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Penas privativas de libertad


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En nuestro ya habitual paseo por el Código Penal, volvemos al Título III De las penas. En concreto al Capítulo Primero, De las penas, sus clases y efectos, parando hoy en la Sección 2ª De las penas privativas de libertad. Nos parece una de las partes fundamentales del Código Penal. Pues no hay pena más dura que las penas privativas de libertad.

El bien más preciado de cualquier ser humano es la libertad. Esta sección de penas privativas de libertad se desarrolla entre los Artículos 35 y 38 de este Código Penal.

Abogado Penalista Madrid

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Penas privativas de libertad - Vilches Abogados Madrid - Abogado Penalista

Sección Segunda: De las penas privativas de libertad

En el Artículo 35 se relacionan las penas que son privativas de libertad en nuestro Código Penal:

  • la prisión permanente revisable,
  • las penas de prisión,
  • las de localización permanente,
  • y la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multas.

Para cumplir estas penas, y para la obtención de los beneficios penitenciarios, se atiende a lo dispuesto en el Código y resto de leyes. Los beneficios penitenciarios a los que nos referimos son los que acortan la condena. Se indica que la prisión permanente se ha de revisar ateniéndose a lo expuesto en el Artículo 92.

El Tercer Grado

Sigue el Artículo 36, disponiendo las características del Tercer Grado. Para que este sea autorizado por el Tribunal, debe existir previamente pronóstico individualizado y favorable de reinserción social. Se oirán al Ministerio Fiscal y a las Instituciones Penitenciarias. En ningún caso podrá darse:

  • si la condena es por delitos contemplados en el Capítulo VII del Título 22 del Libro 2º de este Código. Si no se ha cumplido 20 años de prisión efectiva.
  • en el resto de casos, deben cumplirse 15 años de prisión efectiva.

A los efectos de premisos de salida, para los del primer punto no se concederán hasta haber satisfecho al menos 12 años de prisión. Para el resto de casos un mínimo de 8 años de prisión. La duración de las penas de prisión van de los tres meses a los veinte años, excepto los casos en los que se debe aplicar la prisión permanente revisable que impone este Código. Si la pena impuesta es inferior a 5 años. El Tribunal o Juez, puede ordenar que el Tercer Grado no sea efectivo hasta el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta. Para penas superiores a cinco años, y si se trata de estos delitos:

  • delitos referentes a grupos y organizaciones terroristas. Delitos de terrorismo. (Capítulo VII del Título XXII del Libro II C.P.)
  • aquellos delitos que se cometan siendo parte de una organización o grupo criminal.
  • los delitos recogidos en el Artículo 183 del C.P.
  • los del Capítulo V del Título VIII del Libro II del C.P., si la víctima es menor de trece años.

En estos delitos, la clasificación del condenado en el tercer grado no podrá efectuarse hasta el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta.

Los jueces de vigilancia, con el pronóstico individual y favorable de reinserción social. Valorando las circunstancias personales del penado y como ha evolucionado en su reeducación. Puede acordar de forma razonada la aplicación del régimen general de cumplimiento. Siempre oyendo al Ministerio Fiscal, las Instituciones Penitenciarias, y el resto de partes. Siempre salvo los supuestos mencionados anteriormente.

En último lugar, y motivado por razones de índole humanitaria o de dignidad personal, como son:

  • enfermedades muy graves e incurables,
  • septuagenarios que revistan escasa peligrosidad.

Oídas las partes, se podrá promover el tercer grado de estos penados.

Prisión permanente revisable

Hacemos un inciso para referirnos al Artículo 92, en el que se explica el procedimiento a seguir en la prisión permanente revisable. Copiamos el texto integro del Artículo. Por su complejidad y habida cuenta de la controversia de su aprobación, en un artículo aparte lo trataremos:

Artículo 92

1. El tribunal acordará la suspensión de la ejecución de la pena de prisión permanente revisable cuando se cumplan los siguientes requisitos:

  • a) Que el penado haya cumplido veinticinco años de su condena, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 78 bis para los casos regulados en el mismo.
  • b) Que se encuentre clasificado en tercer grado.
  • c) Que el tribunal, a la vista de la personalidad del penado, sus antecedentes, las circunstancias del delito cometido, la relevancia de los bienes jurídicos que podrían verse afectados por una reiteración en el delito, su conducta durante el cumplimiento de la pena, sus circunstancias familiares y sociales, y los efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que fueren impuestas, pueda fundar, previa valoración de los informes de evolución remitidos por el centro penitenciario y por aquellos especialistas que el propio tribunal determine, la existencia de un pronóstico favorable de reinserción social.

