Cómo hablar a los menores: clave en la nueva Ley del Derecho de Defensa

Los procesos judiciales, por norma general, son complicados y a menudo desagradables para las partes, pero si hay un tipo que destaca por lo delicada de la situación que se afronta, es un proceso de separación o divorcio cuando hay menores de por medio, y se trata de decidir su custodia.

En ellos, además, es especialmente sensible cómo y cuándo se escucha su voz.

Durante mucho tiempo, esto se ha hecho de manera muy formal, a veces poco adaptada a la edad y madurez del niño, y muchas familias han sentido que sus hijos no eran escuchados de verdad. 

Pero esto está cambiando con la nueva Ley Orgánica del Derecho de Defensa.

¿Qué es la Ley del Derecho de Defensa?

La Ley Orgánica 1/2024, de 7 de febrero, del Derecho de Defensa, es una normativa que busca garantizar que todas las personas tengan derecho a ser escuchadas, comprendidas y defendidas en igualdad de condiciones durante cualquier proceso judicial. 

Una normativa que se centra en reforzar el acceso a la justicia de una forma más justa, cercana y comprensible.

Y dentro de ese objetivo general, los menores de edad tienen un papel muy importante. 

La ley da un paso fundamental al reconocer que los menores deben tener un papel más activo y comprensible en los procedimientos judiciales que les afectan. Para ello, uno de los cambios más significativos es la manera de hablarles para comunicar las decisiones a las que llegan los jueces de manera que pueden entenderlas.

¿Qué cambia en la forma de hablar con los menores?

Uno de los puntos clave de esta ley es que mejora el derecho del menor a ser escuchado, sobre todo cuando se deben tomar decisiones que les conciernen y que influyen directamente en su vida a partir de ese momento:

• Custodia tras una separación o divorcio
• Situaciones de desprotección o acogida
• Procedimientos de adopción
• Cambio de residencia 
• Conflictos familiares
• Régimen de visita.

Hasta ahora, estos procesos ya reconocían el derecho del menor a ser escuchado (según la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor), pero la forma en que se llevaba a cabo muchas veces no era la más adecuada. 

Con la entrada en vigor de la nueva Ley del Derecho de Defensa, se obliga a que esta escucha se realice en un entorno amigable, adaptado a la edad del menor y con profesionales especializados.

En definitiva:

Se usa un lenguaje claro y sencillo, para que entienda qué está pasando y qué se le está preguntando.

La entrevista se realiza en un espacio seguro, cómodo y sin presiones.

Participan psicólogos o profesionales especializados en infancia, no solamente jueces o fiscales.

Si el menor lo desea, podrá estar acompañado por alguien de confianza.

El testimonio del menor se tiene en cuenta como parte de la decisión judicial, siempre valorando su madurez y situación emocional.

¿A partir de qué edad se escucha al menor?

La ley no fija una edad exacta.

Aun así, la línea de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, que dice que los menores tienen derecho a ser escuchados si tienen suficiente madurez y, en todo caso, si tienen 12 años o más.

Esto significa que con esa edad tiene derecho a que se le escuche en un procedimiento judicial siempre que le afecte. Y si tiene menos de 12 años, también puede ser escuchado si se considera que tiene suficiente madurez para opinar sobre su situación.

¿Por qué es importante este cambio?

Hasta ahora, cuando un menor participaba en un procedimiento judicial, muchas veces lo hacía en un entorno frío, impersonal y lleno de formalismos, con las consecuentes situaciones injustas que derivaban en que no se atrevía a hablar y no comprendía qué estaba ocurriendo.

Por no hablar de la presión que sentía, que hasta le podía hacer sentir culpable. A veces, incluso, su testimonio era descartado por no considerarse “válido”, sin valorar su madurez real o cómo había sido la entrevista.

La nueva Ley del Derecho de Defensa viene a corregir ese enfoque. Reconoce que el menor no es un espectador, sino que vive el conflicto en primera persona y que tiene derecho a ser escuchado de forma segura, clara y adaptada a su edad. No se trata solo de cumplir con una obligación legal, sino de mejorar de verdad la forma en que la justicia trata a los niños y adolescentes.

4 claves en la manera de hablar a un menor 

Este nuevo enfoque de una situación tan delicada hace destacar cuatro claves que mejoran el trato al menor en un procedimiento judicial:

1. El menor se siente más seguro

Cuando es tratado con respeto, con un lenguaje que entiende y en un entorno adecuado, es más fácil que se exprese con sinceridad. Eso permite a los jueces tener una visión más realista de la situación.

2. Se evita el sufrimiento innecesario

Muchas veces, los menores vivían este proceso como algo frío, confuso o incluso traumático. El nuevo modelo busca proteger su bienestar emocional.

3. Se toman decisiones más justas

Tener en cuenta lo que opina el menor no significa que él decida, pero ayuda a tomar decisiones más ajustadas a la realidad que está viviendo. Por ejemplo, si un adolescente dice que no quiere vivir con uno de sus progenitores porque se siente inseguro o triste, ese testimonio puede ser determinante.

4. Se reconoce el derecho del menor como persona

Este cambio no es solo técnico: es un avance en derechos humanos. Escuchar al menor y hacerlo bien significa tratarlo como un sujeto activo de derechos, no solo como alguien que “sufre las consecuencias” de las decisiones de los adultos.

¿Y si el menor no quiere hablar?

Es un tema muy delicado: si no quiere hacerlo, hay que respetar su voluntad.

Nadie está obligado a hablar si no se siente preparado, y tampoco un menor. El derecho a ser escuchado no es una obligación: es una posibilidad que se le ofrece.

Por otro lado, los profesionales que lo entrevistan son capaces de detectar si un menor necesita más tiempo, tiene miedo o está influido por algún adulto. La idea no es forzar una declaración, sino crear el espacio para que pueda hablar cuando esté listo y si quiere hacerlo.

Esta nueva Ley del Derecho de Defensa abre una etapa en la que los menores no solo están protegidos, sino también escuchados y son respetados. Las decisiones que afectan su vida no deben tomarse sin tener en cuenta su opinión, siempre que estén preparados para darla.

Y hacerlo, para ellos, no debe ser una situación traumática que afronten con miedo a qué decir ni a no comprender lo que les está diciendo un juez.

Autor

Manuel Hernández García

Director y Socio Bufete Vilches Abogados

Letrado del Ilustre Colegio de Madrid 72.539

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