¿Gananciales o separación de bienes? Es la pregunta del millón que muchas parejas nos plantean a los abogados de familia antes de casarse.

Y no es para menos, ya que el matrimonio crea una comunidad de vida que genera para las dos personas efectos tanto personales como patrimoniales. En este sentido, se dice que el matrimonio es un contrato entre los cónyuges.

Teniendo eso en cuenta, y que los bienes de los cónyuges deben atender al sostenimiento de la familia, resulta de especial importancia que los futuros cónyuges dediquen un tiempo a reflexionar qué régimen matrimonial quieren que regule sus bienes y propiedades.

De la elección de hagan dependerá no sólo el reparto de los bienes en caso de que los cónyuges se divorcien, sino cómo se deben gestionar los bienes durante el matrimonio o cómo se hará frente a las posibles deudas de la unidad familiar.

✅ Qué es el régimen económico matrimonial

El régimen económico matrimonial es el conjunto de normas de la economía del matrimonio.

Los cónyuges tienen libertad absoluta para elegir el régimen que más les interese de los que ofrece la normativa civil, normalmente gananciales o separación de bienes, pero no sólo eso puesto que también pueden configurar un sistema propio o trasladar a su matrimonio el sistema de algún otro ordenamiento jurídico extranjero.

Como decimos, los cónyuges pueden elegir el régimen que quieran o incluso inventarse uno propio, pero es obligatorio tener un régimen económico. Y si no eligen ninguno, se les aplicará el régimen de gananciales.

Vamos a ver en qué consiste:

✅ Qué es el régimen económico de gananciales

El régimen económico del matrimonio será el de la sociedad de gananciales si no se hacen capitulaciones matrimoniales estableciendo otra cosa o si las capitulaciones son ineficaces. Es decir, que en los territorios de derecho común si no se dice nada se aplica por defecto el régimen de gananciales. No hace falta ninguna gestión especial para casarse en gananciales.
Así pues, la sociedad de gananciales se constituye desde el momento de la celebración del matrimonio o, posteriormente, al tiempo de pactarse ese régimen en capitulaciones.

La clave fundamental del régimen de gananciales es que en este sistema se hacen comunes las ganancias o beneficios obtenidos indistintamente por cualquiera de los cónyuges. Esa mitad les será atribuida a cada uno al disolverse la sociedad de gananciales.

Es decir, todo lo que se gane durante el periodo que dure el matrimonio se compartirá, a partes iguales, entre los dos cónyuges, pero no se repartirá hasta que el matrimonio se disuelva.

Por lo tanto, mientras el matrimonio esté vigente no puede considerarse que cada cónyuge sea copropietario de la mitad de cada bien. La titularidad al cincuenta por ciento de cada bien sólo se concretará tras la liquidación de la sociedad de gananciales.

Al hacerse comunes las ganancias en la sociedad de gananciales se forman tres masas patrimoniales:

• las masas privativas de cada cónyuge, compuestas por el patrimonio personal de cada uno.
• la masa ganancial o patrimonio común de ambos cónyuges. Como hemos visto está constituida por las ganancias y beneficios obtenidos indistintamente por cualquiera de los cónyuges durante el matrimonio.

Otras características importantes del régimen de gananciales:

• Los cónyuges tienen la titularidad conjunta sobre el patrimonio conyugal. Ninguno de los cónyuges puede disponer a título individual de la mitad (que no tiene) de
  cada bien ganancial.
• Cada uno de los cotitulares, es decir cada uno de los cónyuges, no puede imponer la división de las cosas comunes.
• La administración y gestión del patrimonio común será conjunta por ambos cónyuges.
• La sociedad de gananciales no tiene personalidad jurídica.

Una de las cuestiones de mayor trascendencia y complejidad en materia de gananciales es determinar qué bienes son gananciales y cuáles pertenecen al patrimonio personal de alguno de los cónyuges.

