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Normas de Derecho Internacional Privado

Retomamos nuestro ciclo sobre el Código Civil con el Capítulo IV del mismo, Normas de Derecho Internacional Privado, a continuación resumimos los artículos del 8 al 12 que componen este Capítulo, como ya sabéis el bufete pone a vuestra disposición toda su experiencia en derecho civil para cualquiera de vuestras necesidades, os recordamos que la primera consulta os atenderemos gratuitamente.

El artículo 8, indica en su único punto vigente que las Leyes de nuestro país obligan a todos los que se hallen en nuestro territorio nacional, residiendo o de viaje, las leyes de nuestro Estado se aplican a todos los individuos que se hallen dentro de nuestras fronteras. Este matiz «los que se hallen en territorio español» cobra gran importancia en asuntos de actualidad como los saltos de las vallas en Ceuta o Melilla.

El Artículo 9, reza: «La ley personal correspondiente a las personas físicas es la determinada por su nacionalidad. Dicha ley regirá la capacidad y el estado civil, los derechos y deberes de familia y la sucesión por causa de muerte. El cambio de ley personal no afectará a la mayoría de edad adquirida de conformidad con la ley personal anterior.» El punto dos de este artículo nos habla de los efectos del matrimonio en estos términos: «…se regirán por la ley personal común de los cónyuges al tiempo de contraerlo; en defecto de esta ley, por la ley personal o de la residencia habitual de cualquiera de ellos, elegida por ambos en documento auténtico otorgado antes de la celebración del matrimonio; a falta de esta elección, por la ley de la residencia habitual común inmediatamente posterior a la celebración, y, a falta de dicha residencia, por la del lugar de celebración del matrimonio» 

Continua el punto dos del Artículo 9, «la nulidad, la separación y el divorcio se regirán por la ley que determina el artículo 107», ese artículo vuelve a la carga con lo enunciado anteriormente y añade:

«En todo caso, se aplicará la ley española cuando uno de los cónyuges sea español o resida habitualmente en España:

  • Si no resultara aplicable ninguna de las leyes anteriormente mencionadas.
  • Si en la demanda presentada ante tribunal español la separación o el divorcio se pide por ambos cónyuges o por uno con el consentimiento del otro.
  • Si las leyes indicadas en el párrafo primero de este apartado no reconocieran la separación o el divorcio o lo hicieran de forma discriminatoria o contraria al orden público.»

El punto tres de este Artículo 9, resulta redactado poa la Ley 11/1990 de 15 de Octubre, y queda redactado de la siguiente forma: «los pactos o capitulaciones por los que se estipule, modifique o sustituya el régimen económico del matrimonio serán válidos cuando sean conformes bien a la ley que rija los efectos del matrimonio, bien a la ley de la nacionalidad o de la residencia habitual de cualquiera de las partes al tiempo del otorgamiento» El punto 4, dice: «el carácter y contenido de la filiación, incluida la adoptiva y las relaciones paterno-filiales, se regirán por la Ley personal del hijo y si no pudiera determinarse ésta, se estará a la de la residencia habitual del hijo», el punto 5, dice: «la adopción internacional se regirá por las normas contenidas en la Ley de Adopción Internacional. Igualmente, las adopciones constituidas por autoridades extranjeras surtirán efectos en España con arreglo a las disposiciones de la citada Ley de Adopción Internacional«.

Continua la redacción de este artículo nueve, desarrollándose hasta su punto 11, diciendo lo siguiente: «la tutela y las demás instituciones de protección del incapaz se regularán por la ley nacional de éste. Sin embargo, las medidas provisionales o urgentes de protección se regirán por la ley de su residencia habitual. Las formalidades de constitución de la tutela y demás instituciones de protección en que intervengan autoridades judiciales o administrativas españolas se sustanciarán, en todo caso, con arreglo a la ley española», y respecto de los menores o incapaces abandonados en territorio español dice que será de aplicación la ley española para que se tomen las medidas encaminadas a proteger al menor o incapaz, nos dirige a los artículos 172.1 y del 215 al 313 del mismo Código Civil.