En el caso de que el penado lo hubiera sido por varios delitos, el examen de los requisitos a que se refiere la letra c) se realizará valorando en su conjunto todos los delitos cometidos.

El tribunal resolverá sobre la suspensión de la pena de prisión permanente revisable tras un procedimiento oral contradictorio en el que intervendrán el Ministerio Fiscal y el penado, asistido por su abogado.

2. Si se tratase de delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código, será además necesario que el penado muestre signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios de la actividad terrorista y haya colaborado activamente con las autoridades, bien para impedir la producción de otros delitos por parte de la organización o grupo terrorista, bien para atenuar los efectos de su delito, bien para la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas, para obtener pruebas o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado, lo que podrá acreditarse mediante una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito, así como por los informes técnicos que acrediten que el preso está realmente desvinculado de la organización terrorista y del entorno y actividades de asociaciones y colectivos ilegales que la rodean y su colaboración con las autoridades.

3. La suspensión de la ejecución tendrá una duración de cinco a diez años. El plazo de suspensión y libertad condicional se computará desde la fecha de puesta en libertad del penado. Son aplicables las normas contenidas en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 80 y en los artículos 83, 86, 87 y 91.

El juez o tribunal, a la vista de la posible modificación de las circunstancias valoradas, podrá modificar la decisión que anteriormente hubiera adoptado conforme al artículo 83, y acordar la imposición de nuevas prohibiciones, deberes o prestaciones, la modificación de las que ya hubieran sido acordadas, o el alzamiento de las mismas.

Asimismo, el juez de vigilancia penitenciaria revocará la suspensión de la ejecución del resto de la pena y la libertad condicional concedida cuando se ponga de manifiesto un cambio de las circunstancias que hubieran dado lugar a la suspensión que no permita mantener ya el pronóstico de falta de peligrosidad en que se fundaba la decisión adoptada.

4. Extinguida la parte de la condena a que se refiere la letra a) del apartado 1 de este artículo o, en su caso, en el artículo 78 bis, el tribunal deberá verificar, al menos cada dos años, el cumplimiento del resto de requisitos de la libertad condicional. El tribunal resolverá también las peticiones de concesión de la libertad condicional del penado, pero podrá fijar un plazo de hasta un año dentro del cual, tras haber sido rechazada una petición, no se dará curso a sus nuevas solicitudes.

La localización permanente

En el Artículo 37, se explican las condiciones de la localización permanente, una de las penas privativas de libertad que recoge el C.P. La duración de la misma será de hasta seis meses. Para cumplirla el penado debe permanecer en un lugar determinado por el Juez. Puede ser su domicilio. O cualquier otro lugar que disponga la sentencia, o mediante auto motivado posterior.

Si la pena de localización permanente es la pena principal. Y atendiendo a la reiteración en la comisión de la infracción, siempre que lo disponga el precepto aplicado, se puede acordar que se cumpla en sábados, domingos y festivos. Y en un centro penitenciario próximo al domicilio del penado.

En caso de que el penado, solicite que la pena se cumpla sábados y domingos, o de forma no continuada. Si las circunstancias así lo aconsejan, oyendo al Ministerio Fiscal, el Juez o Tribunal puede acordarlo de esa forma. Si el penado no cumple la pena impuesta, el Juez o Tribunal deducirá testimonio para proceder de conformidad con lo que dispone el artículo 468. En esa línea para garantizar el cumplimiento de la pena, se puede acordar el uso de medios mecánicos o electrónicos para localizar al reo.

Cuándo empiezan a contar las penas

En el Artículo 38, se indica que las penas empiezan a contar desde el día en que la sentencia sea firme, si el reo está ya preso. Si el reo no está preso, cuenta desde el día que ingrese en el establecimiento adecuado para cumplir su condena.

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