• _2015-03-30

Delitos espionaje informático en el Código Penal


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Hoy vamos a hablar de los delitos relacionados con el espionaje informático en el Código Penal, vamos a ver dónde y cómo encajan estos delitos en nuestro Código Penal actual, pues prevemos que el día uno de julio de 2015 entrará en vigor el nuevo Código Penal aprobado el pasado 26 de marzo, en esas fechas empezaremos a “revisar” los acercamientos al mismo que hemos ido realizando y las novedades que el mismo presenta en su nueva redacción.

Delitos espionaje informático código penal

El espionaje informático encaja en el Código Penal dependiendo del tipo de datos a los que se accede sin consentimiento y dependiendo de quien es el sujeto que comete la acción delictiva, a ese respecto encontramos en el Título X del Código Penal Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, en su Capítulo Primero del delito del descubrimiento y revelación de secretos. En su primer artículo 197 reza: “El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales o intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.” Refiriéndose a elementos como las cartas, o incluso los emails impresos.

El segundo punto del artículo 197: “Las mismas penas se impondrán al que, sin estar autorizado, se apodere, utilice o modifique, en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado. Iguales penas se impondrán a quien, sin estar autorizado, acceda por cualquier medio a los mismos y a quien los altere o utilice en perjuicio del titular de los datos o de un tercero.” Aquí ya habla de los soportes que podemos reconocer como informáticos, al tiempo habla de algo muy importante la “utilización o modificación” de esos datos o documentos sustraídos.

En el tercer punto del artículo 197: “El que por cualquier medio o procedimiento y vulnerando las medidas de seguridad establecidas para impedirlo, acceda sin autorización a datos o programas informáticos contenidos en un sistema informático o en parte del mismo o se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo, será castigado con pena de prisión de seis meses a dos años. Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en este artículo, se le impondrá la pena de multa de seis meses a dos años. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.” De nuevo se incide específicamente en los delitos informáticos.

En los siguientes puntos del 4 al 8, resumiendo se indican los castigos a distintas acciones como “difundir, revelar o ceder a terceros los datos obtenidos”, si los actos referidos en los puntos 1 y 2, son realizados por los “responsables o encargados de la custodia de los ficheros informáticos” entonces se agravan las penas, también se dicta que si los datos obtenidos son “datos de carácter personal que revelen la ideología, religión, creencias, salud, origen racial o vida sexual, o la víctima fuere un menor de edad o un incapaz” las penas que se impondrán, si “se realizan con fines lucrativos” o “Si los hechos descritos en los apartados anteriores se cometiesen en el seno de una organización o grupo criminales, se aplicarán respectivamente las penas superiores en grado.”

Artículo 198: “La autoridad o funcionario público que, fuera de los casos permitidos por la Ley, sin mediar causa legal por delito, y prevaliéndose de su cargo, realizare cualquiera de las conductas descritas en el artículo anterior, será castigado con las penas respectivamente previstas en el mismo, en su mitad superior y, además, con la de inhabilitación absoluta por tiempo de seis a doce años.” Obviamente el tratamiento penal de estas conductas delictivas debe ser especial si el que las comete ocupa puesto público y se vale de esa situación.

Artículo 199: 

“1. El que revelare secretos ajenos, de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o sus relaciones laborales, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses.

2. El profesional que, con incumplimiento de su obligación de sigilo o reserva, divulgue los secretos de otra persona, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para dicha profesión por tiempo de dos a seis años.” También se cita a quien aprovechándose de su posición de conocimiento por tratarse de su oficio perpetre estos actos.

Artículo 200: “Lo dispuesto en este capítulo será aplicable al que descubriere, revelare o cediere datos reservados de personas jurídicas, sin el consentimiento de sus representantes, salvo lo dispuesto en otros preceptos de este Código.” En este artículo el legislador hace extensivo el articulado a las personas jurídicas, como parece lógico y normal.

Artículo 201: 

“1. Para proceder por los delitos previstos en este Capítulo será necesaria denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Cuando aquélla sea menor de edad, incapaz o una persona desvalida, también podrá denunciar el Ministerio Fiscal.

2. No será precisa la denuncia exigida en el apartado anterior para proceder por los hechos descritos en el artículo 198 de este Código, ni cuando la comisión del delito afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas.

3. El perdón del ofendido o de su representante legal, en su caso, extingue la acción penal sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del número 5º del apartado 1 del artículo 130.”

Este último artículo del Capítulo Primero del Título X del Código Penal, se refiere a cómo se establece la actuación judicial para la persecución de estos delitos, es precisa en principio la denuncia del agraviado, excepto si los hechos afectan a intereses generales o a una colectividad, o si los actos son los reseñados en el ya citado artículo 198.

Pero y si los delitos se cometen por personas jurídicas o en su nombre o desde ellas, pues nuestro actual Código Penal en su Título XIII nos indica el camino a seguir, ese articulado será objeto de atención por nuestra parte en un nuevo artículo en próximas fechas.

Un saludo.

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