La cliente acude a nuestro despacho porque recibe un decreto por parte del Juzgado de Primera Instancia de Madrid, donde se acuerda la resolución del contrato de arrendamiento formalizado entre los propietarios y los inquilinos, al no haberse opuesto nuestra cliente en tiempo y forma al desahucio planteado por los propietarios.

Asimismo, se acuerda se lleve a efecto el lanzamiento acordado para el día 11 de septiembre de 2023 a las 10.30.

A la cliente le había prescrito el trámite de oponerse al desahucio, toda vez que no había recibido la notificación, y por tanto, era prácticamente imposible paralizar el desahucio.

A la cliente le había prescrito el trámite de oponerse al desahucio, toda vez que no había recibido la notificación, y por tanto, era prácticamente imposible paralizar el desahucio.

PREVIO: Se interpuso un Recurso de Revisión, en el que se alegó nulidad de actuaciones por falta de comunicación.

La letrada alega que la propietaria del inmueble era una gran tenedora y que nuestra cliente se encontraba en situación de vulnerabilidad social por la existencia de falta de recursos económicos, y que una menor de 7 años residía en dicho inmueble como su vivienda habitual, lo que tuvimos que acreditar con diferentes medios probatorios.

Interpuesto el recurso de revisión, el Juzgado acordó la suspensión del lanzamiento, y pudimos con ello ganar tiempo para nuestros clientes, quienes no habiendo recibido la demanda de desahucio, y disponiendo de una situación de vulnerabilidad, consiguieron una moratoria, y poder permanecer en el inmueble.

En este procedimiento actuamos como parte actora, interponiendo demanda de juicio ordinario en el que se ejercita una acción declarativa de dominio de inmueble e inscripción en el Registro de la Propiedad, de un inmueble adquirido por nuestro cliente mediante contrato de compraventa privado con la parte demandada en agosto del año 1978, por el precio estipulado en dicho contrato. En el acto de la firma los vendedores entregaron las llaves del inmueble y con ello la posesión libre y pacífica, dándose por tanto la entrega real del bien.

Desde el momento de la entrega de llaves, nuestro cliente ha ocupado materialmente el inmueble en calidad de propietario, abonando los recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, recibos de la Comunidad de Propietarios, contratando suministros a su nombre, como el gas o la luz.

Las partes verbalmente acordaron que una vez satisfecha la totalidad del precio del contrato de compraventa privado se otorgaría la correspondiente escritura pública de compraventa, con el fin de inscribir dicho inmueble a su nombre en el Registro de la Propiedad.

La letrada estima que hay que interponer demanda de Juicio Ordinario en el que se ejercita una Acción declarativa de dominio de inmueble e Inscripción en el Registro de la Propiedad, ya que nuestro cliente había abonado la totalidad del precio acordado sin que la otra parte cumpliera con su parte del acuerdo, probando además que al haber ocupado de forma pacífica, de buena fe y con justo título la propiedad durante más de 40 años, se debía producir la adquisición de la propiedad por nuestro cliente y el pleno dominio de la finca.

La Juzgadora de Instancia estima íntegramente la demanda presentada por nuestra letrada, declarando a nuestro cliente como propietario de la vivienda al haber satisfecho el 100% del precio fijado en el contrato privado de agosto de 1978, y condena a la parte demandada a firmar todos los documentos públicos y privados que sean necesarios para el otorgamiento de Escritura Pública de compraventa a favor de nuestro cliente con el fin de que pueda tener acceso al Registro de la Propiedad. Todo ello sin condena en costas al haberse allanado la parte demandada.