Recientemente un Juzgado de Córdoba ha avalado que un padre deje de pagar la pensión alimenticia a sus hijas, por el desapego absoluto de las mismas hacia él. Nuestros expertos en derecho de familia desgranan esta interesante doctrina.

El Juzgado ha llegado a esta conclusión en aplicación de la doctrina del Tribunal Supremo establecida en Sentencia 104/2019, de 19 de febrero. La noticia es conocida y difundida por medios de comunicación.

¿Qué dice esa doctrina del Alto Tribunal? Vamos a explicarlo

✅ No es lo mismo que los hijos sean menores o mayores de edad 

En primer lugar el Alto Tribunal señala que es necesario diferenciar si los hijos son mayores o menores de edad, ya que el fundamento de la pensión alimenticia es distinto en uno u otro caso.

Cuando los hijos son menores de edad, lo que existe es un deber insoslayable inherente a la filiación. Este deber tiene un carácter incondicional, independientemente de la mayor o menor dificultad que se tenga para darle cumplimiento o el grado de reprochabilidad en su falta de atención.

Sin embargo, cuando los hijos son mayores de edad nos encontramos ante un derecho de alimentos de los hijos con base en el «principio de solidaridad familiar». Este principio debe ponerse en relación con la actitud personal de quien se considera necesitado, en este caso los hijos mayores de edad.

✅ Causas de extinción de la pensión alimenticia  

El artículo 152 apartado 4 del Código Civil dispone que cesará la obligación de dar alimentos cuando el alimentista hubiese cometido alguna falta de las que dan lugar a la desheredación.

Es decir, que las causas de extinción de la pensión alimentaria se asimilan a las causas que dan lugar a la desheredación. Dentro de esas causas se encuentra el maltrato psicológico, que comprende el maltrato de obra.

✅ Criterios de interpretación para determinar si la conducta del hijo mayor de edad determina que se extinga la pensión alimenticia.

¿Cómo deben interpretarse estas causas de desheredación, y por tanto, de extinción de la pensión alimenticia?

El TS señala deben diferenciarse dos planos distintos de interpretación:

1. En primer lugar las causas que dan lugar a la extinción de la pensión alimenticia deben interpretarse de una manera flexible y conforme a la realidad social, al signo cultural y a los valores del momento en que se producen.
2. Por otra parte, se debe hacer una interpretación rígida y restrictiva a la hora de valorar la existencia de tales causas.

Es decir: interpretación flexible de las causas de extinción de la pensión alimenticia e interpretación rígida en la valoración de la existencia de esas causas.

Aplicando estos planos de interpretación a efectos de la extinción de la pensión alimenticia, el Tribunal Supremo entiende lo siguiente:

Por una parte, aplicando la interpretación flexible de las causas de desheredación, entiende el Alto Tribunal que «cuando la solidaridad intergeneracional ha desaparecido por haber incurrido el legitimario (los hijos mayores de edad) en alguna de las conductas reprobables previstas en la ley es lícita su privación. No resultaría equitativo que quien renuncia a las relaciones familiares […] pueda verse beneficiado después por una institución jurídica que encuentra su fundamento, precisamente, en los vínculos parentales». 

Por otra, debemos aplicar el segundo plano de interpretación rigurosa y restrictiva en la concurrencia y prueba de la causa. Es decir, a la falta de relación manifiesta imputable de forma principal y relevante al hijo.

Así pues debemos entender que para apreciar esta causa de extinción de la pensión ha de aparecer probado que la falta de relación manifiesta entre padre e hijos, sobre la que no puede existir duda, es imputable a éstos de modo principal y relevante.

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En esta ocasión nuestros expertos en Derecho Penal nos van a explicar en qué consiste el delito de abandono de familia por impago de las cuotas hipotecarias establecidas en un convenio regulador o resolución judicial.

✅ Qué es el delito de abandono de familia

El artículo 227.1 del Código Penal define el delito de abandono de familia de la siguiente manera:

«1. El que dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o sus hijos, establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación, o proceso de alimentos a favor de sus hijos, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses.»

