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Penas privativas de derechos, en el Código Penal


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En nuestro periplo por el Código Penal, hoy hablamos de las penas privativas de derechos. Esto es, se pueden imponer penas privativas de derechos junto con las penas de prisión y/o multa. Es un tema que está especialmente en el candelero mediático estos días. Es evidente que la privación de libertad es el mayor castigo que impone nuestro Código Penal.

Pero la privación de algunos derechos constitucionales no le va a la zaga. Es a todos los efectos recortar la ciudadanía al condenado. Por ese motivo es tema de discusión jurídica si el tiempo de privación de esos derechos puede o no superar al tiempo de la privación de libertad, por ejemplo. Cuando se habla de recortar derechos, algunos recogidos en la carta magna como fundamentales, es normal que existan voces discordantes. Es un tema peliagudo. Nosotros no entraremos en ese fondo de la cuestión, solo vamos a recordar lo que al respecto dice nuestro Código.

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Penas privativas de derechos - Vilches Abogados Madrid - Abogados Penalistas

De las penas privativas de derechos

El Código Penal, en el Libro Primero, en su Título Tercero, De las Penas, Sección Tercera, De las penas privativas de derechos, enumera en el Artículo 39 esas penas:

  • inhabilitación absoluta,
  • inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión, oficio, industria o comercio, u otras actividades determinadas en este Código, o de los derechos de patria potestad, tutela, guarda o curatela, tenencia de animales, derecho de sufragio pasivo o de cualquier otro derecho.
  • suspensión de empleo o cargo público.
  • privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores.
  • privación del derecho a la tenencia y porte de armas.
  • privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos.
  • prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o el tribunal.
  • prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal.
  • trabajos en beneficio de la comunidad.
  • privación de la patria potestad.

Como bien podemos observar la lista de penas privativas de derechos es muy amplia. Responde a las necesidades que cada tipo delictivo incluido en este Código precisa. Algunos van en la línea de defensa de las víctimas, otros para evitar la reincidencia en el delito.

Inhabilitación absoluta

En el punto 1 del Artículo 40, para la inhabilitación absoluta se nos indica:

La pena de inhabilitación absoluta tendrá una duración de seis a 20 años; las de inhabilitación especial, de tres meses a 20 años, y la de suspensión de empleo o cargo público, de tres meses a seis años.

Posteriormente el Artículo 41, dice que esta pena “produce la privación definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos que tenga el penado, aunque sean electivos”. Es decir aunque los haya conseguido en un proceso electoral, eso tan manido de la “legitimidad de las urnas”, queda en agua de borrajas. Tiene al tiempo el efecto de incapacitar al condenado “para obtener los mismos o cualesquiera otros honores, cargos o empleos públicos, y la de ser elegido para cargo público, durante el tiempo de la condena”. Bien, queda claro que la inhabilitación absoluta, es como su nombre indica absoluta y por el tiempo que estipula la condena. Entre seis y veinte años.

Inhabilitación especial

En cuanto a la inhabilitación especial para empleo o cargo público, el Artículo 42, expone:

produce la privación definitiva del empleo o cargo sobre el que recayere, aunque sea electivo, y de los honores que le sean anejos. Produce, además, la incapacidad para obtener el mismo u otros análogos, durante el tiempo de la condena. En la sentencia habrán de especificarse los empleos, cargos y honores sobre los que recae la inhabilitación.

Es muy interesante el último matiz, que en la sentencia se debe indicar que empleos, cargos y honores son de los que se priva al condenado. Es decir cabe la posibilidad de que sí pueda optar a otros distintos a los que indica la sentencia.

En el Artículo 44, sobre la inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo, se indica que durará el tiempo de la condena. Y que priva del derecho a ser elegido como cargo público. En el Artículo 45, sobre la inhabilitación especial de profesión, oficio, industria o comercio o cualquier otro derecho, en la sentencia se concretará expresa y motivadamente. La privación será durante el tiempo de la condena.

Inhabilitación especial patria potestad…

En el Artículo 46, se refiere a la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento:

priva al penado de los derechos inherentes a la primera, y supone la extinción de las demás, así como la incapacidad para obtener nombramiento para dichos cargos durante el tiempo de la condena.

También indica que la privación de la patria potestad, aún implicando la pérdida de la titularidad de la misma, no extingue los derechos del hijo respecto del penado. Al tiempo esta privación puede ser de todos o algunos de los menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, que estuviesen a cargo del penado. Se ha de atender a cada caso en concreto. Se añade un matiz en el que se indica que a efectos de este artículo, la patria potestad comprende tanto la regulada en el Código Civil, incluida la prorrogada, como las instituciones análogas previstas en la legislación civil de las Comunidades Autónomas.

Otras penas privativas de derechos

El Artículo 40 se refiere a otras de las penas privativas de derechos. En su punto 2, acerca de la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, indica que la duración de la pena será de entre tres meses a diez años. La misma duración tendrá la privación del derecho a tenencia y porte de armas. En el punto 3, la pena de privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos tendrá una duración de hasta 10 años. La de aproximarse o comunicarse con la víctima, familiares u otras personas, tendrá duración de un mes a diez años.