✅ Bienes gananciales

A tenor de los establecido en el Código Civil son bienes gananciales:

• los obtenidos por el trabajo o la industria de cualquiera de los cónyuges.

Por trabajo ha de entenderse cualquier actividad de los cónyuges de carácter económico, dirigida a proporcionar salarios, ganancias, rentas o incrementos. Incluyendo las retribuciones en especie.

• Los frutos, rentas o intereses que produzcan tanto los bienes privativos como los gananciales o aquellos bienes adquiridos a título oneroso a costa del caudal común.

Por ejemplo los frutos de un campo, los alquileres percibidos por el arriendo de una casa o los intereses de una cuenta bancaria.

• los bienes adquiridos por derecho de retracto de carácter ganancial, aun cuando lo fueran con fondos privativos, en cuyo caso la sociedad será deudora del cónyuge por el valor satisfecho.
• las empresas y establecimientos fundados con capital de la sociedad de gananciales por cualquiera de los cónyuges durante la vigencia de la sociedad de gananciales.

Si a la formación de la Empresa o establecimiento concurren capital privativo y capital común, se aplica la regla de la copropiedad del art. 1354 CC.

✅ Bienes privativos

Por el contrario, tendrán la consideración de bienes privativos de cada cónyuge:

• los bienes o derechos que pertenecieran a cada uno al momento de constituirse la sociedad.

Dicho de otra manera: todo lo que los cónyuges tuvieran antes de la constitución de la sociedad de gananciales, ya sea a título oneroso o gratuito, es un bien privativo.

• los bienes o derechos adquiridos a título gratuito vigente la sociedad de gananciales. Quedarían incluidas aquí las adquisiciones por sucesión y donación.
• los bienes o derechos adquiridos a costa o en sustitución de bienes privativos.
• los bienes o derechos que se adquieran por derecho de retracto, ya sea legal o voluntario, correspondiente a uno sólo de los cónyuges. Como por ejemplo la adquisición preferente de una vivienda, donaciones, etc.
• los bienes y derechos patrimoniales inherentes a la persona y los no transmisibles inter vivos.

Las pensiones de jubilación y pre-jubilación así como los planes de pensiones e indemnizaciones se consideran bienes privativos si se adquieren tras la disolución de la sociedad de gananciales.

• El resarcimiento por daños a uno de los cónyuges o a sus bienes privativos, incluyendo por ejemplo los daños a su honor, intimidad o integridad.
• Las ropas y objetos de uso personal que no sean de extraordinario valor.
• Los instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión u oficio, salvo cuando éstos sean parte integrante o pertenencias de un establecimiento o explotación de carácter común.

Si estos bienes son adquiridos con fondos comunes, seguirán siendo bienes privativos pero la sociedad será acreedora del cónyuge propietario por el importe satisfecho.

Además, se presuponen gananciales los bienes existentes en el matrimonio mientras no se pruebe que pertenecen privativamente a uno de los dos cónyuges. Es decir, que en principio se consideran gananciales pero se permite que se pruebe que no fueron adquiridos con fondos comunes.

✅ Liquidación de la sociedad de gananciales

La liquidación de la sociedad de gananciales es el proceso que engloba todas las operaciones necesarias para dividir el patrimonio ganancial, tanto el activo como el pasivo.

Os remitimos a este artículo en el que lo explicamos en profundidad: La liquidación de la sociedad de gananciales

Como abogados de familia hoy destacamos que el Tribunal Supremo ha manifestado que las víctimas de violencia de género tienen derecho a percibir pensión de viudedad aunque no tuviesen fijada a su favor una pensión compensatoria, que es uno de los requisitos que marca la Ley

Además, el Alto Tribunal ha determinado que también tienen derecho a la pensión de viudedad de uniones de hecho las víctimas de violencia de género que por ese mismo motivo no convivan ya con su pareja en el momento del fallecimiento de esta.

Vamos a explicarlo:

✅ La pensión de viudedad en supuestos de separación o divorcio.

