• _2016-01-11

Doctrina Botín: ¿qué es?


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Estos día volvemos a oír hablar de la Doctrina Botín, en esta ocasión se rumorea que la aplicación de la denominada Doctrina Botín va a conseguir que la Infanta Doña Cristina tenga un paso más que fugaz por el banquillo de los acusados, podemos asegurar sin miedo a equivocarnos que por breve que sea ese paso no podrá en ningún caso ser tan plácido como sentarse en este precioso banco que acompaña a la entrada de hoy, ¿dan ganas de sentarse en él, verdad? Pues por lo que parece la defensa de la Infanta y ella misma, no tienen la más mínima intención de quedarse hasta el final del juicio del llamado Caso Noos, al margen de opiniones personales nosotros intentaríamos lo mismo, no os vamos a engañar, los abogados queremos que nuestros clientes salgan lo más indemnes posibles de los procesos judiciales, y ante una oportunidad como ésta no entra en nuestro esquema mental de ninguna manera el no usarla. Pero vamos a intentar dilucidar qué es la Doctrina Botín, para que todos tengamos algo que decir estos días a la hora de tomar el café.

Como ya sabéis en el Bufete Vilches Abogados de Madrid, disponemos de un servicio de abogados penalistas especializados, si precisáis de nuestros servicios podéis poneros en contacto con el Bufete, sin ningún compromiso por vuestra parte, en los medios que tenemos disponibles, el chat online de la esquina derecha, en nuestra página de contacto de la web, o si lo preferís en el teléfono 91 575 90 82 , dejamos claro que sin compromiso por vuestra parte, pero con nuestro compromiso de ofreceros la mejor y más honesta ayuda legal.

Doctrina Botín - Bufete Abogados Vilches Madrid

Por partes, eso de fijar o unificar Doctrina…

En alguna de las más de doscientas entradas que contemplan a este humilde Blog, hemos hablado de sentencias que han fijado o unificado Doctrina, así que por si aún no lo hemos explicado, hoy lo primero que vamos a hacer es explicar qué es eso de “fijar Doctrina”. Bien en nuestro ordenamiento jurídico, y en el de muchos, la mayoría de los Estados de Derecho como el nuestro, los Tribunales están jerarquizados, esto es los hay de distintas estancias de menor a mayor, de tal forma que podemos recurrir las sentencias de tribunales inferiores en los inmediatamente superiores, hasta llegar a la última instancia. Bien, para ayudar y agilizar el trabajo de los Tribunales inferiores, y que en la medida de lo posible no existan sentencias que puedan ser contradictorias entre si de causas similares, hasta el punto de ser completamente divergentes, la última instancia suele marcar un criterio a la hora de juzgar asuntos, en cada sistema judicial existen sus correspondientes normas de cómo esa última instancia debe unificar doctrina.

En el nuestro es el Tribunal Supremo el que fija la doctrina a seguir por el resto de instancias, para ello lo puede hacer resolviendo lo que se conoce como recurso de casación para unificación de doctrina, ya sea por la vía laboral o administrativa, o bien si dicta dos sentencias que tengan el mismo pronunciamiento acerca de un supuesto juzgado. Bien una vez que esto ocurre, los Tribunales inferiores al encontrarse entre manos un asunto similar en el que el Tribunal Supremo ha fijado ya su doctrina, deben aplicar ese mismo criterio, pues de no hacerlo están condenadas al recurso sí o sí.

La unificación de doctrina, ¿sirve para lo ya juzgado?

Esta es una de las preguntas de clientes que nos hemos encontrado en alguna ocasión, bien, la respuesta es no, categóricamente no. Aunque el Tribunal Supremo cambie su doctrina, sí puede pasar que después de fijar una doctrina la vuelva a cambiar, las sentencias firmes previas a ese cambio o a esa fijación de doctrina, no son recurribles invocando esa acción del Tribunal Supremo.

La llamada Doctrina Botín

Una resolución del Tribunal Supremo de 2007, avalaba la decisión tomada en la Audiencia Nacional, en lo que respecta a un caso de cesiones de crédito en el que estaban acusados tres directivos del Banco de Santander y el entonces presidente de la entidad, Emilio Botín, la decisión de la Audiencia Nacional les libraba de ser juzgados, la motivación era que la acusación popular no era suficiente para proceder a la apertura de juicio oral, es decir en este caso tanto la Fiscalía como los perjudicados habían solicitado el sobreseimiento de la citada causa. En definitiva, el Tribunal Supremo estaba en la misma línea que la Audiencia Nacional, la solitaria presencia de la acusación popular no es suficiente para emprender juicio, es necesario que exista la acusación de alguna de las restantes partes.