Nos habla en el punto 7 de la prestación de alimentos entre parientes, que se deberá regular con acuerdo a la ley nacional común de alimentista y alimentante, que se aplicará la ley de residencia habitual de la persona que lo reclame, cuando no se haya podido obtener de acuerdo con la ley nacional común, y que en defecto de ambas o si ninguna permite la obtención de alimentos, se aplicará la ley interna de la autoridad que atienda la reclamación, «en caso de cambio de la nacionalidad común o de la residencia habitual del alimentista, la nueva ley se aplicará a partir del momento del cambio».

En el punto 8, se refiere a la «sucesión por causa de muerte», dice que se regirá por la ley nacional del fallecido en el momento de su muerte, si bien: «…las disposiciones hechas en testamento y los pactos sucesorios ordenados conforme a la ley nacional del testador o del disponente en el momento de su otorgamiento conservarán su validez aunque sea otra la ley que rija la sucesión, si bien las legítimas se ajustarán, en su caso, a esta última. Los derechos que por ministerio de la ley se atribuyan al cónyuge supérstite se regirán por la misma ley que regule los efectos del matrimonio, a salvo siempre las legítimas de los descendientes».

En el punto 9 del Artículo 9, nos habla de las situaciones de doble nacionalidad «previstas en las leyes españolas se estará a lo que determinen los tratados internacionales, y, si nada estableciesen, será preferida la nacionalidad coincidente con la última residencia habitual y, en su defecto, la última adquirida. Prevalecerá en todo caso la nacionalidad española del que ostente además otra no prevista en nuestras leyes o en los tratados internacionales. Si ostentare dos o más nacionalidades y ninguna de ellas fuera la española se estará a lo que establece el apartado siguiente». En cuanto a los que carezcan de nacionalidad o no se pudiera determinar el punto 10 dice: «…se considerará como ley personal de los que carecieren de nacionalidad o la tuvieren indeterminada, la ley del lugar de su residencia habitual». Y finaliza con el punto 11, aclarando la ley que atañe a las personas jurídicas que «es la determinada por su nacionalidad y regirá en todo lo relativo a capacidad, constitución, representación, funcionamiento, transformación, disolución y extinción. En la fusión de sociedades de distinta nacionalidad se tendrán en cuenta las respectivas leyes personales».

El Artículo 10, nos habla de la posesión, la propiedad y los derechos sobre bienes inmuebles, e incluso su publicidad, y nos dice que «…se regirán por la ley del lugar donde se hallen». Del mismo modo esto es aplicable a los bienes muebles. Y respecto «de los efectos de la constitución o cesión de derechos sobre bienes en tránsito, éstos se considerarán situados en el lugar de su expedición, salvo que el remitente y el destinatario hayan convenido, expresa o tácitamente, que se consideren situados en el lugar de su destino». En el punto 2, refiriéndose a buques, aeronaves y medios de transporte por ferrocarril, y los derechos que se constituyan sobre ellos, dice: «…quedarán sometidos a la ley del lugar de su abanderamiento, matrícula o registro. Los automóviles y otros medios de transporte por carretera quedarán sometidos a la ley del lugar donde se hallen». Punto 3, sobre la emisión de títulos-valores, estos se deberán atender con arreglo de la ley del lugar donde se produzcan. Punto 4, en cuanto a derechos de propiedad intelectual e industrial, «…se protegerán dentro del territorio español de acuerdo con la ley española, sin perjuicio de lo establecido por los convenios y tratados internacionales en los que España sea parte».

Punto 5 que reza: «se aplicará a las obligaciones contractuales la ley a que las partes se hayan sometido expresamente, siempre que tenga alguna conexión con el negocio de que se trate; en su defecto, la ley nacional común a las partes; a falta de ella, la de la residencia habitual común, y, en último término, la ley del lugar de celebración del contrato. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, a falta de sometimiento expreso, se aplicará a los contratos relativos a bienes inmuebles la ley del lugar donde estén sitos, y a las compraventas de muebles corporales realizadas en establecimientos mercantiles, la ley del lugar en que éstos radiquen».