El art. 220 de la Ley General de la Seguridad Social establece qué requisitos se deben cumplir para tener derecho a percibir la pensión de viudedad en supuestos de separación, divorcio o nulidad matrimonial. A saber:

✅ ser o haber sido cónyuge legítimo, en este último caso siempre que no se haya contraído nuevas nupcias o constituido una pareja de hecho posteriormente.

✅ ser acreedoras de la pensión compensatoria del art. 97 del Código Civil.

✅ que el sujeto causante (el ex-cónyuge que fallece) se encuentre en alta o situación asimilada a la de alta en la fecha de su fallecimiento

✅ que el ex-cónyuge haya completado un período de cotización a la Seguridad Social de quinientos días dentro de los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha del hecho causante de la pensión (su fallecimiento).

✅ si el causante (el ex-cónyuge) estuviera en una situación de alta o asimilada al alta sin obligación de cotizar, el período de cotización de quinientos días debe estar comprendido dentro de los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha en que cesó la obligación de cotizar.

✅ si la causa de la muerte es un accidente, no se exige período previo de cotización.

✅ si el ex-cónyuge superviviente ha cotizado durante quince años, tendrá derecho a la pensión de viudedad aunque el causante (el ex-cónyuge fallecido) no se encontrara en alta o situación asimilada de alta.

✅ si el fallecimiento del causante deriva de enfermedad común anterior al matrimonio se requiere que el matrimonio se haya celebrado al menos un año antes a la fecha del fallecimiento o que existan hijos comunes.

Existe una excepción: no se exige el requisito de duración del matrimonio de un año como mínimo cuando se acredite un período de convivencia previo que junto con la duración del matrimonio superen los dos años en total.

✅ Pensión de viudedad en caso de separación o divorcio cuando existe violencia de género.

En el caso de las mujeres víctimas de violencia de género no se exige el requisito de la pensión compensatoria. En efecto, el art. 220.1 LGSS establece que las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a la pensión de viudedad aún no siendo acreedoras de pensión compensatoria siempre y cuando puedan acreditar su condición de víctimas de violencia de género en el momento de la separación judicial o el divorcio.

Este último requisito podrá acreditarse mediante:

✅ sentencia firme
✅ archivo de la causa por extinción de la responsabilidad penal por fallecimiento
✅ orden de protección en favor de la víctima
✅ informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de ser víctima de violencia de género
✅ cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho.

✅ Pensión de viudedad en las parejas de hecho.

El art. 221 LGSS define a las uniones de hecho como aquellas parejas que tienen una relación de afectividad análoga a la conyugal pero que no están casadas.

En este caso para tener derecho a la pensión de viudedad, en primer lugar habrá que demostrar la existencia de la pareja de hecho. Esto puede hacerse de dos maneras:

• mediante certificado de la inscripción en alguno de los registros específicos
• mediante documento público en el que conste la constitución de dicha pareja

También se exige que tanto la mencionada inscripción como la formalización del correspondiente documento público se hayan producido como mínimo dos años antes de la fecha del fallecimiento del causante.

Asimismo se requiere:

• convivencia estable y notoria con carácter inmediato al fallecimiento del causante, demostrada mediante el correspondiente certificado de empadronamiento.
• que esa convivencia además de producirse en el momento del fallecimiento haya tenido una duración ininterrumpida como mínimo de cinco años.

La existencia de pareja de hecho se acreditará mediante certificación de la inscripción en alguno de los registros específicos existentes en las comunidades autónomas o ayuntamientos del lugar de residencia o mediante documento público en el que conste la constitución de dicha pareja. Tanto la mencionada inscripción como la formalización del correspondiente documento público deberán haberse producido con una antelación mínima de dos años con respecto a la fecha del fallecimiento del causante.