El caso Botín, a grandes rasgos…

Vamos a recordar un poco de qué iba el caso Botín que nos ocupa, porque al final lo famoso del asunto es la fijación de doctrina del Tribunal Supremo, pero el meollo del asunto ha quedado un poco en el olvido, hubo unas cesiones de créditos de la entidad financiera que le  habían permitido “eludir el pago de retenciones a Hacienda”, sí hay similitudes con el caso de la Infanta, el Banco de Santander con esta operación logró captar un volumen de negocio de unos dos mil quinientos millones de euros, por los que no se abono cantidad alguna a la Hacienda Pública, algunos clientes del Banco que se sumaron a esta cesión de crédito fueron a su vez perseguidos por Hacienda, en base a un presunto delito fiscal. Pues bien, llegado el momento de enjuiciar estos hechos, Hacienda decidió no presentarse como acusación particular y pidió el sobreseimiento de la causa, al tiempo la Fiscalía hizo lo propio. Solo se quedó la acusación popular, que estaba dirigida por ADIC, la Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes. En este caso la acusación popular pedía hasta 180 años de cárcel para los cuatro acusados. Sí este caso tiene similitudes con el que nos ocupa, Hacienda pide que no se juzgue a la Infanta por este asunto y al tiempo el criterio de la Fiscalía va en la misma línea, solo la acusación popular mantiene la acusación.

La acusación popular, ¿qué es?

No queremos que lleguéis a un punto de no retorno en la conversación del café, así que vamos a dar más material, ¿qué es una acusación popular? Nuestras leyes establecen que cualquier ciudadano se puede personar en una causa sin que se necesite haber sido víctima o ser uno de los perjudicados por los hechos que se tratan, y ni tan siquiera tener un interés personal en el asunto, podemos personarnos en la causa simplemente porque queremos defender el interés público y la defensa de la legalidad. Si lo hacemos seremos lo que se llama acusación popular, lo hemos oído mucho en los últimos tiempos, es una figura que nunca falta en procesos que tienen que ver con la corrupción política, esta figura la suelen utilizar organizaciones que se dedican a la persecución de este tipo de delitos. Obviamente hay unas condiciones que cumplir para poder personarse como acusación popular:

  • no se puede ser ni juez ni magistrado,
  • no tener condena firme por calumnias o por injurias,
  • realizar la identificación del acusado y exponer con claridad los hechos de los que se deberá defender,
  • ser español, los extranjeros no pueden ser acusación popular en nuestro ordenamiento,
  • puede ser acusación popular el Ministerio Fiscal y las personas jurídicas.

Resumiendo que el café no dura toda la vida o sí…

No podemos estar toda la mañana con el café, así que vamos a resumir, con la doctrina fijada por el Tribunal Supremo, si en una causa ni el fiscal, ni la abogacía del Estado, ni los directamente afectados consideran que hay delito, se puede llegar a archivar la imputación. Pero, siempre hay un pero, posterior a la Doctrina Botín, nos encontramos con la Doctrina Atutxa, y ¿qué es la Doctrina Atutxa? Esta última es una matización de la primera, el Tribunal Supremo matizó que una causa puede ser juzgada con la sola participación de la acusación popular, cuando los hechos que se deben juzgar son “contra los intereses colectivos”, de tal forma que la Doctrina Botín solo se aplica si los hechos dañan a alguien concreto y que ese alguien no procede a denunciarlos.

Pues bien ahí estriba la única posibilidad de que el Tribunal que juzga el Caso Noos pueda entender que los hechos que se le imputan a la Infanta no afectan solo a alguien en concreto, en este caso Hacienda, y por el contrario daña “intereses colectivos”, por supuesto deberá razonar de cualquier forma una u otra decisión por supuesto. ¿Tenemos tema suficiente para el café? Esperamos que sí, porque después de pasar las cuestiones de procedimiento, estamos seguros de que cada uno de vosotros tiene una opinión formada sobre este asunto, gracias a nuestro garantista Estado de Derecho ningún acusado debe cumplir las sentencias que a la hora del café adjudicamos sin siquiera ruborizarnos, menos mal ¿no os parece?

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