En el punto 4, refiriéndose a la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, la duración de la misma será de un día a un año. Y en el punto 5, mantiene que las duraciones de las penas anteriormente descritas son las indicadas, salvo lo que excepcionalmente dispongan otros preceptos de este Código.

En cuanto a la suspensión de empleo o cargo público, el Artículo 43 indica que priva del ejercicio de los mismos al penado en el tiempo de duración de la condena.

Más concreción en algunas penas

En el Artículo 48, se infiere en más concreciones respecto de algunas de las penas. Así en el punto 1, sobre la pena de privación de derecho a residir o acudir a lugares determinados, impide al penado residir o acudir al lugar en que haya cometido el delito, o a aquel en que resida la víctima o su familia, si fueren distintos. Si existe discapacidad intelectual declarada, o alguna otra con origen en un trastorno mental, el caso será estudiado particularmente. Se resolverá teniendo presente los bienes jurídicos a proteger, y el interés superior de la persona con esa discapacidad. Para el cumplimiento de la medida, se podrán adoptar medios de acompañamiento o apoyo.

En cuanto a la prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal. El punto 2 dice que esta pena impide al condenado acercarse a estas personas, allá donde se encuentren. Al tiempo acercarse a los lugares donde comúnmente tengan su domicilio, lugar de trabajo u otros lugares frecuentados con regularidad por éstos. Al tiempo quedan en suspenso el régimen de visitas, comunicación y estancia, que respecto de los hijos hubiese reconocido previamente una sentencia civil. El tiempo de esta suspensión será el del cumplimiento total de la pena.

En el punto 3, sobre la prohibición de comunicarse con la víctima, o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal. Indica que la pena impide al penado establecer contacto con éstos por cualquier medio de comunicación, contacto escrito, verbal o visual. El punto 4, indica que para controlar la efectividad de estas penas, el juez o tribunal puede acordar el uso de medios electrónicos de control.

Trabajos en beneficio de la comunidad

En el Artículo 49, nos encontramos referencia a la pena de trabajos en beneficio de la comunidad. Estas penas no se pueden imponer sin el consentimiento del penado. Obligan a este a prestar su colaboración no retribuida en actividades de utilidad pública. Siempre en relación de naturaleza con los delitos por lo que ha sido condenado. Reparación de daños causados, apoyo o asistencia a víctimas. Talleres o programas de re-educación, ya sean laborales, culturales, de educación sexual o vial, etc.

Condiciones de los trabajos en beneficio de la comunidad

Nunca serán de más de ocho horas al día, y deben cumplir las siguientes condiciones:

  1. La ejecución se desarrollará bajo el control del Juez de Vigilancia Penitenciaria, que, a tal efecto, requerirá los informes sobre el desempeño del trabajo a la Administración, entidad pública o asociación de interés general en que se presten los servicios.
  2. No atentará a la dignidad del penado.
  3. El trabajo en beneficio de la comunidad será facilitado por la Administración, la cual podrá establecer los convenios oportunos a tal fin.
  4. Gozará de la protección dispensada a los penados por la legislación penitenciaria en materia de Seguridad Social.
  5. No se supeditará al logro de intereses económicos.
  6. Los servicios sociales penitenciarios, hechas las verificaciones necesarias, comunicarán al Juez de Vigilancia Penitenciaria las incidencias relevantes de la ejecución de la pena y, en todo caso, si el penado:
    • Se ausenta del trabajo durante al menos dos jornadas laborales, siempre que ello suponga un rechazo voluntario por su parte al cumplimiento de la pena.
    • A pesar de los requerimientos del responsable del centro de trabajo, su rendimiento fuera sensiblemente inferior al mínimo exigible.
    • Se opusiera o incumpliera de forma reiterada y manifiesta las instrucciones que se le dieren por el responsable de la ocupación referidas al desarrollo de la misma.
    • Por cualquier otra razón, su conducta fuere tal que el responsable del trabajo se negase a seguir manteniéndolo en el centro.

    Una vez valorado el informe, el Juez de Vigilancia Penitenciaria podrá acordar su ejecución en el mismo centro, enviar al penado para que finalice la ejecución de la misma en otro centro o entender que el penado ha incumplido la pena.

    En caso de incumplimiento, se deducirá testimonio para proceder de conformidad con el artículo 468.

  7. Si el penado faltara del trabajo por causa justificada no se entenderá como abandono de la actividad. No obstante, el trabajo perdido no se le computará en la liquidación de la condena, en la que se deberán hacer constar los días o jornadas que efectivamente hubiese trabajado del total que se le hubiera impuesto.

Penas relativas a la conducción de vehículos

Es en el Artículo 47, donde el Código Penal se refiere a estas penas:

La imposición de la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores inhabilitará al penado para el ejercicio de ambos derechos durante el tiempo fijado en la sentencia.

La imposición de la pena de privación del derecho a la tenencia y porte de armas inhabilitará al penado para el ejercicio de este derecho por el tiempo fijado en la sentencia.

Indica al final que si la pena impuesta es superior a dos años, comporta al tiempo la pérdida de vigencia del permiso o licencia de conducción. Así como su tenencia o porte.

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