Y, por último, además de los requisitos de alta y cotización que hemos visto para el caso de las personas separadas o divorciadas, se exige también:

• acreditar que sus ingresos durante el año natural anterior no alcanzaron el 50 por ciento de la suma de los propios y de los del causante habidos en el mismo período.

Este porcentaje será del 25 por ciento en el caso de inexistencia de hijos comunes con derecho a pensión de orfandad.

Existe una excepción cual es que también se reconoce derecho a pensión de viudedad en las parejas de hecho cuando los ingresos del sobreviviente sean 1,5 veces inferiores al importe del salario mínimo interprofesional vigente en el momento del hecho causante.

Este requisito debe cumplirse tanto en el momento del hecho causante de la prestación (es decir el fallecimiento de uno de los miembros de la pareja) como durante el período de su percepción.

El límite indicado se incrementará en 0,5 veces la cuantía del salario mínimo interprofesional vigente, por cada hijo común con derecho a la pensión de orfandad que conviva con el sobreviviente.

Se consideran como ingresos los rendimientos de trabajo, los rendimientos de capital y los ingresos de carácter patrimonial.

✅ Pensión de viudedad, parejas de hecho y violencia de género: nueva jurisprudencia.

Como hemos visto, uno de los numerosos requisitos que se exigen a los miembros de las parejas de hecho para tener derecho a la pensión de viudedad en caso de fallecimiento de alguno de los dos, es que exista una convivencia real y efectiva en el momento del fallecimiento.

Pues bien, el Tribunal Supremo, ha determinado que las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a la pensión de viudedad de parejas de hecho aunque ya no convivan ni estén unidas a su pareja en el momento del fallecimiento, siempre que cumplan el resto de requisitos.

Así nuestro Alto Tribunal, en la reciente sentencia 908/2020, 14 de octubre, interpreta el articulado de la LGSS con perspectiva de género y señala que si una mujer víctima de violencia de género cumple todos los requisitos necesarios para la pensión de viudedad en las parejas de hecho menos el requisito de convivencia pues tiene derecho a la pensión de viudedad. ¿Porqué?

Porque no resulta razonable exigir la convivencia en las uniones de hecho a la mujer integrante de esa unión cuando precisamente la protección de esa mujer exige el cese de la convivencia para impedir que siga sufriendo una situación de violencia.

Añade el Tribunal Supremo que en esos casos no es sólo que la convivencia sea imposible e indeseable, es que debe evitarse a toda costa. Es decir, ¿Cómo se les va exigir a esas mujeres mantener la convivencia a pesar de los malos tratos cuando justo la LO 1/2004 lo que busca es actuar y poner fin a esas situaciones de violencia precisamente?

Por otra parte, señala que si las mujeres separadas y divorciadas pueden acceder a la pensión de viudedad, las mujeres en parejas de hecho víctimas de violencia de género también deben poder.

Una de las cuestiones que más escuchamos los abogados de familia en el despacho versa sobre los gastos extraordinarios de los hijos tras una separación o divorcio: ¿qué son los gastos extraordinarios?, ¿cuándo se producen gastos extraordinarios?, ¿cuánto tengo que pagar?

En este artículo resolvemos las principales dudas sobre este tema tan importante.

✅ ¿Qué son los gastos extraordinarios?

Los gastos extraordinarios son aquellos desembolsos económicos puntuales, imprevisibles e inusuales a los que los progenitores deben hacer frente porque son beneficiosos para el hijo/a. Por otra parte, pueden calificarse como gastos extraordinarios aquellos que, sin ser estrictamente necesarios, puedan ser convenientes para el cuidado, desarrollo o formación de los/as menores.

Los más habituales son los gastos por actividades extraescolares y cuestiones de salud como la compra de gafas o los gastos del dentista.

Los gastos extraordinarios se pueden producir tanto en el caso de hijos menores como mayores de edad. Sin embargo, en el caso de los hijos mayores de edad tienen un carácter más restrictivo.

El Tribunal Supremo ha determinado que los gastos extraordinarios

«son imprevisibles ya que no se sabe si se producirán ni cuándo lo harán, y, en consecuencia, no son periódicos».