Por lo tanto, los elementos que integran el tipo penal son:

✓ dejar de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos

✓ cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o sus hijos

✓ establecida en convenio regulador aprobado judicialmente o resolución judicial

Este delito está castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses.

Tradicionalmente el delito de abandono de familia se venía aplicando principalmente a situaciones en las que uno de los dos progenitores no pagaba la pensión de alimentos de los hijos o la pensión compensatoria en favor del otro cónyuge.

Sin embargo, el Tribunal Supremo en la reciente sentencia 348/2000 20, de 25 de junio, ha sentado doctrina al otorgar el mismo tratamiento a las pensiones por alimentos que al impago de cuotas hipotecarias.

Como vamos a ver, el Alto Tribunal considera que tanto en el incumplimiento de unas como de otras lo relevante es que con ambas el obligado al pago cubre las necesidades básicas de cónyuge e hijos.

✅ ¿Deben incluirse las cuotas hipotecarias en el concepto «prestación económica»? El TS responde.

La cuestión planteada al Tribunal Supremo es si dentro del concepto «prestación económica» se puede incluir el impago de las cuotas hipotecarias fijadas en un convenio regulador aprobado judicialmente o en una sentencia de divorcio o separación.

Se alegaba, entre otras razones, que el impago de la hipoteca no puede subsumirse en el delito de abandono de familia del artículo 227.1 CP puesto que la deuda hipotecaria es una carga de la sociedad de gananciales que ambos cónyuges decidieron de común acuerdo pagar por la mitad.

Veamos qué responde el Alto Tribunal:

Los elementos objetivos y subjetivos del tipo delictivo del art. 227.1 CP son una conducta consistente en el impago reiterado de una prestación económica durante los plazos exigidos en el precepto legal.

Además, es doloso el comportamiento del acusado cuando con conocimiento de la obligación de pagar desatiende esa obligación impuesta en sentencia de divorcio, a pesar de tener capacidad económica para ello.

Por otra parte, el Tribunal Supremo señala que las cuotas hipotecarias son cargas del matrimonio. Pero añade que en realidad esto no tiene importancia puesto que el artículo 227.1 CP no establece distinción entre deuda de la sociedad de gananciales y carga del matrimonio.

Por lo tanto, con independencia de la calificación o naturaleza que merezca las cuotas hipotecarias que gravan la vivienda familiar, lo verdaderamente relevante es:

✅ que cubre una necesidad básica

✅ que el importe que debía pagar el acusado fue tenido en consideración al fijarse la pensión por alimentos de sus hijos, ya que el pago de la mitad de la hipoteca y la pensión por alimentos se acordaron en la misma resolución judicial.

Ambas prestaciones se fijaron con arreglo a la ley, con audiencia de ambos cónyuges, teniendo en cuenta el interés familiar, especialmente el superior interés de los dos hijos menores, y en atención a los ingresos de ambos progenitores.

✅ que la hipoteca gravaba la vivienda familiar cuyo uso fue adjudicado a los hijos. Lógicamente también a la madre, pero no por derecho de uso propio, sino por ser a ella a quién se adjudicó la guardia y custodia de los menores.

Es decir, y aquí viene lo importante, que la finalidad que cumplía la adjudicación de la vivienda familiar era la de asegurar el cobijo a los hijos, como interés más necesitado de protección, integrándose de esa manera en el concepto de alimentos.

En el caso que se le planteaba al Supremo, el impago por parte del acusado de la mitad de las cuotas hipotecarias motivó la ejecución del bien y, por tanto, el desahucio de la madre y los hijos de la vivienda familiar.

Ello tuvo como consecuencia la privación de su hogar a los menores y con ello, razona el TS, parte de los alimentos que el acusado venía obligado a proveer.

Teniendo en cuenta todos estos elementos que acabamos de desgranar, el Alto Tribunal entiende que las cuotas hipotecarias constituyen una prestación económica a cargo de ambos progenitores. Y ello independientemente de su naturaleza como carga del matrimonio o como deuda en la sociedad de gananciales.