Respecto de los contratos de trabajo, en el punto 6 dice: «…en defecto de sometimiento expreso de las partes y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 8.º, les será de aplicación la ley del lugar donde se presten los servicios». Sobre las donaciones en el punto 7, se expresa que se rigen por la ley nacional del donante. En el punto 8, se redacta que serán válidos a efectos del ordenamiento jurídico español, los contratos onerosos que se celebren en España, «…por extranjero incapaz según su ley nacional, si la causa de la incapacidad no estuviese reconocida en la legislación española. Esta regla no se aplicará a los contratos relativos a inmuebles situados en el extranjero«.

El punto 9 dice expresamente: «las obligaciones no contractuales se regirán por la ley del lugar donde hubiere ocurrido el hecho de que deriven. La gestión de negocios se regulará por la ley del lugar donde el gestor realice la principal actividad. En el enriquecimiento sin causa se aplicará la ley en virtud de la cual se produjo la transferencia del valor patrimonial en favor del enriquecido«.

Punto 10: «la ley reguladora de una obligación se extiende a los requisitos del cumplimiento y a las consecuencias del incumplimiento, así como a su extinción. Sin embargo, se aplicará la ley del lugar de cumplimiento a las modalidades de la ejecución que requieran intervención judicial o administrativa«, y el punto 11: «A la representación legal se aplicará la ley reguladora de la relación jurídica de la que nacen las facultades del representante, y a la voluntaria, de no mediar sometimiento expreso, la ley del país en donde se ejerciten las facultades conferidas«.

El Artículo 11, habla de las formas y solemnidades de contratos, testamentos y actos jurídicos que «… se regirán por la ley del país en que se otorguen«, y del mismo modo «no obstante, serán también válidos los celebrados con las formas y solemnidades exigidas por la ley aplicable a su contenido, así como los celebrados conforme a la ley personal del disponente o la común de los otorgantes. Igualmente serán válidos los actos y contratos relativos a bienes inmuebles otorgados con arreglo a las formas y solemnidades del lugar en que éstos radiquen. Si tales actos fueren otorgados a bordo de buques o aeronaves durante su navegación, se entenderán celebrados en el país de su abanderamiento, matrícula o registro. Los navíos y las aeronaves militares se consideran como parte del territorio del Estado a que pertenezcan».

Continua en el punto 2, diciendo que si la ley reguladora de estos actos y contratos, exije para su validez un forma o solemnidad determinada, se deberá aplicar «…incluso en el caso de otorgarse aquéllos en el extranjero». Punto 3, será de aplicación la ley española a «los contratos, testamentos y demás actos jurídicos autorizados por funcionarios diplomáticos o consulares de España en el extranjero«.

Finaliza el Capítulo IV, con la redacción del Artículo 12, y sus seis puntos, «la calificación para determinar la norma de conflicto aplicable se hará siempre con arreglo a la ley española«, que «la remisión al derecho extranjero se entenderá hecha a su ley material, sin tener en cuenta el reenvío que sus normas de conflicto puedan hacer a otra ley que no sea la española«, que en ningún caso se podrá aplicar una ley extranjera si es «…contraria al orden público«, se debe considerar fraude de ley el uso de una norma de conflicto, si el fin que se busca es «…eludir una ley imperativa española«. Si la norma de conflicto remite a una legislación de un Estado en el que existen distintos sistemas legislativos, «…la determinación del que sea aplicable entre ellos se hará conforme a la legislación de dicho Estado«. Y finaliza diciendo que «los Tribunales y autoridades aplicarán de oficio las normas de conflicto del derecho español«.

Hasta una nueva entrega de la serie del Código Civil, un saludo.

De las normas jurídicas, su aplicación y eficacia

Una nueva entrada de nuestro ciclo sobre el Código Civil, en esta ocasión vamos a empezar con el Título Preliminar del mismo, que reza De las normas jurídicas, su aplicación y eficacia. Como ya sabéis ponemos la experiencia del bufete en materia de derecho civil a vuestra entera disposición. Todos los que necesitéis un abogado civil en Madrid, podéis contactarnos a través del formulario que os dejamos en esta web.

El Título Preliminar se estructura en cinco Capítulos, hoy vamos a centrarnos en los dos primeros, el Capítulo Primero, Fuentes del Derecho, en él se indican las fuentes del ordenamiento jurídico español, que son estas tres:

  1. la ley,
  2. la costumbre,
  3. los principios generales del derecho.