Es fundamental tener en cuenta que en muchas ocasiones un gasto será calificado como ordinario o extraordinario dependiendo de factores como si existe acuerdo o no entre los progenitores en esa cuestión y el nivel económico de los padres.

✅ ¿Cómo se diferencia un gasto ordinario de un gasto extraordinario?

Los gastos extraordinarios son aquellos que no son ordinarios. Así, mientras que los gastos ordinarios son necesarios y previsibles, puesto que se repiten con regularidad y quedan cubiertos por el importe de la pensión de alimentos; los gastos extraordinarios son imprescindibles, imprevisibles y no periódicos. No quedan cubiertos por la pensión de alimentos.

Es recomendable incluir en los Convenios Reguladores o Sentencias qué gastos se consideran ordinarios, y por tanto cubiertos por la pensión de alimentos, y qué gastos se consideran extraordinarios. Con ello evitamos que luego se pueda reclamar como extraordinario algo que está incluido en la pensión alimenticia. También es buena idea establecer la obligación de comunicar previamente el gasto al otro progenitor.

En cuanto a la duda de si los gastos escolares o universitarios son gastos ordinarios o extraordinarios, el Tribunal Supremo ha zanjado la cuestión estableciendo que

son gastos ordinarios en cuanto son gastos necesarios para la educación de los hijos, incluidos, por lo tanto, en el concepto legal de alimentos.

✅ Clases de gastos extraordinarios

Dentro de la categoría de gastos extraordinarios la jurisprudencia ha distinguido entre:

• gastos extraordinarios necesarios
• gastos extraordinarios convenientes
• gastos extraordinarios superfluos

Los gastos extraordinarios necesarios son aquellos necesarios, ineludibles o urgentes. Son gastos imprescindibles y que, en ocasiones, no pueden esperar dada su urgencia. Entrarían en esta categoría los gastos derivados de enfermedades largas, intervenciones quirúrgicas, tratamientos dentales u ópticos no cubiertos por la Seguridad Social o seguro médico privado.

Los gastos extraordinarios convenientes o no imprescindibles son aquellos que aunque sean convenientes para el cuidado, desarrollo y formación del/a menor, no son absolutamente necesarios. Podemos encuadrar en este segundo tipo las actividades extraescolares, las clases de idiomas, los cursos en el extranjero, etc.

Por último, se puede distinguir un tercer tipo formado por los gastos extraordinarios superfluos o prescindibles que son aquellos que no siendo fundamentales, seguramente se habrían realizado si no se hubiera producido la crisis matrimonial.

Esta diferenciación es importante porque mientras que los gastos necesarios no pueden discutirse y deben ser pagados por ambos progenitores; en el caso de los gastos no imprescindibles, y siempre que estemos en un régimen de custodia compartida, se requerirá el consentimiento de ambos progenitores y pagarlos entre los dos. Si no hay acuerdo entre ambos será necesario solicitar autorización judicial siguiendo el procedimiento previo a la ejecución, que ha establecido Ley 13/2009.

Como normalmente los medios económicos de los progenitores no son infinitos, habrá que establecer un orden según la prioridad de los gastos.

✅ ¿Qué obligaciones tienen los progenitores divorciados o separados en cuanto a los gastos extraordinarios?

La regla general es que los gastos extraordinarios deben ser consentidos previamente por ambos progenitores a fin de que cada uno de ellos pueda opinar tanto sobre su conveniencia como sobre su cuantía. Esta obligación de consentimiento previo sirve para evitar que el cumplimiento de las obligaciones quede al arbitrio de una de las partes.

Es importante, de cara a posibles reclamaciones, poder acreditar documentalmente que se ha formulado la petición de consentimiento previo del otro progenitor. En esa petición se debe adjuntar toda la información relevante, incluyendo el coste que implique.

