente a los efectos de acreditar la procedencia de la incapacitación judicial y quien de los parientes es el más proclive para el ejercicio del cargo de tutor judicial.

El procedimiento judicial finaliza por medio de auto judicial en el que se fija el tipo de incapacidad y la persona que será tutor legal de la persona incapacitada. Dicho auto puede ser susceptible de recurso de apelación.

Despacho asociado a la AEAFA (Asociación Española de Abogados de Familia www.aeafa.es) con más de 15 años de experiencia en derecho de familia.

De la autorización judicial de venta de los bienes de los incapacitados. Limitación de las facultades de los tutores.

Los tutores judiciales de un incapacitado tiene unas facultades de decisión y administración sobre su tutelado y sobre el patrimonio de éste, sin embargo tiene limitaciones como endeudarse o vender los inmuebles del incapacitado, siendo que para ello requieren de una autorización judicial de venta que se inicia con una demanda de jurisdicción voluntaria y se desarrolla con una vista judicial en el que se alega la recomendación y necesidad de venta y se acredita el valor del inmueble con una pericial de mercado que se aporta por el tutor.

El procedimiento finaliza con un auto de autorización o denegación de venta que en caso de ser de autorización de venta de inmueble de incapaz se debe obtener el testimonio judicial para aportarlo el día de la escritura de compraventa.

Obligación de rendición de cuentas anuales por el tutor

El tutor judicial de incapacitado tiene una obligación ante el juzgado de rendir cuentas sobre el patrimonio inicial del incapacitado una vez es nombrado tutor y anualmente debe actualizarlo junto con las actuaciones efectuadas en su administración, que debe presentarse por escrito ante el Juzgado.