Expresa también en este primer capítulo que disposiciones que contradigan a otras de rango superior no tendrán validez alguna, que la costumbre tan solo se rige en defecto de alguna ley, siempre y cuando no vaya contra la moral o el orden público, y que por supuesto sea probada como tal. Y los principios generales del derecho serán de aplicación en ausencia de ley o costumbre.

En cuanto a normas incluidas en tratados internacionales, solo serán de aplicación directa si han pasado a formar parte del ordenamiento jurídico español, publicándose en el BOE. Así mismo la «jurisprudencia» completará el ordenamiento jurídico con la doctrina que de forma reiterada establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, costumbre y los principios generales del derecho. Tanto los jueces como los tribunales deben resolver todos los casos que conozcan usando estas fuentes y su orden.

La entrada en vigor de las leyes será a los veinte días de su publicación integra en el BOE, al no disponerse otra cosa en las mismas, Para derogar leyes será preciso hacerlo con otras posteriores. Esa derogación tendrá el alcance dispuesto en la nueva norma y se extiende a leyes nuevas que incidan en la misma materia y sean incompatibles con la anterior. Al tiempo la derogación de una ley, no presupone que leyes por esa derogada vuelvan a tener vigencia. Y ninguna ley tiene efecto retroactivo si no se dispone lo contrario en la misma.

El Capítulo Segundo del Título Preliminar, de la Aplicación de las normas jurídicas, comienza diciendo que «las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas.»

En la aplicación de las normas jurídicas debe primar la equidad, pero en las resoluciones de los tribunales podrán descansar en ésta si la ley expresamente lo permite. Cuando las normas no contemplen algún supuesto concreto, podrán aplicarse otras análogas que sirvan para regular otros supuestos semejantes. Leyes penales, las temporales y las excepcionales, no pueden aplicarse ni a supuestos, ni en momentos distintos de los comprendidos por ellas. Al tiempo las disposiciones contenidas en este Código servirán para suplir en otras materias a las leyes que las rijan.

En cuanto a los plazos, si están señalados por días contando desde uno determinado, éste queda excluido del cómputo, empezando al día siguiente. Cuando el plazo está fijado en meses o años se computa de fecha a fecha. Si para el vencimiento de un plazo de un mes no existe día equivalente al inicial del cómputo se entiende que el mismo expira el último día del mes. Por último en el cómputo civil de los plazos no serán excluidos los días inhábiles.

Eficacia general de las normas jurídicas

El Capítulo Tercero del Título Preliminar se estructura en dos artículos, el 6 y 7 de nuestro Código Civil, en ese primer artículo el seis dice, que «la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento», sin duda es una de las máximas que impera en nuestro derecho y que es de las más escuchadas, nadie puede objetar ante un incumplimiento de la Ley su desconocimiento, en ningún caso y bajo ningún concepto. «el error de derecho producirá únicamente aquellos efectos que las leyes determinen». En este mismo Código Civil se dirimen algunas de estas situaciones, como en casos de acción de buena fe o que se haya equivocado el destinatario por Ley de alguna prebenda. «La exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos sólo serán válidas cuando no contraríen el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros», si en algún caso el beneficiario de algún derecho reconocido por Ley no quiere hacer uso de éste, solo se le podrá impedir si afecta al bien común o perjudica a una tercera o terceras personas. Continua el Artículo seis, «los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención», la propia redacción de las leyes puede inferir efectos distintos al de la nulidad de pleno derecho. Y finaliza, «los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir».

En el artículo siete, se empieza afirmando «los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe», otra máxima de nuestro derecho quizás menos conocida que la anterior, la ley no puede ser retorcida en su aplicación buscando efectos que escapan al espíritu de la misma. «La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso«, para ahondar y delimitar más si cabe el primer punto de este artículo siete, se aclara que la ley no puede ser la excusa para que se produzcan situaciones de abuso e inferir daños a terceros, y que al tiempo esta conducta debe ser castigada y perseguida por la propia Ley.

En próximas entradas abordaremos los tres capítulos restantes del Título Preliminar.

Un saludo.