Como ya hemos mencionado, de no producirse el necesario acuerdo entre las partes, deberemos acudir a la autoridad judicial para su autorización o denegación.

Para evitar perjuicios irreparables a los hijos/as existe una excepción: si surgen gastos inaplazables que no pueden esperar por el riesgo de causar un grave daño al hijo/a, en caso de que no se produzca el acuerdo entre los padres podrían ser autorizados por la autoridad judicial a posteriori.

✅ ¿Quién debe pagar los gastos extraordinarios?

De manera general, los gastos extraordinarios deberán ser sufragados al 50% por cada uno de los progenitores. El motivo es que si este tipo de gastos fueran costeados únicamente por uno de los progenitores se produciría un desequilibrio entre las contribuciones de cada uno a las necesidades de los hijos/as comunes.

De todas formas, puede establecerse que los progenitores no paguen al 50% sino que paguen una proporción diferente según sus recursos económicos. E incluso puede llegar a pactarse que un determinado gastos extraordinario sea financiado por uno de los progenitores exclusivamente.

Por otra parte, en los convenios reguladores se pueden establecer cláusulas que impidan el abuso de este tipo de gastos.

Resumiendo: Para que surja la obligación de pagar la mitad de los gastos extraordinarios es necesario que el otro progenitor se haya mostrado de acuerdo previamente, de ahí la exigencia de la comunicación previa. Si no tenemos el consentimiento previo no podremos reclamar al otro progenitor. La única excepción a esto son, como ya hemos explicado, las situaciones de urgencia en las que no se puede esperar a preguntar al otro progenitor.

En los divorcios de mutuo acuerdo nuestra labor como abogados de familia no termina el día que se aprueba el convenio regulador mediante decreto, escritura pública o sentencia.

La vida da muchas vueltas y es relativamente frecuente que surjan circunstancias sobrevenidas que hagan necesario modificar aquellos acuerdos a los que se llegaron en un primer momento. ¿Qué posibilidades tenemos si eso ocurre?

Vamos a explicarlo:

✅ ¿QUÉ ES EL CONVENIO REGULADOR?

En los procedimientos de divorcio de mutuo acuerdo el convenio regulador es el documento que recoge los acuerdos de los cónyuges destinados a regular la nueva situación familiar que va a surgir tras el divorcio.

El art. 90 del Código Civil exige que todo convenio regulador resuelva, si proceden, las siguientes cuestiones:

✅ SUPUESTOS MÁS FRECUENTES DE MODIFICACIÓN DEL CONVENIO REGULADO

Ya tenemos aprobado nuestro convenio regulador y, por fin, hemos terminado todos los trámites legales relativos al divorcio. Sin embargo, como hemos dicho antes, la vida da muchas vueltas y puede surgir la necesidad de modificar esos acuerdos.

En el caso de la guarda y custodia, por ejemplo, es habitual solicitar el cambio de custodia monoparental a compartida.

Estas solicitudes suelen estar motivadas por :

1. Cambios de residencia del progenitor custodio
2. Cambios de trabajo y horarios de alguno de los dos progenitores
3. Conductas perjudiciales para el menor del progenitor custodio
4. Conductas del progenitor custodio encaminadas a impedir el contacto de los menores con el otro progenitor.

✅ REQUISITOS PARA LA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO REGULADOR

El art. 775 LEC señala como requisitos para poder modificar las medidas convenidas por los cónyuges que hayan variado sustancialmente las circunstancias tenidas en cuenta al aprobarlas o acordarlas.

