• _2015-12-21

Delitos: atentado contra la autoridad


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La semana pasada ya terminando la campaña electoral el presidente del Gobierno Mariano Rajoy era agredido en un paseo por Pontevedra correspondiente a los distintos actos políticos que por allí celebraba, sobre la agresión en si misma poco vamos a aportar más, salvo la evidente condena a cualquier acto violento que denigra al actor en su condición de ser humano, tampoco vamos a entrar en más valoraciones ya que el agresor es menor y sinceramente no creemos que sea muy edificante todo el chorreo mediático que se ha vivido en torno a la vida y milagros del agresor, nada edificante, y en algunos casos rallando algún que otro delito tipificado por nuestro Código Penal, y de eso es de lo que queremos hablar del delito de atentado contra la autoridad al que se puede enfrentar el agresor, pues es lo que realmente nos importa.

Bufete Vilches Abogados de Madrid, en los últimos años hemos amasado una gran experiencia en derecho penal, si precisáis de los servicios de un abogado penalista poneros en contacto con nuestro Bufete, sin compromiso, en los medios que tenemos disponibles, el chat online de la esquina derecha, en nuestra página de contacto de la web, o si lo preferís en el teléfono 91 575 90 82 sin ningún compromiso, salvo el nuestro de daros el mejor trato y asesoramiento posible.

Atentado a la autoridad - Bufete Vilches Abogados Madrid

Delito de atentado contra la autoridad

El Código Penal recoge el delito de atentado contra la autoridad en el Capítulo II del mismo que se enuncia: “De los atentados contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos, y de la resistencia y desobediencia”, este Capítulo de nuestro Código Penal se desarrolla con los artículos del 550 al 556, con la modificación realizada con la L.O. 1/2015, de 30 de marzo algunos artículos fueron enmendados y otros directamente suprimidos y redactados por otros del articulado del propio Código Penal.

En el Artículo 550 en su punto uno, se nos dice quienes son considerado reos de atentado, que no son otros que los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas, aquí se incluyen ala tiempo los funcionarios docentes o sanitarios que igualmente se hallen en el momento del atentado en el ejercicio de sus funciones o que sea a colación del ejercicio de las mismas.

2. Los atentados serán castigados con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra autoridad y de prisión de seis meses a tres años en los demás casos.

Y es en el punto tres de este artículo donde se pone en cuestión el caso que nos ocupaba de la agresión al presidente del Gobierno:

3. No obstante lo previsto en el apartado anterior, si la autoridad contra la que se atentare fuera miembro del Gobierno, de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, del Congreso de los Diputados, del Senado o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, de las Corporaciones locales, del Consejo General del Poder Judicial, Magistrado del Tribunal Constitucional, juez, magistrado o miembro del Ministerio Fiscal, se impondrá la pena de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses.

Es de este punto de donde hemos leído y escuchado la posibilidad de que el castigo para el agresor sea de hasta seis años, para luego escuchar algo así como “que no será tanto”, sin más, cuando quizás lo más realista sería decir que la pena puede ser de uno a seis años, pero es evidente que no impacta tanto como la versión recortada y decorada, que las penas se indiquen en el Código Penal en formato “de tanto tiempo a tanto tiempo”, es por el uso totalmente necesario de las figuras de agravantes y atenuantes de los distintos delitos, pues no siempre acontecen bajo las mismas circunstancias.

De hecho el Artículo 551 ya acota que se deben imponer las penas superiores en grado dependiendo de cómo se cometa el atentado:

  • si para realizar el mismo se usan armas u objetos peligrosos,
  • Cuando el acto de violencia ejecutado resulte potencialmente peligroso para la vida de las personas o pueda causar lesiones graves. Aquí se enumeran el lanzamiento de objetos contundentes, líquidos inflamables, el uso de explosivos o el incendio,
  • si el atentado se realiza embistiendo o acometiendo con un vehículo de motor,
  • o si los hechos ocurren en medio de un motín, un plante o incidente colectivo dentro de recinto penitenciario.

Pues hasta el momento de una lectura del Código Penal no parece que el acto ocurrido pueda incluirse en alguno de lo supuestos que requieren la imposición de las penas superiores, es decir aquellas que conllevan la pena de prisión de seis años. El Artículo 553 del Código Penal, habla de la incitación a los delitos que se contemplan en el anterior articulado, así reza:

La provocación, la conspiración y la proposición para cualquiera de los delitos previstos en los artículos anteriores, será castigada con la pena inferior en uno o dos grados a la del delito correspondiente.

 

El Artículo 554, amplia el espectro de las personas que sufran este tipo de atentados contemplados en los artículos 550 y 551, así se emplearan las mismas penas cuando esos delitos sean cometidos contra:

  • miembros de las Fuerzas Armadas que uniformados estén cumpliendo algún servicio encomendado legalmente,
  • si se emplea violencia o intimidación contra las personas que acudan en auxilio de la autoridad agredida,
  • si a quien se intimida o violenta, son bomberos, sanitarios, o equipos de socorro que intervengan en algún tipo de siniestro o situación de emergencia, impidiendo sus labores de auxilio,
  • al personal de seguridad privada, que estando debidamente identificado este desarrollando las actividades propias de la seguridad privada en colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y bajo las ordenes de éstas.

Finaliza este articulado, relativo a los atentados contra la autoridad con el Artículo 556:

  1. Serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses, los que, sin estar comprendidos en el artículo 550, resistieren o desobedecieren gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, o al personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
  2. Los que faltaren al respeto y consideración debida a la autoridad, en el ejercicio de sus funciones, serán castigados con la pena de multa de uno a tres meses.

A la vista de este articulado podemos deducir que la pena máxima contemplada no debería tener cabida en este caso que abría el artículo de hoy, pero no podemos decir algo tan a la ligera porque en nuestro Código Penal, como no puede ser de otra manera, existen eximentes, atenuantes y agravantes, para los distintos tipos delictivos que se contemplan, aunque a algunos les sorprenda que así sea en determinados delitos, es lógico y normal, no todos los delitos son ni iguales, ni el escenario, ni las circunstancias son las mismas, tampoco los resultados o los medios empleados.

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