Del nacimiento y la extinción de la personalidad civil

En nuestra serie sobre el Código Civil, hoy vamos a acercarnos a su Libro Primero De las personas y en concreto al Título Segundo: Del nacimiento y la extinción de la personalidad civil, en una anterior entrada nos dedicamos al Título Cuarto y sus dos primeros capítulos «de la promesa del matrimonio y sus Requisitos». Como ya sabéis los que nos seguís en el blog, nuestro bufete de Abogados de Madrid es experto en derecho civil.

El Título Segundo del Libro Primero del Código Civil se estructura en dos Capítulos «de las personas naturales» y «de las personas jurídicas», vamos con el primer Capítulo de este Título:

De las personas naturales

En el primer artículo del Título, el artículo 29 se dice que «el nacimiento determina la personalidad», que el concebido se entiende como nacido y para que todos los efectos le sean favorables ha de nacer «con las condiciones que expresa el artículo siguiente». Este primer artículo tiene referencias cruzadas con otras leyes, en primer lugar con nuestra carta magna, como no podía ser de otra manera, en ella en los artículos del 14 al 38, se exponen los derechos fundamentales y de las libertades públicas y los derechos y deberes de los ciudadanos, que versan sobre las personas naturales sus derechos y obligaciones.

«La personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento del seno materno.» Esta es la redacción del artículo 30, quedando así por la disposición final tercera de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil («B.O.E.» 22 julio).Vigencia: 23 julio 2011. A continuación el artículo 31, se indica que en caso de partos dobles, los derechos que la ley reconozca al primogénito, se le otorgan al primer nacido.

«La personalidad civil se extingue por la muerte de las personas.» La redacción del artículo 32 aborda la extinción de la personalidad civil que como no puede ser de otra manera, acontece con la muerte de la persona. En los artículos 33 y 34, se aborda el orden de la muerte en el caso de personas llamadas a sucederse, y la incidencia en la transmisión de derechos, y nos envía al Título Octavo de este libro, en el que se trata «la ausencia».

De las personas jurídicas

El segundo Capítulo aborda el tema de las personas jurídicas en primer lugar, nos indica qué son las personas jurídicas, y lo hace en el artículo 35:

  • Las corporaciones, asociaciones y fundaciones de interés público reconocidas por la ley. Su personalidad empieza desde el instante mismo en que, con arreglo a derecho, hubiesen quedado válidamente constituidas.
  • Las asociaciones de interés particular, sean civiles, mercantiles o industriales, a las que la ley conceda personalidad propia, independiente de la de cada uno de los asociados.

Con el artículo 36, se fija que «las asociaciones» (punto 2 del artículo 35), se deben regir «por las disposiciones relativas al contrato de sociedad, según la naturaleza de éste.» Y en el artículo 37, delimita la capacidad civil de cada una de ellas, «las corporaciones se regulará por las leyes que las hayan creado o reconocido; la de las asociaciones por sus estatutos, y las de las fundaciones por las reglas de su institución, debidamente aprobadas por disposición administrativa, cuando este requisito fuere necesario.»

«Las personas jurídicas pueden adquirir y poseer bienes de todas clases, así como contraer obligaciones y ejercitar acciones civiles o criminales, conforme a las leyes y reglas de su constitución.» En este artículo 38 se aborda las distintas capacidades de las personas jurídicas, que finalmente estarán más delimitadas en las distintas leyes que las regulen. Hace una mención a la «Iglesia», y al «concordato» especial que la asiste.

Finalmente el artículo 39, plantea el momento de expiración de las personas jurídicas, «Si por haber expirado el plazo durante el cual funcionaban legalmente, o por haber realizado el fin para el cual se constituyeron, o por ser ya imposible aplicar a éste la actividad y los medios de que disponían, dejasen de funcionar las corporaciones, asociaciones y fundaciones, se dará a sus bienes la aplicación que las leyes, o los estatutos, o las cláusulas fundacionales, les hubiesen en esta previsión asignado. Si nada se hubiere establecido previamente, se aplicarán esos bienes a la realización de fines análogos, en interés de la región, provincia o Municipio que principalmente debieran recoger los beneficios de las instituciones extinguidas. 

En próximas entradas iremos ampliando los acercamientos a los distintos contenidos del Código Civil, y a los conceptos en él recogidos.

Un saludo.

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