Por lo tanto, el impago de las cuotas hipotecarias integra el elemento del tipo exigido en el artículo 227.1 CP y debe entenderse que se ha producido el delito.

✅ Conclusión: dejar de pagar la hipoteca porque sí, tiene consecuencias penales.

No es infrecuente que se produzcan estos casos en los que uno de los ex cónyuges deja de pagar las cuotas de la hipoteca común únicamente por propia voluntad e, incluso, ganas de fastidiar a la otra persona.

Pero como hemos visto, si dejamos de pagar las cuotas de la hipoteca de la vivienda familiar podemos estar incurriendo en un delito.

Dicho de otra manera:

dejar de abonar la hipoteca tiene consecuencias penales.

Si, por el motivo que sea, económicamente no se puede hacer frente a la obligación del pago de la cuota correspondiente, debe instarse una modificación de la sentencia a este respecto.

En caso de que surja una circunstancia sobrevenida que impida hacer frente al pago, también se puede solicitar la suspensión extraordinaria o la moratoria del pago.

Una de las cuestiones que se deben decidir al contraer matrimonio, y sobre la que recibimos muchas consultas los abogados de familia, es el régimen económico conyugal.

Un matrimonio es, en esencia, un contrato celebrado entre dos partes. De ahí la importancia del régimen económico. Los más habituales son el régimen de gananciales y el de separación de bienes.

Hoy hablamos del régimen económico de separación de bienes. 

Qué es el régimen de separación de bienes

El régimen de separación de bienes se caracteriza por la existencia de dos masas patrimoniales independientes y separadas, una de cada cónyuge. En este sistema cada cónyuge conserva la propiedad, el disfrute, la administración y la libre disposición de todos sus bienes. Tanto de los que tenía anteriormente como de los que adquiera durante el matrimonio. 

Además, en el régimen de separación de bienes:

√ No se produce la comunicación de bienes y patrimonio de los cónyuges

√ Se separan las titularidades y en caso de duda se atribuye la mitad a cada uno

√ Cada cónyuge será responsable exclusivamente de sus propias deudas, con la excepción de las deudas contraídas en el ejercicio de la potestad doméstica.

√ Ambos cónyuges deben contribuir al sostenimiento de las cargas del matrimonio con su propio patrimonio, puesto que no existe un patrimonio común.

Sí, pueden existir bienes y derechos que pertenezcan a los dos al haberlos adquirido conjuntamente. Pero ello nunca acarrea la existencia de tres masas patrimoniales.

Diferencias entre el régimen de separación de bienes y el de gananciales.

La diferencia fundamental entre el régimen de gananciales y el de separación de bienes es la existencia, o no, de un patrimonio común. Es decir, mientras que en el régimen de gananciales existen tres patrimonios, en el régimen de separación de bienes sólo existen dos.

En el régimen de gananciales existen tres masas patrimoniales: las de cada uno de los cónyuges y el patrimonio común. Mientras que en el régimen de separación de bienes sólo existen dos masas patrimoniales: las de cada uno de los cónyuges. No existe una masa común.

Cómo se constituye el régimen de separación de bienes

En los territorios de Derecho común se aplica el régimen económico conyugal de gananciales por defecto, mientras que en Cataluña y Baleares el que se aplica por defecto es el régimen de separación de bienes. 

Los cónyuges o futuros cónyuges que quieran acogerse al régimen de separación de bienes podrán hacerlo a través de capitulaciones matrimoniales, que deben constar en escritura pública para que tengan validez. Se pueden hacer antes o después del matrimonio.

Si los cónyuges otorgan capitulaciones matrimoniales rechazando la sociedad de gananciales pero no indican a qué régimen económico conyugal quieren acogerse, se les aplicará el régimen de separación de bienes.

Por último, cuando se extingan durante el matrimonio la sociedad de gananciales o el régimen de participación, entrará en vigor el régimen de separación de bienes.