La Jurisprudencia ha perfilado estos requisitos, puntualizando que se exige:

• Que se dé una modificación o alteración de las circunstancias tenidas en cuenta por los cónyuges. Lo que se tiene en cuenta es que las circunstancias cuando se solicita la modificación sean distintas de las circunstancias que existían cuando se adoptó el convenio regulador.
• Tradicionalmente se ha exigido que esa modificación haya tenido un carácter esencial y sustancial. Sin embargo, en la actualidad basta con que se haya producido una variación de las circunstancias que se tuvieron en cuenta para acordar dichas medidas.
• Que ese cambio en las circunstancias tenga un carácter estable y permanente. No está justificado una modificación del convenio cuando los cambios sean esporádicos, coyunturales o transitorios.
• Que el cambio de circunstancias haya sido imprevisto o imprevisible. Se excluyen aquellas situaciones que ya se tuvieron en cuenta cuando se acordó el convenio regulador.
• Que la nueva situación no haya sido provocada o buscada voluntariamente por el ex-cónyuge que insta la modificación para sustituir las medidas adoptadas por unas más beneficiosas para el solicitante.

• En Cataluña, Baleares, Galicia y el País Vasco las parejas de hecho tienen los mismos derechos sucesorios que las parejas casadas. Sin embargo la normativa de Navarra y Comunidad Valenciana ha sido declarada inconstitucional.
• Castilla-La Mancha, Castilla-León y La Rioja no tienen Ley especial, pero sí han regulado mediante decretos un Registro de parejas estables.
• Aragón y Andalucía reconocen el uso de la vivienda familiar durante un año tras el fallecimiento de la pareja.

En definitiva, la clave está en que se haya producido una modificación de la realidad que haga que las medidas acordadas anteriormente produzcan una lesión en los derechos de los excónyuges o de los hijos/as sometidos a su guarda.

Si lo que se quiere es modificar las medidas en relación a la guarda y custodia o régimen de visitas y estancias, habrá que acreditar que esas nuevas medidas que se solicitan constituyen la mejor opción en favor de los/as menores. El motivo es que el interés de los menores debe prevalecer siempre.

¿Por qué se hace tanto hincapié en que esos cambios en las circunstancias sean permanentes y tengan un carácter sustancial? Para evitar que se modifique continuamente una resolución firme. Al hacerlo se vulnera el principio de seguridad jurídica.

Pongamos el ejemplo de Daniel, progenitor no custodio de una niña de 9 años, que solicita la reducción de la pensión de alimentos porque ha perdido su trabajo de comercial y se encuentra en situación de desempleo.

¿Cabe considerar que esa situación de desempleo constituye una modificación sustancial de las circunstancias que debería tener como consecuencia una rebaja en la pensión de alimentos?

Si consideramos que la respuesta es afirmativa y se rebaja el importe de la pensión de alimentos puede suceder que en el momento en que Daniel vuelva a conseguir un puesto de trabajo, el otro cónyuge, el progenitor custodio, inste un nuevo procedimiento de modificación de medidas solicitando un incremento en la pensión de alimentos.

Este tipo de situaciones son las que se tratan de evitar ya que, como hemos señalado antes, atentan contra el principio de seguridad jurídica.

Por último cabe señalar que no se podrán modificar los acuerdos relativos a la liquidación del régimen económico matrimonial, cuando la liquidación se haya llevado a cabo anteriormente.

✅ CÓMO SE MODIFICA EL CONVENIO REGULADOR

El convenio regulador puede modificarse de dos maneras en función del acuerdo o la falta de acuerdo de los ahora ex-cónyuges sobre la modificación de las medidas de divorcio:

• en caso de que los dos cónyuges estén de acuerdo: la modificación se realiza por los trámites del mutuo acuerdo mediante nuevo convenio regulador (art. 90.3 CC).

Si el convenio regulador ha sido aprobado por decreto del Letrado de la Administración de justicia o mediante escritura pública ante notario, se puede modificar mediante nuevo acuerdo con los mismos requisitos y tramitación que el primero.

• si no hay acuerdo de los cónyuges y lo solicita solamente uno de ellos: la petición de modificación se tramitará de manera contenciosa mediante juicio verbal según establecen los arts. 775 y 770 LEC. Para ello habrá que interponer una demanda de modificación de medidas ante el mismo juzgado que conoció del divorcio o la separación.