Los motivos por los que puede extinguirse la sociedad de gananciales o el régimen de participación vigente el matrimonio son varios:

– separación legal de los cónyuges

– embargo de bienes comunes por deudas comunes propias de uno de los cónyuges

– por los motivos que recoge el art. 1393 del Código Civil:

a) haber sido incapacitado judicialmente, declarado pródigo, ausente, en quiebra, concurso de acreedores o condenado por abandono de familia el otro cónyuge.

b) haber realizado el otro cónyuge actos dispositivos o de gestión patrimonial que entrañen fraude, daño o peligro para los derechos del otro en la sociedad.

c) llevar separados de hecho más de un año.

d) incumplir el otro cónyuge el deber de informar sobre la marcha y rendimientos de sus actividades económicas.

Separación de bienes o gananciales: ¿qué es mejor?

La respuesta a la pregunta de qué régimen económico matrimonial es mejor no es sencilla, ya que depende de muchos factores. Sí podemos indicar que habitualmente se recomienda el régimen de separación de bienes cuando la actividad profesional de cualquiera de los cónyuges pueda estar sometida a graves alteraciones patrimoniales. Como por ejemplo si uno de los cónyuges tiene un negocio o realiza una actividad profesional como autónomo.

La razón de esta recomendación es que en el régimen de separación de bienes al no darse una comunicación de bienes, se produce también la separación de las deudas de los cónyuges por lo que las deudas de un cónyuge no afectan al otro.

La resolución de los conflictos que pueden aparecer cuando se rompe una pareja o unión de hecho no es tarea fácil, sobre todo en la esfera patrimonial. Además, existe una gran variedad de situaciones y de factores a tener en cuenta, por lo que si sólo tuviéramos que darte un consejo sería el siguiente: ponte en manos de un equipo de especialistas en Derecho de familia.

Aquí te contamos, por cierto, la diferencia entre parejas de hecho y matrimonio, que es una duda habitual a nuestros letrados.

La ruptura de una unión no matrimonial more uxorio tiene consecuencias tanto personales como patrimoniales para ambos miembros de la pareja como decíamos no siempre fáciles de resolver:

✅ Consecuencias personales de la ruptura de las parejas de hecho.

En cuanto a las consecuencias para los hijos comunes de poner fin a una relación no matrimonial, son las mismas que en el caso de un matrimonio. No existe distinción entre los hijos matrimoniales y no matrimoniales.

Así pues cuando se disuelve una unión de hecho con hijos menores nos podemos encontrar con dos tipos de situaciones: que exista acuerdo entre los progenitores o que no exista.

En el caso de que exista acuerdo entre los progenitores en lo que a los hijos respecta, tendrán que redactar un convenio regulador que recoja las medidas que les afecten como por ejemplo:

• patria potestad
• modalidad de custodia: monoparental o compartida
• régimen de visitas si procede
• pensión de alimentos

Este convenio tendrá que ser homologado por la autoridad judicial.

Si los progenitores no consiguen llegar a un acuerdo sobre las medidas que afecten a los hijos, tendrán que interponer demanda sobre fijación de alimentos y guarda y custodia. Este proceso se sustanciará mediante juicio verbal. En caso necesario es posible interponer también demanda de medidas provisionales previas.

✅ Consecuencias patrimoniales de la ruptura de una pareja o unión de hecho

A la hora de abordar las consecuencias económicas que puede tener la ruptura de una unión de hecho es preciso subrayar que no es de aplicación el régimen jurídico del matrimonio.

El Tribunal Supremo ha señalado que no se puede aplicar automáticamente el régimen del matrimonio por dos razones: porque matrimonio y pareja de hecho no son lo mismo y porque aplicar el régimen matrimonial sería ir en contra de la autonomía de la voluntad de los miembros de la pareja que voluntariamente no ha querido casarse.

Además, tenemos que distinguir entre las uniones registradas y las no registradas:

En el caso de las uniones de hecho registradas, es decir, regularizada en el Registro de Parejas de hecho de la Comunidad Autónoma que corresponda, habrá que atender en primer lugar a lo pactado entre los convivientes conforme al principio de libre autonomía de la voluntad. Y en defecto de pactos entre las partes se aplicará la ley autonómica que corresponda.

Por ejemplo, la normativa de Cataluña y Baleares reconocen el derecho a una pensión por el cese de la convivencia.

En el caso de las uniones de hecho no registradas no existe una normativa concreta que les sea aplicable y ha sido la jurisprudencia la que ha aplicado diferentes instrumentos jurídicos, dependiendo sobre todo de la existencia o no de pacto entre las partes.

Así, cuando se ha constatado la existencia de un patrimonio común frecuentemente se ha acudido a los mecanismos del Derecho patrimonial aplicando la normativa de la comunidad de bienes o la del contrato de sociedad, entendiendo que existe una sociedad civil irregular.

En relación con la posible existencia de un patrimonio común habrá que determinar si estamos ante alguna de estas situaciones:

• los bienes y ganancias fueron adquiridos conjuntamente por la pareja
• los bienes fueron adquiridos por uno de los miembros de la pareja y el otro tiene derecho a una parte.

En caso de que no exista pacto entre las partes habrá que entender que estamos ante patrimonios separados, por ser esto más acorde con el principio de libertad que preside las uniones de hecho.

En cuanto a una posible compensación económica cuando uno de los dos miembros considera que la vida común le ha generado un perjuicio o un desequilibrio económico, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha pergeñado diferentes instrumentos con base en el Derecho civil común cuales son: la doctrina del enriquecimiento injusto con base en el principio de protección del conviviente más perjudicado por la situación de hecho, la pensión compensatoria del art. 97 del Código Civil o la teoría de la responsabilidad civil extracontractual.

De todas las posibilidades la más utilizada por los Tribunales ha sido la teoría del enriquecimiento injusto y el principio general de protección al conviviente más débil.

Entendemos que existe enriquecimiento injusto o sin causa cuando una persona se enriquece a costa de otra sin una causa legal que lo justifique. Para que se pueda aplicar esta doctrina tiene que darse:

• enriquecimiento de una de las partes en perjuicio de la otra
• ausencia de causa legal que lo justifique
• que el aumento del patrimonio de una de las partes haya significado el correlativo empobrecimiento de la otra
• inexistencia de una norma legal que lo justifique

La pensión compensatoria al cónyuge que empeora su situación económica por el divorcio suscita no pocas dudas entre los clientes a los que asistimos en calidad de expertos en divorcios.

En este artículo vamos a resolver todas esas dudas, explicando en qué consiste la pensión compensatoria y cómo está perfilada en nuestro ordenamientos jurídico: requisitos, cuantía, extinción, etc.

✅ ¿Qué es la pensión compensatoria?

La pensión compensatoria está definida en el art. 97 del Código Civil como aquella compensación a la que tendrá derecho el cónyuge al que la separación o el divorcio produzca un desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio.

La pensión compensatoria es un resarcimiento del perjuicio objetivo que le provoca la separación o divorcio al cónyuge acreedor.

¿Cuál es la finalidad de esta pensión? Colocar al cónyuge perjudicado por la ruptura en una situación de potencial igualdad de oportunidad de no haber mediado el vínculo matrimonial (AP Toledo en sentencia del 11 de noviembre de 2005).

Esta compensación podrá consistir en una pensión temporal o por tiempo indefinido. También puede consistir en una prestación única, según se determine en el convenio regulador o en la sentencia.

✅ Requisitos de la pensión compensatoria

El presupuesto básico de la pensión compensatoria es la existencia de un desequilibrio económico entre ambos cónyuges en el momento de la separación o divorcio. Ese desequilibrio debe implicar necesariamente un empeoramiento respecto a su situación anterior en el matrimonio.

Pero atención porque no es necesario que el cónyuge acreedor de la pensión alimenticia se encuentre en un estado de necesidad. Lo que se exige es que exista un desequilibrio económico generado por la ruptura del vínculo matrimonial. En este sentido el Tribunal Supremo (STS de 3 de octubre de 2008) ha explicado que el cónyuge desfavorecido puede ser acreedor de la pensión aunque tenga medios suficientes para mantenerse por sí mismo.

Además de que exista ese desequilibrio económico del que venimos hablando y que el divorcio implique un empeoramiento en comparación con su situación anterior en el matrimonio, es necesario que el derecho a la pensión compensatoria se fije en una resolución judicial o venga recogido en el convenio regulador formalizado ante Letrado de la Administración de Justicia o Notario.

✅ Duración de la pensión compensatoria

El art. 97 CC indica que la pensión compensatoria puede admitir diferentes modalidades según las circunstancias concretas de cada caso. Así, podemos encontrar:

• pensiones compensatorias de carácter temporal
• pensiones compensatorias indefinidas
• una prestación única

A la hora de decidir si una pensión debe ser de carácter temporal o indefinido sobre todo se tienen en cuenta factores como la edad de la persona, la duración del matrimonio y la dedicación al matrimonio.

Por poner un ejemplo, el Tribunal Supremo en sentencia de 22 de octubre de 2020 ha establecido una pensión compensatoria de carácter indefinido para una mujer de 56 años con una discapacidad del 37% y escasas posibilidades laborales que había estado casada con su marido durante 25 años.

En el caso de las prestaciones únicas, estas pueden consistir en la entrega de un capital en bienes o en dinero. Además, una vez que se entregan los bienes o el dinero queda zanjado el asunto.

✅ ¿Cómo se calcula la pensión compensatoria?

La segunda parte del artículo 97 del CC enumera aquellos aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de establecer la cuantía de la pensión compensatoria, a saber:

• Los acuerdos a que hubieran llegado los cónyuges.
• La edad y el estado de salud.
• La cualificación profesional y las probabilidades de acceso a un empleo.
• La dedicación pasada y futura a la familia.
• La colaboración con su trabajo en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge.
• La duración del matrimonio y de la convivencia conyugal.
• La pérdida eventual de un derecho de pensión.
• El caudal y los medios económicos y las necesidades de uno y otro cónyuge.
• Cualquier otra circunstancia relevante.

A decir del Tribunal Supremo, estas circunstancias que enumera el art. 97 del Código Civil actuarán como elementos que permiten fijar la cuantía de la pensión.

✅ La pensión compensatoria en el régimen de separación de bienes

La existencia de un régimen económico de separación entre los cónyuges no impide que se pueda fijar una pensión compensatoria, a condición de que se cumplan los requisitos del art. 97 CC (desequilibrio económico para uno de los cónyuges como consecuencia del divorcio, empeoramiento de la situación anterior en el matrimonio).

En el caso de divorcio de parejas en régimen de separación de bienes no debe confundirse la pensión compensatoria del art. 97 del Código Civil con la indemnización del art. 1.438 del Código Civil. El motivo es que la una y otra tienen una finalidad distinta.

Mientras que con la pensión compensatoria se persigue evitar un perjuicio económico causado por el matrimonio, con la indemnización del art. 1.438 CC se busca indemnizar los servicios prestados por uno de los cónyuges por las tareas del hogar y el cuidado de la familia.

En este sentido el art. 1.438 CC establece la necesidad de indemnizar al cónyuge que, sin retribución ninguna desempeña las tareas del hogar con su trabajo desinteresado. Esto se fundamenta en la necesidad de reparar el enriquecimiento injusto que se produce para el cónyuge que no realizó el trabajo para el hogar.

✅ Extinción de la pensión compensatoria

El art. 101 del Código Civil recoge las circunstancias que dan lugar a la extinción de la pensión compensatoria:

• el cese de la causa que motivó su concesión. Es decir, que desaparezca el desequilibrio económico que dio derecho a la pensión compensatoria.
• que el cónyuge que percibe la pensión contraiga nuevo matrimonio
• que el cónyuge que percibe la pensión viva maritalmente con otra persona.

Aunque el art. 101 CC no lo señala, la pensión compensatoria también se extingue por el fallecimiento del cónyuge beneficiario de la pensión. No se extingue, sin embargo, por el fallecimiento del cónyuge obligado al pago de la pensión. Eso sí, los herederos podrán solicitar su reducción o supresión.